noviembre 15, 2005

La verdadera negociación no es con las AUC, ni con las FARC y el ELN

Que el Gobierno se baje de la nube y ponga en marcha un auténtico Pacto Social y Democrático de Unidad Nacional
Colombia, 15 de noviembre de 2005


Así la veo yo


El asunto de los medios y los fines era ya un tema antiguo para la Humanidad cuando Maquiavelo –hace cinco siglos- lo trajo al primer plano del análisis político. La misma Iglesia Católica defensora del ‘no matarás’, uno de los famosos diez mandamientos, en dos episodios centrales de la Historia –las Cruzadas y la Inquisición-, encontró válidos –y nada condenables- la utilización de la tortura y el asesinato –a escala masiva- para asegurar el ‘reino de Dios’ sobre la Tierra. No mencionemos entonces Hiroshima, ni Vietnam, ni Camboya, ni Irak. ¿Para qué insistir sobre lo mismo?

Lo anterior no intenta justificar los horrores del nazismo, ni la realidad de los ‘gulags’ en la ex Unión Soviética, ni el sistemático secuestro de civiles y asesinato de policías y soldados por parte de las FARC y del ELN. Por supuesto tampoco intenta tender un manto de olvido sobre los excesos en que incurrieron las AUC en algunas de sus acciones contraguerrilleras.

Hay quienes al tratar la evolución del conflicto armado en Colombia se rasgan las vestiduras por la utilización de finanzas provenientes de los distintos eslabones del narcotráfico por parte de guerrillas y autodefensas. Más aún, endurecen sus críticas hacia unos y hacia otros, en la medida en que descubren que la lucha por el control de los recursos originados por las matas de coca ocupa buena parte de las estrategias de guerra. Ni qué decir cuando aparece la cuestión de la protección a los laboratorios, o la vigilancia de ciertos tramos de ciertas rutas utilizadas en la logística de transporte de las sustancias prohibidas.

Es la lógica de la guerra la que determina el comportamiento de sus actores, no la ética que interiormente cada uno posee. No se trata de que unos sean más malos y otros menos buenos en la medida en que incurren en finanzas ilícitas o desarrollan acciones violatorias del DIH. Llegado el momento de decidir entre lo propio y lo del enemigo está claro que los actores de la guerra privilegian lo propio sobre lo ajeno, sobre todo si lo ajeno coincide con el interés del enemigo. En su momento fueron los baños de sangre por retomar Jerusalén, o la bomba atómica sobre miles de japoneses para acabar con el eje Tokio-Berlín. En otras fue la guerra química del ‘napalm’ contra los vietnamitas, y más recientemente todo valió para acabar con Saddam Hussein, así como antes fueron millones los muertos en Europa en la lucha cruzada de nazis, comunistas y aliados de Londres y después de Washington.

De hecho, quienes incurren en el campo vedado del narcotráfico en Colombia hallan principio de justificación en que así preservan la fuente de ingresos de centenares de miles de campesinos carentes de otra alternativa, condenados a ser los parias post-modernos del nuevo ‘desorden’ internacional. Y quienes violan el DIH lo hacen bajo el concepto de que en el desarrollo de la guerra irregular –o de baja intensidad- su opción no radica entre elegir entre dos caminos buenos el mejor, sino entre dos caminos malos el menos malo. Y así sucede, que interiormente satisfacen a sus conciencias diciéndose que la muerte de unos cuantos preserva la vida y la libertad de muchos más. En esto seguramente ‘Marulanda’ y Castaño coinciden, y sus herederos también.

Si se insiste en ver la guerra como una cuestión de buenos y de malos se incurre a la larga en el mismo error en el que se cae cuando se considera que se trata de dos demonios enfrentados. El asunto no es tan simple, es infinitamente más complejo, y por sobre todas las cosas es materia esencialmente humana, personal y colectiva, de construcción y destrucción de vida humana y de tejido social. En la guerra no se enfrentan ángeles y demonios, ni tampoco demonios entre sí. Se trata de hombres y mujeres que han encontrado razones para hacer lo que hacen, y que no han creído en la existencia de otros caminos para alcanzar sus fines.

