septiembre 30, 2009

CARTA ABIERTA DE SALVATORE MANCUSO DONDE SE MANIFIESTA SOBRE JUSTICIA Y PAZ Y LA EXTRADICIÓN

Warsaw, Virginia, 30 de septiembre de 2009.
NORTHERN NECK REGIONAL JAIL


Señor
FISCAL GENERAL DE LA NACION DE COLOMBIA

Señor
PROCURADOR GENERAL DE LA NACION DE COLOMBIA

Honorables Magistrados
CORTE SUPREMA DE JUSTCIA Y DE COLOMBIA

Honorables Magistrados
CORTE PENAL INTERNACIONAL

Honorables Magistrados
CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS

Honorables Magistrados
COMISION INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS


Respetados señores:

Por medio de la presente me permito transcribir a continuación la intervención que realicé hoy ante el despacho 8º de Justicia y Paz en Colombia, con ocasión de la sesión de versión libre que se encontraba programada, en la que estoy manifestando mi decisión de no intervenir más en las versiones libres a que haya lugar dentro de justicia y paz, hasta tanto se dispongan las garantías necesarias que me permitan avanzar de manera efectiva en dicho proceso, y pidiendo a la Corte Suprema de Justicia de Colombia su intervención para tal efecto.

Lo anterior, para los fines que dentro de las competencias que les asignan las leyes y los tratados internacionales, puedan Ustedes adoptar las medidas que sobre el particular consideren procedentes.

“Hoy 30 de septiembre de 2009, quiero expresar dentro de mi audiencia de versión libre, el sentimiento que como impulsor y promotor del proceso de paz que celebramos las extintas AUC con el Gobierno Uribe, llevo hoy en mi corazón. Aún cuando algunas de las cosas que hoy quiero manifestar las he expresado ya en diferentes escenarios y oportunidades, tanto judiciales como periodísticos, considero necesario volver a referirme a algunas de ellas, pues no descansaré hasta generar la conciencia necesaria en la sociedad y en las autoridades judiciales, nacionales e internacionales, para que la paz y la reconciliación que debemos alcanzar y por la que tanto he luchado a través de este proceso, no pase a la historia de Colombia como uno más de los tristes capítulos de la violencia no resuelta que hemos vivido y que estamos condenados a repetir, precisamente por no conocer todo el entramado político, militar y social que rodea nuestro conflicto interno, y por querer buscarle soluciones tangenciales y no de fondo a esta problemática.

En efecto, ya es de dominio público la historia que como miembro de la sociedad civil, agricultor y ganadero de ocupación viví en el Departamento de Córdoba, tras heredar el conflicto que vivieron décadas anteriores mis antecesores y progenitores, que me obligó a incursionar en éste de manera directa como actor principal, empuñando un fusil, primero como paramilitar y luego como autodefensa, para defenderme de los ataques y amenazas perpetrados por las guerrillas de izquierda.

También es conocido por la sociedad y la opinión pública nacional e internacional, la manera como los aparatos de guerra que surgieron como respuesta a estos ataques y a la falta de presencia estatal en muchos territorios de Colombia, crecieron y desbordaron completamente el control que de ellos pudieran tener los gobiernos de turno por la vía de las fuerzas armadas legítimamente constituidas, y cómo unas y otras se fundieron por momentos en un solo cuerpo para hacer frente a las diferentes formas de violencia que nos agobian. Igualmente se ha mencionado el fenómeno social que en últimas constituyó el surgimiento de los grupos armados, y la participación activa de los estamentos de la sociedad civil, la fuerza pública, los gremios económicos y miembros de las ramas del poder público.

Todo esto nos llevó a hacer un alto en el camino y tratar de construir estrategias que permitieran el desmonte de los aparatos de guerra, con el propósito –Hasta hoy fallido- de alcanzar la paz. En el año 2002 iniciamos un proceso político de negociación con el gobierno Uribe que aspirábamos culminar en unos acuerdos de paz que permitieran a nuestra sociedad continuar viviendo de una manera pacífica y reconciliada. Sin embargo, debo decir hoy, 7 años después de haberse iniciado este proceso de paz, que lamentablemente los grandes esfuerzos que hemos hecho algunos de quienes verdaderamente estamos comprometidos con la paz, no han surtido el efecto esperado; pero lo peor, es que no se avizora por ninguna parte que tal como están planteadas las cosas hasta hoy, tengan nuestras futuras generaciones la esperanza de alcanzar la reconciliación y la tan anhelada paz en nuestro país. Por el contrario, mirando en retrospectiva todo este proceso, veo con una gran desilusión que el fenómeno de violencia al que quisimos poner fin, hoy en día ha mutado y con más fuerza destructiva.

