julio 05, 2005

Ni abandonar la ‘pole-position’ ni arrojarse al mar - De cómo mantenerse en carrera, salvar el barco y llegar a buen puerto

Colombia, 5 de abril de 2005


Por Rubiño


Se suele decir que hacer la guerra es más fácil que hacer la paz porque para comenzar la guerra con uno alcanza mientras que para firmar la paz hacen falta dos. Si esto lo trasladamos a Colombia, donde los actores armados que alimentan y retroalimentan la guerra son algunos más que dos, cualquier solución parece lejana y de poco menos que imposible implementación.

Sin embargo, aunque las razones para hacer la guerra siguen siendo poderosas lo son cada día menos en virtud del nuevo consenso internacional acerca de que sólo el respeto por la democracia y el abandono del terrorismo asegura la inclusión de los alzados en armas y de los armados por fuera de la ley dentro del diálogo que abre las puertas al retorno a la civilidad y al ámbito del ejercicio político.

El calificativo de terroristas y de narcotraficantes aleja toda posibilidad de una negociación política y reúne en un solo haz a guerrilleros, autodefensas y narcotraficantes. La terca realidad está fomentando la unión de los extremos ideológicos con los banqueros de la guerra en una extraña dialéctica de izquierdismo conservador, conservadurismo de izquierda y nacionalismo ‘narco’.

De esa síntesis que se está incubando emergerá en un plazo no demasiado largo un principio de solución a largo plazo de la tragedia violenta que azota a los colombianos desde hace más de medio siglo, si tomamos como referencia el 9 de abril de 1948 con la muerte de Jorge Eliécer Gaitán. Casi 60 años años nos separan hoy desde el Bogotazo y todo lo que vino después.

Las tentaciones de participar del conflicto armado con su secuela inevitable de actos terroristas y de financiación ‘narca’ siguen siendo amplias. Pese a ello el mundo entero ha comenzado a conspirar en favor de la paz. Colombia deberá sumarse civilizadamente a esa conspiración por la paz o caer definitivamente en el caos y la barbarie. Cualquier intento por cerrarle el camino de retorno a la civilidad a algún actor del conflicto armado –sea guerrillero, autodefensa o narcotraficante- será negar la realidad de su enorme influencia política y fortalecer la ilegalidad con el pretexto de combatirla.

Las posibilidades de la Paz en Colombia están mucho más en manos de la tríada “guerrilla-autodefensa-‘narcos’” que de cualquier Presidente de Colombia por más bienintencionado que sea. Esto no significa de ningún modo entregarles el poder a los alzados en armas o a los que permanecen por fuera de la ley con el poder de sus armas ni negarse el derecho a combatirlos sino que significa, paralelamente a ello, agotar todos los recursos para escuchar los planteos de esos actores armados ilegales, abrirles caminos por donde puedan regresar a la civilidad y la ley, y recibirlos en la sociedad no ciertamente como salvadores de la patria, pero sí con los brazos abiertos hacia el hijo pródigo que se había marchado y decidió volver.

Digo todo lo anterior para que lo que sigue se ubique dentro de este contexto y esta visión donde no hay esfuerzo por la Paz que no merezca hacerse, ni hermano colombiano al que haya que negarle su regreso pacífico a la Casa de Todos.

Cerrarle el camino a los que vienen de la guerra y del narcotráfico es lo mismo que cortarse el propio pie, o amputarse el propio brazo, por lo malo que pudo haberse hecho con el pie, o lo degradado que pudo haberse hecho con la mano.

Si en el esquema conceptual del Gobierno no cabe la existencia del “conflicto político armado” sino la sola realidad de “amenazas terroristas” la primera consecuencia que se deriva de allí es que se corta de raíz cualquier asomo de negociación política por parte del Estado con quienes lo enfrentan directamente como las FARC y el ELN o con quienes, como las AUC –sin enfrentarlo directamente- ejercen ‘poderes de facto’ en algunas zonas del País suplantando y desafiando el ‘monopolio de la fuerza’ del Estado en razón de su ausencia y debilidad. Ni qué decir que cualquier posibilidad de diálogo sobre penas alternativas y justicia transicional o restaurativa para ‘narcos’ está hoy cerrada en Colombia, pese a lo innegable y evidente de la influencia y participación ‘narca’ en la política colombiana.

