agosto 23, 2005

Las ‘razones de Estado’ y su inclinación hacia la guerra o la paz


Las ‘razones de Estado’ y su inclinación hacia la guerra o la paz Si quieres la guerra construye más cárceles, si quieres la paz siembra justicia y libertad. La clave no es la represión sino la confianza.

Colombia, 23 de agosto de 2005

Así la veo yo (24)

Por RUBIÑO



Cuando de ‘razones de Estado’ se trata suelen confundirse estas razones con las recomendaciones de Maquiavelo. Sin embargo, las ‘razones de Estado’ tienen también una acepción enormemente más amplia, que roza las ‘razones de ser del Estado’. Es en este segundo sentido, de alcance más vasto –y para nada cínico- que me introduzco en este tema de las ‘razones de Estado’ donde hunden sus raíces buena parte de las dificultades que han encontrado hasta hoy los procesos de paz en Colombia, particularmente los dos más recientes, con las FARC y las AUC, que por distintas vías han derivado hacia el mismo interrogante: ¿Cuál es el costo de la Paz que está dispuesto a admitir el Estado colombiano? O yendo más lejos y más profundo: ¿El Estado colombiano considera que la Paz es un costo, una inversión o una razón de ser que no puede desatender sin traicionar su propia esencia constitutiva y constitucional?

Era el mes de septiembre de 2001 y habían pasado solamente unas pocas horas desde la caída de las Torres Gemelas, en Nueva York. Un grupo de estudiantes universitarios buscaba en las cercanías de Buenos Aires, la capital argentina, mayor ilustración sobre el conflicto armado en Colombia, y no comprendía ni lo del Caguán de entonces, ni lo de miles de secuestrados, ni lo de las masacres de campesinos ni las tomas violentas de pueblos tan pobres. No habían nacido todavía estos jóvenes universitarios cuando otro argentino -el Che Guevara- ya había muerto en Bolivia en su combate revolucionario, y tal vez por lo que calificaban como gesto heroico de un compatriota con Latinoamérica, sentían simpatía por una revolución como la cubana, sin la cual, seguramente, ni Pablo Milanés ni Silvio Rodríguez serían sus ídolos. Sin embargo Colombia, para ellos, significaba un enigma con sus guerrilleros eternizados en la selva, sus ‘paras’ armados hasta los dientes y sus ‘narcos’ revolucionando los mercados mundiales de la cocaína. De aquellos jóvenes intelectualmente inquietos traigo hoy a colación el interrogante que más me impactó:

¿Será que los colombianos quieren la Paz? ¿Será que los guerrilleros, los ‘paras’, los ‘narcos’ e incluso el Estado, quieren realmente la Paz? Porque de otro modo, si la quieren de veras, es inexplicable que todavía no la hayan alcanzado después de tantos años de buscarla. Sería como un milagro al revés. Como si tampoco Dios la quisiese.

Respondí en aquel momento que el Pueblo colombiano sí quería la Paz, pero que todos los actores armados –incluso el Estado- consideraban que la Paz sólo llegaría después de su propia victoria, como una concesión que habría que hacerle a los vencidos. O después de una ‘negociación’ a la cual una de las partes llegaría al borde del colapso. Sin embargo, para levantarles el ánimo les mencioné a los estudiantes ‘off he record’ algo que había surgido de unas conversaciones sostenidas con los líderes de las AUC, entre ellos Carlos Castaño, Salvatore Mancuso y Adolfo Paz, que podía, de concretarse, modificar en parte ese oscuro panorama. Las AUC se estaban preparando internamente para declarar un cese unilateral al fuego e iniciar un proceso de paz con el primer gobierno dispuesto a hacerlo seriamente y como primer paso hacia una paz total que debía sumar a las guerrillas y también a los ‘narcos’. Eran tiempos no tan lejanos y, sin embargo, mucha agua ha corrido debajo de los puentes. Recuerdo esto porque todo tiene un comienzo, y la paz de Colombia también lo tendrá –o tal vez, si el Estado recapacita, ese comienzo ya lo tiene en Santa Fe de Ralito.