La humanidad ha venido haciendo ingentes esfuerzos desde hace varias décadas por tratar de poner fin a los conflictos que han azotado y que azotan internamente algunas naciones, y hace ya algunos años se han diseñado fórmulas como las de la justicia universal y la justicia transicional, en procura de no dejar en la impunidad aquellas conductas que afectan y atentan contra el derecho internacional humanitario, y que hoy en día se tipifican como crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad, permitiendo que las víctimas de un conflicto sean resarcidas por los daños causados y que los responsables de estos hechos paguen por los hechos cometidos. En Colombia quisimos ponernos a la altura en esta materia. Sin embargo, quienes diseñaron el esquema en nuestra nación y que hoy constituye el marco jurídico dentro del cual debemos responder los que fuimos actores del conflicto, esto es la Ley de Justicia y Paz, no vislumbraron la dimensión, las necesidades y las consecuencias que semejante improvisado experimento podría tener, pues pensaron que introduciendo algunas normas muy vanguardistas en materia de derechos humanos, justicia y reparación, podrían esconderle al país y al mundo la triste realidad que vivimos casi desde que existimos como república independiente. Se equivocaron y hoy estamos pagando todos las consecuencias de semejante irresponsabilidad.

En efecto, entre otras cosas creyeron que la paz se hacía solamente con uno de los actores del conflicto, dejando por fuera al resto, quizás para seguir manteniendo el despreciable negocio de la guerra. Creyeron que la verdad podría manipularse de tal manera que ante la comunidad internacional se vieran satisfechos los derechos de las víctimas, pero también se equivocaron y nunca calcularon que la verdad empezaría a involucrar a todos los que participaron del conflicto, como la sociedad civil, los gremios económicos, la clase política, la fuerza pública y algunos otros servidores del Estado. También consideraron que la cuota de justicia debíamos colocarla quienes empuñamos los fusiles, lavando sus manos y haciéndonos ver como los parias de la sociedad y el mundo, pero erraron nuevamente y hoy día han iniciado a pagar por estos hechos más de 200 personas entre políticos, militares, servidores públicos y miembros de la sociedad civil que estuvieron directamente vinculados con el conflicto. Creyeron que las víctimas jamás conocerían la verdad ni serían resarcidas, pero nuevamente fallaron los cálculos, pues hoy en día son muchas las familias de víctimas que han encontrado los restos de sus seres queridos y han regresado a algunas de las zonas que otrora controlaban los actores ilegales por falta de presencia estatal, aun cuando están siendo desplazadas nuevamente por el aparato de guerra que ha mutado luego de la desmovilización de las AUC por el mal manejo que de la negociación hizo el gobierno.

Pero pese a los fallos de cálculo de quienes promovieron el proceso de paz desde el ejecutivo y desde el congreso, y a los grandes resultados que la Ley de Justicia y Paz ha tenido en Colombia pese a todas sus falencias, debo decir también con toda honestidad y tristeza que mientras existan actores del conflicto que han quedado por fuera del proceso de paz, que mientras existan intereses oscuros en Colombia en que no se siga conociendo la verdad, que mientras quienes detentan el poder político no se comprometan a fondo con el tema de la paz, que mientras no se dote a los operadores de justicia en Colombia de las herramientas necesarias para llevar a cabo sus investigaciones, que mientras no se construyan condiciones necesarias y acuerdos trasnacionales que permitan la eficaz colaboración entre los distintos Estados para alcanzar la paz; nunca habrá un conocimiento total de la verdad ni se obtendrá la reparación que corresponde a las víctimas, y muchos menos justicia, y por ende NO HABRÁ NUNCA PAZ EN COLOMBIA. Esto en términos generales respecto de lo que sería un verdadero proceso.

Ahora bien, traeré a colación con algún detalle, solo unos cuantos de los muchos puntos que considero son una limitante y un obstáculo para avanzar en la etapa judicial del mal llamado proceso de paz con las autodefensas, y que se rige por la llamada Ley de Justicia y Paz:

1.- LA ENTREGA DE BIENES EN REPARACION

Sobre este punto debo decir que son varios los obstáculos que he encontrado para poder cumplir con el requisito que en este sentido me exige la Ley.

Por disposición de la Ley 975 de 2005, se creó una Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, con el objeto de facilitar la reparación de las víctimas, la reconciliación y la reinserción. Sin embargo, ninguno de estos objetivos ha cumplido en la práctica el organismo creado por dicha ley, pues al día de hoy, más de cuatro años después de sancionada la ley de justicia y paz, son pocos los resultados obtenidos, en especial en el tema relacionado con la reparación a las víctimas.