Se comprende entonces dentro de qué contexto complejo se hace evidente la imposibilidad de las AUC para defender sus principios y criterios políticos en la inexistente Mesa de Negociación que, por decisión del Gobierno Nacional, se ha convertido en una Mesa de Concesión de Gracias. Es decir, una Mesa donde no hay absolutamente nada que negociar sino donde todo hay que recibirlo por parte de las AUC, y no sólo recibirlo, sino además agradecerlo, puesto que se trata de una cantidad de ‘gracias’ que el Gobierno nacional está dispuesto a conceder como un don que se puede permitir hacer, bajo ciertas condiciones no negociables, a las AUC y a todos los grupos armados ilegales que constituyen el rostro visible y más claramente político de la “amenaza terrorista”.

¿En qué consiste esa concesión de ‘gracias’? En que el Gobierno nacional se compromete, a partir de la instalación de la Mesa de Concesión de Gracias, a buscar una salida jurídica acorde con el ordenamiento legal, o modificando éste hasta donde le sea políticamente posible -y satisfaciendo los estándares internacionales-, a todos aquellos que habiéndose armado ilegalmente -por cuestiones que puedan ser calificadas principalmente como políticas- renuncien voluntariamente a seguir siendo parte de la “amenaza terrorista” y acepten entregar sus armas, desmovilizarse, y colaborar con el desmantelamiento de las estructuras armadas ilegales y la construcción de escenarios de paz.

En pocas palabras, el Estado está dispuesto a conceder las ‘gracias’ de amnistía e indulto y a promover la aplicación de ‘penas alternativas’ a quienes de otro modo sólo les estaría reservada la persecución militar y policial, para su abatimiento, o captura y puesta a disposición de los tribunales normales, para efectos nacionales o de extradición.

En la Mesa de Concesión de Gracias entonces, no cabe de ningún modo la negociación política sobre cuestiones tales como Justicia Social, Transformación del Estado o Políticas de Seguridad. Tampoco en materias tan poco manejables de parte del Estado colombiano por fuera de Colombia como la extradición y los alcances de la Corte Penal Internacional.

La única negociación política –si la queremos continuar llamando así para diferenciarla del mero sometimiento a la Justicia- que concibe el Gobierno nacional es la que se circunscribe dentro de una Mesa de Concesión de Gracias a lo que bien podríamos denominar “acuerdo humanitario amplio”. Su propósito es el de disminuir hasta eliminar la “amenaza terrorista”, no ya restringido tal “acuerdo humanitario” al exclusivo ámbito de los secuestrados y los presos en las cárceles, sino ampliada su esfera de aplicación al más extensivo universo de la Paz por el cual, en virtud de los Acuerdos de Paz, los armados ilegales primero cesan las hostilidades y luego se desarman y desmovilizan, a cambio de lo cual el Estado asegura la reinserción de los desmovilizados a la sociedad, para algunos directamente, para otros –quienes incurrieron en ‘delitos atroces’- previo el pago de unas penas alternativas, acordes con los compromisos internacionales asumidos por Colombia ante el mundo.

Queda sin principio de solución hasta hoy el aspecto del narcotráfico aunque aquí el Gobierno ha manifestado su voluntad de dejar abierta la puerta de la suspensión de extradición en aquellos casos de rectificación de comportamientos y propósitos de enmienda en el marco de colaboración plena con el desmantelamiento de las estructuras armadas y dentro de un Proceso de Paz. No se entiende si la negativa que subsiste para negociar con ‘narcos’ es táctica y momentánea, o estratégica y definitiva. Uno pensaría que a cambio de las ‘gracias’ a otorgar el Gobierno está queriendo recibir hechos de paz y actos de fe, y reducir así los márgenes de riesgo de exposición de la sociedad colombiana al terrorismo. Lo que uno se seguirá preguntando es si el Gobierno de los EEUU está pensando en acompañar al Gobierno de Colombia y otorgar a su tiempo sus propias ‘gracias’. Esta incógnita subsiste y parece que subsistirá al menos hasta que las FARC y el ELN hayan producido su propio Acto de Fe, que por ahora parece lejano aunque tal vez el Gobierno y los mismos EEUU no lo estén viendo tan lejano ni tan imposible. La suerte definitiva de todos los actores armados ilegales, incluso los ciento por ciento narcotraficantes, parece estar cada día más indisolublemente unida, dado que los vínculos que unen a unos con otros son cada día más visibles y menos ocultos por el discurso o falta de discurso de tipo ideológico.

