junio 01, 2009

134. Alarmante 'desidia' del Gobierno en cuestiones de paz

ASÍ LA VEO YO



Urge revisar aquello de “extraditar, extraditar y extraditar”



Por Juan Rubbini
juanrubbini@hotmail.com
http://www.lapazencolombia.blogspot.com/





¿No suena más lógico, más práctico, menos costoso, más humanitario y político que sean los fiscales y jueces de los Estados Unidos quienes vengan a Colombia a entrevistarse con los actores del conflicto armado colombiano sujetos, simultáneamente, de un proceso de paz y de extradición en razón de su anterior participación en el conflicto armado que seguir dejando a las víctimas en ascuas, postergando sine die la debida reparación y a Colombia entera sin la verdad y sin avances en el proceso de paz con las autodefensas y los mandos medios y bases guerrilleras desmovilizados, engendrando por el contrario rearmes, degradaciones y amenazas terroristas a los familiares de víctimas y victimarios? ¿La Oficina del Alto Comisionado de Paz no asesora y orienta al Presidente de todos los colombianos, o es por su asesoría y orientación que el Presidente ha dejado al garete el proceso de paz con las autodefensas? Urge revisar estas cuestiones que si no preocupan al Gobierno debieran sí preocupar a los candidatos del Gobierno a suceder a Uribe. Porque entre sus opositores ya cunde la preocupación al respecto y las propuestas de Pardo (ver columna 133) y Petro, nacen sobre legítimas dudas que provocan las ambigüedades del actual gobierno.




Cuando Gustavo Petro -pre candidato presidencial, senador y desmovilizado del M-19- incluye en su propuesta 2010 la definitiva separación de la criminalidad de cualquier política –sea estatal, paraestatal o guerrillera- y la democratización de la tierra, no solo está hablando de lo que es, sino que se revela en cuestión de negociaciones de paz más adelantado y profundo que cualquier otro aspirante presidencial incluido el mismo Uribe.




Esto vuelve a Petro atractivo para quienes desde visiones de derecha o de izquierda, civilistas y democráticas, le apuntan a descongelar el proceso de desmonte del paramilitarismo, al tiempo que buscan abrir canales de diálogo no solo con las guerrillas sino también con quienes dentro de los estamentos de las fuerzas militares y de seguridad han tomado conciencia que la ley de Justicia y Paz no toma en cuenta sus especificidades y pasados y presentes contradictorios y complejos, donde están comprometidas políticas de Estado, nacionales y también extranjeras. Desde los tiempos de la Guerra Fría y después con las guerras al narcotráfico y al terrorismo, las tragedias que azotaron a Colombia no solo pasaron por las heridas mal cicatrizadas de la violencia liberal-conservadora, sino por cancillerías y regímenes democráticos y autoritarios, de izquierda y derecha, todos ellos involucrados en mayor o menor medida en el conflicto armado colombiano.




Sobre estas materias hay al menos tres aspectos cruciales que están haciéndole mucho daño a la credibilidad de los procesos de paz en Colombia que no debieran ser manipulados en beneficio de corrientes políticas ni de estrategias de guerra sino que requieren un estatus y unos protocolos que resulten respetados nacional e internacionalmente por encima y al margen de ideologías e intereses particulares o razones de Estado.




Estas cuestiones son, a mi modo de ver, y sin pretender agotar aquí la lista de los puntos críticos las siguientes:



a. Calificación de organización terrorista.
b. Extradición.
c. Fuerzas militares y de seguridad.



Nadie entiende por qué el Gobierno nacional no ha pedido aún -con las formalidades diplomáticas del caso- a la Comunidad internacional, el retiro del calificativo de terrorista a la extinta organización Autodefensas Unidas de Colombia siendo que el proceso de paz en curso está desarrollando su componente judicial de Justicia y Paz, tras haber superado exitosamente las fases de Desarme y Desmovilización.




Tampoco se explica por qué el Gobierno nacional no solicita muy respetuosamente a los Estados Unidos el regreso inmediato de quienes fueron extraditados por error a los Estados Unidos bajo el supuesto de que habían traicionado los acuerdos de no repetición y no reincidencia en el delito a los que hizo expresa y públicamente referencia el presidente Uribe en el Comunicado de la Presidencia de la República del 27 de abril de 2004 –en el marco del proceso de paz con las AUC, cuando atinadamente el Gobierno de Colombia destacó en su punto 7:




“La extradición no es tema de negociación. Quienes quieran evitarla, deben demostrar a la comunidad internacional su buena fe y propósito de enmienda.”




