marzo 21, 2006

Las AUC y su decisión política de privilegiar la paz Pasando el umbral del posconflicto

Esencias y matices (7)



Por Juan Antonio Rubbini Melato

www.lapazencolombia.blogspot.com


juan_rubbini@yahoo.com.ar



A juzgar por los 28.000 desmovilizados y las 15.000 armas entregadas las AUC no le metieron ningún ‘conejo’ al País cuando anunciaron a finales de 2002 su voluntad de iniciar un proceso de paz con el Gobierno nacional. Durante estos últimos 40 meses no faltaron las voces agoreras que pronosticaron el fracaso de Ralito. Ni fueron pocos quienes exigieron ‘despolitizar’ la agenda de los diálogos con las AUC. Y darles a sus comandantes el tratamiento de ‘jefes mafiosos’ o ‘señores de la guerra’.

Ni Ralito quedó finalmente convertido en el Caguán de Uribe, ni Uribe bajó en su favorabilidad política por sentarse a escuchar las razones de las AUC. Todo lo contrario: el Presidente se presenta a su reelección sin que nadie argumente a estas horas que haber logrado la desmovilización de las AUC le vaya a quitar un solo voto –más bien le sumará unos cuantos miles de votos provenientes de simpatizantes de las AUC que hace cuatro años votaron a Serpa por serle fieles al Partido Liberal-.

Si hoy el ELN acepta reunirse con el Gobierno nacional y asume conveniente explorar caminos de paz con el Alto Comisionado Restrepo es porque antes fueron los Castaño y los Mancuso quienes dieron el primer paso en 2002 y siguieron adelante sin hacer caso de los profetas del odio y la desunión de los colombianos que atizaron el fuego de la 'inquisición' política para que las AUC no fueran aceptadas en la Mesa de la Paz.

A nadie debe extrañar entonces que sea desde el mismo corazón de las filas de las AUC desmovilizadas que hoy se estimule el camino del diálogo y la solución política negociada con el ELN y también con las FARC. Si en el mundo acabaron las fronteras ideológicas, la Guerra Fría. el Bloque Soviético y el Muro de Berlín ¿por qué sorprenderse de que en Colombia el ‘muro del conflicto armado’ esté próximo a derrumbarse? Por primera vez desde el inicio de la guerra revolucionaria en Colombia las condiciones subjetivas emergentes a favor de la paz –la voluntad de los actores- están tomando la delantera sobre las condiciones objetivas –círculo vicioso de exclusión, pobreza, inseguridad, guerrillas. autodefensas y narcotráfico- en la antesala del encuentro que permita actuar sobre la realidad del conflicto de manera convergente.

El material conque se amasan los sueños de los seres humanos nada tiene que ver con las pesadillas de la guerra que van quedando atrás. De la mano de las AUC –y ahora también con el aporte del ELN- Colombia se prepara para ingresar de lleno en la era del posconflicto. Si algo faltaba para acercar este augurio al terreno de la realidad el éxito clamoroso de Carlos Gaviria frente a Navarro y la ‘oferta’ de Álvaro Leyva a la sociedad entera son signos iniciales de lo que viene alumbrando. Ambos candidatos presidenciales conocen como ninguno el modo de ‘entrarles’ a las FARC, no para salirles con un chorro de babas, ni con ‘químicas’ fracasadas en el Caguán, sino con el lenguaje y el ‘tono’ que ellas están dispuestas a escuchar. Ahora que –evaluados los resultados del domingo 12- el fantasma de la ‘intromisión’ liberal se diluye en el panorama de los diálogos presidenciales con las FARC el próximo mandato de Uribe tendrá todas las puertas abiertas para sentarse con ‘Marulanda’ en la Mesa de la Paz. No faltará quien piense que estoy pensando con el deseo. Claro que pienso con el deseo pero esto es apenas un matiz en este caso, lo esencial aquí no es mi deseo sino la realidad en ciernes que se está conformando donde confluyen finalmente los caminos de Ralito y de La Habana con las candidaturas de Carlos Gaviria y de Álvaro Leyva y la reelección de Uribe el próximo 28 de mayo.

