diciembre 03, 2007

98. Las Autodefensas y el delgado hilo 'para qué' de la 'parapolítica'

Sin herramientas jurídicas y políticas no hay Sarkozy que valga

Punto y Aparte


Por Juan Rubbini
www.lapazencolombia.blogspot.com
juanrubbini@hotmail.com


La lección aprendida tras la fallida mediación de Chávez y Piedad con las FARC deberá incluir un capítulo adicional, el de las autodefensas.


Jan Egeland, quien fue el enviado especial de la ONU a Colombia durante el proceso de paz del Caguán declaró hace unos días en entrevista con SEMANA:


“Viendo ahora las cosas en retrospectiva, posiblemente fue un error que la ONU, por no cerrar las posibilidades de participar en un futuro proceso con los guerrilleros, rechazara la petición de Uribe de participar en el proceso de desmovilización de los paramilitares.”


Todos los esfuerzos del gobierno de Pastrana estuvieron orientados hacia no contrariar a las FARC en materia puntual de reconocimiento de las autodefensas como actor político del conflicto. No existió -antes de agosto de 2002- un camino establecido desde el Estado colombiano para permitir la negociación política y abrir un proceso de paz con las autodefensas. Hoy podríamos decir, con más propiedad, con la generación de autodefensas de los ’90.


El antecedente más importante lo constituyó, en 1998, el Acuerdo del Nudo del Paramillo firmado entre las Autodefensas y prestigiosos emisarios de la sociedad civil y política en las postrimerías del gobierno Samper. Quienes se ‘rasgan las vestiduras’ con el pacto de Ralito de 2001 debieran leer aquel documento firmado por Lucho Garzón, Samuel Moreno, Sabas Pretelt de la Vega, Carlos Castaño y Salvatore Mancuso, entre otros. (Adjunto el texto completo al final de esta columna).


Pese a la negativa del presidente Pastrana, y en línea con el Acuerdo del Nudo del Paramillo, los caminos hacia la orilla política se privilegiaron sobre lo estrictamente militar y de esa decisión política consensuada en el interior de las autodefensas –no sin fuertes debates internos- se habilitó el rumbo hacia la ‘parapolítica’, concebida no como una estrategia de guerra, mucho menos de debilitamiento y corrupción del Estado, sino como único recurso disponible en búsqueda de abrir trocha hacia la posterior negociación política con el Gobierno que condujera a la desmovilización y desarme planteados en 1998.


A diferencia de FARC y ELN hoy podemos decir que las autodefensas acertaron en el rumbo de la negociación política y la desmovilización –hoy concretada- a partir de una situación crítica de no reconocimiento político ni voluntad de diálogo por parte del Gobierno de Pastrana.


Si hoy no estuvieran las autodefensas desmovilizadas y desarmadas, pagando prisión y asistiendo a los tribunales, incluso ante la Corte Suprema, alguien podría pensar que todo lo de la ‘parapolítica’ era una estratagema para seguir en la guerra y debilitar el Estado. Los hechos son contundentes y muestran todo lo contrario. La desmovilización es un hecho nunca antes registrado en Colombia en tal magnitud cuantitativa y con tanta participación de la Justicia. Hoy las instituciones del Estado y el Estado mismo están más legitimados que nunca antes gracias a este proceso de paz. La cuestión no es entonces si la ‘parapolítica’ era o no una actividad legal bajo la justicia imperante, obviamente que no. Lo fundamental aquí es si existía otro camino, que podría haberse desarrollado desde la ilegalidad para producir los efectos –en término de desmovilización y desarme- que acabo de mencionar con menos costo humanitario, con menos dolor para la familia colombiana. No se trata de hacer la apología de la ‘parapolítica’, claro que no, pero se trata de evaluar seria y serenamente si no resultó un remedio eficaz para curar la enfermedad que producían las autodefensas ilegales en el marco del conflicto armado.