El Fiscal General de la Nación, Mario Iguarán, acaba de declarar al respecto:




“La Fiscalía no ha encontrado elementos que soporten la extradición de los líderes desmovilizados de las AUC”




Sobre lo arriba mencionado la prensa norteamericana recoge lo recientemente manifestado por el fiscal general de Washington D.C., Peter Nickles en el sentido que las cárceles de la capital de los Estados Unidos se están convirtiendo en un problema político local, comparando su situación con lo que sería un eventual traslado de los detenidos de Guantánamo a Estados Unidos. Y todo esto por la presencia de varios jefes paramilitares y de las FARC.




¿Será consciente el presidente Uribe de los problemas que le está produciendo a los Estados Unidos su apresuramiento en extraditar, extraditar y extraditar, pasando no solo por encima de sus propios compromisos con el proceso de paz con las autodefensas, sino también creándole un problema –hasta el momento insoluble- a la Justicia de los Estados Unidos, que no termina de entender cómo armonizar sus requerimientos con los de la Justicia colombiana, siendo que el Gobierno de Colombia extraditó a actores y líderes del conflicto armado colombiano que se hallan dentro de un proceso de paz con todas las de la ley –Justicia y Paz está avalada constitucionalmente tras las modificaciones introducidas por la Corte Constitucional- obstaculizando además el funcionamiento de la Justicia ordinaria ante la cual los ex comandantes siguen obligados a responder cotidianamente, al igual que a la sala penal de la Corte Suprema de Justicia. En fin, un entuerto de padre y señor mío que ni Kafka hubiera novelado de manera más tortuosa y laberíntica.




A esto se suma el embrollo que comienza a generar el asunto de los ‘falsos positivos’ –o ‘verdaderos negativos’, como acertadamente califica Mockus- que son lo más parecido a la continuación del paramilitarismo de Estado por otros medios, o mejor dicho, la continuidad de prácticas aterradoras y criminales a las que tanto los hermanos Castaño como el propio Mancuso y el resto de los ex comandantes de las AUC se comprometieron a ponerle fin –por la parte que les tocaba como autodefensas- cuando decidieron unilateralmente su ingreso a un proceso de paz que ni Samper ni Pastrana habían aceptado con las autodefensas, pero que finalmente Uribe aceptó porque comprendió –como ya lo habían comprendido bastante antes los Castaño y los Mancuso- que sin legitimidad del Estado y de sus políticas y prácticas de seguridad la guerra contra la subversión comunista no tendría fin, y si acaso se ganaba sólo sería esa victoria a cualquier precio la visa asegurada a la Corte Penal Internacional.




Gustavo Petro está bien orientado y ciertamente merecen apoyo sus tesis sobre la solución negociada y política del conflicto armado. Su discurso no le gusta a las FARC, pero tampoco a las Autodefensas les gustaba y hoy lo aprueban en términos generales. Algo similar podría perfectamente estar sucediendo entre los estamentos militares del Estado –que ven cómo el agua se les sube al cuello- porque saben que así como están Justicia y Paz no los cobija, y la Justicia militar ha sido puesta en jaque por la administración Uribe. Ni los unos ni los otros saben cómo ni por qué, pero a todos comienza a reunirlos el propósito común que el Estado finalmente se legitime, se democratice y se reconcilie con la Nación y con su Pueblo, y con el mundo también.




Porque ni autodefensas desmovilizadas, ni rearmadas, ni guerrillas ni los propios integrantes de las fuerzas militares y de seguridad del Estado se sentirán cobijados por acuerdos de paz, verdad, reparación y reconciliación con un Gobierno sin respaldo de los otros poderes del Estado democrático, menos aún que no cumpla su Palabra empeñada en la Mesa de Negociaciones, ni se fundamente en sus decisiones a partir de la Constitución vigente y los compromisos asumidos con la Justicia y la Comunidad internacionales.




Lo tenía muy claro el Estado Mayor Negociador de las Autodefensas cuando ya en 2003 escribió a través de un Editorial publicado en su web Colombia Libre, que los acuerdos de paz a determinar debían reunir algunos requisitos imprescindibles, entre ellos los siguientes: resultar satisfactorios para las partes, aceptables para la sociedad colombiana y creíbles internacionalmente.




Así de simple, así de complejo, pero no imposible, si la búsqueda del Acuerdo Nacional prima sobre las ambiciones de poder y las conspiraciones de quienes anteponen sus intereses al interés supremo de la Nación y de su Pueblo.



Así la veo yo.





Los 134 artículos que componen la serie publicada –iniciada en marzo de 2005- de ASÍ LA VEO YO están a disposición del lector en http://www.lapazencolombia.blogspot.com/


También encontrarán en este sitio los artículos de la serie PARADERO 2010 iniciada en diciembre de 2008.

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