Por disposición del Ejecutivo se expidió el Decreto 4760 del 20 de diciembre de 2005, reglamentario de la Ley 975 de 2005 que le atribuye a la Agencia ACCIÓN SOCIAL, entidad dependiente de la Presidencia de la República, la competencia para recibir y administrar los bienes ofrecidos en reparación. Esa agencia en mi caso personal, ha exigido el cumplimiento de requisitos que ni siquiera la misma Ley prevé, para recibir los bienes ofrecidos en reparación por aquel. En efecto, desde el 17 de mayo de 2007, en un primer acto de reparación, ofrecí más de 25 millones de dólares para indemnizar a las víctimas, representados en bienes inmuebles que estaban en cabeza mía y de dos de mis simuladores. Hubo necesidad de interponer un recurso judicial ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia de Colombia, para que decretara medidas cautelares sobre los bienes ofrecidos por Mancuso en reparación, a fin de preservarlos. Dicho tribunal impuso a la agencia ACCIÓN SOCIAL la obligación de recibir los bienes y proceder a administrarlos para evitar su deterioro y vocación de reparación, pero sólo 18 meses después de proferida la decisión por la Corte Suprema, dicha dependencia del ejecutivo comenzó a recibirlos, en un proceso no exento de inexplicables trabas, que hoy por hoy ha conducido a que los bienes se hayan deteriorado, todo en detrimento del patrimonio que constituye la garantía para la reparación de las víctimas. Actualmente, luego de 2 años y cuatro meses, solo se han recibido 8 bienes de los ofrecidos en mi versión libre de mayo de 2007.

He hecho anuncios públicos y en estas audiencias sobre la posibilidad y la necesidad de entregar más bienes con destino a la reparación, dado que esta oportunidad procesal no ha expirado. Sin embargo, en la práctica se ha dificultado esta labor, como consecuencia de falta de aplicación de la normatividad referente al principio de oportunidad que por disposición del de la Ley 1312 de 2009, puede concedérsele a quienes fueron simuladores de la organización. Se hizo un primer intento con el señor CELSO ALFREDO SALAZAR, habiéndose solicitado a la FGN la aplicación del principio de oportunidad en su favor desde hace mas de 2 años, debido a que hizo entrega de dos inmuebles que detentaba a nombre de la organización, pero infortunadamente no ha habido un pronunciamiento de fondo sobre este caso, situación que, sumada al asesinato del señor ARAM ASSIAS SOLAR, también simulador de la organización, hace temer a quienes tenían bienes de la organización para que continúen realizando las entregas, porque no tienen una seguridad acerca de lo que será su situación jurídica y física.

Por lo anterior, debo decir que hasta tanto no se conozcan los resultados de las peticiones de aplicación del principio de oportunidad a favor del señor CELSO ALFREDO SALAZAR, no me es posible en este momento identificar el segundo grupo de bienes que fueron de la organización y que tienen como vocación servir de reparación a las víctimas, y espero sepan entender que tampoco podría individualizar en este momento a los respectivos simuladores, por las razones que acabo de exponer.
Para finalizar este punto, quiero dejar constancia que la AGENCIA PRESIDENCIAL DE ACCION SOCIAL y la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, han manifestado que yo realicé una serie de maniobras fraudulentas a través de unos contratos de arrendamiento sobre algunos de los bienes que ofrecí en mayo de 2007, con el fin de evadir la obligación que tengo de reparar. Esta es una de las razones por las cuales ACCION SOCIAL, dependiente del Gobierno, se ha negado a recibir los bienes y este argumento fue utilizado por el Ejecutivo para intentar justificar mi extradición; siento que es por ello que no han recibido todos los bienes y le han colocado todo tipo de obstáculos para hacerlo. Sin embargo, la verdad es que los contratos de arrendamiento referidos, FUERON SUGERIDOS Y SUSUCRITOS POR EL GOBIERNO NACIONAL, en cabeza de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, tal como consta en el acta de fecha 26 de marzo de 2007, suscrita por algunos funcionarios de esa dependencia, la cual anexo en la presente diligencia. También ha dicho ACCION SOCIAL que muchos de estos bienes no son aptos para reparar y que por ende no tienen vocación para ello.

Quisiera entonces aprovechar este espacio para solicitar al Magistrado de Control de Garantías un pronunciamiento expreso sobre este punto, dado que es la autoridad judicial y no una administrativa la competente para definir este aspecto. Y en ultimas, si ACCION SOCIAL sigue desconociendo el deber y la obligación de recibir tal como lo había ordenado la honorable corte suprema de justicia, se me permita entonces proceder a vender directamente dichos bienes y poder demostrar que SI TIENEN VOCACION DE REPARACION y poder alimentar de esa forma el patrimonio de las víctimas.

Espero que estos obstáculos puedan superarse en el futuro cercano, para así continuar cumpliendo el compromiso que tengo de reparar.