En el caso de las AUC parece entonces que resulta inútil –en términos de negociación- insistir en Ralito por la seguridad en las zonas amenazadas por las FARC y el ELN, o por un mayor nivel de inversión social y mejores oportunidades de educación, salud, vivienda, empleo, etc. en sus áreas de influencia, dado que el Gobierno nacional no tiene en mente discutir esos asuntos con los ‘paras’. De la misma manera, que ni sueñen el ELN, ni las FARC que este Gobierno se sentará a negociar con ellos temas como Justicia Social, Transformación del Estado, o Redistribución del Ingreso.

Para el Gobierno nacional está muy claro que todos estos temas de la Agenda Social y de Seguridad, de Desarrollo Regional y de Régimen de Tenencia de la Tierra, de Inversión Extranjera y Seguros de Desempleo, por mencionar solo algunos, no han de formar parte de la Agenda de la Mesa de Concesión de Gracias, porque no constituyen en el pensamiento del Gobierno nacional, materias de negociación en un Proceso de Paz sino que pertenecen al ámbito de las cuestiones políticas que se ventilan, discuten, acuerdan y resuelven dentro del marco de la democracia y sus instituciones, sin la presión de las armas al margen de la ley, y a través de los mecanismos constitucionales vigentes. Es decir negociación de legales, entre legales y sin los ilegales, obviamente en contra de los ilegales. El mensaje del Gobierno es claro: Despójense cuanto antes de las armas, renuncien ya a la vía armada, antes de que sea tarde, que vemos cómo les hacemos un lugar para que se puedan desenvolver en el ámbito de la democracia en defensa de aquello que se les ocurre justo y necesario y que los llevó a tomar equivocadamente un fusil.

A las AUC, así como a las FARC y al ELN este cercenamiento de plano de los temas negociables debe llamarlas a la reflexión. O se someten a la voluntad del Estado, o esperan tiempos mejores permaneciendo en el monte. Lo que no pueden es eludir la reflexión sobre el contexto nacional e internacional, que ha ido acotando más y más, persistentemente, no ya el tratamiento jurídico benévolo del delito político sino también lo que puede o no puede negociar un sistema democrático con quienes pretenden imponer sus criterios políticos por medio de las armas. El dilema no es entonces sobre esperar o no tiempos mejores para la negociación, sino sobre si es razonable esperar que haya tiempos mejores que los de hoy en el futuro. O si aquí también tiene aplicación aquel principio que dice que no hay situación por mala que sea que no esté en condiciones de empeorar.

En este orden de ideas, el dilema no es si mover las fichas –o rezar a Dios- para que el proyecto de ley de Justicia y Paz se hunda, pateando el problema para más adelante, sino cómo hacer para que las puertas que se están cerrando cada día un poco más para la negociación política -al estilo de las realizadas en el siglo XX en Colombia e incluso en Centroamérica-, detengan su inexorable camino y le tiendan al caso colombiano un manto más comprensivo al menos durante la vigencia del tiempo de gracia disponible todavía y que bien valdría el Gobierno hiciese público para que todos se dieran por enterados acerca de lo que está en juego.

Mientras Ralito esté vivo la situación puede mejorar en cuanto a las ‘gracias’ posibles de obtener, pero si Ralito se extingue sin resultados positivos o si se autodestruye en el intento de construir la Paz la situación no puede sino empeorar, y el conflicto y las amenazas terroristas generalizarse en un fuego cruzado de todos contra todos –y contra sí mismos también- y cuando digo empeorar lo digo para las AUC, pero también lo digo para las FARC y el ELN, y para los ‘narcos’ también. Ni se diga para la gobernabilidad de Colombia ni para su sufrida población civil.