Los países tienen sus ‘razones de Estado’, y no por resabios de maquiavelismo, sino porque son esas ‘razones de Estado’ las que, en últimas, preservan a las naciones de las consecuencias pesarosas e inconvenientes que se derivan de los vaivenes de la opinión pública, tornadiza ella como los estados de ánimo de los ciudadanos que la componen, sujetos atrapados sin salida, tantas veces, en las telarañas que suelen tejer los medios de comunicación cuando pretenden fijarle su agenda a los gobernantes y a los ciudadanos.

Pongamos el caso del narcotráfico. Es claro y para nada condenable que los EEUU tengan su razón de Estado al respecto. Razón que les hace primero calificar dicho negocio de ilegal y después disponer sus modos de enfrentar lo que previamente ha sido declarado como ilegal. Algún día eso puede cambiar –no necesariamente en la opinión pública- sino en las razones de Estado de los EEUU y entonces lo que fue ilegal un día se puede volver legal al otro día, con las consecuencias inmediatas de desactivación de los mecanismos dispuestos para la lucha contra el negocio declarado antes ilegal.

El ejemplo anterior lo traigo aquí porque así como el narcotráfico ha sido elevado a la categoría de enemigo de los EEUU por razones de Estado, no está claro, en el caso de Colombia, si el enemigo del Estado colombiano es la guerra o el enemigo es la paz. Porque si fuera razón de Estado en Colombia la finalización de la guerra, los actos consecuentes serían bien diferentes a aquellos que se derivarían en el caso –hipotético y que Dios nos libre- de que el enemigo de Colombia, por razones de Estado, fuera la paz.

Lo que estamos planteando suena necio, o al menos poco serio. ¿Cabe pensar siquiera a modo de hipótesis que la razón de Estado en Colombia fuera alimentar la guerra, no dejarla morir, hacer imposible la paz? ¿Puede caber esto en la mente de alguien? Seguramente no en la mente de quien padece la guerra, de quien tiene un familiar secuestrado, un vecino mutilado, o un amigo asesinado. Tampoco en la mente de quien vive en las zonas de conflicto, o ha sido desplazado, o está condenado de por vida al pago de extorsiones. Tampoco se escucha entre las propuestas de los políticos –menos en las de los candidatos- que la guerra debe continuar porque esto –lo de la guerra- es razón de Estado.

Sin embargo, pasan los Gobiernos y la guerra continúa, o cambia de nombre, y del conflicto armado pasamos al callejón sin salida, o a las amenazas terroristas. O descubrimos que no se trata de guerra civil sino de violencia entre colombianos. Es cierto que hay períodos de mayor calma, que preceden a las nuevas tempestades, o tiempos de terror cotidiano al que le siguen violencias más espaciadas, o al menos, menos espacio en los noticieros de la televisión para registrar las víctimas que siguen cayendo vestidas de civil, de uniforme o camufladas, año tras año, sin solución.

Colombia no puede hacer nada por modificar las razones de Estado de los EEUU. Además, es muy poco lo que puede hacer por evitar en su propio territorio las consecuencias de aquellas razones de Estado de los EEUU. Esto se entiende, es parte de la ‘realpolitik’. Si se quiere, es uno de los costos que Colombia paga por pertenecer a la Comunidad internacional en esta parte del planeta. Pertenecer que, por otra parte, también tiene sus beneficios y no es esto de lo que se trata aquí, en este artículo.

De lo que se trata es de interrogarnos acerca de las razones que hacen que en Colombia siga creciendo el número de mutilados, asesinados, secuestrados, extorsionados, masacrados, amenazados, etc., etc., sin que el País entero se ponga de pie y diga ¡BASTA!

¿O será que quienes se alzan en contra de aquella hipotética razón de Estado y se pronuncian por la Paz, precisamente por ir en contravía de una ‘razón de Estado’ son silenciados, maltratados y finalmente apartados de la comunidad?

Las AUC alzaron sus banderas blancas y convocaron al País a iniciar un proceso de paz. El Gobierno del presidente Uribe atendió el llamado y dispuso que Santa Fe de Ralito fuera el centro originario de una nueva esperanza. Se sucedieron los diálogos –también las crisis- pero finalmente los avances fueron más que los retrocesos y los actos de fe de las AUC abrieron el camino a las desmovilizaciones más grandes de la historia de Colombia. Y quien consulta la prensa se encuentra todas las semanas con el anuncio de nuevos desarmes, aquí, allá, en todo el territorio nacional. Son decenas, cientos y también miles de combatientes que desafían el miedo de abandonar sus armas en un País – el nuestro- donde la razón de Estado parece estar más inclinada del lado de la guerra que del lado de la paz.