Las AUC sorprendieron al país no condicionando su desmovilización al cumplimiento previo por parte del Estado de una agenda social y de seguridad. Esto no debe ser interpretado como que no hayan valorado en profundidad la subsistencia de graves problemas de orden social y de seguridad rural y urbana en sus áreas de influencia y más aún en las áreas sobre las cuales estaba prevista la expansión de las AUC antes del inicio de las conversaciones de paz. Tampoco significa que las AUC desmovilizadas vayan a renunciar en el futuro al ejercicio de sus derechos políticos. Una vez superada la etapa judicial nada les impedirá a los ex comandantes darse a la tarea de diseñar las fórmulas adecuadas y transparentes que les permitan actuar legalmente dentro del sistema democrático local, regional y nacional en consonancia con su vocación personal y colectiva y las necesidades y exigencias de cada zona.

Las AUC no han querido volver al monte ni tampoco detener ni retroceder en Ralito las agujas del reloj de la historia. Sin embargo, no han dejado de debatir acerca de los serios problemas de Colombia y las angustias de sus gentes que no dan espera. La participación de las AUC en el conflicto armado constituyó una reacción eminentemente social, de carácter político y militar ante las agresiones de las guerrillas y la impotencia del Estado. Ni el ingreso a la guerra fue para lucrarse de ella ni el adiós a las armas ha sido para obtener ningún tipo de beneficios. Lo que los medios suelen callar acerca de las AUC es que su historia pasa principalmente por no haber sido nunca indiferentes a los problemas de las comunidades donde supieron crecer y desarrollarse como ‘peces en el agua’.

Hoy Colombia cuenta con un Estado que toma en serio la seguridad de sus ciudadanos, ayer no contaba con él. Las AUC nunca hubiesen debido ser partes del problema sino en el peor de los casos, un camino inevitable y brevísimo para convertirse rápidamente en partes civiles de la solución.

El esfuerzo de quienes fueron actores armados ilegales, de ahora en más, en el naciente posconflicto y desde la legalidad, tendrá que canalizarse para fortalecer el Estado social de derecho y el entramado político democrático, y no ya a pelear por la revolución desde las guerrillas ni a reemplazar de facto al Estado ni proteger ilegalmente con las armas a las comunidades más desprotegidas ante el avance guerrillero.

La legitimidad del Estado actual y el respaldo social multitudinario que lo avala exigen que la fase decisiva de la lucha contra la delincuencia, la exclusión y la miseria sean asumidas íntegramente por el Estado social de Derecho, las fuerzas de seguridad oficiales y la persuasión política de los gobernantes y legisladores democráticamente elegidos.

Con su salida del escenario de la guerra las AUC están dando el primer paso en firme hacia el final del conflicto armado. Han sido veintiocho mil hombres y mujeres sustraídos a las hostilidades y quince mil armas quitadas a la guerra. Hoy se conocen mejor que ayer dónde están los cultivos ilícitos y han manifestado los ex comandantes de las AUC que están dispuestos a colaborar en la erradicación y sustitución de los mismos. También ha reiterado ‘Jorge 40’, al desmovilizarse, que está preparado para explicar en los EEUU y en Europa los alcances de las acciones realizadas durante su participación en la guerra. Anteriormente se había manifestado en el mismo sentido Salvatore Mancuso interpretando el sentimiento mayoritario de la cúpula de las AUC.

Reconforta que el comandante militar del ELN ‘Antonio García’ haya manifestado recientemente su voluntad de encontrarse en El Vaticano con Su Santidad Benedicto XVI. Fue Salvatore Mancuso, quien en 2002, en entrevista concedida al periodista italiano Piero Pomponi para la RAI (Radiotelevisión Italiana), manifestó su voluntad de reunirse con el Papa Juan Pablo II. Respondió entonces Mancuso que confiaba plenamente en los buenos oficios de Su Santidad para alcanzar la Paz de Colombia, porque, entre otras cosas, los actores de la guerra ‘ante el representante de Dios en la tierra no nos podíamos hablar sino con la verdad’.

Durante la negociación con el Gobierno nacional las AUC no han realizado presión armada ni sobre el Estado ni sobre la sociedad civil para arrancar beneficios en la Mesa de la Paz ni pusieron de su lado sobre la balanza de la Justicia la realidad incontrastable de los vastos territorios liberados de influencia guerrillera recuperados por las AUC para el ejercicio de la institucionalidad del Estado y el ejercicio de la democracia. Hubo de parte de las AUC errores graves durante los años de la guerra pero también aciertos importantes que han quedado minimizados ante la Opinión a la hora de registrar su paso por la historia del conflicto armado.