Claro que evitar lo anterior, en el mejor de los casos, implicaría no sólo que Ralito continuase –aún más allá de la fecha límite hasta hoy del 31 de diciembre de 2005- sino también por parte de las FARC y del ELN, no demorar más el ingreso a su propia Mesa de Concesión de Gracias, para obtener por su simultaneidad con las AUC más favorabilidad por parte del Estado y de la Comunidad internacional que la que obtendría cada uno de los actores armados ilegales por separado. Aquí la dificultad reside en que tanto las FARC como el ELN están ilusionadas con tiempos mejores para ellos en el futuro, lo cual parece ir en contra de todos los vientos, no solo los nacionales, sino también los que se originan en EEUU y también en Europa. Basta releer lo declarado por Rodríguez Zapatero en Bogotá para entender qué tan cerca está de Aznar en este tema. Ojalá los Petro, Córdoba y Gómez Méndez en vez de mantener ilusionadas a las FARC y el ELN les hicieran saber que en estas materias los demócratas colombianos están todos unidos en contra del terrorismo, se vista con el ropaje ideológico que se revista, y manifieste las causas que manifieste.

Ahora bien, si puede entenderse que les esté costando a las FARC y al ELN cambiar de visión y razonar con mayor realismo sobre la evolución del mundo, no podría entenderse que las AUC, sentadas hoy en el mejor lugar disponible posible en consonancia con los tiempos que corren –el de la Mesa de Concesión de Gracias- fueran a abandonar el lugar de privilegio que ocupan por el solo hecho de no haber llegado donde algunos creían que iban a llegar –una especie de Caguán pero al revés y en su favor- o por pensar erróneamente que hacer borrón y cuenta nueva, y rompiendo o dejando romper Ralito, la favorabilidad política para las AUC vaya a mejorar dentro de algunos años.

En mi concepto, lo mejor que pueden hacer hoy las AUC es seguir esperando y haciendo paz todos los días, paciente y pacíficamente, desde Ralito y su Mesa de Concesión de Gracias, como contundente y definitiva renuncia a la tentación de levantarse y volverse al monte.

¿Esperando qué?:


1) Esperando que las FARC y el ELN se sienten en su respectiva Mesa de Concesión de Gracias; esperando, incluso con paciencia ‘china’, que las condiciones hayan madurado. Si las guerrillas se fundamentaron tantos años en aquellos principios de Mao Tsé Tung acerca de la guerra popular prolongada la paz bien vale una acción popular prolongada, y las AUC pueden ser parte importante de ese Frente Nacional por la Paz.

2) Esperando que el ‘efecto Uribe’ termine por hacerle comprender al mundo la tan particular realidad del caso colombiano y abriendo diplomáticamente para las AUC su propio camino hacia una comunicación permanente y fructífera con la Comunidad internacional.

3) Esperando que el Congreso de la República prepare y apruebe sin presiones externas la mejor ley de Justicia y Paz que esté en condiciones de elaborar.

4) Esperando que lo que no pueden obtener las AUC del Gobierno en la Mesa de Ralito sí lo obtengan en su propio post-conflicto a través de reinserciones exitosas y de su participación en proyectos productivos socialmente necesarios originados en la desmovilización de las AUC.


Es decir, que busquen las AUC el rédito político no en conquistas pírricas (o a lo Caguán) obtenidas por las armas o por el chantaje en la Mesa de Ralito sino por lo contrario, mediante el abandono de las armas, en el corazón de las comunidades.

El mundo de hoy y de mañana no perdonaría nunca concesiones del Estado arrancadas por las armas de los ilegales como lo hacía el mundo de ayer –y menos se las perdonaría a las AUC- con lo cual la seguridad jurídica de los desmovilizados, conseguida de esa manera, digamos ‘chantajista’, pendería siempre de un hilo y finalmente se rompería un día, o al menos viviría con sobresaltos toda la vida.

Insisto en que los tiempos mejores para las AUC no consisten en su regreso a los fantasmas del pasado sino que son los presentes y los que pueden construirse en términos de favorabilidad política, nacional e internacional, a partir del presente; en todo caso, nunca a partir de la ruptura del presente. Quienes no asimilan todavía la magnitud y la calidad de los cambios que se han arraigado en el mundo presionan interiormente a las FARC y el ELN –y más discreta pero crecientemente a las AUC- para que sigan teniendo miedo de afrontar la realidad y sigan buscándole peros a lo que ya no admite peros. Así lo único que se conseguiría es prolongar la agonía de un conflicto armado degradado por todas partes y sin la menor posibilidad de hallar justificación histórica alguna eliminando para siempre el camino de retorno a la vida civil.

