julio 31, 2007

Las Autodefensas y la ‘insoportable indefinición’ del Estado

La ‘crisis de la sedición’ reclama la autoridad de los 'verdaderos sabios'




SÍ-SE-PUEDE (11)








El proceso de paz con las Autodefensas, reducido a su expresión más elemental, no significa nada distinto que su desmovilización y desarme, acordado con sus líderes, a cambio de la reincorporación de todos sus integrantes, por parte del Estado, a la vida civil. Vida civil para un ex combatiente significa el abandono de la vida militar y, consecuentemente, la recuperación del ejercicio pleno de los derechos civiles y políticos, que son los soportes mínimos y necesarios de los derechos humanos. Este acuerdo sobre lo fundamental de la negociación –reincorporación a la vida civil- está escrito y firmado por ambas partes en el Acuerdo de Santa Fe de Ralito para Contribuir a la Paz de Colombia. Este documento, esencial para comprender los alcances mínimos de las negociaciones de paz entre el Estado y las Autodefensas tiene fecha 15 de julio de 2003.



Cuatro años después –¡nada menos que cuatro años después!- el Gobierno y la Corte Suprema se enfrascan en bizantinas discusiones sobre cuestiones legales e ideológicas que inexplicablemente están lejos de haberse resuelto en el seno del Estado. Y que por su indefinición someten al proceso de paz a una nueva crisis, crisis que revela una vez más –a propios y extraños- que el Estado colombiano está lejos todavía, no solo de ganar la guerra, sino, incluso, de consolidar la paz con aquellos grupos armados ilegales –en este caso las Autodefensas- que han dado muestras evidentes y contundentes de querer abandonar la ilegalidad y la guerra, a cambio de la legalidad y el disfrute pleno de los derechos humanos, entre ellos el derecho de participar en política. Si por el desayuno se sabe cómo será el almuerzo, se comprende mejor porqué el ELN salió rápidamente –en medio del despiste generalizado por la sentencia de la Corte- a proponer el referéndum ciudadano y aun el indulto para guerrilleros y paramilitares, es decir la solución política incluyente del constituyente primario. No se equivoca el ELN ni se equivocan las Autodefensas cuando intentan abrir caminos de paz que no acaben truncados en el laberinto del Estado que ni hace ni deja hacer.



El proceso de paz con las Autodefensas avanzó desde su inicio en medio de una doble percepción equivocada por parte de sus actores, que terminó confundiendo a la opinión y a los medios. Se creyó por parte de unos que negociando con las Autodefensas se estaba desmontando el ‘paramilitarismo’ –como si negociar con el ELN hoy significara acabar con todas las guerrillas-; por el otro lado, las Autodefensas creyeron de buena fe que negociar con el Gobierno significaba negociar con el Estado y obtener como mínimo seguridad jurídica nacional e internacional. Ni lo uno ni lo otro. Cuatro años después de la firma del Acuerdo de Ralito, ni el ‘paramilitarismo’ –ni las autodefensas- son fenómenos ilegales en vías de extinción –al menos no mientras subsistan las guerrillas y el narcotráfico-, ni el Estado colombiano se ha dotado de una doctrina, un instrumental jurídico y una praxis negociadora en nombre de la cual –y bajo cuyo amparo- el Gobierno pueda acordar con los actores armados ilegales una serie de puntos y de compromisos que no vayan a ser desautorizados más adelante –y de qué manera- por alguna Corte nacional, algún Fiscal, una que otra Procuraduría y la misma Corte Penal Internacional, sin olvidar en este entuerto la Justicia de los Estados Unidos para la cual Colombia es algo así como un Estado confederado más.



