diciembre 06, 2005

AUC, FARC, ELN: Las puertas se han de abrir igual para todos

La Historia los absolverá sin distingos – a guerrilleros y autodefensas- si hoy le dicen sí a la Paz de Colombia
Colombia, 6 de diciembre de 2005

Así la veo yo


Por RUBIÑO



Es de esperar que quienes por estos días se sientan a conversar con ‘Francisco Galán’ en representación de la sociedad civil, el mundo de la política y la Comunidad internacional –ni hablar de lo que le corresponde en estos asuntos al Gobierno nacional- le hagan suficiente claridad al hoy habitante de la ‘Casa de Paz’ sobre lo que deben esperar el ELN, y sus comandantes y combatientes, en cumplimiento de los estándares internacionalmente aceptados –y nacionalmente asumidos- de verdad, justicia y reparación en el caso de concretar exitosamente un proceso de paz. No vaya a imaginar el ELN que existe una inmunidad o fuero particular –una especie de ‘permiso para delinquir y matar’- que los exime de pasar por el mismo camino de Justicia que hoy transitan las AUC en su retorno a la vida civil.

Si el deseable proceso con el ELN está próximo a comenzar, no vaya a ser que se alimente de promesas y demagogias triunfalistas imposibles de satisfacer. Con razón los comandantes elenos se sentirían engañados y ello podría producir un desastroso regreso a sus hostilidades habituales –minas antipersona, secuestros, asesinatos, extorsiones, cultivos ilícitos, atentados a las torres de energía, voladura de oleoductos y clientelismo armado.

También sonaría a incitación para que ardiera Troya si se intentase algún tipo de discriminación positiva en favor de la desmovilización del ELN que significara que los desmovilizados de las AUC vayan a ser medidos judicialmente por un rasero distinto que obrase en perjuicio de las AUC el ejercicio de una discriminación negativa. Nunca la ley es más injusta que cuando se aplica de manera dispar, o peor aún, cuando unos sufren el castigo de la ley y otros pasan indemnes ante los jueces –o ni siquiera ante ellos- como si jamás hubiesen delinquido, o se obrase frente a ellos presumiendo que sus delitos son desde el vamos amnistiables o indultables en virtud de las ideas políticas que sostienen al momento de delinquir.

Esto es bueno decirlo y que la Opinión pública comience el debate al respecto porque resulta sugestivo –llamativamente sugestivo- que ni en los Editoriales de los periódicos ni en los artículos de los columnistas que siguen el conflicto haya habido hasta aquí ninguna referencia a la aplicación de la Ley de Justicia y Paz a los ‘elenos’ como si con el ELN la cosa fuera a ser distinta que con las AUC o -no sé que sería peor- como si se estuviera atrayendo con el doble señuelo de la 'negociación política' y la 'convención nacional' al ELN a algún tipo de encerrona político-mediática donde hoy rigiese aquello de que ‘silencio todos’, que ‘de esto no se habla’, por ahora.

Lo anterior viene a cuento porque a continuación me detendré en un tema que se relaciona con la reincorporación a la legalidad de los integrantes de las AUC y también a la reinserción futura de las FARC y del ELN. Y lo hago –este análisis- partiendo del principio constitucional de la igualdad de los ciudadanos ante la Ley.

Ahora que las AUC van llegando a la meta de desmovilización de su aparato militar ilegal han comenzado algunas crónicas periodísticas a emitir llamados de alerta acerca de los espacios que, en términos de seguridad rural y urbana -para la población y sus comunidades más vulnerables- las autodefensas están dejando vacíos y que procuran aprovechar las FARC y otros actores armados ilegales.

La cuestión clave, para la interpretación histórica, del rol estratégico cumplido por las AUC en el ‘frente social de facto’ de resistencia y liberación 'paso a paso', regional y nacional, contra las guerrillas comunistas -que ha sido tabú en la prensa y en la academia durante todos estos años- comienza a insinuarse como prolegómeno del debate público que los colombianos aún nos debemos al respecto. Y digo público, porque en privado, desde lo más íntimamente familiar, los colombianos sabemos exactamente por qué las Autodefensas han sido necesarias para la contención de las bandas subversivas y el más conveniente equilibrio militar del conflicto desatado por las guerrillas ante la desidia, indolencia y debilidad manifiestas del Estado. En este terreno no faltan quienes juzgan prematuro el retiro de las AUC del escenario de la guerra inconclusa. No son pocos los que sostienen que Uribe es la excepción en la política colombiana –y no la regla- lo cual augura nefastos días más allá de los tiempos de su Presidencia.