La transformación de las AUC de lo militar a lo político y su reincorporación a la vida civil están todavía dentro de la lógica de la Historia pero no lo estarán siempre. El cuarto de hora pasa y pasa irremediablemente. Sólo podrá ser aceptada y comprendida la razón de su lucha anterior, al margen de la ley, si hoy reingresan las Autodefensas a la civilidad, cambiando los fusiles por las palabras. Hubo un tiempo en el que las Palabras no alcanzaban, y en el que haber pasado por la ilegalidad hasta puede comprenderse y perdonarse, pero nunca podrá ser perdonado que en el momento supremo de la humildad y la prudencia, en vez de la sensatez hayan salido victoriosas la arrogancia, la imprudencia y la misma insensatez de retornar a la guerra. Una cosa es ser valientes y otra es ser temerarios, una cosa es arriesgar la vida cuando el Estado no quiere ni defenderse ni defender a los colombianos, y otra es despreciar la ventana legal y democrática y cerrarse en la banda de la opción ilegal y militar, cuando Colombia y el mundo están comenzando a sopesar las razones y los argumentos de las AUC para justificar el pasado pero nunca para repetir lo hecho en el futuro.

No solo es tiempo de esperar para las AUC, también es de hacer y de hacer en la dirección correcta con los argumentos y las acciones más adecuadas.


¿Hacer qué?:

1) Realizar el seguimiento paso a paso del proyecto de Justicia y Paz y su tránsito por el Congreso y dar a conocer públicamente los resultados de tal evaluación, pero cuidando mucho de no hacerla solamente a la luz de los propios intereses sino fundamentalmente en pro de los intereses de Colombia y de conseguir el silencio de todos los fusiles, los propios, los de las FARC y ELN y también los de los ‘narcos’.

2) Estudiar muy juiciosamente en la Mesa de Ralito el cronograma de desmovilizaciones futuras. Siempre habrá espacio para Actos de Fe pero no para saltos al vacío, o para apresuramientos o retardos indebidos.

3) Definir conjuntamente con el Gobierno nacional si se han creado –de parte y parte- las condiciones para cumplir el plazo del 31 de diciembre de 2005 previsto para la desmovilización total y si resulta prudente anticiparlo o postergarlo. Es bueno que el Proceso de Paz de Ralito tenga plazos pero mejor aún es que tenga objetivos y que los plazos estén subordinados al cumplimiento de los objetivos.

4) Proseguir con el perfeccionamiento del cese de hostilidades para que en vez de ser valorado negativamente como una debilidad del Proceso se lo valore positivamente como una fortaleza del mismo.

5) Impulsar acciones que consoliden exitosamente desde Ralito la reinserción de los ya desmovilizados.

6) Poner en marcha, en consonancia con Ralito, los proyectos productivos vinculados con la reinserción, y que buscan también comenzar a solucionar el problema de los desplazados, la falta de inversión social y el desempleo en las zonas que fueron afectadas por el conflicto.

7) Avanzar en la construcción de los fundamentos doctrinarios y los modos de hacer Política de las AUC en la legalidad para que desde el primer día de autorización legal se pueda ejercer tal derecho del modo más conveniente para el logro de las metas finales de la organización.

8) Ilustrar periódicamente a la Opinión Pública sobre el estado y las características del proceso que dará vida a la organización política que posibilitará el tránsito de las AUC de lo militar a lo político.

9) Obtener del Gobierno nacional las facilidades necesarias para que las AUC difundan a lo largo y a lo ancho de Colombia, y también en el exterior, su ideario y sus y proyectos políticos, así como su visión de los mejores caminos para alcanzar la Paz y la Reconciliación, entendidas éstas como el triple final: del conflicto político armado, de las “amenazas terroristas” y del narcotráfico en Colombia. O se avanza en el camino de hallarle final simultáneo a estos tres componentes del drama colombiano –íntimamente relacionados por la realidad de los hechos, más que por la voluntad de sus actores-, o cualquier intento de acabar con uno de ellos por separado sólo facilitará la aparición de nuevas generaciones del viejo problema sin acabar en definitiva con ninguno de ellos.