El gesto histórico de las AUC de tomar la iniciativa de paz entre los actores del conflicto armado recubrió el hueco demencial en el que se había caído tras el fracaso del Caguán. Fracaso que tuvo responsables, seguramente, entre las filas más guerreristas -¿terroristas?- de las FARC, pero también entre quienes, del lado del Estado, parecen defender razones de Estado que hacen de la guerra un hecho permanente como si la guerra en Colombia tuviera más dolientes que la misma paz, o al menos dolientes más poderosos y bien atendidos.

Cuando las AUC se sentaron a acordar con el Gobierno nacional el proceso de su desmovilización y reincorporación a la vida civil –en el mismo 2002 en el que las FARC fueron apartadas de la Mesa por el Gobierno anterior- se encontraron con la novedad –por boca del nuevo Alto Comisionado para la Paz- de que el ordenamiento legal colombiano estaba fuera de tono con los nuevos estándares internacionales para procesos de paz. ¡Oh sorpresa! Porque apenas unos meses antes, se habían clausurado más de tres años de negociaciones entre el Gobierno nacional y las FARC, sin que por ningún lado se hubiese mencionado, como un inconveniente para el proceso de paz, tal supuesta falta de ponerse al día. Lo que todo indicaba entonces –antes de la ruptura que decidió Andrés Pastrana, ‘mamado’ con el comportamiento de las FARC- es que los comandantes de las FARC iban derechito para sus curules en el Congreso, tras previa participación ‘con todas las galas’ en una Asamblea Constituyente. Recordemos que Europa había recibido previamente la delegación del Gobierno y de las FARC con algo bien distinto a gritos insultantes y banderas por verdad, justicia y reparación. Jamás se habló de penas ni de cárcel, ni de ‘cero impunidad’ y –mucho menos- de reparación a las miles de víctimas ocasionadas por las FARC. A esas horas el presidente Pastrana se había cansado de repetir que las FARC ni eran narcotraficantes ni eran terroristas. Y todo esto sin un mayor rasgar de vestiduras por parte de los EEUU ni de parte de HRW ni Amnesty International.

Todo esto es bueno que se recuerde ahora cuando el proceso de paz con las AUC ingresó en su etapa final de desmovilizaciones. Y cuando uno de los actores ilegales del conflicto armado cede al Estado sus zonas de influencia, las zonas que lograron preservarse de la presencia guerrillera y las amenazas terroristas. Ahora sí es posible la reinstitucionalización de la presencia del Estado en vastas zonas del territorio nacional que están siendo regresadas al manto protector de las instituciones públicas y democráticas por las AUC desmovilizadas.

A diferencia de las FARC, las AUC no han pretendido cambiar armas por favores políticos, ni tampoco armas por impunidad. Las AUC –a diferencia de las FARC- no han exigido participar en misiones oficiales solventadas por el Estado para contarle al mundo su visión de los problemas y soluciones para Colombia, ni han solicitado la televisión estatal para transmitir a los colombianos y colombianas sus razones de ser, sus sueños y sus proyectos de País.

Sin embargo, las AUC tienen toda la razón cuando se manifiestan desilusionadas por el futuro que parece esperarles en su azaroso regreso a la vida civil. Lo que soñaban sería el primer paso hacia la Paz de Colombia choca con realidades incontrastables: la capacidad del Estado para cubrir con eficacia institucional –no sólo con soldados- sus anteriores zonas de influencia, está demostrando en los hechos sus limitaciones. Las políticas de Colombia para superar favorablemente el flagelo del narcotráfico, e incluso para favorecer acercamientos y consensos que pongan fin a las actividades ilegales, tropiezan con la insuficiencia del Estado y de sus leyes. Además, las alianzas del Estado colombiano con los EEUU hacen imposible pasar por alto las razones de Estado del país más poderoso de la tierra.

