junio 12, 2006

AUC, de la ‘zona de ubicación’ a la ‘zona de definiciones’

De la ‘casa de naipes’ al sólido edificio de la Paz


CHAMUYO (3)



Por Juan Antonio Rubbini Melato
www.lapazencolombia.blogspot.com

juanrubbini@hotmail.com



El pronunciamiento de la Corte Constitucional no significó intromisión del Poder Judicial en áreas de competencia del Ejecutivo y Legislativo. Si hubo choque de poderes fue por exclusiva impericia del Gobierno y del Congreso. Fuerzas oscuras han querido manipular las reacciones al fallo y agrietar la confianza entre Gobierno y AUC. Un software diseñado para hallar inconsistencias entre la ley 975 y la Carta Magna hubiese producido idénticos resultados. No cabe desactivar las computadoras ni botar el software porque cumplan su función, así como no corresponde cobrarle a la Corte Constitucional facturas ajenas.


Lo sensato es modificar la Constitución donde ésta impide el perfeccionamiento de los acuerdos políticos que facilitan la construcción de paz. Considero demencial que la guerra se perpetúe porque no existen los mecanismos legales que viabilicen los acuerdos políticos.


Lo avanzado en desarme y desmovilización en la ‘zona de ubicación’ deberá trasladarse a la ‘zona de definiciones’, un ámbito de discusión nacional donde los poderes ejecutivo y legislativo estudien, con participación de los actores desmovilizados y con el conjunto de la sociedad, qué soportes le faltan a la Constitución para que los caminos de construcción de paz hagan visible y efectivo el derecho a la paz.


La reincorporación a la vida civil de los actores armados ilegales –AUC, FARC y ELN- deberá contar con instrumental legal común a todos, y éste armonizará no solo con la Constitución sino con los compromisos adquiridos por el País ante el mundo. De otra manera ningún desmovilizado, de ningún grupo, podrá contar nunca con suficiente seguridad jurídica proporcional a sus actos de paz y reconciliación con la sociedad.


No cabe esperar hoy que primen en las AUC ni el retroceso al monte ni el someterse a la Ley de Justicia y Paz cuando el texto y el espíritu de la ley han sido cercenados por su incompatibilidad con el texto constitucional. Mal harían las AUC en pecar por impacientes cuando la paz exige de sus constructores toda la paciencia y constancia del universo. Tampoco las AUC pueden quedarse inmóviles, ni política ni jurídicamente; sobre ambos frentes corresponde avanzar simultáneamente. No es de las democracias someter lo jurídico a lo político –sino compatibilizarlo- y no es realista soñar cándidamente con que haya leyes de paz que no sean otra cosa que frutos de la política.


Corresponde al Gobierno definir los términos de la ‘zona de definiciones’ y diseñar los mecanismos legales de transición que conviertan a los actuales negociadores y miembros representantes de las AUC en activos constructores de paz, no en el sentido de colegisladores sino en el sentido de brindar su acompañamiento político al entero proceso de paz con el aporte, canalizado institucionalmente, de sus conocimientos y expectativas en materia del conflicto armado y tránsito al posconflicto.


La tecla que cabe pulsar en la cuestión judicial de las AUC es ahora la de pausa. No puede postergarse indefinidamente la presentación de las AUC ante la justicia pero esto no puede accionarse sin que exista entre Gobierno y AUC una consensuada caracterización de la etapa que se vive y de las que siguen. No se debe seguir avanzando sin agenda y sin lograr acuerdos básicos y consolidados; de otra manera, tarde o temprano, alguna de las partes se sentirá presionada o, lo que es peor, irrespetada por la otra, y ello disminuirá a niveles insoportables los grados de confianza.


Tras el fallo de la Corte Constitucional la paz de Colombia no resiste una paz parcelada y tampoco una paz estratificada. No caben ya entonces legislaciones de paz diseñadas en función de uno de sus actores –AUC-, ni tampoco de dos –FARC y ELN-. Mientras no exista el sólido edificio legal de la paz y la ‘obra en construcción’ no sea suficiente, o no sea totalmente constitucional y adecuada a los estándares internacionales, la seguridad jurídica no existirá para ninguno de los involucrados, aunque se haya cumplimentado la etapa del desarme y desmovilización. Las AUC –tras treinta mil desmovilizados- no deben ser sometidas a fungir de ‘conejillos de Indias’, ni suena aconsejable recomendarles que lo hagan.


Paradójico, pero real y tangible, es el caso de las AUC. Primeras en sentarse a la Mesa de la Paz, corren hoy el riesgo de ser tratados judicialmente de peor manera que quienes siguen alzados en armas y produciendo víctimas a diario. Como si lo que se estuviera incentivando con la alternatividad penal desde el Estado no fuese llegar primeros a la convocatoria de paz, sino llegar últimos. Esto insulta no solo la igualdad ante la ley y la recta justicia sino también el sentido común.


No se trata de invertir el orden ni los incentivos, sino de administrar justamente los tiempos, los requisitos de accesibilidad y la magnitud de las cargas y los beneficios. Que AUC, FARC y ELN conozcan del Gobierno que todavía existe un margen de tiempo remanente para arribar a soluciones políticas negociadas del conflicto armado, y que llegar de primeros no recibirá una penalización adicional ni llegar de últimos dará derecho a una alternativa mejor, sino que hallará correspondencia constitucional una legislación de paz donde quepan todos en iguales condiciones, y donde no existirán discriminaciones ni estratos a la hora de juzgar, absolver, condenar, aplicar las penas alternativas, amnistiar e indultar.


¿Qué hacer mientras tanto con las AUC que llegaron primeras y lucen impacientes? ¿O con el ELN que está llegando segundo y sin demasiada prisa? ¿Y con las FARC que parecen interesadas en llegar de últimas si acaso llegan algún día?


El Gobierno está demorado en divulgar sus planos de lo que han de ser las etapas –las fases- de la negociación y las ‘zonas’ de trabajo y marco legal dispuestos para su implementación.


Hoy está más claro que en 2002 la necesidad de darle espacio diferenciado en la agenda de la Paz a lo estrictamente militar, a lo propiamente jurídico y a lo esencialmente político. Son tres fases del proceso de negociación que arranca con la fase exploratoria, prosigue con la estructuración de la agenda y culmina con la firma de los acuerdos finales de paz. Acuerdos finales que no serán nunca fruto del chantaje de las armas, sino de la persuasión política y del apoyo de los ciudadanos.


No resulta conveniente alentar el ´cuentapropismo´ resultante de aislar en laboratorios individuales cada uno de los tres procesos AUC, FARC y ELN. La paz será también resultado de los vasos comunicantes.


El próximo cuatrienio ha de ser constructivo y deliberativo en materia de paz pero no cantemos victoria cuando no es hora todavía.


Por impericia de los timoneles, por mala lectura de los mapas de navegación, o por falta de consensos políticos y sociales, las esperanzas de paz corren el riesgo de encallar nuevamente en el escalamiento del conflicto armado y la primacía cruel de lo militar sobre lo político.


La crisis actual del proceso de paz del Gobierno con las AUC no es la primera, y esto tranquiliza, por aquello de que ‘siempre que llovió paró’.


Sin embargo, no puede afirmarse cuál crisis ha sido la peor de todas hasta no salir de ellas, y esto preocupa hoy porque Gobierno y AUC aún se debaten en medio de la tempestad desatada tras el fallo de la Corte Constitucional.


Así la veo yo.


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