julio 07, 2005

De la razón social a la identidad - De las Autodefensas a la Alianza, ¿siempre AUC?

Colombia, 18 de abril de 2005


Por Rubiño



Según el diccionario: Alianza: Unión de cosas que concurren a un mismo fin. Pacto o convención. Unirse o coligarse con otros.

¿Retroceder al monte y quedarse enfrentando con las armas al enemigo guerrillero? ¿O avanzar hacia el llano y comenzar a trabajar de lleno en el proyecto político? La negociación política de Ralito no fue concebida por sus arquitectos para legitimar y darle continuidad a las AUC de cara al futuro sino para legitimar lo realizado y darle una digna sepultura a las AUC de cara al pasado. Entre el monte y el llano las AUC aparecen montadas sobre un escenario desde el cual solo caben dos alternativas: retroceder o avanzar. Superar las etapas vividas o repetirlas.

Ambas posibilidades existen, las AUC no están cañando sino advirtiendo, haciendo pedagogía a su manera. Los caminos alternativos se están sopesando. Estimulados unos y otros, no solo dentro de las AUC sino también y sin disimulos por fuera.

¿A quiénes no les conviene el avance de las AUC a la política desarmada y llana? Primeramente a las FARC que se verán privadas internacionalmente de su propagandístico y taquillero caballito de batalla: el ‘paramilitarismo’, supuesto brazo armado ilegal del Estado colombiano. Tampoco les conviene esto a las jurásicas clases políticas que, desde las regiones de Colombia –y las goteras de Bogotá, y la misma capital también- donde las AUC corrieron a las guerrillas, han hecho del usufructo de su monopolio del poder su única razón de hacer política. A lo que queda del ELN –una guerrilla de opereta, secuestro e internet- tampoco le viene bien que sea la AUC con su ingreso a la política quien se le anticipe a la ‘Convención Nacional’, porque a no dudarlo algo similar –finalmente todos los caminos conducen a Roma- pero de signo ideológico contrario y de proyecciones más vastas y pluriclasistas se proponen convocar las AUC una vez desmovilizadas. Tampoco la presencia política de las ex AUC le conviene al Polo y a sus cortejantes de la izquierda liberal cerrados en la banda de que solo desde el socialismo o la socialdemocracia se pueden plantear cambios y soluciones a los múltiples problemas de la exclusión social, económica y política de las grandes mayorías sumidas entre la pobreza y la miseria.

Es desde esos sectores y sus satélites desde los cuales se lanzaron de primeros los dardos envenenados y las cargas de profundidad contra el proceso de paz de Ralito. Comenzaron pidiendo escarnio público, cadena perpetua y extinción de dominio. A medida que el proceso avanzaba y ganaba en credibilidad – con los comandantes de las AUC firmes e inamovibles ahí aferrados a las banderas de la Paz, la Seguridad y la Inversión Social en las Regiones-, y era evidente que el proceso no se caía por obra del leguleyo terrorismo mediático de los enemigos de las AUC, se comenzó a buscar que se cayera por el otro lado, es decir, buscando convencer a las AUC de que arrodillaran al Gobierno, buscando otras condiciones políticas, para que el proceso nada les costara a las AUC, ninguna pena, ninguna verdad, ninguna reparación. Como si eso fuera posible, como si eso fuera lo que realmente le conviene al País y a las mismas AUC. Como si eso no fuera precisamente lo que quieren las FARC y el ELN para ellos mismos en el futuro –cuando un Gobierno amigable finalmente los comprenda y acepte ‘cogobernar’ con ellos- pero hoy mismo para las AUC, para demostrarle al mundo que Uribe es un ‘paraco’ y la mesa de Ralito una ‘farsa’. Y abrir así las puertas de la Corte Penal Internacional, que no es un ‘coco’ como pontifica Rangel, sino pasos de animal grande que tarde o temprano les llegará a las FARC y al ELN por seguir en la suya como si el mundo les perteneciera y no fuera a cambiar nunca.