2.- LA VERDAD, LA EXTRADICIÓN Y LA INEXISTENCIA DE CONVENIOS DE COOPERACIÓN JUDICIAL

Quienes fuimos parte del Estado Mayor Negociador de las autodefensas y teníamos pedido de extradición durante la etapa de Negociación con el Gobierno Uribe por parte del Gobierno de los Estados Unidos, recibimos concepto favorable de la H. Corte Suprema de Justicia y quedamos en manos del Ejecutivo, tal como lo permite nuestro ordenamiento jurídico. En ese entonces, el Gobierno Nacional “suspendió” la potestad de la extradición que tenía en cabeza suya, condicionándola a nuestro compromiso y cumplimiento de los mal llamados acuerdos de paz y la satisfacción de los requisitos establecidos en la ley de Justicia y Paz. Y digo mal llamados acuerdos, porque en términos formales, jamás existió entre el Gobierno Nacional y las AUC un acuerdo formal de paz. En esta situación permanecimos entre el año 2004 y el 2008, mientras se avanzaba en el proceso de justicia y paz. Como es también de público conocimiento, me aventuré a desmovilizarme, restituí los bienes que poseía el Bloque Catatumbo al momento de su desmovilización y depuse las armas, SIN QUE EXISTIERA MARCO LEGAL ALGUNO. Una vez conocido el texto final de la Ley de Justicia y Paz y aún cuando no se había hecho el famoso pronunciamiento de la Corte Constitucional mediante la sentencia C-370 de 2006, me acogí al citado marco legal, pero solo 11 meses después fui escuchado por primera vez en versión libre. Una vez conocidas las primeras verdades que plasmé en mis versiones libres, especialmente la de mayo de 2007, el país y el mundo confirmaron lo que era un secreto a voces: el llamado fenómeno de la parapolítica y la connivencia de ciertos sectores del Estado y la fuerza pública con las autodefensas. A partir de allí comenzó mi karma: recibí toda clase de amenazas, un atentado en contra de mi hijo, presiones de diferentes sectores, oposición del Estado mimetizada bajo el amparo de legalidad para no recibir los bienes ofrecidos en reparación, tuve que acudir a la Corte Suprema de Justicia para que cautelara los bienes que hoy se han perdido y deteriorado por la negligencia de algunas agencias del Estado, no se cumplieron las órdenes de traslado de mis hombres ni la mía para poderme reunir con ellos a seguir reconstruyendo la verdad; se trató por todos los medios de descalificar lo dicho por mi; pero finalmente y ante la imposibilidad de callarme pese a todas las adversas circunstancias, se produce mi extradición y la de otros 13 comandantes de las extintas AUC.

Dijo el Gobierno en ese entonces que la condición suspensiva de que gozábamos en el acto administrativo que condicionaba nuestra extradición SE HABIA CUMPLIDO: Bien, porque habíamos seguido delinquiendo desde la Cárcel de Itagüí, o bien no estábamos contando toda la verdad, o no habíamos entregado la totalidad de nuestros bienes en reparación. Sin embargo, muy a pesar de estas falaces afirmaciones, en mi caso particular, hasta la fecha -16 meses después de extraditado- no he sido excluido de justicia y paz por incumplir los requisitos de elegibilidad señalados en el artículo 11 de la Ley 975. Por el contrario, en su momento el Fiscal Iguarán, en enero de 2009 le dijo a las autoridades norteamericanas que yo era ejemplo de cumplimiento de los requisitos de la Ley de Justicia y Paz; y en mayo del mismo año, dijo públicamente que no existía ni una sola prueba o investigación que apuntara a que yo incumplí con estos compromisos.

Usted, doctor Cabana, el Doctor Luis González, Coordinador de la Unidad de Justicia y Paz, el doctor ROBERT SPEALKEE, fiscal de mi caso en los Estados Unidos y demás autoridades norteamericanas que me conocen y conocen mi caso, son testigos directos del compromiso que he tenido en avanzar con el proceso de justicia y paz y de los obstáculos que hemos encontrado en el transcurso de estos años, así como de los esfuerzos que pese a ello, han mantenido incólume mi voluntad de continuar satisfactoriamente y llegar a feliz término mi proceso de verdad, justicia y reparación y he querido avanzar más rápido de lo que me lo han permitido.

Con la extradición, tal como lo he manifestado públicamente y en medios de comunicación, SE SILENCIÓ LA VERDAD Y EL PROCESO DE JUSTICIA Y PAZ SUFRIÓ UN GOLPE MORTAL, porque no existen los mecanismos que permitan avanzar en la reconstrucción de los hechos que debemos confesar dentro de nuestro proceso. Ciertamente y no obstante lo manifestado también por el Gobierno Colombiano y el Embajador Norteamericano en Colombia cuando fuimos extraditados, HOY NO EXISTE UN TRATADO DE COOPERACION JUDICIAL ENTRE ESTADOS UNIDOS Y COLOMBIA que permita dar continuidad al proceso de Justicia y Paz, de la manera como se requiere para satisfacer los estándares de justicia transicional que reclama la comunidad nacional e internacional. Y muy a pesar de las voluntades individuales de algunos funcionarios del Departamento de Estado y del Departamento de Justicia Norteamericanos, de la suya doctor Cabana, del Doctor LUIS GONZALEZ y de mi equipo de defensa en Colombia y Estados Unidos, que han luchado unos y permitido otros este espacio para intentar avanzar en el proceso, las cuales agradezco enormemente, debo decir de manera clara y abierta a la opinión y a las víctimas QUE NO PRODUCIRÁN LOS EFECTOS ESPERADOS, pues en las condiciones actuales es imposible pensar en concluir prontamente el proceso de justicia y paz.