Esta generación de autodefensas había trabajado desde los ‘90 en dos frentes, uno el de debilitar a las guerrillas, el otro, compensar –desde su accionar sedicioso e ilegal- la debilidad del Estado. Lo primero significaba quitarle el agua al pez, debilitando sus bases de apoyo y su logística, afectando sus recursos. Por el lado del Estado decidieron las autodefensas que había que ocupar espacios para desalojar a las guerrillas e impedir su infiltración. Pero a mediados de 2001 la cuestión había llegado a una coyuntura donde era preciso adecuar las estrategias. Existía la sensación pública de una gran debilidad del gobierno en la negociación, y todo indicaba que se avanzaba hacia un pacto de Pastrana con las FARC donde la posibilidad de una Constituyente que legitimara a las FARC y les otorgase cuotas importantes de poder era lo inminente. Ante esa situación algunos comandantes AUC que no querían debilitar el Estado ni continuar ilegitimándolo con su accionar paramilitar redoblaron los esfuerzos de persuasión interna hacia la conveniencia y necesidad de que las AUC se abrieran paso hacia la orilla de la política en la legalidad, lo cual implicaba razonar seriamente en términos de lograr abrir un proceso de paz que los llevara a la desmovilización. En ese momento resultaba preciso generar confianza interna sobre que ello era realmente posible, y también comenzar a generar en la otra orilla, la de los políticos en la legalidad, la necesaria confianza de que las intenciones de las autodefensas eran serias y que se podía confiar en que si se abrían las puertas de la negociación política con las autodefensas ello no iba a conducir a una farsa como la del Caguán.

En esos momentos los comandantes de las AUC tenían muy claro que no existían en Colombia elementos de lo que hoy se llama justicia transicional (para producir el pasaje de la guerra a la paz) con la consecuencia de que los políticos que se acercaran a dialogar con las AUC quedaban en una situación, no solo de vulnerabilidad ante las guerrillas –que los convertiría en objetivo militar- sino también incómoda ante la ley, lo cual derivaba en la necesidad de mantener los contactos en un clima de absoluta confidencialidad y reserva para no acabar poniendo una lápida sobre las cabezas de los involucrados en tan riesgosa operación de paz. Sin embargo, también era cierto que todos los procesos de paz anteriores en Colombia y en el mundo se habían iniciado con una etapa en la cual podía confundirse el acercamiento al grupo ilegal con una asociación para delinquir con ese grupo ilegal. De todos los caminos posibles para sensibilizar a la clase política y finalmente al gobierno de turno sobre la necesidad y conveniencia de una negociación seria con las autodefensas, el escogido, hoy conocido como ‘parapolítica’, resultaba el menos costoso humanitariamente, y finalmente el más apropiado para una organización que nunca se consideró terrorista ni revolucionaria, pero que claramente a esas alturas de su historia ya representaba el clamor y las urgencias de comunidades muy grandes agredidas por las guerrillas y abandonadas por el Estado.


Lo anterior constituye la matriz básica del asunto. De allí viene la génesis del proceso de paz con las Autodefensas. Por el camino de la ‘parapolítica’ fue inevitable pasar, vistas las circunstancias vigentes en aquellas coyunturas: en 2001 las AUC se hallaban en la cima de su poder militar y creciendo a ritmo vertiginoso. Hoy, tras el pasaje por la ‘parapolítica’ y la posterior negociación con el gobierno de Uribe, y como resultado de esta a la desmovilización y desarme, se llega ahora a la asistencia ante los tribunales de Justicia y Paz. No podemos dejar de considerar a la luz de las limitaciones de aquella época y los frutos incontrastables hoy de más de 30.000 desmovilizados, que lo actuado produjo el resultado positivo que se buscaba en términos de desactivación de un importante factor de violencia y conflicto. Ciertamente, en el tránsito de la guerra a la desmovilización se violaron leyes existentes, pero lo que no debe es dejar de ponderarse que los caminos alternativos disponibles en aquel momento histórico al finalmente andado eran infinitamente más peligrosos, dolorosos y atentatorios con la paz y la reconciliación. Piénsese solamente cómo las FARC, en el mismo período que estamos considerando de 2001-2007, pasaron de la negociación y todo el apoyo oficial al Caguán, durante más de tres años, a la situación actual, donde ni siquiera el tema de los secuestrados se ha podido desentrañar y siguen en pie de guerra. En el mismo período las autodefensas han producido un giro trascendental y contundente, cuyos beneficios para la sociedad nadie puede dejar de aceptar y valorar positivamente.