10) Cerrar filas de manera solidaria y no permitir que surjan grietas entre los desmovilizados y los no desmovilizados, entre los que permanecen en las cárceles, en Ralito o en el resto del País, entre quienes son acusados de unas cosas o de otras, ni que se discrimine entre los que pagan o pagarán penas y los que gozan o gozarán de total libertad, de tal manera que la Unidad se fortalezca y los campos de actividad diferentes enriquezcan a las AUC en vez de debilitarlas y dividirlas.

Al comenzar el proceso de paz de las AUC en Ralito no existía un marco legal amplio y completo que amparara jurídicamente el tránsito ‘polìtico’ de todos los actores armados ilegales que quisieran dar el paso a la legalidad –incluidos los acusados por delitos atroces o por vínculos con el narcotráfico-.

Ese marco legal general, de características universales (aplicable a todos), que brinde seguridad jurídica y sea asimismo prenda de paz y reconciliación, sigue estando pendiente por parte del Estado colombiano y su sistema de administración de Justicia. Sin embargo, sobre este terreno se está avanzando, así como es mucho el terreno que queda por avanzar.

Será mucho mejor para Colombia, y también para las AUC, que las AUC ingresen en la legalidad para continuar liderando y perfeccionando en el marco de la legitimidad democrática tal marco integral, el que cree finalmente las condiciones para que no solo las AUC, sino también las FARC, el ELN, y todos aquellos que desde el narcotráfico u otras actividades delincuenciales alimentan el monstruo de la guerra en Colombia tengan un camino atractivo para ellos, satisfactorio para los colombianos, creíble internacionalmente, justo y reparador para abandonar el delito y reincorporarse a la vida civil plena.

Se trata de crear para todos los actores del conflicto armado y las amenazas terroristas, del narcotráfico y la delincuencia organizada cada día más interrelacionados por la dinámica de la financiación y la misma globalización, sin exclusiones, la opción de una segunda oportunidad en la vida. En consonancia con esto se trata de darle a la otra Colombia que nunca delinquió y que nunca disfrutó la paz, la posibilidad de acceder a ella y enfrentar fortalecida y sin lacras del pasado sus nuevos desafíos de eliminar la miseria y la pobreza emprendiendo caminos de desarrollo y bienestar. Frente a estas posibilidades ¿puede concebirse que las AUC estén pensando en diluirse en lo pequeño y lo anecdótico, cuando deberían estar pensando en grande y en lo trascendental del papel histórico que pueden desempeñar de aquí en adelante, particularmente en los próximos 20 años?

Las AUC solo serán instrumento de paz y de reconciliación dentro de la legalidad a partir de los desarrollos que se sigan construyendo a partir de la Mesa de Ralito. Ya no quedan espacios creíbles para desarrollar una guerra contrainsurgente desde la ilegalidad en Colombia. Los campos para ello se han venido estrechando dramáticamente desde la caída del muro de Berlín y el desplome de la Unión Soviética. Este achicamiento del campo disponible se acentuó notablemente después del 11 de septiembre de 2001 pero ya había comenzado a cerrarse al desaparecer el comunismo como alternativa de la democracia capitalista en el nivel mundial. Las AUC vieron esto con mucha claridad y se anticiparon. Por eso están en Ralito y sería imperdonable que cambiasen Ralito por el monte. El Gobierno nacional no puede permitirse la torpeza descomunal de enrostrarle a ningún miembro de las AUC actividades delincuenciales previas a su incorporación a la organización contrainsurgente. Haber pasado por el calvario de la guerra combatiendo a las guerrillas es suficiente ‘pena alternativa’ para quienes no encontraron en el pasado otros caminos de producir su metamorfosis personal y su verdadera revolución ‘interior’ porque el Estado no tenía abierto el camino de retorno del narcotráfico a la vida civil plena. Haber trabajado intensamente en los últimos tres años por poner a las Autodefensas en el rumbo del adiós a las armas definitivo ha de ser suficiente elemento de juicio para darles el mismo tratamiento a todos los integrantes de las AUC, hayan hecho lo que hayan hecho previo a su ingreso a las AUC.

