octubre 02, 2009

2. Historia y Contexto: Autodefensas y paramilitares, actores del conflicto armado y de la paz

Historia y Contexto


Hoy: 2. Gobierno de Belisario Betancur (1982-1986)


Idea general, comentarios, selección de textos y resúmenes a cargo de Juan Rubbini (2009)




La dialéctica de la guerra y la paz hizo naufragar las buenas intenciones del presidente Betancur. Las guerrillas no supieron encontrar el modo de abandonar la lucha armada con suficientes garantías y el logro de transformaciones del Estado y la democracia. La solución política del conflicto armado sigue siendo vista -aun en 2009- como una claudicación, como una renuncia oprobiosa a los propios ideales, y en esto coinciden el Gobierno Uribe y las organizaciones guerrilleras supérstites de aquellos años del Gobierno Betancur. Han pasado más de 25 años entre una y otra Presidencia -una generación de colombianos- y la paz de Colombia sigue sin producirse y el conflicto degradándose, y extendiéndose incluso a los países vecinos con las consecuencias negativas para el país y la región, de las cuales el episodio de las bases y la cumbre de UNASUR en Bariloche son apenas una muestra.


De aquel MAS que formaron los carteles de la droga a las desmovilizadas autodefensas de estos días, pasando por distintas generaciones de autodefensas y paramilitares, hasta recalar en las así llamadas ‘bandas emergentes' que desafían la seguridad democrática, media la experiencia inconclusa de Ralito, la desmovilización de más de treinta mil combatientes de las Autodefensas Unidas de Colombia cuyo tránsito de la milicia al activismo político está suspendido en el limbo de las incongruencias de un Gobierno y los dislates de guerrillas de FARC y ELN que tras siete años de ‘uribismo' en el poder siguen sin definir el final de la guerra y sin siquiera intentar avanzar seriamente hacia la victoria de la paz. Mientras tanto la reconciliación nacional se hace trizas por el empeño de polarizar el país desde las clases políticas y hacer de inamovibles tan tercos como anacrónicos y nada humanitarios, la piedra angular del negocio económico y político -incluso geopolítico- en que se ha convertido el conflicto armado en Colombia. Frente a esto, procesos como el de Justicia y Paz y la desmovilización de autodefensas con sus líderes a la cabeza y guerrilleros, mandos medios y de base, a título individual, revelan que la dialéctica de la guerra y la paz sigue existiendo y manifestándose ahora por carriles impensables en tiempos de Turbay, Betancur, Barco y también inimaginable en años como los de Gaviria, Samper y Pastrana. Es principal -e inéditamente- a partir de que quienes fueron actores de la guerra decidieron dejar de serlo -entre cuarenta y cincuenta mil ex combatientes, mayoritariamente autodefensas desmovilizados, entre 2004 y 2009- que la paz no renuncia a construirse en Colombia. Lo hace por caminos que bregan por alcanzar reconocimiento político y eco en los diversos estamentos de la sociedad y la política departamental, nacional y regional.


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2. Gobierno de Belisario Betancur (1982-1986)
Por Juan Camilo Restrepo
Nueva Historia de Colombia
Editorial Planeta 1989, r. 1998




Algunas de las dificultades prácticas que enfrentó la concreción de los acuerdos de tregua y cesación del fuego que se suscribieron entre el Gobierno de Betancur y las FARC fue la abigarrada cantidad de propósitos que ellos contenían, no todos los cuales lograron tramitarse como leyes de la República o como reformas constitucionales con miras a lograr una auténtica reforma política.


Sin embargo, algunos puntos concretos quedaron consignados en dichos acuerdos que sí habrían de implementarse más adelante, tal como sucedió con la propuesta de la elección popular de alcaldes que tendría inmensa importancia en el desarrollo institucional del país.


Infortunadamente, el proceso de paz de la administración Betancur se cierra con un episodio luctuoso que, en gran medida, oscurece los esfuerzos que con tanto entusiasmo y buena fe adelantó su gobierno: la toma del Palacio de Justicia por parte del M-19 el 6 de noviembre de 1985 y su trágico desenlace.


Los hechos son relativamente conocidos: ese día un destacamento de militantes del M-19 irrumpe al final de la mañana en los sótanos del Palacio de Justicia en Bogotá, y rápidamente se apoderan del edificio y de los magistrados allí presentes, además de un número significativo de abogados y visitantes, como rehenes. ¿Qué buscaba el M-19 con esta insólita operación? ¿Cuáles eran sus pretensiones? Se trataba, evidentemente, de una serie de exigencias extravagantes a las cuales difícilmente ningún gobierno hubiera podido acceder sin comprometer su autoridad y soberanía.