Al concretarse próximamente la presentación de la totalidad de los ex comandantes de las AUC ante los estrados judiciales, en virtud de la Ley de Justicia y Paz, tal hecho constituirá, a no dudarlo, un acto esencialmente político. Las AUC serán entonces ante los ojos de Colombia y del mundo la primera de las organizaciones armadas ilegales de carácter político que como nunca antes en la entera historia del conflicto armado colombiano habrá dicho presente para rendir cuentas en bloque ante los organismos competentes de la Justicia como consecuencia de un proceso de paz exitoso enmarcado nacionalmente en los nuevos estándares internacionales que regulan la materia.

Han manifestado las AUC que no es su intención politizar una etapa que debe preservar su carácter judicial. Sin embargo, el componente político de su presentación ante la Justicia no debe ser menospreciado, menos aún si se tiene en cuenta que ni el ELN ni las FARC han manifestado aún su voluntad de acogerse a la Ley de Justicia y Paz, y por el contrario persisten en su accionar bélico en contra de las fuerzas del Estado, los recursos públicos y privados de la economía nacional y la humanidad física y espiritual de la población civil.

Las AUC desmovilizadas asumirán colectivamente la decisión política de presentarse en los escenarios de la Ley de Justicia y Paz conocedoras que bajo el amparo de este marco legal legitimado por la voluntad del Gobierno y del Congreso de la República, y tras el debido pronunciamiento de los jueces, se abre a todos los actores armados ilegales –y no solo a las AUC- la posibilidad de su reincorporación a la vida civil con el ejercicio de todos los derechos políticos vigentes salvaguardando el debido respeto por las víctimas del conflicto armado, a través de la sabia decisión de reparación y reconciliación.

El paso de los años y el peso de los muertos y desaparecidos en la guerra vuelven inevitable que les corresponda a quienes han sobrevivido a las penurias de los enfrentamientos armados ‘tomar el toro por los cuernos’ y recibir directamente en nombre de las AUC los cargos y las condenas de los tribunales. Será inevitable entonces para los jefes desmovilizados de las AUC –como sucederá más adelante con los líderes de los grupos guerrilleros- cargar sobre las propias espaldas de quienes hoy están vivos y de cara a los tribunales de Justicia y Paz, con las consecuencias penales de lo atribuido y comprobado con visos de credibilidad, y debido proceso e imparcialidad, a sus personas y a la organización a la que han pertenecido en el transcurso de su participación en las hostilidades.

En el caso de las AUC –si quieren ir hasta las últimas consecuencias con su voluntad de paz- no les quedará otra alternativa que obrar durante todo el juicio con el interés puesto en la Paz y la Reconciliación de los colombianos y colombianas, más que en la reivindicación personal o colectiva, cuya condena o absolución definitivas no pertenecen solo al campo de los Jueces en el tiempo presente sino también al patrimonio cultural y la memoria histórica de las generaciones futuras.

Los próximos meses y años prometen ser muy duros para los ex comandantes de las AUC porque la privación de la libertad es el precio más alto que el ser humano está en condiciones de soportar. Habrá quienes desde las filas adversarias a las AUC intentarán montar el show mediático pretendiendo presionar psicológicamente la conciencia de los fiscales y los jueces con su arsenal de artificios de escarnio y calumnias. No faltarán quienes –en el fragor de la coyuntura electoral y alimentados por el fanatismo ideológico- intenten manipular a la Opinión pública y a las víctimas del conflicto para que el costo económico, humanitario y político resulte insoportable e insuperable para las AUC y para el propio Estado. Con esto se buscará hacerle a los desmovilizados y al Estado todo el daño posible en lo económico y también en lo político y moral. Hoy sucederá esto con las AUC, mañana probablemente será otro tanto –desde otros intereses políticos e ideológicos- con el ELN y las FARC. Sin embargo, no sobra advertir que todos los actores de la guerra cargan con la misma responsabilidad por el mal que pudieron evitar y no supieron o no quisieron evitar. Y que finalmente las víctimas son todas las que han padecido los horrores de la confrontación armada, no duelen más los dolores de unos que de otros, así como no es digno humanamente ni justo socialmente estratificar a las víctimas según quien haya sido el victimario.