Por eso es tan importante quitarle razones a los guerreros, como recursos humanos y materiales a sus estrategias bélicas.

El caso colombiano no es la excepción: los recursos esenciales que aseguran la prosecución de la guerra son humanos y son materiales.

Cualquier estrategia de resolución del conflicto debe privilegiar en la población respuestas concientes, actitudes reflexivas y profundas ante los interrogantes del tipo ¿qué gano yo, qué ganan mis hijos, con mi tomar parte de esta guerra, por fuera del Estado? ¿Qué razones tengo para justificar mi incorporación, o la de integrantes de mi familia a las guerrillas o a las autodefensas? Colombia no puede darse el lujo de solazarse en el argumento falaz de que aquí no existen razones para incorporarse a uno y otro bando. Porque sí existen razones en la medida de que de la ausencia o debilidad del Estado se nutren las ‘tentaciones’ de acabarlo o suplantarlo. Que unos luchen por la reivindicación social y otros por su propia seguridad y las de sus familias y economías encuentra asidero en la medida en que el Estado no existe en vastas extensiones del territorio. Esta inexistencia, aliada a su poca eficacia en las zonas donde el Estado es visible, propicia que unos y otros encuentren en sus conciencias exigencias –incluso de tipo ético- que las alientan a incorporarse a unas o a otras fuerzas en pugna al margen del Estado. No se trata en la mayoría de los casos de la sola concatenación de medios y fines, en un análisis de tipo político, o ideológico, sino de algo más urgente y decisivo: la propia supervivencia frente al riesgo de aniquilación en el terreno.

No se trata entonces de razonar primitivamente que porque hay pobreza hay guerrillas, ni de que porque hay inseguridad existen las autodefensas. De lo que se trata es de admitir que es de la ausencia y deserción del Estado de sus obligaciones hacia los ciudadanos que los ciudadanos encuentran razones para sentirse abandonados e intentan encontrar las soluciones por fuera del Estado y no por dentro de sus instituciones. Que unos se unan con las guerrillas y que otros se refugien en las autodefensas son manifestaciones del mismo problema central: el déficit de Estado y su debilidad producto de la desidia, el clientelismo y la corrupción.

Abandonemos entonces las visiones simplistas hasta la deformación, que hacen ver en cada guerrillero y en cada autodefensa un narcotraficante camuflado. Y vayamos un poco más allá: el narcotráfico es también en Colombia una manifestación de la ausencia y debilidad del Estado. Es el mismo Estado que no resuelve la cuestión social, el que no ofrece ni seguridad ni confianza a sus ciudadanos, el que no puede enfrentar la lucha desigual contra los millones de dólares que se originan fuera de nuestras fronteras y que llegan a través de ellas para montar su propio negocio al amparo del poco Estado que existe para enfrentar el fenómeno económico delincuencial más importante en el mundo de hoy.

Que el fenómeno del narcotráfico se haya articulado al conflicto armado tiene que ver con los recursos materiales que exigen las guerras, y las tecnologías cada día más sofisticadas que los actores se ven compelidos a introducir en sus organizaciones para no quedar atrás en la ‘carrera armamentista’. Una vez que el ciudadano se deja vencer por la tentación de no recurrir al Estado para la solución de sus problemas, sino que golpea la puerta de los campamentos de uno u otro actor armado ilegal, el problema a resolver es cómo dotar al ciudadano-combatiente de sus pertrechos para la guerra. Es aquí, en el aprovisionamiento y en la logística donde el ‘capital de trabajo’ exige más y más fondos para alimentar el aparato de guerra –y sus colaterales de propaganda y política. Pues bien, después de golpear la puerta del campamento guerrillero o de autodefensa –son dos opciones que ofrece el ‘mercado del conflicto’-, hay que salir del campamento para tocar las puertas del ‘narco’ de turno. ¿Quién más tiene los recursos líquidos e inmediatos a disposición?