¿Qué cambió entre la posición inicial de los enemigos del proceso con las AUC y su posición de estos días? Algo sustancial: la ley que ellos llamaban la ‘ley de los paras’ comenzó a ser percibida por la Opinión Pública como la ley de ‘Justicia y Paz’ de alcance universal, aplicable a las AUC, y también a las FARC y al ELN. Así la cosa ya no era cuestión de pedir alegremente cadena perpetua, etc., etc., porque ya no lo estarían pidiendo solo para las AUC, sino también para las FARC y el ELN que incurrieron en el mismo tipo de delitos atroces y de lesa humanidad. Son estos mismos sectores los que están promoviendo el hundimiento del proyecto de ‘Justicia y Paz’ que ni recogió su exigencia inicial de penas altísimas ni su más reciente voltereta de 180 grados hacia el perdón y olvido. Las FARC ven entonces más cercana que nunca la salida de las AUC del escenario de la guerra y eso no les gusta, eso las exaspera y seguramente harán sentir con su terrorismo exacerbado la rabia que mastican en sus madrigueras. Sus brazos camuflados de cinismo llegarán hasta el Congreso buscando febrilmente alguno que otro voto de esos desprevenidos que no faltan. El ELN y sus amigos en el Polo y en la izquierda liberal darán entonces la batalla porque se les cierre a las AUC el camino de la política, o que al menos se les demore hasta el infinito. Los políticos de las viejas políticas en las regiones coincidirán tácticamente en este objetivo y se sumarán desde sus posiciones acomodadas y burguesas al clamor de los distintos exponentes de la izquierda. El debate en las Plenarias promete ser histórico como histórico es el momento que vive Colombia ante el inminente retiro de las AUC del escenario de la guerra, y al también inevitable y consecuente ingreso de la AUC al ejercicio de la política.

Al retirarse las AUC de su confrontación armada con las FARC y el ELN el conflicto armado colombiano se acaba definitivamente. Al depositar los ciudadanos que conforman las AUC su protección y la protección de las comunidades que defendieron, en manos del monopolio de las armas del Estado, ya no habrá conflicto armado entre civiles colombianos de bandos enfrentados militarmente –al modo de una guerra civil entre izquierdistas y derechistas, derivación tardía de la Guerra Fría- al margen del las fuerzas del Estado. Lo que subsistirá a partir de la firma de los Acuerdos definitivos de Paz de Ralito, es la amenaza terrorista de los grupos guerrilleros contra la población civil y contra el Estado que le debe protección y defensa de sus derechos de ser y de hacer. Pero el conflicto armado entre ciudadanos colombianos, lo más cercano a una guerra civil que Colombia ha tenido en los últimos veinte años, eso ya no será así sin las AUC. Mal que esto pese a los abogados de oficio del conflicto armado, defensores más de sus argumentos que de la misma realidad.

Sin embargo –y esto hay que decirlo- persiste el riesgo de volver al conflicto armado, si los postulados de la Seguridad Democrática no se llevan a la práctica en la totalidad del territorio nacional, y si no se abren los cauces legales de un sometimiento a la justicia que les evite a los narcotraficantes que, mayoritariamente, quieren apostarle a su reingreso a la sociedad, tener que ‘inventarse’ y ‘actuar’ una reanudación del conflicto armado para politizar su futuro advenimiento al mundo de la civilidad y la ley. Con sus ilimitados recursos bien pueden mover los hilos de la subversión de izquierda y el paramilitarismo de derecha como eximios titiriteros –banqueros de la guerra ya lo son- en los que pueden convertirse si el Estado no se fortalece y la ciudadanía no responde civilmente como es su deber.

Si el Estado colombiano aprovecha a fondo la circunstancia auspiciosa del camino de paz abierto en Ralito y por otra ‘ventanilla’ se da la ‘pela histórica’ de abrirle caminos de retorno a la legalidad, a los que extraviados por la seducción del narcotráfico quieren abandonar el negocio, las condiciones estarán dadas en Colombia para que nunca más exista la posibilidad de reabrir la era de los conflictos armados. Subsistirá el peligro de la ‘amenaza terrorista’ pero notoriamente debilitada no ya por su falta de pueblo y de ideología, sino también, y decisivamente, por la caída espectacular de sus recursos económicos provenientes del narcotráfico.

Mientras avanzan las Plenarias en el Congreso y el Alto Comisionado vuelve a Ralito para saber en qué andan las futuras desmovilizaciones y si las mismas se cumplen todas en 2005 o hay que programarlas también para 2006, lo que sigue para las AUC es darle paso con entusiasmo e inteligencia política a la AUC. Es decir, el paso de las Autodefensas Unidas de Colombia a la Alianza Unidos por Colombia. Alianza con todos aquellos que quieren trabajar políticamente por fortalecer el Estado, ampliar y profundizar la Democracia, desarrollar y humanizar la Economía, incorporando las Regiones plenamente a la vida del País. Alianza con aquellos que habiendo pasado o no por las AUC, viniendo desde la izquierda, el centro o la derecha, desde el campo y la ciudad, desde las Regiones hasta la misma Bogotá, coincidan en que la Paz, la Seguridad y el Empleo son los ejes principales sobre los cuales construir Bienestar y Armonía Social. Alianza de convergencia nacional para mejorar la calidad de la política en Colombia, y ejercitar con métodos emprendedores e innovadores el derecho a elegir y ser elegidos en las contiendas democráticas, de lo local a lo departamental, de lo Regional a lo Nacional.

