junio 28, 2005

Igualdad ante la Ley - Los que van por lana y pueden volver trasquilados

Colombia, 7 de marzo de 2005

Por Rubiño

Las conversaciones de Ralito se desarrollan entre el Gobierno nacional y las AUC. No están sentados en la Mesa de la Paz, entre otros, ni las FARC ni el ELN, ni los EEUU, ni los representantes de cientos de millones de consumidores de sustancias adictivas en todo el mundo, ni tampoco los banqueros de la guerra, los socios nacionales y extranjeros de la red internacional de producción y exportación de drogas ilícitas. En Ralito, entonces, no están todos los que son, ni todos los que faltan faltarán eternamente en la Mesa de la Paz.

Pero una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Si el Proceso de Paz en curso es entre el Gobierno y las AUC, la Ley de Justicia y Paz que ingresó en el Congreso no ha sido materia de los Acuerdos firmados entre Gobierno nacional y Autodefensas, y tendrá justificación histórica y política, si tiene éxito en definir el marco legal, consensuado democráticamente, creíble internacionalmente y de obligatorio cumplimiento, para todos las organizaciones armadas al margen de la ley que quieran reincorporarse a la vida civil plena, diciendo adiós a las armas y cesando su participación ideológica, política y económica, en el conflicto armado colombiano.

Es muy sano que se enfatice en la necesidad nacional de desmontar todos los mecanismos y circuitos de clientelismos y corruptelas que permiten funcionar los engranajes de la guerra, pero no es sincero ni resulta ético, que se exija ello sólo a la estructura político-militar-social- económica de las Autodefensas –un caso de paramilitarismo de derecha, si se quiere- como si no existiera también –y desde muchos años antes- en Colombia el paramilitarismo de la izquierda radical, su infiltración en la gestión política de cientos de alcaldías y más de una gobernación, con sus tentáculos bien afirmados, y no tan solapados, en poderosos círculos económicos, políticos y de la llamada sociedad civil, aceitados sin pudor ni límites éticos con lubricación subversiva.

Y si de dineros ilícitos y de tierras malhabidas se trata, ¿cuáles son los dineros lícitos que administran las FARC y el ELN, y quiénes los legítimos dueños de la tierra donde se pudren miles de secuestrados, y se ejercitan en el arte del terrorismo las bandas farquianas y elenas? Sería muy ajustado a derecho y muy humano, además, escuchar de respetables columnistas, politólogos, ONG y en general, simpatizantes del Polo, la izquierda democrática, y del liberalismo de izquierda, originales planteos de validez universal acerca de la aplicación de la Reparación a las víctimas de las guerrillas, particularmente en los casos de secuestro, robo de tierras y extorsión, modus vivendi habitual de las FARC y del ELN, en cabeza de los Marulanda, Jojoy, Gabino, García y compañía.

Se me dirá que ni las FARC ni el ELN están en un Proceso de Paz, lo cual es dolorosamente evidente. Sin embargo, me pregunto: ¿Será que nadie en Colombia se anima a decirles a los comandantes guerrilleros que la Ley de Justicia y Paz que aprobará el Congreso no es solo para los ‘paras’ y se les aplicará también cuando decidan volver a la Mesa de Negociación, que no están ni estarán exentos los comandantes guerrilleros de satisfacer los estándares internacionales de Verdad, Justicia y Reparación?

Me preocupa que en el debate público no se esté mencionando a las FARC y al ELN cuando se habla de endurecer las penas, de que no haya impunidad, de la urgencia humanitaria de volver visibles a las víctimas y de repararlas debidamente. ¿O será que el mundo sólo cambió para las Autodefensas pero sigue igual para las FARC y el ELN?

El País y el mundo han de ser debidamente informados –y el Gobierno nacional y las Autodefensas no pueden ser indiferentes a esto- que el Congreso de la República está debatiendo una ley marco de Justicia y Paz que no está hecha a la medida de uno de los actores armados del conflicto sino hecha a la medida de la importancia que reviste para Colombia bajarle decibeles a la confrontación y ponerle punto final a la guerra, con el abandono del conflicto armado por parte de todos los actores A los efectos de la Ley da lo mismo que el actor que quiera colaborar con la construcción de Paz provenga de las FARC, del ELN o de las AUC. Nada es más contrario a la Justicia que cuando la Ley tiene nombre propio, o no se aplica por igual a todos, o cuando para unos se propicia como castigo la palmadita en el hombro y para otros la guillotina.