Cuántas frivolidades se han repetido en todo este tiempo de diálogos en Santa Fe de Ralito acerca de que las AUC son el brazo militar del narcotráfico, o desalmados criminales defensores de sus propios intereses legales e ilegales. Cuántas supuestas 'contrarreformas agrarias' atribuidas a las AUC fueron ventiladas como científicamente comprobadas mientras sus comandantes se sentaban a conversar de paz con el Gobierno.

Entre las verdades ‘represadas’ que saldrán a relucir –especialmente si la seguridad democrática continúa manifestando huecos dolorosos como los más recientes en el Cauca, el Valle, Arauca, Huila y el Guaviare- están aquellas referidas al silencioso y sacrificado papel desempeñado por miles de combatientes de las AUC al neutralizar durante años los corredores estratégicos de las FARC y del ELN regados por los rincones más apartados del territorio nacional. Las AUC constituyeron un auténtico ‘tapón del Darién” en vastas extensiones del País para las ambiciones y la voracidad de las guerrillas. Que este ´tapón´ se esté quitando sin que el Estado esté llegando a tiempo en su reemplazo solo se explica porque el Gobierno actuó con dosis inocultables de soberbia y excesivamente confiado en sus propias fuerzas en la Mesa de Ralito. Cada vez que las AUC buscaron en la Mesa fórmulas para prevenir y evitar el ‘desborde’ guerrillero una vez se retirara el ‘tapón de las autodefensas’ la respuesta del Gobierno fue siempre la misma: ‘sabemos lo que hacemos y lo estamos haciendo bien’. Amanecerá y veremos. Dios quiera que los videos y fotografías de las desmovilizaciones y los fusiles entregados por las AUC no se conviertan mañana en la trágica Crónica de Muertes Anunciadas - de lo que pudo haberse evitado con esas mismas armas y combatientes hoy desmovilizados, o prontos a hacerlo en estos días. Y no porque las AUC como tales hubiesen debido permanecer en el escenario del conflicto sino porque el Estado bien podría haber acordado con los integrantes de las ex AUC lo que finalmente no se hizo: el empalme eficaz entre lo ilegal que sale y lo legal que llega para hacerle frente a la inminencia del peligro que acecha.

Paradójicamente, una buen parte de esos mismos miles de ex combatientes de las AUC que hicieron frente a las FARC y al ELN, en las condiciones más adversas y peligrosas, hoy deambulan angustiados por las calles inseguras sin conseguir empleo y sin recibir siquiera los ingresos y la atención humanitaria que el Gobierno se comprometió a cumplir como contraprestación a su desmovilización.

Los Gobiernos que ganan las guerras que los Pueblos necesitan ganar son aquellos que se preocupan más por la seguridad y el bienestar de su población que por los costos políticos que tienen que pagar. Si el presidente Uribe quiere pasar a la Historia como el gobernante que fortaleció a Colombia y eliminó definitivamente la amenaza guerrillera no puede darse el lujo de prescindir olímpicamente de los servicios de más de veinte mil combatientes contraguerrilleros que le dijeron sí a Colombia cuando el Estado desertaba de sus obligaciones y su clase política estaba más ocupada en cortejar a las FARC y al ELN que en combatirlos.

Cuando el último combatiente de las AUC haya entregado sus armas al Alto Comisionado para la Paz y cuando la totalidad de sus comandantes se haya acogido a la Ley de Justicia y Paz no habrá ninguna ‘razón razonable’ que impida que los ex combatientes rasos y los ex comandantes de las AUC, que no estén pagando condenas, sean convocados para servir al Estado colombiano en materia de seguridad.

¡Cómo puede Colombia desaprovechar y dejar botados al garete los conocimientos y la experiencia militar en el terreno de quienes integraron las AUC! No se trata –obviamente- de incorporarlos obligatoriamente pero sí de abrirles las puertas como ciudadanos –no como grupo- y brindarles la posibilidad de servir a la Patria en el cumplimiento de la misión sagrada de defender las Instituciones y la Constitución. No serían pocos los desmovilizados de las AUC que acudirían al llamado.