Qué torpeza la del Gobierno nacional si procede como lo ha sugerido en la Mesa de Ralito y le niega a cualquier integrante de las AUC, en virtud de actividades ilícitas anteriores al inicio del Proceso de Paz en 2002, el derecho a las penas alternativas siendo que las AUC han abierto el camino hacia la paz de Colombia y lo siguen abriendo todos los días manteniendo viva la Mesa de Ralito a la que pocos analistas le auguraban todo lo avanzado en materia de desmovilizaciones, de reducción en los índices de violencia y de duración y paciencia detrás del objetivo final de la Paz y la Reconciliación. Si esto se logró ha sido por el esfuerzo de todos los comandantes y de toda la organización en armas. Si eso merece gracias especiales, las mismas deben llegarles a todos. Si dialogar con las Autodefensas es como descender a los Infiernos –como gusta decir el Alto Comisionado para la Paz- haberse sumado a las filas de las AUC en las circunstancias azarosas de principios de siglo, abandonando el delito por el delito mismo y el enriquecimiento personal, para comenzar a construir escenarios de paz desde dentro del Infierno, ha de concebirse al menos como suficiente Purgatorio y sitio desde donde comenzar el pago de las penas alternativas.

Otra torpeza que puede estar cometiendo el Gobierno nacional es ‘obligar’ a quienes desde el narcotráfico y no habiendo pasado nunca antes por las filas de las Autodefensas deban pasar a partir de ahora por el Infierno de la guerra en contra de otros colombianos para cubrir los vacíos que van dejando las AUC con sus desmovilizaciones y ‘politizar’ así su camino de regreso a la civilidad. Debe ser una preocupación del Gobierno nacional y también un norte de actividad política para las AUC la de abrir caminos sensatos para que quienes quieran abandonar el narcotráfico no deban pasar previamente por el campo del conflicto político armado, o por la tragedia nacional de las “amenazas terroristas”, para ‘purificarse’ en el fuego de la guerra entre hermanos colombianos, y acreditarse así para futuras ‘gracias’ que futuros gobiernos tengan a bien conceder, tras cientos de miles de colombianos muertos que pueden evitarse que mueran a partir de hoy. Preocuparse por reparar a las víctimas es un acto de nobleza pero evitar que haya nuevas víctimas es, además de noble, un acto de inteligencia que ni el Gobierno nacional ni las AUC pueden darse el lujo perverso de omitir o soslayar.

Si algunos comandantes de las AUC están pensando en cómo colaborar con el hundimiento del proyecto de ley en el Congreso les recomiendo repensar en todo lo aquí mencionado y atisbar profundamente el contexto que conocen de manera mucho más completa que yo para poder evaluar serenamente si esa actitud de ‘hundir los barcos donde navegamos los colombianos’ mejora o empeora las cosas. No vaya a ser que por buscar lo mejor de una situación hipotética a futuro se termine sin valorar debidamente lo bueno de la situación presente y lo políticamente posible, aun en estas condiciones precarias.

La bandera de la paz es políticamente demasiado importante como para renunciar a ella, sobre todo si la audacia política de las AUC en 2001, 2002, 2003 y 2004 las ha puesto en la ‘pole-position’. Renunciar a la carrera que, contra todos los pronósticos, las AUC largan en primera posición aparece como un despropósito. Esto no significa que durante la carrera las AUC no puedan ir más rápidas o más lentas, e incluso detenerse, según su propia estrategia, pero tal estrategia no puede concebirse sino dentro de la carrera por la paz, nunca por fuera de la pista, ni por fuera de la paz.

Más temprano que tarde las FARC y el ELN, o la parte de ellos que decida optar por la vía política y democrática, querrán participar de la carrera pero quienes la iniciaron y la supieron correr bien habrán tomado una ventaja política que mucho les costará a las FARC y al ELN acortar.

Ahora bien, las cuestiones que en la Mesa de Concesión de Gracias las AUC no podrán resolver, las podrán en cambio comenzar a resolver desde su lugar en la participación democrática, donde sus posiciones y opiniones comenzarán a ser difundidas y multiplicadas sin las dificultades propias de la ilegalidad y la estigmatización que juegan a favor de quienes hoy se pronuncian en contra de las AUC sin admitir el derecho a réplica.