Llegados a este punto el asunto adquiere una complejidad mayor dado que tanto las guerrillas como las autodefensas –al crecer de manera acelerada sus necesidades de financiar su capital de trabajo- caen en los mismos riesgos en que caen las empresas cuando deben recurrir más y más al sistema bancario. Así como las empresas corren el riesgo de quedar en poder de los bancos, el conflicto colombiano corre cada día más el riesgo de quedar en poder del narcotráfico. Otra vez es bueno insistir, en que no se trata de una cuestión de falta de ética, o de inmoralidad, de guerrilleros y de autodefensas –esto puede ser la excepción de algunos individuos pero no es la regla de las organizaciones, ni de las guerrillas ni de las autodefensas- sino de pura lógica capitalista. El que pone el dinero tarde o temprano pone las condiciones. Eso es tan válido para un empresario con el banco, para un País con el FMI, o para un guerrillero o un autodefensa con su ‘financista’ de turno. Existen casos de empresarios que crean sus propios bancos, y de Países que rompen con el FMI y se autofinancian, y puede que ¿por qué no? sean las guerrillas y las autodefensas quienes consoliden redes propias de autofinanciación, sea con actividades lícitas o ilícitas de distinto calibre, donde entra también la opción del narcotráfico. Esto no debe escandalizar a nadie, ni mucho menos hacer pensar que lo que subyace no es la cuestión política de fondo, sea de apropiarse de un nuevo Estado, sea para reemplazar al existente –caso de las guerrillas- o suplantarlo –caso de las autodefensas. Claro que finalmente, y por distintos caminos, quienes hoy se conforman con suplantarlo donde no existe, pueden comenzar a ver la conveniencia –o incluso la necesidad- de destruirlo allí donde todavía permanece.

Colombia y su Estado están en un punto donde todavía es posible encontrar una solución política con quienes dentro de las organizaciones armadas ilegales buscan precisamente eso: una solución política. Me refiero a una solución política de transacción donde ninguna de las partes exija el sometimiento de la otra a sus dictados. En este sentido la política de sometimiento a la ley de Justicia y Paz que presiona el Gobierno como respuesta a los actos de fe de las AUC es una pésima señal porque no solo no logra –obviamente- convencer a sus interlocutores en Ralito sino que envía señales de guerra sin cuartel a las FARC y el ELN. Esto puede que lo avale la administración Bush, pero ni lo comprende ni lo acepta EEUU en su generalidad y mucho menos Europa.

Flaco favor le hace al País que una generación de autodefensas sea reemplazada por otra que nazca precisamente de un Proceso que intentó ser de Paz, donde se perciba a los actuales comandantes como claudicantes en la Mesa de Ralito, serviles ante el Gobierno de turno, desertores de sus responsabilidades asumidas con el País durante casi dos décadas, a cambio de lentejas servidas en Cómbita o en Itagüí. Sería como negociar la paz con las FARC y el ELN, y que aparezcan otros, con otras siglas o con las mismas. Sería un cuento de nunca acabar. Un círculo vicioso donde el final de una guerra es solamente el comienzo de otra.

Volvemos entonces a la cuestión central: el recurso humano y el recurso económico que alimenta las maquinarias de guerra. Más que un dilema de negociar políticamente o vencer militarmente a las organizaciones armadas ilegales la cuestión central para Colombia sigue siendo la de fortalecer el Estado, su sistema democrático y sus instituciones, cubriendo todo el territorio, durante todo el tiempo y con todo su ‘arsenal’ de oferta democrática, social, económica y de seguridad. En otras palabras, la verdadera negociación del Gobierno ha de ser con la sociedad, con los ciudadanos, con los partidos políticos oficialistas y de oposición, con las organizaciones representativas del quehacer económico, social y cultural, con la comunidad internacional.