Es plausible que el Gobierno nacional siga realizando esfuerzos para hacer entrar en razones a las FARC y al ELN y sentarse a negociar políticamente –y sin intermediarios- su reincorporación a la civilidad. Es encomiable que el presidente Uribe esté dispuesto a pagar un costo político bastante alto por la libertad de los miles de secuestrados en manos de las guerrillas. Nadie entendería que desde el Gobierno no se alentasen valientes esfuerzos personales como los que viene realizando ‘Francisco Galán’ desde la Casa de Paz.

Lo que no encuentra explicación válida –más allá de los costos políticos que cierto ‘uribismo’ oportunista teme pagar- es por qué se les tienen cercenados a los ex miembros de las AUC sus derechos de servir a la Patria, bajo las órdenes de los mandos jerárquicos de las Fuerzas Militares y Policiales del Estado, con la finalidad de sumar su aporte experimentado y su probada valentía al fortalecimiento de la seguridad pública.

Servir a las fuerzas militares de la Nación no es solamente un aporte valioso a la guerra que Colombia quiere ganar definitivamente contra la subversión terrorista; es también colaborar en el sostenimiento de un aparato militar de disuasión que fortalezca el poder negociador del Estado legítimo de todos los colombianos y colombianas.

No es hilar muy fino, ni tampoco mirar demasiado lejos, si comenzamos a vislumbrar que una de las posibles derivaciones de la paz final con las guerrillas sea la incorporación de sus ex comandantes, combatientes y milicianos a las fuerzas del orden de la Constitución en los territorios donde ellos han vivido y padecido las privaciones y los horrores de la guerra durante años y años.

Lo que aquí se plantea en función de los ex autodefensas es entonces el anticipo audaz de lo que casi seguramente tocará hacer algún día con los ex guerrilleros. Las Fuerzas Militares de Colombia serán entonces el regazo protector y amoroso que la Patria disponga para recibir en su seno a quienes vivieron en la guerra irregular una parte crucial de su vida anterior.

De habilitarse este camino de ingreso a las fuerzas de seguridad del Estado –para quienes tengan acendrada vocación militar- los ex AUC en estos días, como ojalá mañana los ex FARC y ex ELN, sentirán que Colombia no los abandonó en el momento de la desmovilización, así como seguramente los había abandonado antes cuando por razones aparentemente diferentes –pero finalmente las mismas- el Estado ausente e irresponsable se alejó del cumplimiento de sus obligaciones en favor de la preservación y defensa de los derechos ciudadanos desentendiéndose de la justicia social y de la seguridad ciudadana rural y urbana.

No tiene sentido ni resiste ningún análisis serio que si en los próximos años un ex AUC o un ex FARC o ELN pueden aspirar a la Presidencia de la Nación –de la misma manera que Navarro -ex guerrillero del M-19- es pre-candidato hoy y fue candidato antes- no pueda un ex autodefensa o un ex guerrillero aspirar a los máximos honores y cargos en las Fuerzas de Seguridad del Estado si se prepara disciplinadamente para ello y cumple a cabalidad los reglamentos y estudios correspondientes.

Colombia debe demostrarse a sí misma que en la tarea de construir la Paz los ‘imposibles’ no existen y que no hay territorios vedados, ni en la política ni en las armas de la Nación, para aquellos que han tenido o tendrán en el futuro la valentía de encabezar procesos de paz o de participar de ellos, el coraje de abandonar las fuerzas armadas ilegales, la firme decisión de someterse a la Justicia, honrar la verdad y reparar a las víctimas.

Lo anterior significa que en el mundo de la vida legal las puertas de la reincorporación plena deberán abrirse por igual, de par en par, para todos quienes junto a su desmovilización y entrega de armas hayan dado fe de sus convicciones democráticas y tenido el coraje de pedir perdón público por sus errores con disposición plena para reconciliarse con sus anteriores enemigos y con la sociedad entera.


Así la veo yo.


Los artículos que forman la serie completa de “Así la veo yo’’ pueden ser consultados en www.salvatoremancuso.com

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