En efecto Dr. CABANA, Usted puede dar fe de la siguiente reflexión:
Número de Versiones libres rendidas en Colombia entre el 19 de diciembre de 2006 y el 13 mayo de 2008 (fecha de mi extradición): 16 en total. En promedio poco menos de una versión libre por mes. Siguiendo la metodología establecida por la FGN para el desarrollo de las versiones libres (Resolución No. 3998 de diciembre 6 de 2006 que consulta los parámetros de la sentencia C-370 de 2006), estas diligencias deben desarrollarse en dos etapas: i) Enunciación: En la cual se hace una relación de los hechos punibles en los que participó o de los que tuvo conocimiento el desmovilizado; ii Confesión: Descripción detallada sobre las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que sucedieron los hechos enunciados o conocidos. Hechos enunciados en esas primeras 16 versiones libres rendidas en Colombia: 900. No se confesó ni un solo hecho de acuerdo con la metodología implantada por la F.G.N.
Versiones libres rendidas desde Estados Unidos entre el 13 de mayo de 2008 y el 30 de septiembre de 2009. Total: 4. En promedio una cada cinco meses. Hechos confesados 163 en dichas audiencias. En promedio se confiesan 55 hechos por versión.
Hechos que tengo que enunciar y confesar por mi pertenencia al Bloque Catatumbo: 7.000 aproximadamente, de acuerdo con lo señalado por la Fiscalía 8 de Justicia y Paz.

Audiencias de formulación de imputación: En promedio 2 en cuatro anos. Hechos imputados: 85, es decir 43 por audiencia.

De acuerdo con las anteriores cifras, nos vamos a morir sin que exista verdad, justicia y reparación para las victimas ni los desmovilizados yo requería si le sumo lo que falta del bloque catatumbo y el bloque norte, mas de 200 anos con esta metodología y a este ritmo.

De acuerdo con lo anterior, Dr Cabana, autoridades del Gobierno Americano que han facilitado la transmisión de estas audiencias, y generadores de opinión, les pregunto: ¿CONSIDERAN VIABLE EN LAS ACTUALES CONDICIONES DE EXTRADITADO PODER TERMINAR MI PROCESO DE JUSTICIA Y PAZ?, ¿ESTA ES LA MANERA COMO SE CONOCERÁ LA VERDAD DEL CONFLICTO EN COLOMBIA? ¿DEBEN LAS VICTIMAS ESPERAR ESTE TIEMPO PARA VER SATISFECHOS SUS INTERESES DE VERDAD Y REPARACION? Creo que las respuestas saltan a la vista.

Pero pese a lo anterior, celebro con beneplácito que ya las autoridades judiciales nacionales e internacionales han sido conscientes de esta situación, pues no de otra manera se explica el que la Corte Suprema de Justicia de Colombia haya variado su jurisprudencia y de paso negado la extradición de un postulado a Justicia y Paz, en reciente providencia del 19 de agosto de 2009, en la cual expresó:

(ABRO COMILLAS)

“También se ha precisado que la responsabilidad de la Corte en el cumplimiento de sus funciones no se agota en la emisión del Concepto, sino que dentro de la órbita de sus competencias, está obligada, como toda autoridad, a velar por el respeto irrestricto de las garantías fundamentales. Dicha obligación de garante de los derechos fundamentales no se limita a los del solicitado, pues en casos concretos puede observar que la extradición atentaría contra derechos fundamentales de terceros que al ponderarlos con el interés particular del país solicitante se tornan intangibles, caso en el cual puede emitir concepto condicionando la extradición, y en supuestos extremos, negándola.

En efecto, es que en casos como el que ha originado el presente debate, se impone sopesar, reitérase, el interés particular en juego del aludido mecanismo de cooperación internacional respecto de los fines que alientan la Ley de Justicia y Paz, ya que la entidad de los ilícitos cometidos por los grupos armados al margen de la ley que involucran masacres, secuestros, desapariciones forzadas, torturas, desplazamiento forzado, entre otros, imprime prevalencia al derecho internacional de los derechos humanos, frente a dicho instrumento de colaboración para la lucha contra la delincuencia.

De otro modo no se cumpliría el ideal de paz que sirvió para expedir la Ley 975 de 2005, por cuanto la extradición, además de impedir el relato de los crímenes del postulado a través de su versión libre, dejaría huérfanas de protección a las víctimas y sus familiares, al diluirse el aseguramiento de la reparación de los daños, además del conocimiento de lo que sucedió, cómo ocurrió, etc., máxime cuando en delitos de esta estirpe la sola reparación o indemnización pecuniaria no basta.