Hoy está muy claro (más que en 2001 por supuesto) que no existe –para FARC, ELN y Autodefensas- la justicia transicional y restaurativa suficiente y atractiva para los ilegales que la paz y reconciliación de los colombianos exige para pasar de la guerra a la paz. Por eso están siendo juzgados comportamientos dentro del marco de leyes existentes que no tienen relación con la gravedad de la situación que plantea el conflicto armado, y mucho menos alientan y compensan políticamente el valor de enfrentar el problema y resolverlo.


Si no se entiende la ‘parapolítica’ dentro de este contexto y estas urgencias de paz y reconciliación los riesgos de perpetuar el conflicto se agravan. A grandes males grandes remedios, por supuesto sin violar las leyes. Pero ello requiere un gran esfuerzo conjunto de la política y de la justicia para adecuar el ordenamiento legal a la prioridad nacional de la paz y su complemento imprescindible de reparación a las víctimas y reconciliación entre todos los colombianos. La realidad nos pone hoy frente a la gran disyuntiva de tomar el toro por las astas y darle una segunda oportunidad a la vida –bajo ciertas condiciones ineludibles- a todos los que, habiendo previamente delinquido e integrado y liderado grupos armados ilegales, luego cambiaron su actitud y acciones hostiles cuando apostaron por la paz y la reconciliación. Pero eso no alcanza, hay que proporcionar suficientes incentivos en términos de justicia transicional y restaurativa, que no se centren tanto ni solamente en el castigo por decir la verdad, sino que más bien incentiven y premien el manifestar la verdad, privilegiando en ello, no la autoincriminación en un posible delito sino el aporte patriótico a la construcción del nuevo país, respetuoso de las leyes claro, pero también pacífico y sin conflicto armado.


Sin estas herramientas jurídicas y políticas no habrá mediación de Chávez y Piedad, ni de Sarkozy y la ONU que llegue a buen puerto


La ‘guerra fría’ de hoy entre Uribe y Chávez muestra que caminar hacia la paz es caminar sobre el filo de la navaja.


Algo que tendrá que valorar en su momento un líder mundial como Sarkozy, si quiere tener éxito no con las FARC ni con Uribe, sino con Colombia, su gente, su libertad y su democracia.


No solo las guerrillas y el Estado tienen algo que decir en cuestiones de paz, las Autodefensas también.

Así la veo yo.

Los 97 artículos que componen la serie completa –iniciada en marzo de 2005- conformada por “Así la veo yo”, “Esencias y Matices”, “Chamuyo”, “SÍ-SE-PUEDE” y “Punto y Aparte”, están disponibles para su lectura en:


www.lapazencolombia.blogspot.com y en la sección La Brújula de www.salvatoremancuso.com

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ACUERDO DEL NUDO DE PARAMILLO O DE CÓRDOBA



LA REUNIÓN DE REPRESENTANTES DEL CONSEJO NACIONAL DE PAZ, CON MIEMBROS DE LA SOCIEDAD CIVIL Y LAS AUTODEFENSAS UNIDAD DE COLOMBIA, CELEBRADA EL DÍA 26 DE JULIO DE 1998:



CONSIDERANDO:



Que la confrontación armada que vive el país, requiere de una solución política negociada al conflicto, donde los compromisos de las partes deben centrarse en el reconocimiento de la dignidad humana como único camino civilizado.



Que el logro de la paz no es la simple negociación de la confrontación armada, sino también el desarrollo de un conjunto de medidas económicas, políticas y culturales con las que se logre la justicia social y se supere el sentido de la violencia en la solución de los conflictos internos.