Se debate en estos días si la salida de la crisis es principalmente jurídica o requiere de una actuación política especial. En otras palabras, si están haciendo falta leyes distintas, o si lo que falla es la política. Como en lo del huevo y la gallina, cuesta acertar qué viene primero. Para aderezar la polémica se me ocurre pertinente sazonar la discusión con el ingrediente ‘académico’. El caos resultante de tantos conflictos acumulados, donde no sobra reabrir al debate el caso de ‘la Violencia’ entre liberales y conservadores, (para que nadie siga pensando que aquí solo se trató –y se trata- de ‘guerrillas y autodefensas’), es tan descomunal y desconcertante, que la mirada científica y perplejamente proclive a la complejidad y la síntesis de los académicos e investigadores, acaso está reclamando su propio lugar en la Historia, donde ni políticos ni jueces saben a qué atenerse y por eso los desaguisados que ‘cocinan’ y nos obligan a tragar impunemente.



A los colombianos nos falta disponer de un ‘modelo de interpretación del conflicto’ que nos presente en ‘escala reducida’ el comportamientos de cada actor del mismo, sus objetivos, sus intereses materiales e ideológicos, su discurso legitimador –que todos lo tienen- y el por qué y para qué de sus métodos de combate. Está visto que ni los jueces ni los políticos, ni los fiscales ni los medios, nos proporcionan la visión que los ciudadanos necesitamos para comprender lo que ha sucedido, lo que viene sucediendo y lo que probablemente sucederá en materia de conflicto, si no comenzamos a influir en el desarrollo de los acontecimientos y en la construcción de la solución.



Fue el ‘Che’ Guevara, que algo sabía de conflictos y de ideales, quien puso sobre la mesa de la discusión aquello de las causas objetivas y subjetivas. Siguiendo ese hilo del discurso ‘guevarista’ podríamos admitir que en todo conflicto hay razones de hecho y voluntad de los sujetos, injusticias que claman al cielo y unas cuantas personas que sienten el llamado a ser héroes y se introducen en los hechos para encarnar en la historia. Claro que en todos los conflictos no demoran en aparecer quienes se lucran de la guerra, sea porque proveen bienes y servicios que los guerreros necesitan, sea porque obtienen de los guerreros el camuflaje y los productos que su actividad delincuencial reclama para enriquecerse a sus anchas, mimetizarse con el entorno y no ser descubiertos.



Esto de la necesaria aproximación de los científicos e investigadores sociales a la realidad del conflicto ha querido verse, en ocasiones, como un brazo que es movido por los intereses de algún actor armado, y es probable que ello haya sucedido. Sin embargo, y habida cuenta que habrá que estar prevenido de los ‘sesgos ideológicos’ y la ‘combinación de todas las formas de lucha’, de unos y de otros, no podemos quedar sometidos los ciudadanos exclusivamente a los profesionales de la política y del derecho, que han demostrado ser eximios en aquello de ‘politizar la justicia’ cuando les conviene, o ‘judicializar la política’ cada vez que ello va en la dirección de sus propios intereses.



Si escribo todo esto es porque la ‘crisis de la sedición’ no se resuelve con pañitos tibios y uno que otro proyecto de ley que finalmente será ‘maltratado’ en el Congreso previo a su ‘mutilación’ en una u otra Corte. Esto fatalmente sucederá porque somos los mismos con las mismas, y así llevamos década tras década enredados en la receta del ‘más de lo mismo’. Hemos sido más avispados que inteligentes, más politiqueros que políticos, más leguleyos que abogados. Y así nos fue. Y así nos va. Y así nos irá si no cambiamos.



Para la construcción del ‘modelo de interpretación del conflicto colombiano’ no faltarían científicos y académicos, investigadores y hombres y mujeres cultos, que están dispuestos a evaluar y recomendar, analizar y vislumbrar, estudiar y enseñar, de manera objetiva, la gran matriz del problema, que, como todo problema, trae consigo sus principios de solución. No se vea esto como una ‘propuesta loca’ sino como un llamado a la racionalidad, la misma racionalidad que triunfa en otros campos del saber humano y de la cual los colombianos hemos sabido dar múltiples ejemplos. No descreo, por supuesto, de todos los políticos ni de todos los jueces, pero admito que el sistema en el que están inmersos, permeados por tantos intereses y por tanto conflicto acumulado, les ha vuelto imposible hallar por sí mismos el camino.