(…)CIERRO COMILLAS

Igual importancia merece el hecho de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, mediante Resolución expedida el pasado 8 de julio, cuestionara al Gobierno Colombiano por mi extradición, pese a encontrarme implicado en un caso objeto de protección por el DIH que fue fallado por ese organismo en octubre de 2005. En efecto la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pidió explicaciones a Colombia por el incumplimiento de una sentencia emitida en 2005 por la matanza de campesinos en el pueblo de Mapiripán a manos de paramilitares, uno de cuyos ex jefes fue extraditado a EE.UU. La Corte indica que el Estado colombiano identificó a Salvatore Mancuso como uno de los responsables por este caso y aún así fue extraditado a Estados Unidos en mayo de 2008 por cargos de narcotráfico y lavado de dinero. Dijo la Corte

(ABRO COMILLAS) "Al menos uno de los ex jefes paramilitares (ESTE SOY YO Y NO OTRO) procesados ha sido extraditado de Colombia hacia otro Estado de la región, aunque pesara en su contra una acusación por diversos cargos en relación con los graves hechos de este caso". Agregó que "la Corte considera que en las decisiones sobre la aplicación de determinadas figuras procesales a una persona, debe prevalecer la consideración de la imputación de graves violaciones de derechos humanos" y que "la aplicación de figuras como la extradición no debe servir como un mecanismo para favorecer, procurar o asegurar la impunidad". CIERRO COMILLAS

Seguidamente, el tribunal indicó que: ABRO COMILLAS "corresponde a Colombia aclarar los mecanismos, instrumentos y figuras jurídicas que serán aplicadas para asegurar que la persona extraditada colabore con las investigaciones de los hechos del presente caso, así como, en su caso, para asegurar su debido enjuiciamiento" .CIERRO COMILLAS

Facilitar la búsqueda de la verdad es una obligación del Estado, tal como lo ha dicho la Corte Suprema de Justicia en la providencia del 19 de agosto de 2009 ya citada, en los siguientes terminos:

ABRO COMILLAS “es una obligación estatal buscar la verdad de lo ocurrido con un acceso expedito a la justicia. No hacerlo dejaría huérfanas de protección a las victimas porque nunca conocerían lo que sucedió y seria un irrespeto a su dignidad. Las victimas tendrán derecho de acceder a los mecanismos de la justicia y a una pronta reparación del daño que hayan sufrido, según lo dispuesto en la legislación nacional. Se establecerán y reforzaran, cuando sean necesarios, mecanismos judiciales y administrativos que permitan a las victimas obtener justicia y reparación mediante procedimientos oficiales u oficiosos, que sean expeditos, justos, poco costosos y accesibles”,

“El deber estatal de investigar, procesar y sancionar judicialmente a los autores de graves atropellos contra el derecho internacional de los derechos humanos no queda cumplido por el solo hecho de adelantar el proceso respectivo, sino que exige que este se surta en un plazo razonable. De otra manera no se satisface el derecho de la víctima o sus familiares a saber la verdad de lo sucedido y a que se sancione a los eventuales responsables”. CIERRO COMILLAS. Esto del plazo razonable dentro del cual debe desarrollarse el proceso, aplica no solo para las victimas sino también para los imputados.

Sobre el mismo tema, ha dicho la CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS:
ABRO COMILLAS “El estado debe garantizar a las victimas un recurso efectivo que ofrezca resultados o respuestas acertadas, que se adelanten procesos judiciales de forma seria, rigurosa y exahustiva, con diligencia celeridad y convicción…(…) CIERRO COMILLAS.

Tristemente en el caso del conflicto en colombia el gobierno del presidente Uribe ha hecho todo lo contrario a lo que constituye el deber estatal: ha impedido que se construya y se conozca la verdad y se amparó en la lógica perversa de la extradicion para silenciarnos, así como en los estrictos regímenes carcelarios de Estados Unidos para impedirnos reconstruirla, creyendo que con ello el país y el mundo echarían al olvido este oscuro capitulo de violencia no resuelta en nuestra nación.

Tengo toda la voluntad para avanzar en el proceso de paz, con total honestidad y transparencia, pero ella sola no alcanza, sin la voluntad de quienes deben legalmente darme las condiciones para cumplir. Es el gobierno colombiano el responsable de impedir el cumplimiento de los acuerdos. Y si se me sigue impidiendo reunirme con quienes fueron mis hombres y con las victimas para reconstruir las circunstancias de tiempo, modo y lugar que me exige la ley, no sería yo el responsable de incumplir las obligaciones que en este sentido me impone aquella.

El Gobierno clama a gritos el conocimiento de la verdad y el cumplimiento por parte de los desmovilizados postulados a Justicia y Paz de los requisitos que en este sentido nos impone la Ley, y se ufana de brindar apoyo para que ello sea así, pero los actos por el realizados demuestran lo contrario, pues no de otra forma pueden calificarse cuando nos amordaza, silencia y extradita, cuando nos cierra los espacios de interlocución, cuando no brinda protección a los testigos ni a las víctimas, a nuestras familias y abogados, permitiendo que nos intimiden, amenacen y atenten contra nuestras vidas, cuando entre el 2005 y el dia de hoy ha permitido el genocidio y asesinato de más de 2.000 desmovilizados de las AUC y decenas de sus familiares, incluso mediante maniobras de extrangulamiento y envenenamiento dentro de las cárceles que el mismo Gobierno custodia a través del INPEC; cuando permite que sigan generándose mas victimas, mediante la prolongación del conflicto civil armado.