Que la búsqueda de la paz en un proceso en el que se irán manifestando avances parciales entre los distintos actores, que se concertará en mesas de negociación, sin ventajas para ninguno, con actuaciones bajo una confidencialidad convenida entre las partes. Mesas en las que, una vez iniciado el diálogo, nadie se levante de ellas ni se produzcan o propicien rompimientos innecesarios.



Que el proceso de paz seguirá más allá de la negociación de la confrontación armada hasta que la convivencia política sea una realidad amplia y profunda en el país.



Que rechazamos la destrucción de la infraestructura pública y privada de la nación, así como el secuestro, la extorsión, las desapariciones forzosas y toda forma de violencia para transformar el país o solucionar los conflictos.



Que es indispensable preservar a toda costa la Unidad Nacional:



DECLARAMOS:



PRIMERO.- Se inicia el proceso de paz con las Autodefensas Unidas de Colombia-AUC.



SEGUNDO.- Nos comprometemos a buscar caminos de acercamiento, avance y construcción de escenarios posibles, para lo cual estamos dispuestos a desarrollar las siguientes actividades:



A.- Los representantes del Consejo Nacional de Paz y de la sociedad civil, ejercerán sus buenos oficios tendientes a que el Gobierno Nacional, como representación política del Estado, respalde los compromisos aquí consignados.



B.- Promover en la sociedad radicada en las áreas de influencia directa de las Autodefensas y en la sociedad en general, el criterio que la convivencia nacional y la reconstrucción social del país, se logra con la construcción de una ética basada en el respeto a los derechos humanos, al Derecho Internacional Humanitario, a la solidaridad y a la tolerancia.



C.- Apoyar en forma directa todos los procesos que restablezcan la convivencia social y nacional, por lo que consideramos altamente favorable la realización de todo tipo de acciones individuales o colectivas en las que se exprese la construcción de la voluntad de paz y por ningún motivo desconocerán la realización de reuniones, foros, talleres o seminarios de paz.



D.- Las Autodefensas Unidas de Colombia, se comprometen a realizar las tareas necesarias tendientes a que todos los grupos de autodefensas del país, respalden y asuman los compromisos que aquí se llegan.



TERCERO.- La sociedad civil y el Consejo Nacional de Paz apoyan que se inicien negociaciones de paz entre el gobierno nacional y las AUC en una mesa independiente y simultánea con otros procesos, para concluir en un verdadero acuerdo de paz que involucre a todos los actores de la guerra.



Los participantes en esta reunión consideran válido que el desarrollo del diálogo y la negociación, de los distintos procesos de paz, culmine en propuestas de decisiones administrativas, legales o constitucionales, que conduzcan a las reformas que demanda la nación.



CUARTO.- En la búsqueda de aliviar las consecuencias que la confrontación armada produce en la población civil, los asistentes ratifican su convicción de que el Derecho Internacional Humanitario es el mínimo ético que deben respetar los actores armados, que se puede expresar en diferentes formas de acuerdos humanitarios de vigencia inmediata.



Las Autodefensas Unidas de Colombia, se comprometen a:



A.- Impartir órdenes e instrucciones militares a todos sus miembros, a fin de que se adopten todas las medidas de precaución necesarias en orden a evitar involucrar a la población civil en la confrontación armada.



B.- A partir de la fecha, no reclutar menores de 18 años a sus filas, ni a utilizarlos en actividades de inteligencia o vigilancia.



C.- Respetar la vida y dignidad personal de quienes quedan fuera de combate y prestarles la asistencia médica necesaria.



D.- Reiterar su voluntad de permitir, en zonas de enfrentamiento, el suministro y tránsito de alimentos y bienes indispensables exclusivamente para la población civil; respetar los centros médicos, las unidades médicas humanitarias, los dispensarios, los centros de acopio de alimentos o cosechas y así mismo no utilizar como cuartel o centro de reclutamiento o instalación militar transitoria o definitiva, los bienes culturales, las escuelas, los hogares infantiles, los centros religiosos o de cultos, como tampoco las unidades deportivas.



