julio 17, 2006

Gobierno y AUC: ¿Proceso de Paz o Proceso de Kafka?

Ley 975: ‘Aquí estoy y aquí me quedo’


CHAMUYO (8)


Por Juan Antonio Rubbini Melato
www.lapazencolombia.blogspot.com
juanrubbini@hotmail.com


La ley 975, más aún después de la sentencia de la Corte, levanta barreras infranqueables entre procesos de paz, acuerdos políticos de desmovilización y marco legal y constitucional. Se ha trancado la puerta de la solución política negociada tal como tradicionalmente la han entendido la izquierda y buena parte del país.

FARC y ELN no negociarán bajo estas condiciones, sino acorralados por un descalabro militar insuperable. Solo se someterán a la ley 975 aquellas facciones disidentes o individuos que decidan desertar.

Sin embargo, no nos engañemos: el texto reformado revela en lo sustancial más afinidades que diferencias entre el Gobierno y la Corte. Uribe sintoniza finalmente con EEUU y Europa en materia de paz. Si el proceso con las AUC requería seguridad jurídica ahora la tiene. La credibilidad internacional del proceso nunca ha estado tan alta. Nadie podrá alzar la consigna de que la ley de Justicia y Paz es una ley de impunidad, ni que la verdad y las víctimas se han dejado de lado. Todos han sido satisfechos excepto, por el momento, las AUC, las FARC y el ELN.

Guerrillas y autodefensas no podrán esperar ahora que un proceso de paz les dé algo más que el derecho a recibir ‘penas alternativas’ bajo condiciones de verdad, justicia y reparación. Hasta aquí llega la solución política negociada tal como la concibe el Gobierno y propicia la Comunidad internacional. Aquellas izquierdas y ONG que a priori condenan a las AUC y absuelven a las FARC y ELN han quedado perplejas ante el tiro que les salió por la culata.

La izquierda verá si prosigue estimulando la combinación de las formas de lucha, y FARC y ELN verán si persisten en su guerra de guerrillas. Los ‘narcos’ estudiarán qué ganan política y jurídicamente ocupando el hueco militar que dejaron las autodefensas. No será el ordenamiento legal la variable de ajuste frente al chantaje armado de los delincuentes políticos. La ley 975 adquiere rigurosa legitimidad ante el consenso establecido por los tres poderes de la democracia, el ‘cuarto poder’ mediático y la aprobación de Europa y EEUU.

El presidente Uribe tendrá que hacer precisiones el 7 de agosto y los ciudadanos sabremos a qué atenernos en materia de acuerdo humanitario y de negociaciones del Gobierno con FARC, ELN y AUC.

La polémica sobre la existencia o no del conflicto armado y el tamaño de la zona a desmilitarizar ha mantenido envuelta en su polvareda la discusión sobre la cuestión principal acerca de qué es lo realmente negociable con guerrillas y autodefensas. El Gobierno sostiene que ni hay conflicto armado ni hay otra forma de reintegrarse a la vida civil que tras el sometimiento a la ley 975. También ha dicho que está dispuesto a aceptar la existencia del conflicto armado, pero sobre qué es lo que considera realmente negociable no ha abierto la boca.

El mutismo tiene su sentido político y evita salirse de los compromisos internacionales asumidos por Colombia y que éste o cualquier otro gobierno que le suceda deberá observar, si todo sigue invariable, frente a realidades tales como la CIDH y el TPI. Los límites internacionales a la soberanía del Estado colombiano se han estrechado notablemente en los últimos años. A los presidentes –y sobre todo a los candidatos- no les gusta reconocerlo en público con lo cual alientan más expectativas de las que están en condiciones de satisfacer. Esto puede matar en su origen cualquier proceso de paz en Colombia porque mina las bases mismas de los posibles acuerdos y destruye la confianza entre las partes.

Finalmente -parece pensar el Gobierno- los programas políticos alentados por FARC y ELN pueden ser canalizados como proyectos legislativos –con reforma de la Constitución si cabe- por los congresistas del Polo, e incluso del Partido Liberal y del uribismo, así como apoyados desde el Ejecutivo, para su aprobación. La Constitución posee mecanismos para las reformas, incluso para aquellas que pudieran ser calificadas a priori de ‘revolucionarias’. Y esto vale también para lo que las AUC propongan en cuestiones de reforma del Estado y de las leyes.

Hubo un momento de quiebre en las negociaciones de Ralito. Es el momento en que las AUC aceptan desmovilizarse y entregar las armas sin haber llegado a ninguna certeza sobre ‘penas alternativas’ ni sobre extradición ni sobre el modo en que el Gobierno realizaría su compromiso de ‘reincorporarlos a la vida civil’. Este momento es decisivo históricamente –y se proyecta al futuro- porque significa que, en el caso de las AUC, no ha sido el chantaje de las armas lo que ha signado el curso del proceso de paz.