Las AUC fueron en la decisión de sus fundadores el fruto de una reacción no querida pero necesaria para hacerle frente a la agresión guerrillera cuando el Estado había desertado de sus obligaciones constitucionales, y no había querido o podido proteger a las poblaciones inermes. La Alianza ha de ser para sus líderes fundantes el fruto de una respuesta consciente, convincente y voluntaria, de reunir mentes y corazones para construir entre todos la Patria que los colombianos se merecen, dotándose de un Estado a la medida de sus sueños y necesidades.

Las AUC se confederaron y armaron, unidas en la acción defensiva, por padecer enfrente el enemigo común armado, animadas con puro instinto de supervivencia. La Alianza se tendrá que forjar a partir de hoy mismo para construir unidos el Proyecto Político Común, no el Proyecto de las AUC para sí mismas, sino el Proyecto de la Alianza para Colombia, no para simplemente sobrevivir sino para mejorar la calidad de vida de los colombianos y colombianas.

El primer pacto a firmar en el seno de la naciente Alianza ha de ser el de la renuncia expresa a la utilización de las armas distintas a las del Estado para promover o defender ideas políticas, y la condena vehemente y sin tapujos a toda vertiente del pensamiento y la acción política de los ciudadanos que utilice la violencia para hacer oposición u oficialismo armado. Lo que le ha faltado hasta hoy de compromiso civilista y democrático a buena parte del centro izquierda e izquierda colombianos para condenar enfáticamente a las FARC y al ELN, y alzar su protesta enérgica ante cada dislate armado y terrorista de las guerrillas, no ha de faltarle a la AUC para condenar en todo tiempo y lugar, cualquier acción terrorista de izquierda o derecha, sin contemplaciones retóricas ni permisivismos oportunistas de ningún tipo.

De las AUC (Autodefensas Unidas de Colombia) a la AUC (Alianza Unidos por Colombia) se desarrolla el proceso de transformación de las armas a la política sobre el cual el Congreso de la República en sus Plenarias de Senado y Cámara habrá de legislar y reglamentar en los próximos días –con aplicación a las FARC y al ELN también, para que esté listo el marco legal cuando las guerrillas se animen a dar el salto.

Porque no se trata de seguir manteniendo e incrementando el número de los excluidos de la política sino de favorecer la inclusión en la política de todos aquellos que, dentro de la Ley, desarmados y abiertos al debate democrático, estén dispuestos a legitimar con su civilismo, no el pasado que ya fue, sino el presente y el futuro todavía por hacerse, para que en el futuro ya no haya víctimas que reparar sino solamente ciudadanos que atender y respetar.

Las AUC terminaron pagando un altísimo precio por llegar a los momentos finales de su existencia careciendo de una identidad que resultase inequívoca a propios y extraños. Se dirá que esto fue parte de las inéditas condiciones de la guerra contra-irregular vivida en Colombia y que por esa ‘ausencia de identidad’ –buena para la irregularidad de la guerra en la ilegalidad pero inconveniente para la regularidad de la negociación política en la superficie legal- el costo de la desmovilización de Ralito terminó siendo inusualmente alto para los comandantes de las AUC. Al menos alto en relación con los estándares internacionales hasta hoy aplicados en situaciones parecidas.

La Alianza no podrá darse ese lujo ni podrá pagar nunca en términos políticos el precio de no tener una definición clara e inequívoca de su identidad. Esto es bueno que quienes vayan a darle forma a la Alianza Unidos por Colombia lo tengan en cuenta desde el primer momento. En su caso la cuestión de la identidad política es cuestión crucial, y no solo por el modo en que sus líderes se juzguen a sí mismos, sino por el modo en que la Alianza sea percibida por el País y el mundo.

La Alianza no podrá aceptar la tentación de asumir una doble personalidad, ni podrá parecerse en nada a la máxima revolucionaria marxista que recomienda la combinación de todas las formas de lucha.

La Alianza será de cuerpo y alma enteros dentro del plato de la ley o no será.

Así la veo yo.

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