Igualmente reiteran la prohibición de los ataques o amenazas de destrucción a los bienes civiles.



E.- Realizar las siguientes medidas de precaución:



· En caso de ataques, tomar las medidas indispensables para evitar el desplazamiento forzado de la población civil.



· No hostigar a la población para que se enrole en las filas de las tropas.



· No almacenar armamento o pertrechos o cualquier objeto de guerra, en los sitios donde habita la población desplazada.



· En caso extremo, que se produzca el desplazamiento, de acuerdo con las normas del Derecho Internacional Humanitario, acudirán a la Defensoría del Pueblo o a un organismo de socorro nacional o humanitario internacional, para que acompañe a la población desplazada hasta un sitio seguro de cualquier ataque militar.



F.- Tomar las siguientes medidas de seguridad:



· Respetar a las comunidades de paz y los bienes protegidos por el Derecho Internacional Humanitario.



· Respetar la autonomía, creencias, cultura y derecho a la neutralidad de los pueblos indígenas o las comunidades afrocolombianas en sus territorios.



· No realizar ningún tipo de actividad que afecte ríos, lagunas, depósitos de agua o fuentes de abastecimiento de energía eléctrica que son utilizadas por la población civil.



QUINTO.- Los representantes de la sociedad civil y los miembros del Consejo Nacional de paz, propiciarán ante la sociedad, que la agenda mínima de negociación de paz que debe adelantar el gobierno nacional con las Autodefensas Unidas de Colombia, debe dar respuesta a problemas como:



· Democracia y reforma política
· Modelo de desarrollo económico
· Reforma social, económica y judicial
· La fuerza pública en el estado social de derecho
· El ordenamiento territorial y la descentralización
· El medio ambiente y el desarrollo sostenible
· Los hidrocarburos y la política petrolera



SEXTO.- Con el fin de facilitar las acciones humanitarias en los territorios de influencia de las Autodefensas Unidas de Colombia, éstas se comprometen a respetar los emblemas de los organismos humanitarios internacionales y/o nacionales, así como reconocer el papel humanitario y neutral que en la confrontación armada ejerce la Defensoría del Pueblo.



SÉPTIMO.- Las Autodefensas Unidas de Colombia y los representantes de la Sociedad Civil y del Consejo Nacional de Paz, iniciarán acciones para establecer una verificación adecuada a las acciones aquí comprometidas.



Celebramos las gestiones de paz que ha adelantado el señor presidente electo, Andrés Pastrana Arango y nos comprometemos a participar en los procesos necesarios, con discreción, seriedad y responsabilidad, tal como él lo ha expresado.



Firman,



Por las Autodefensas Unidas de Colombia –AUC:



Por las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá, ACCU:



Carlos Castaño
César Marín
Salvatore Mancuso
José Alfredo Berrío
Por las Autodefensas de Puerto Boyacá:
Votalón
César Salazar.
Por las Autodefensas de Ramón Isaza
Ramón Isaza
Teniente González
Por las Autodefensas de los Llanos Orientales:
Clodomiro Agames
Eulises Mendoza
Por las Autodefensas de Santander y Sur del Cesar:
Camilo Aurelio Morantes
Francisco Tabares
Por las Autodefensas de Casanare:
Daniel Santos
Carlos Castro
Por las Autodefensas de Cundinamarca:
Pedro Tulio Moreno
Luis Fernando Cifuentes
Por el Consejo Nacional de Paz y los miembros de la sociedad Civil:
Castro Caicedo, José Fernando
Garzón, Luis Eduardo
Hernández, Hernando
Marulanda Gómez, Eugenio
Moreno Rojas, Samuel
Pretelt de la Vega, Sabas
Ramírez Ocampo, Augusto
Vargas, Alejo
Visbal, Jorge
Secretarios Ad-Hoc:
Caicedo Rodríguez, Nelson
García Hoyos, Álvaro.