En Colombia no ha sido un desastre natural lo que ha producido miles de victimas y millones de desplazados, ha sido el estado por acción u omisión el que ha permitido esta catástrofe de la humanidad. ¿Acaso los actores del conflicto armado no son una consecuencia de la exclusión del Estado, de cerrarle los espacios democráticos, de no brindarle las garantías y seguridad necesaria a las poblaciones? ¿Acaso no es la exclusión política la que ha generado el conflicto y las victimas? Y ¿Acaso esa exclusión y falta de representación política que ayude a solucionar las necesidades de la población y defienda sus intereses, no es la que sigue generando más victimas, desplazados, violencia, pobreza, corrupción, narcotráfico… y prolongando el conflicto armado?

Así las cosas, Doctor Cabana, y por su intermedio me dirijo al Señor Fiscal General de la Nación; señor representante del Ministerio Púbico; señores representantes de las Víctimas en Colombia y en el exterior, Honorables Magistrados de la Corte Suprema de Justicia en Colombia; Comision interamericana de derechos Humanos, Corte Penal Internacional, señores representantes de los Departamentos de Estado y de Justicia Norteamericanos; quiero en este acto manifestarles que es mi deseo continuar en el proceso de justicia y paz en Colombia, pero me veo en la imperiosa necesidad de suspender mi participación dentro de las audiencias de versión libre en estas condiciones, en las que me es humanamente imposible continuar, en las que considero se vulneran los derechos fundamentales a las víctimas y a mí como postulado, impidiendo a los primeros conocer la verdad, y al suscrito reconstruirla y contarla.

Esta determinación la mantendré hasta tanto se me brinden las garantías necesarias para que pueda acceder en términos reales al mínimo derecho que tengo a la pronta y cumplida administración de justicia; y hasta tanto se brinden las garantías a las víctimas para poder acceder a los derechos a la verdad, la justicia, la reparación y la reconciliación, lo cual constituye el espíritu que enmarca la Ley de Justicia y Paz.

Es que en mis condiciones actuales resulta imposible continuar adelantando las versiones libres desde los Estados Unidos, porque ello resultaría violatorio de los derechos a la verdad y a la reparación de las víctimas y a mi debido proceso; al tiempo que deslegitima todo el proceso y hace de él una apariencia de cumplimiento de los estándares de justicia transicional, que en el fondo no se están cumpliendo, generando impunidad al no permitirme reconstruirla y que se conozca, impunidad por el tiempo que tardaría en llegar a conocerse, en el tiempo que tomaría para reparar las victimas, y en el tiempo que se tardaría para impartir justicia respecto de las victimas y del mismo imputado, que superaría el tiempo máximo de condena trazado por la ley como pena alternativa; Tiempo que como ya lo he demostrado seria no inferior a 3 vidas de una persona promedio en Colombia; y con ello se le seguiría el juego a quienes utilizaron indebidamente la extradición como fórmula para impedir que la verdad aflorara a la luz pública, tras improvisar un proceso de negociación política que supuestamente estaría cumpliendo con suficiencia y rapidez con los estándares internacionales en materia de verdad, justicia y reparación, pero que en el fondo se concibió para hacerle conejo a dichos postulados, tal como se demuestra con medidas como las de la extradición, entre otras.

Para que este acto de suspender mi participación dentro de las versiones libres de justicia y paz, no se tergiverse ni se interprete como una renuencia de mi parte a cumplir los compromisos que adquirí desde antes de mi desmovilización y los asumidos con ocasión de mi sometimiento a la ley, debo aclarar que continuaré evacuando las demás etapas procesales, como la formulación de imputación, imputación de cargos y subsecuentes, y por ende seguiré compareciendo a las audiencias que para tales efectos se dispongan, porque es mi voluntad y compromiso cumplir plenamente con las victimas, la paz, la reconciliaci[on y las demás exigencias de la Ley, aun a sabiendas que en los términos actuales nos llevara a que NO nos alcance la vida a las victimas ni a los postulados para cumplir con las exigencias del proceso, pues se me han imputado apenas 85 hechos de los 10.000 que se me atribuyen en 4 años de creada la ley, legitimando con ello una metodologia que ha demostrado no funcionar en la practica, que no llama a la paz, pero que el Gobierno Nacional muestra como un triunfo para la reconciliacion.