Las FARC y el ELN –sorprendidas por las presiones internacionales suscitadas a partir de Ralito –con la inesperada consecuencia práctica que también ellas habrán de recibir penas acordes con sus delitos- están más convencidas hoy con Uribe, que ayer con Pastrana, Samper y Gaviria, que un proceso de paz será imposible en las nuevas condiciones internacionales y que solo cabe vencer o morir en su intento revolucionario. O imponer sus condiciones en una Mesa donde acudan como vencedoras y el Estado claudicando.

¡Qué paradoja! Las AUC confiaban con su decisión de abandonar el camino de las armas, abrirles a todos los actores del conflicto armado colombiano una posibilidad de construcción de paz. Sin embargo, las razones de Estado –el de aquí y los de allá- parecen apuntar en direcciones divergentes, como si la guerra hubiese alcanzado por extraños caminos el rango de razón de Estado. Cuando los actores armados ilegales miden en carne propia –o viendo la experiencia en cuerpo ajeno- que de lo que se trata a través de la negociación es de cambiar la vida peligrosa –pero libre- en el monte, por el escarnio público y la cárcel, en Colombia o en el exterior, todo intento que los ‘pacifistas’ alienten frente a los ‘guerreristas’, de lado y lado, resultará inútil, y no sólo eso, también resultará peligroso. Porque serán atizados los fuegos de la discordia y el divisionismo –entre ‘halcones’ y ‘palomas’- por todos aquellos enemigos que apelan a provocar la implosión cuando la destrucción desde fuera les fue imposible de lograr. ¿Con qué aliciente quienes quieren la Paz pueden ofrecer a sus compañeros el futuro de la cárcel a hombres y mujeres armados que no han sido derrotados?

El proceso de paz con las AUC está cerca de su final pero aún falta un trecho decisivo. Sigue siendo irreversible el camino andado en Ralito pero, al igual que toda obra humana, está lejos de ser irrompible. Sin embargo, frente a las dudas también caben las certezas: el proceso de paz con las AUC es perfectible en sus conclusiones –todavía hay tiempo-, como perfectibles tendrán que ser –necesariamente- los procesos que sigan si se quiere ser exitosos con las FARC y el ELN, y con todos los componentes del conflicto. Las AUC han hecho mucho en la dirección correcta del desarme y de la paz. Colombia entera no demorará en valorarlo y agradecerlo. Eso está claro porque el pueblo colombiano no se maneja con razones de Estado sino con sensatez y sentimientos, así como reaccionan el pueblo de los EEUU, el europeo y todos los pueblos del mundo, hartos de guerras y de miseria y pobreza.

Si las ‘razones de Estado de paz’ terminarán primando en Colombia sobre las ‘razones de Estado de guerra’ es todavía una incógnita; lo único cierto es que existe una puja no resuelta sobre este crucial aspecto.

Y mientras esto de las razones de Estado no esté resuelto será más complejo –y hasta imposible- compatibilizar las razones de Estado colombiano con las razones de Estado del resto de los Estados del mundo.

El modo en que el Gobierno nacional de Pastrana se movió con las FARC en los tiempos del Caguán, y el modo en que el Gobierno nacional de Uribe se está conduciendo con las AUC en Santa Fe de Ralito demuestran a propios y extraños que el Estado colombiano aún no ha resuelto el dilema que le plantea en materia de paz y de guerra, la coexistencia dolorosa y prolongada –ya va para medio siglo- de guerrillas, autodefensas y narcotraficantes, cada uno de ellos asumiendo y fortaleciendo su propia experiencia delictiva sin que el Estado acierte qué hacer con ellos para que abandonen su ilegalidad y se sumen a la construcción de Paz y de País.

Durante estos largos meses de negociación con las AUC el mundo periodístico y político estuvo haciendo alarde de su ‘preocupación’ de que no fueran a colarse ‘narcos’ en Ralito, porque partieron del supuesto –hoy desmentido por los hechos- de que eso de entrar en la Mesa les interesaba a los ‘narcos’. Hoy, esos mismos periódicos y políticos comienzan a alertar sobre una tercera o cuarta generación de autodefensas, creada por ‘narcos’, que se disponen a reemplazar a las AUC allí donde el Estado no vaya a hacer presencia, reconvirtiendo parte de su aparato militar en aparato contraguerrillero con orientación política. ¿En qué estamos, entonces? ¿Será que los ‘narcos’ no pudieron ingresar a Ralito, o será más bien que lo que el Estado les ofrece a las AUC por desmovilizarse nunca les interesó a los ‘narcos’, quienes prefieren correr la suerte o mala suerte de las FARC y del ELN, y por ello están ocupados en adquirir un perfil político-militar en reemplazo de las AUC desmovilizadas?