Alguien dirá que lo que sucede es que las autodefensas no enfrentaban militarmente al Estado, ni tuvieron nunca intenciones de acabarlo. Lo central aquí no es eso, sino que las armas son esenciales al guerrero, y siguen siendo necesarias hoy, para contener a las guerrillas y que estas no terminen sometiendo al Estado en la guerra o en la mesa de negociación. Si permaneciendo en pié de guerra el enemigo histórico de las AUC, éstas entregaron las armas y se desmovilizaron, sin exigir a cambio más que ser ‘reincorporados a la vida civil’ nadie puede suponer que en el espíritu de los acuerdos de Ralito estuviese implícito que las AUC debiesen pagar cárcel, asumir una reparación cuyo costo equivale a ‘extinción de dominio’ sobre todos sus bienes lícitos, y someter la verdad a la delación.

¡Qué paradoja! Las AUC cumplieron su parte de los acuerdos entregando las armas, el Gobierno a cambio, entiende que cumplió su parte al recibirlas, en lo que restrictivamente interpreta su compromiso de ‘la reincorporación a la vida civil’. No sé que pensarán los ex comandantes de las AUC pero no creo puedan sentirse correspondidos por el Gobierno dentro del espíritu de los acuerdos firmados. Es como si una empresa de transporte de pasajeros se compromete a llevar un grupo de personas hasta un determinado sitio llamado REINCORPORACIÓN A LA VIDA CIVIL a cambio de ciertas condiciones estipuladas en EL ACUERDO PARA LA PAZ DE COLOMBIA DE SANTA FE DE RALITO, y una vez cumplidas estas condiciones por los pasajeros –las AUC- las deja botadas en la mitad del camino y les envía los fiscales y la fuerza pública para que los detenga y someta a juicio.

Unos fueron los destinos previstos y a otras playas hemos llegado con la ley 975. El Gobierno debe ver el modo de asumir su cuota de reparación ante los pasajeros molestos por no haber llegado al puerto de destino, que nadie podía suponer fuese el patio de una cárcel, la extinción de dominio, la delación y por qué no la extradición.

Estos antecedentes tienen sus consecuencias jurídicas y también políticas lo que no puede ser desconocido, ni por unos ni por otros, endosando a la Corte Constitucional los débitos por lo que era responsabilidad del Gobierno –el ‘transportista’- efectivizar.

Aunque afloren recriminaciones y tensiones no creo haya mejor recomendación para el Gobierno y las AUC que darse tiempo para evaluar obstáculos y alternativas sin correr contrarreloj. Lo avanzado en Ralito, con todas sus contradicciones y flaquezas, contiene un acumulado positivo en términos de madurez para asumir los costos de todo tipo que insumirá salir del conflicto armado.

Con el aprendizaje obtenido ni las izquierdas ni las derechas serán las mismas, por el contrario, deberán asumir la necesidad del cambio que las haga parte de la solución y no del problema, aunque se lamenten las AUC, proteste el ELN y chillen las FARC. Lo avanzado amerita ser evaluado y analizado –ojalá pronto en conjunto- por las izquierdas y las derechas, por las guerrillas y las autodefensas, por el Gobierno y la oposición. Sobre todo si tenemos en cuenta que la ley 975, recoge los reclamos de la comunidad internacional, de los Pardo y Parody, y también de los Gaviria, los Petro y los Borja, quienes ahora podrán dedicar sus buenos oficios a explicarles a FARC y ELN por qué los metieron en camisas de once varas, que sus razones tendrán.

La ley de Justicia y Paz llegó para quedarse, y si alguna duda teníamos antes del fallo de la Corte, hoy aparece la ley 975 como algo inamovible. Modificable sí, como todo en la vida y en la política, pero variable y sustituible como la moda, no lo veo así.

Lo que no pueden seguir demorando las AUC es su inserción en la vida política. No hay otro modo de salir menos magullados de la aplicación de la ley 975 que politizar la organización, el discurso, los diálogos y la imagen de lo que significan las autodefensas de cara al futuro. Villa La Esperanza constituye el escenario, pero por sí solo no es suficiente; será la puesta en escena de la obra que allí se desarrolle, la solvencia de los actores que la interpreten y la calidad y apoyo del público que convoque lo que determinará su éxito o su fracaso. La ley 975 ofrece apenas un aporte más al argumento de la obra pero con la sola ley 975 no podemos dejar de reconocer que la paz sigue estando muy lejos.

Si para las AUC lo avanzado es irreversible, y el camino de regreso al monte está auto-clausurado, deberán demostrar que su vocación política y de servicio al país crece ante las dificultades.

Las manos del arquero han de permanecer firmes empuñando el arco y tensando la cuerda, mientras la mirada sigue atenta el recorrido de las flechas que no pueden tener otro destino que dar en el centro del blanco. No será hoy, ni mañana, pero será.

La fe y constancia del arquero son tan decisivas para el éxito como el temple y la buena puntería.


Así la veo yo.

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