Resulta mera bellaquería politiquera la de quienes, cuando se trata de FARC y de ELN, ponen el acento en el Indulto y la Amnistía, el Perdón y la Reconciliación, y cuando se trata de las Autodefensas exaltan la No Impunidad, el Castigo y la Estigmatización. Colombia y el mundo deben comenzar a ver con sus propios ojos quiénes son los amigos de la paz de Colombia, y quiénes son solamente, amigos de los terroristas, de izquierda o de derecha.

Las AUC son los primeros actores armados del conflicto que serán juzgados por los parámetros de la nueva Ley de Reincorporación a la Civilidad, llámese de Alternatividad Penal, Justicia y Paz, o como finalmente se llame, pero no serán los únicos. Tarde o temprano serán las FARC o el ELN, o serán fracciones o disidencias de esas u otras organizaciones armadas ilegales quienes transitarán el camino de verdad, justicia y reparación que hoy se aprestan a recorrer las Autodefensas Unidas de Colombia. También habrá necesidad de contemplar en el marco legal las consecuencias políticas y jurídicas del financiamiento producto de las economías ilícitas. ¿Qué define para una organización armada lo político de su actuación, los estatutos que las rigen, las intenciones que motivan los actos delictivos, o los hechos sociales y políticos que se derivan, dependientes o independientes de esas intenciones iniciales, o de esos estatutos existentes o inexistentes?

No se entiende entonces, por qué desde algunos medios periodísticos y sectores políticos, nacionales e internacionales, se insiste en denominar como ‘ley de los paras’ la ley marco que ha de regular los procesos de desmovilización, reinserción y reincorporación de los integrantes de todas las organizaciones armadas al margen de la ley que decidan cesar hostilidades y comenzar su proceso de negociación política y desarme.

A menos que algunos pretendan que carguen el presidente Uribe, su Gobierno y las AUC con el costo político y humanitario de un vestido pregonado por sus detractores y enemigos como hecho a la medida de los demonios ‘paracos’, mientras que por el correo de las brujas se les hace saber a las FARC y al ELN que aguanten a como dé lugar la ofensiva ‘guerrerista’ de Uribe y desacrediten a como dé lugar su política de seguridad democrática, sugiriendo que para las FARC y el ELN habrá en su momento condiciones inmejorables de cogobierno –ese sí un verdadero vestido a la medida de los ángeles guerrilleros-.

Lo mejor que podría esperarse de Ralito en estos momentos cruciales no son precisamente amenazas de volver al monte si no se aprueba una ley a la medida de los ‘paras’, sino todo lo contrario, compromisos de no levantarse de la Mesa de Paz por nada en el mundo.

Y sobre todo algo distinto -que Colombia y el mundo sabrán valorar positivamente en las Autodefensas-: una invitación de las AUC a los Congresistas para que elaboren, y voten en conciencia y absoluta libertad, la mejor ley de Justicia y Paz, la que no esté hecha a la medida de ningún actor –y mucho menos a la medida de los ‘paras’- sino a la medida de la Paz y la Reconciliación de los colombianos, lo que en palabras sencillas significa: igualdad ante la Ley de todos los actores armados del conflicto.

Que no se asusten las AUC después de haber matado el tigre de la violencia fratricida, con el cuero de la bestia asesina de la guerra a sus pies. Nadie entendería, ni perdonaría, ni en Colombia ni en el mundo, que a quienes entregan las armas se los reciba con vejámenes morales y penas insoportables, y que a quienes insisten con seguir matando y secuestrando se les prometa el oro y el moro –y el cogobierno también.

Este tipo de parto de los montes sí que llevaría finalmente a los comandantes de las FARC y del ELN -y a sus amigos en las sombras- ante el Tribunal Penal Internacional. Entonces veremos cómo, los que hoy van por lana, habrán vuelto trasquilados.
Así la veo yo

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