Colombia debe definirse cuanto antes entre asumir la construcción de Paz como política de Estado -y que la Paz sea entonces razón de Estado- o asumir la victoria sobre los actores armados ilegales como política de Estado –y que la Guerra sea entonces razón de Estado. Es sabido que quienes impulsan la guerra para lograr la victoria y a través de la victoria imponer la paz encontrarán una y mil excusas para evitar las negociaciones de paz, demorarlas indefinidamente, o, incluso, para desnaturalizarlas y volverlas tácticas políticas dentro de una estrategia de confrontación bélica. Esto es válido para las FARC y el ELN, pero también es válido para el Estado. Así como pudo haber sido válido para las AUC –hasta que en Ralito las AUC cambiaron la Historia y se jugaron por la Paz. Lo cual no asegura, que si el conflicto prosigue, las autodefensas de tercera o cuarta generación no vayan a optar –como de hecho parece que lo están haciendo- por seguir los malos ejemplos de las FARC y del ELN, así como los ejemplos muy parecidos que ha dado el Estado en los últimos cincuenta años. Mal ejemplo, en el sentido de asumir la guerra como razón de Estado y la búsqueda de la paz como una demostración de debilidad.

Todos quienes en Colombia quieren ser coherentes con el clamor popular por la Paz habrán de redoblar sus esfuerzos –desde la izquierda, la derecha y el centro- para que la razón de Estado en Colombia sea la Paz y no la Guerra. Esto significará para muchos de los que hasta aquí se han opuesto ciento por ciento al Proceso de Paz con las AUC comenzar a producir un giro a favor de la Paz para todos, a favor de la Paz entre guerrillas, autodefensas y Estado, entre actores armados legales e ilegales, entre quienes vienen del narcotráfico y quienes si esto sigue así, terminarán inevitablemente en él.

Décadas de conflicto en Colombia nos han terminado por enseñar que finalmente los actores armados ilegales acceden a los eslabones del narcotráfico, así como los eslabones del narcotráfico van ingresando poco a poco en el conflicto armado. Ni qué decir el modo directo, o indirecto, en que la sociedad y el mismo Estado van produciendo acercamientos más o menos teñidos de narcotráfico, aunque ello suceda sin su voluntad, sin su conocimiento, incluso como se ha visto –a sus espaldas.

Si Ralito en sus aciertos y en sus errores, en sus logros y en sus limitaciones, sirve para abrir el camino de la Paz total en Colombia habrá sido realmente un milagro que confirma que al menos Dios no quiere la guerra en Colombia. Y ése habrá sido un buen comienzo para construir razones de Estado que pongan la Paz por encima de la Guerra, aún por encima de aquellas guerras que existe probabilidad de ganar.

¿Qué recomendación entonces hacerles al Gobierno nacional y a las AUC en este tramo final de las negociaciones?

1. La Paz debe ser elevada al rango de razón de Estado, de lo contrario los esfuerzos individuales, de personas u organizaciones, poco sirven. En nombre de ella tanto el Gobierno nacional como las AUC deben manifestar su disposición a seguir trabajando por la Paz desde el mismo momento de la firma de los Acuerdos finales de Ralito.

2. La Paz asumida como compromiso por las partes requiere de canales institucionales y de espacios acordes que hagan posible y faciliten llevar a cabo tales propósitos que implican que el clamor de Paz se expanda y se fundamente cada día más y mejor.

3. La Paz implica por parte del Estado y también de las AUC desmovilizadas, la persuasión de quienes todavía persisten en transitar caminos de guerra, o propician actividades terroristas, o delincuenciales, las cuales por su magnitud y degradación hacen imposible el desarrollo y el bienestar social.