Quiero también hacer un especial llamado a la Corte Suprema de Justicia, como segunda instancia que es del proceso de justicia y paz en Colombia, y quizás como único estamento de poder que junto con la Fiscalía General de la Nación se ha preocupado de manera real y efectiva por este proceso de paz que tanto reclaman los Colombianos, para que a través de decisiones como las que he comentado en precedencia, continúe aportando de manera decidida a la construcción de la paz en nuestro país.

Mucho agradezco el esfuerzo y concurso de las autoridades norteamericanas que me han permitido este espacio para tratar de avanzar en mi proceso, mucho agradezco a la Unidad de Justicia y Paz, a su Coordinador y al Senor Fiscal 8 por el empeño que han colocado para tratar de hacer de justicia y paz una realidad desde los Estados Unidos, pero en la practica NO es solamente facilitar nuestra presencia en audiencias virtuales para versiones libres lo que nos permite cumplir con las victimas y las exigencias de la ley, si paralelo a esto no tenemos la posibilidad reconstruir los más de 10.000 hechos que se le atribuyen a los miles de hombres que tuve bajo mi mando, y que la Ley de Justicia y Paz me exige no solo verificarlos y reconstruir las circunstancias de tiempo modo y lugar, sino también, asumir la responsabilidad de ellos por cadena de mando bajo el concepto jurídico de autor mediato. Para lograr estos objetivos se requiere documentar estos hechos con los responsables directos, cruzar información con las víctimas, verificar si la información es correcta y corresponde a actos ejecutados bajo las directrices generales que recibí de mis mandos superiores y que en tal sentido les impartí a quienes fueron mis subalternos, analizar los procesos judiciales existentes y en aquellos casos en que no hay procesos judiciales acopiar los medios de prueba necesarios u orientar a los fiscales para la obtención de las pruebas. Estos medios los he solicitado respetuosamente a las autoridades americanas y la respuesta que he recibido es que en los sitios de reclusión en los Estados Unidos el sistema de prisiones de Norteamérica NO permite realizar tales actividades, por lo tanto, no contamos con los medios ni las facilidades físicas, logísticas y jurídicas para preparar las diligencias judiciales que se nos exige en Colombia.

Honorables Magistrados de la Corte Suprema de Justicia en Colombia: han dado Ustedes unos importantes y trascendentales pasos para la construcción de la verdad y la posibilidad de la reparación a las víctimas, y por eso se han producido decisiones como las de no permitir la extradición de Colombianos que tienen bastante qué aportar a la verdad del conflicto en Colombia, pero ello no es suficiente, y por lo mismo LES SOLICITO DE LA MANERA MAS RESPUETUOSA SE PRONUNCIEN EXPRESAMENTE sobre mi situación jurídica de extraditado al que se le están violando sus derechos fundamentales al debido proceso y a la pronta administración de justicia, que no cuenta con las garantías necesarias para reconstruir y contar la verdad que reposa en mi, pese a mi entera disposición y voluntad para ello. Es que además de ser Ustedes, Honorables Magistrados, mi segunda instancia del proceso de justicia y paz en Colombia, son el organismo competente para definir la juridicidad de la extradición, tal como lo señala la Ley.

Celebro con beneplácito la audaz propuesta que Ustedes han realizado de la cual tuve conocimiento por los medios de comunicación, en el sentido de promover la creación de una Comision Internacional de la Verdad, puesto que la ley de justicia y paz como está concebida actualmente es insuficiente por muchísimas razones: Entre ellas, porque no le permite ni promueve contar las verdades a la sociedad, verdades que deben callar, ocultar, tergiversar o mentir para no ser judicializados. Una cosa es conocer la verdadera realidad del conflicto y otra muy distinta que el Estado imponga una verdad histórica sesgada, parcelada, empujado por sus intereses, desconociendo las razones y causales políticas, sociales, culturales, sociológicas, económicas, de seguridad, legales, ilegales e históricas que originaron y siguen alimentando el conflicto, sin promover y permitir que participemos de la construcción de esa verdad, todos sin excepción.

Para terminar, quiero solicitar a las víctimas su especial comprensión y apoyo en esta decisión que he tomado de suspender mis versiones libres, pues el proceso de justicia y paz fue hecho por y para Ustedes, pero en las actuales circunstancias espero sepan entender que no existen las condiciones indispensables para poder llevar a buen puerto el conocimiento de la verdad y la reparación que les corresponde. Los invito a que entre todos construyamos caminos y estrategias que nos permitan alcanzar los objetivos de la Ley de Justicia y Paz.”

Cordialmente,


SALVATORE MANCUSO GOMEZ
Desmovilizado AUC


C.C. Dr. LUIS GONZALEZ LEON
Coordinador Unidad de Justicia y Paz

Dr. LEONARDO AUGUSTO CABANA FONSECA
Fiscal Octavo de Justicia y Paz

Dr. IVAN CEPEDA CASTRO
Movimiento de Victimas y Crímenes de Estado

Dra. PIEDAD CORDOBA
Dr. RODRIGO LARA RESTREPO
Comisión de Paz del Senado de la República

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