El poder que supuestamente brotaba del fusil ya no es tal. Todo lo contrario, la falsa ilusión de poder que dan las armas –cuando carecen de legalidad- debe ser reemplazada cuanto antes por la realidad del poder popular manifestado sin armas en el juego político de la democracia.

La orientación de sus negociadores en Ralito no debe ser para las AUC la de presionar con un regreso al monte. Eso hubiese tenido validez en una Mesa de Negociaciones, pero en una Mesa de Concesión de Gracias, todo lo que huela a chantaje seguramente terminará mal y terminará en contra. Más bien la estrategia ha de montarse sobre la gracia que puede obtenerse, para que se obtenga pronto y tenga la mayor amplitud y el mínimo de condiciones, porque en este campo el Gobierno nacional parece inclinado a conceder cosas que no son de desdeñar: la primera de ellas, la favorabilidad política que facilite el tránsito de la política armada a la política desarmada, y esto para las AUC, como para las FARC y el ELN es de vital importancia. Otras gracias tienen que ver con las penas alternativas y con el sitio donde se cumplirán. Otras tienen que ver con el tratamiento que está dispuesto el Gobierno nacional a dar en términos de suspensión de la extradición a quienes hayan demostrado rectificación de comportamientos y propósito de enmienda.

Es bonito soñar y no renunciar a los sueños pero en materia política es fundamental caminar con los pies sobre la tierra. Y trabajar midiendo cada paso que se da en función de escenarios presentes y futuros.

Tal como van las cosas la democracia, en Colombia y en todo el mundo, estará cada día con menos posibilidades y voluntades de negociar políticamente con insurgentes o contrainsurgentes algo más que el modo de su reincorporación a la vida social. Quiere decir que en esta materia las AUC estarán mañana peor que hoy, y las FARC y el ELN no solo están hoy peor que ayer sino que mañana estarán peor, mucho peor que hoy. Hoy todavía pueden darse la ‘pela’ desde la Mesa de Concesión de Gracias quienes solicitan el don de la favorabilidad política para las AUC, las FARC y el ELN, pero cada día que pasa eso será más difícil porque ningún Gobierno estará dispuesto a concederles gracias políticas a terroristas, porque hasta la categoría de combatientes se habrá perdido definitivamente para pasar a ser lisa y llanamente terroristas, componentes de una macabra “amenaza terrorista” para cuyos miembros no habrá más posibilidades que la muerte y la cárcel, en Colombia o en cualquier otro lugar del mundo.

Por eso desde el sitio privilegiado (que no tienen hoy ni las FARC, ni el ELN, ni los ‘narcos’) donde están hoy las AUC no pueden estar pensando ellas en abandonarlo argumentando que el Gobierno no quiere negociar sino otorgar simplemente algunas gracias. Arrojarse al agua en medio del mar abandonando el único barco donde pueden sentirse seguros y construyendo Paz, solo puede ser motivo de alegría para los tiburones o los modernos piratas recalcitrantes que pululan en el mar.

Para finalizar:

1) No pienso que se trate simplemente de recibir algunas gracias, sino de saber aceptar el don de determinadas gracias que bien utilizadas son las fundamentales para quienes sienten que tienen algo que hacer políticamente por el bien de Colombia y merecen una segunda oportunidad en esta vida y sobre esta Tierra.

2) Considero que son preferibles unas pocas pero esenciales gracias en mano que cien negociaciones futuras volando.

3) No se piense que los tiempos mejores llegarán mañana cuando se haya roto este presente, convenzámonos los colombianos que el mejor momento es el presente porque nos permite construir a partir de hoy los tiempos mejores sin poner ello exclusivamente en manos del destino inescrutable que sólo Dios conoce.


No renunciemos a construir, a partir de lo que hoy es posible, lo que de otro modo seguirá siendo siempre un imposible. Y no lo hagamos solo pensando en nosotros mismos sino pensando en todos aquellos que esperan de nosotros algo bueno, incluso lo mejor.


Así la veo yo.

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