Si la ‘razón de Estado de la Paz’ prevalece sobre la de la guerra; si Santa Fe de Ralito es algo más que miles de hombres desmovilizados y un canto a la bandera; si las AUC desmovilizadas se comprometen seriamente con la construcción de Paz y están dispuestas a hacer de la No Violencia una de sus razones de ser más poderosas, si las AUC desmovilizadas se ofrecen como acompañantes de la búsqueda de Paz nacional que continúa con las FARC, el ELN y el resto de organizaciones armadas por fuera de la ley, incluidas las que han comenzado a ser identificadas como de tercera o cuarta generación de autodefensas, si todo lo anterior es cierto:

¿Será que los ex comandantes AUC que han producido semejante giro en la buena dirección de la Paz y prometen al País tamaña energía movilizada en pos de los sanos y democráticos objetivos nacionales merecen la cárcel?

Esto último, lo de la cárcel para los firmantes de Acuerdos de Paz, no lo aprobaríamos de seguro –de ser consultados en un referéndum o un plebiscito- quienes mayoritariamente en Colombia aspiramos a que la Paz se convierta en razón de Estado, y que la opción deliberada por la Paz merezca reconocimiento social positivo a la par que se aplica un cierto castigo por el pasado en la guerra. Un castigo que se traduzca en limitaciones de la libertad por los hechos pasados –uno de los fondos de la cuestión- pero también un reconocimiento social positivo que se convierta en aliciente y estímulo para el abandono voluntario de las armas –otro fondo importante de la cuestión- que sirva para ser imitado por quienes conduciendo las FARC y el ELN y el resto de organizaciones armadas ilegales puedan argumentar ante sus compañeros indecisos todavía, con algo similar a estas palabras:

En la civilidad no nos espera la cárcel, nos espera una comarca de gente amante de la paz –un espacio público de acceso restringido, administrado y protegido por el Estado, con acompañamiento internacional, orientado a la conversión personal y el trabajo colectivo- desde donde alzar el vuelo hacia la libertad completa. La paz de nuestras conciencias será un trabajo arduo e íntimamente personal, un auténtico renacimiento, pero el Estado colombiano, por su ‘razón de Estado’ inclinada hacia la paz, está dispuesto a disponer el ambiente propicio, austero y reflexivo, donde las limitaciones iniciales a nuestra libertad vayan desapareciendo día tras día en la medida de nuestros progresos en el cumplimiento de los compromisos sociales que adquirimos al firmar los Acuerdos de Paz. No se trata de salir del monte, entregar las armas, e irnos para una cárcel, en Colombia o en el resto del mundo. Se trata de abandonar el monte y abandonar las armas para sumarnos activamente, desde el primer día, y desarmados, a la construcción de Paz. Sin que ello signifique, naturalmente, que no vayan a existir modos creativos de que reparemos socialmente, y de manera colectiva, todos los daños que los actores de la guerra les causamos a los colombianos.

De esto se trata: de estimular el abandono de las armas, de hacer más cercano el final de la guerra, de no abrir más heridas en el cuerpo social. De poner a trabajar por la paz, a quienes hasta hoy estuvieron trabajando a favor de la guerra.

La razón de Estado de la guerra prevalece detrás de aquellos que siguen privilegiando el castigo por encima del perdón, y la victoria propia sobre la victoria de los otros, privilegiando la vanidad y los propios prejuicios por sobre la humildad y la apertura dialogante hacia los argumentos ajenos. La indiferencia con las futuras e inevitables víctimas, que traerá la prosecución de la guerra se esconde, tras sus pliegues tenebrosos, en la ‘razón de Estado de la guerra’ -aunque aparezca disimulada por la convicción justiciera- donde discurre amparada en lo ‘políticamente correcto’ la irresponsabilidad frente a los males mayores que podrían comenzar a evitarse desde ya.