En estos tiempos de veintiocho mil desmovilizados de las AUC no resulta inusual recibir noticias sobre lo que sucede en el Alto Sinú y en el Alto San Jorge, en el sur de Córdoba, y también en el Catatumbo y otras regiones del País, donde tras la desmovilización de las AUC que operaban en esas zonas, hoy resulta que han surgido cientos de jóvenes ‘enfusilados’ abriendo trocha para la salida de los cultivos ilícitos y protegiendo laboratorios y químicos ilegales. El bienvenido ejemplo de la erradicación manual de coca en La Macarena no puede demorar su emulación en el Nudo del Paramillo y otras zonas ‘rojas’ donde los ex combatientes de las AUC –tal como ellos mismos lo han ofrecido al Gobierno y a la OEA- pueden prestar un notable servicio a la desactivación del conflicto no solo en la erradicación de lo ilícito sino también en su sustitución por cultivos y emprendimientos productivos lícitos.

Las AUC han dado su palabra de desmovilización y paz y la están cumpliendo a rajatabla en su abrumadora mayoría. Las excepciones conocidas están bien por debajo de lo que constituye la experiencia internacional sobre procesos similares en otros rincones de mundo.

Esto nos compromete a los colombianos de todo credo político para no silenciar nuestra voz cuando se trata de solicitar el interés nacional y mundial, de las esferas privadas y estatales, hacia la creación de condiciones más favorables al proceso de reincorporación a la vida civil de los ex combatientes, sean estos guerrilleros o autodefensas.

No solo está urgiendo mejorar el nivel de ‘gerenciamiento’ del entero proceso de reinserción por parte del Estado colombiano sino también lograr una participación más decidida y emprendedora del sector privado nacional y extranjero. Los proyectos productivos en marcha no terminan de arrancar en forma y en esta materia han sido más las expectativas creadas que los resultados alcanzados. Las nuevas fórmulas asociativas desarrolladas deberán ser complementadas con los métodos empresariales tradicionales que cuentan con todo un terreno abonado y un caudal de buenas experiencias en su favor. Los organismos internacionales bien podrían sumarse con sus recursos y conocimientos al gigantesco esfuerzo de volver exitoso el proceso de reincorporación a la vida civil. Un énfasis especial requieren la atención psicoafectiva y psicosocial que merecen quienes están protagonizando con su desmovilización un período extraordinario de sus vidas personales y familiares posibilitando con su coraje y tesón que Colombia hoy esté dando un salto gigantesco desde la degradación alcanzada por la guerra hacia las condiciones que harán posible el desarrollo humano en paz y equidad.

No sobra aquí hacer un llamado a la reflexión y la cordura de todas las personas, partidos y corrientes democráticas, que se aprestan a legitimar sus aspiraciones políticas en las próximas elecciones presidenciales. Colombia está construyendo pacientemente su propia vía hacia el bienestar social y comunitario, alejando de sí, día tras día, los fantasmas de la intolerancia y la violencia. Nos queda un trecho largo por recorrer. Sin embargo, es mucho lo que hemos avanzado como sociedad democrática en los últimos años, particularmente tras la perspectiva esperanzadora que trajo consigo la Constitución de 1991.

Las AUC desmovilizadas reafirmaron el viernes 10 en el Cesar, a través de Rodrigo Tovar Pupo –hasta ese momento ‘Jorge 40’- que están dispuestas a transitar junto con el Pueblo colombiano y sus instituciones legales y democráticas el camino que aún nos queda por recorrer hacia el logro y disfrute del País del posconflicto en el cual quepamos todos los colombianos y colombianas con dignidad, libertad y respeto por la vida, y donde todos hayamos vencido finalmente y para siempre la tentación del uso de cualquier tipo de violencia.

Nunca resultó tan bienvenida la presencia de la Comunidad internacional a través de seis embajadores y delegados de diferentes países de América, Europa y Asia que quisieron estar presentes el viernes 10 en La Mesa, para asistir a la culminación del proceso de desmovilización de las AUC. Excelente haber concitado tal presencia ahora que corresponde poner todo el énfasis en el éxito del proceso de reinserción y cuando el acompañamiento internacional es más necesario que nunca.

Semejante acto de paz y reconciliación protagonizado por las AUC como broche final de su desmovilización masiva, al cabo de más de tres años de diálogos y discusiones políticas con el Gobierno nacional, no puede sino merecer la bendición de Dios y la aprobación de todos los hombres y mujeres de buena voluntad del mundo.

Así la veo yo.


Los artículos que forman la serie completa de “Esencias y matices’’ pueden ser consultados en:

www.lapazencolombia.blogspot.com y www.salvatoremancuso.com