Solo así se irán quitando recursos humanos y materiales a los actores armados ilegales hasta reducirlos a su mínima expresión y a su mínima capacidad de hacer daño. Ya no será necesario negociar con ellos absolutamente nada sino que habrá llegado la hora de recibir a los hijos pródigos que quieran regresar a la civilidad y la legalidad.

Los actores armados ilegales –incluso los narcotraficantes- son peces que sobreviven y proliferan en el agua que el mismo Estado les provee y les tolera. No son demonios, ni extraterrestres. No hay tampoco ángeles ni Robin Hood entre ellos. Son seres humanos capaces de amar y de odiar como todos nosotros, capaces de dar sus vidas por sus hijos y por sus padres. Son héroes a su manera, y podrían seguir siéndolo, en el seno de sus familias reincorporados a la vida civil. La gran tarea del Estado no es acabarlos ni encerrarlos en las cárceles, sino hacer de ellos ‘hombres nuevos’ reconciliados con sus enemigos y constructores de convivencia en el seno de las instituciones. Se trata de convencerlos para que dejen las armas y se pongan a construir Estado y tejido social desde el primer día, no precisamente desde las cárceles –universidades del crimen en Colombia- sino desde ámbitos que hagan posible el trabajo productivo y la reflexión política y académica sobre los problemas nacionales y regionales.

Bien haría el Gobierno de Uribe si quiere comenzar a resolver el problema de la violencia cruzada en Colombia, y su articulación creciente al narcotráfico, en considerar a guerrilleros, autodefensas y narcotraficantes como ciudadanos que bajo otro Estado y otras condiciones de vida de los colombianos hubiesen sido excelentes políticos, exitosos empresarios, reconocidos hombres y mujeres de la cultura, militares comprometidos con la seguridad de Colombia, y por qué no sacerdotes y pastores de Dios.

El problema central y más grave de Colombia no está en las guerrillas ni en las autodefensas, ni siquiera en los narcotraficantes, sino en el centro de su propio Estado, en el modo en que desde Bogotá se mira y no se ve el País real.

En la ceguera de los sucesivos Gobiernos y en el culto ridículo de su propio poder formal y su impotencia para ver lo esencial de los problemas del País radica finalmente la perduración y la articulación de todas las violencias en un mismo haz.

Sobre el umbral de esa alianza estratégica en vías de consolidación –entre guerrillas, autodefensas y narcotraficantes- al margen del Estado, está parada hoy Colombia. En manos de la institucionalidad existe todavía la posibilidad de invitar a los que están por fuera del umbral a sumarse a la construcción colectiva a través del mecanismo de una Nueva Constituyente donde todos sean invitados a participar bajo ciertas reglas. Esto bien podría concretarse no más allá de 2010.

Uribe podrá o no ser el próximo Presidente. El gran obstáculo para su continuidad está en que el País le cobre en las urnas, dentro de pocos meses, su falta de visión acerca de dónde nacen las aguas turbias y cómo descontaminar su curso. Con toda su buena voluntad este Gobierno ha insistido como los anteriores en ver los problemas aguas abajo.

Sin embargo, los diagnósticos comienzan a coincidir, desde la derecha y la izquierda, dentro y fuera del País.

El verdadero problema de Colombia está aguas arriba, en el corazón donde se determina su rumbo político, donde se traza su ocupación real del territorio y su modo de inserción en el mundo.

El candidato que acierte en esto y lo sepa explicar al País estará en condiciones de superar a Uribe.

Aunque tampoco es tarde para que sea Uribe quien acierte con la nueva mirada a los problemas del presente. Pero para ello la propuesta de Uribe 2006 deberá ser más amplia y más profunda, más pragmática y menos ideologizada que la desgastada visión de Uribe 2002.

Después de todo, Uribe está en el mejor lugar para ver lo que sucede y en el momento preciso para rectificar el rumbo.

Así la veo yo.

Los artículos que forman la serie completa de “Así la veo yo’’ pueden ser consultados en www.salvatoremancuso.com

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