Contra lo que muchos piensan las ‘razones de Estado de la guerra’ no anidan solamente en los Estados nacionales e imperiales; también las organizaciones revolucionarias y contrarrevolucionarias son sujetos donde puede encarnar la malévola tentación de la guerra. La tentación de derrotar al adversario y además humillarlo y pisotearlo. La tentación de transformar a las víctimas del pasado en fuente de beneficios políticos y económicos para los traficantes de derechos humanos, las aves de presa que sobrevuelan los corazones lastimados para lucrarse de su dolor, que ellos saben -más que ninguno de sus ‘autodesignados defensores de oficio’- que no tiene más alivio perdurable que el perdón y la oración. No es en el corazón de las víctimas donde nace el deseo de retaliación, ni de donde parten los cálculos interesados de los leguleyos y los políticos mercenarios del dolor ajeno. Los heridos en el alma quieren sanar, no tomar el atajo inconducente de la venganza. Claro que claman por solidaridad y apoyo, y es allí donde los actores de la guerra –todos ellos sin excepción- tienen una cita histórica e impostergable con la verdad y la reparación como actos de paz, no de guerra.

A poco de andar, cuando prevalecen las ‘razones de Estado de la Paz’, se las ve que resultan tan poderosas construyendo la Paz, como supieron ser destructivas las ‘razones de Estado de la guerra’ cimentando la derrota ajena.

Las AUC dieron el primer paso en esto de asumir la Paz como razón de Estado, bien podría ser el Estado colombiano quien dé el segundo paso en la misma dirección, donde tiene al menos tres escenarios donde puede poner a prueba –simultáneamente- la consistencia de su visión renovada. Habrá entonces más certezas difíciles de refutar sobre su opción por la paz y nadie podrá acusar al Estado colombiano de estar obsesionado con su propia victoria.

Estos escenarios que hoy confluyen y están a la mano del Estado, pero que no estamos exentos de la tragedia que mañana puedan definitivamente alejarse, son:

1. Los Acuerdos finales de Santa Fe de Ralito,

2. El Acuerdo humanitario con las FARC,

3. El inicio de conversaciones directas con el ELN.


El éxito proviene de crear las condiciones apropiadas, y luego dejar que sigan su camino. Finalmente, es el éxito el que engendra la confianza.

Le cabe al proceso de paz en Santa Fe de Ralito semejante responsabilidad: la de ser exitoso, y con su éxito engendrar suficiente confianza en que la Paz de Colombia sí es posible y más cercana de lo que muchos piensan.

Con todo respeto por las opiniones del embajador de los EEUU, Santa Fe de Ralito sigue teniendo sentido, puede que no desde el punto de vista de las razones de Estado de los EEUU pero sí –y mucho- para saber a qué atenernos en cuanto a cuáles son finalmente las razones de Estado, del Estado colombiano, cuya opción crucial se está jugando estos días entre la guerra y la paz.

Las AUC siguen optando por la paz. Y no se equivocan.


Así la veo yo.


Los artículos que forman la serie “Así la veo yo’’ pueden ser consultados en http://www.salvatoremancuso.com/

2 comentarios:

  1. Excelente exposición, pero quisiera añadir que las "Razones de Estado" que mencionas no son del todo "esotericas", ni misteriosas, sino que responden a muchos factores e imperativos. Como es sabido los estados cuentan con aparatos de información dedicados a evaluar situaciones, procesos, etc, para llegar a conclusiones o directivas que se traducen en "objetivos nacionales". Como ese trabajo involucra tambien a la sociedad civil es que se puede conocer 'algo' de esas razones ayudados con el conocimiento de ciertos actores determinantes como son los personajes que integran el gobierno. Por eso se puede 'confiar' en la responsabilidad de ciertos gobiernos, aunque por supuesto la cociedad civil debe estar bien atenta y vigilante.
    En cuanto al problema del proceso de paz, personalmente considero que el gobierno colombiano esta siendo muy cauto, mucho para lo que es mi gusto, pues considerando la genesis y objetivos de grupos como las FARC pienso que cualquier concesion hacia estos grupos será un impedimento para la paz. Es hay pensamientos donde la Paz como la libertad... no valen.

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  2. Bienvenida la polémica. En cuanto al tema de las concesiones, es tan cierto lo de la cautela, como válido lo de la osadía. La cuestión es si se quiere mantener una situación o se la quiere transformar. La prudencia será siempre buena amiga de la conservación, o de los cambios lentos. La osadía será siempre más proclive a los cambios más veloces, no necesariamente revolucionarios, pero sí transformadores. En mi opinión no se trata de escoger entre prudencia y osadía sino en integrar ambas en acciones que tiendan a transformar aquello que cabe transformar, y a conservar aquello que no es necesario cambiar.

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