No debemos restarle importancia –a la hora de conceptuar la crisis presente- al hecho indubitable de que el valor futuro, a tres años, y descontado hoy, de la ‘seguridad democrática’ -con Uribe ya fuera de la Presidencia- ha comenzado a descender en la percepción de los colombianos –ni qué decir en los análisis prospectivos de los actores ilegales del conflicto-; si permitimos que la curva de credibilidad ciudadana en la victoria militar sobre las FARC y ELN siga descendiendo lo hará hasta el punto en que ni las guerrillas ni las hoy llamadas ‘bandas emergentes’ sentirán ningún atractivo para sentarse a negociar con el Gobierno. Por el contrario, los guerrilleros sentirán que Uribe no ha podido contra ellos y se verán tentados a poner, unos, fin a su ´repliegue estratégico’, en el caso de las FARC, y los otros, el ELN básicamente, a ponerle fin a su exploración de vías de negociación en Cuba.



La ‘crisis de la sedición’, si no es resuelta atinadamente –yo diría científicamente resuelta- dejando de lado los ‘bolivarianismos’ y los ‘santanderismos’ que nos han librado de ser colonia de España, pero que también se han confabulado para llegar hasta aquí, -doscientos años después del Grito de Independencia- podría desembocar en el peor de los mundos, es decir, en el fortalecimiento de las causas objetivas y subjetivas de quienes, por un lado se siguen considerando ‘revolucionarios’ y por el otro, de quienes sintiéndose ‘autodefensas’ ni han creído en este proceso de paz que acabó con sus líderes presos y estigmatizados, ad portas de ser extraditados, ni han creído nunca que subsistiendo las FARC pudieran ellos decirle adiós a la guerra. Ojo con esto. Si el proceso sigue a los tumbos como ha llegado hasta aquí, los ex comandantes recluidos y aislados en Itagüí y en La Picota, asfixiados políticamente por la coyuntura desfavorable, perderán definitivamente toda maniobrabilidad política y autoridad moral con sus ex subordinados y con las comunidades que fueron de su influencia, y éstos –abandonados a su suerte y descreídos sobre las promesas del Gobierno- tendrán poco que argumentar ante la prédica ‘sediciosa’ de quienes sientan que ha llegado la hora de romper amarras con el Estado y darle vida a una ‘nueva generación de autodefensas’ que tome distancias insalvables de quienes hasta ayer fueron sus líderes históricos y hoy -ya sin mando ni tropa ni armas- siguen padeciendo oprobios y vejámenes ‘institucionales’ en su travesía del desierto hacia la Paz sin haber llegado todavía, a estas alturas, ni cerca de la Tierra Prometida de la Reconciliación que nunca antes –ni en sus pesadillas más oscuras- pudieron suponer tan alejada y tan esquiva.



Colombia no saldrá de esta ‘crisis de la sedición’ apelando al voluntarismo y buena fe presidencial, ni a los ‘impulsos instintivos’ ni a los milagreros de ocasión. Solo cabe apelar a la ‘creatividad reflexiva’ de quienes estén dispuestos a sacrificar sus versos para pulir el territorio de la paz.



Si hay un País donde los políticos y los jueces deben ceder un espacio considerable de su poder a los hombres y mujeres dotados de ciencia… si hay un País donde la razón debe gobernar los sentimientos y las pasiones deben rendirle honor a los argumentos, este País es Colombia, este País debe admitir su crisis y dejar de relamer jubilosamente sus propias heridas, como si hallase en ello un insustituible y morboso placer.



Para los amantes de las utopías Colombia es el justo lugar en el preciso momento.





Pero hay algo que resulta imperativo a estas alturas:



Retirarle buena parte de su poder a la clase política y honrar la ciencia de quienes son verdaderos sabios.



(Nadie se sorprenda entonces si hoy –al escribir estas líneas- me siento más cerca de Sergio Fajardo y de Antanas Mockus que de Álvaro Uribe y Carlos Gaviria)





Así la veo yo.





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