Pero, ¿fue acertada la manera como se manejó el rescate a sangre y fuego del palacio? Infortunadamente hay que decir que no. El triste balance de más de cien muertos, muchos desaparecidos, en circunstancias aún no clarificadas y el dramático incendio y desaparición del edificio símbolo de la justicia colombiana son un balance demasiado abrumador para poder dar un juicio favorable a esta operación, en la que primó más la intemperancia militar que un mínimo sentido humanitario para con los rehenes, lo cual pudo haberse intentado perfectamente, sin menoscabar ni la autoridad del Estado ni el imperio del derecho.


Como concluye Vásquez Carrizosa, en apreciaciones que compartimos sobre estos hechos lamentables del Palacio de Justicia, "el presidente Betancur y sus ministros estuvieron, durante el holocausto, a remolque del estamento militar, que pudo poner en práctica la estrategia de la mano dura con los violentos, reclamada tanto desde los medios de la industria y la ganadería como de los partidos, que veían en la solución política una claudicación de la autoridad. (...) Un alto oficial dijo que aquello era un ejemplo para el mundo".


La decisión de no negociar, adoptada por el presidente y el gobierno, no quería decir que no pudiera establecerse contacto alguno, telefónico o de otra clase, para tratar dentro de las circunstancias de poner a salvo el mayor número de rehenes y demás personas atrapadas en el edificio. El mismo jefe de Estado había admitido contactos con el M-19 después de asaltos y encuentros armados con la fuerza pública. En México como en España, se celebraron entrevistas personales del presidente Betancur con los dirigentes Iván Marino Ospina y Álvaro Fayad. El hecho es que el mandatario asumió una muy grave responsabilidad de orden moral y personal al no admitir siquiera la conversación con el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Alfonso Reyes Echandía.


(A continuación resumimos apartes del capítulo Los derechos humanos en Colombia (1980-1986) de Manuel Restrepo Yusti, también incluido en Nueva Historia de Colombia - Ed. Planeta 1989, r. 1998) referido al período de gobierno de Belisario Betancur - Nota de Juan Rubbini)


Un personaje de la novela de Germán Espinosa Los ojos del basilisco en uno de sus diálogos comenta: "Para no tener que hacer que lo fuerte sea justo hay que hacer que lo justo sea fuerte". Para el historiador de los episodios que conforman el campo de los derechos humanos en las décadas ochenta y noventa, parece que el pensamiento anterior encierra de manera perfectamente reconocible el dilema de los escenarios de violencia que caracterizan a Colombia y su relación con las respuestas que el Estado y de la sociedad civil, han planteado a gobernantes, legisladores y actores políticos.


Las autoridades gubernamentales durante mucho tiempo han venido sosteniendo que las dificultades para mejorar la situación de los derechos humanos derivan en gran parte de las acciones terroristas de la guerrilla y del narcotráfico y de la inseguridad que corre por todo el suelo colombiano.


El 7 de agosto de 1978, en su discurso de posesión, el presidente Julio César Turbay Ayala anunciaba que su gobierno tomaría medidas que tendrían grandes repercusiones en la situación política del país y en especial en el campo de los derechos humanos. En ese discurso explicaba el presidente que su gobierno se inclinaría por una fórmula para enfrentar a la guerrilla y la inseguridad con un Estatuto de Seguridad.


Ante aquello la influencia de una corriente periodística independiente y crítica, encabezada por la revista Alternativa, en cuyas páginas se expresaron las voces de Enrique Santos Calderón, Daniel Samper Pizano y los dirigentes del Movimiento Firmes, creado en 1979 y dirigido por Gerardo Molina, se constituyó en antecedente de la denuncia de la violación de los derechos fundamentales.


Recordemos el discurso de Alfredo Vásquez Carrizosa en 1979, ante el Foro Nacional por los Derechos Humanos: "Hemos profesado un gran respeto por las Fuerzas Armadas y nos preguntamos si les conviene para la insustituible misión asumir tareas propias de organismos de investigación policial y judicial".


Entre las recomendaciones de ese importante Foro estaban: necesidad de revocar el Estatuto de Seguridad y abolir la militarización de la justicia; urgencia de prohibir las torturas y la violación de las garantías judiciales; necesidad de que el gobierno emprendiese una política de aplicación integral de los derechos humanos; crear la Comisión Nacional para la defensa de los derechos humanos.


La reacción de diferentes sectores del establecimiento dejó ver la resistencia a dicha problemática. El ministro de Gobierno Germán Zea Hernández advirtió por la radio y la prensa el día de la inauguración que "El foro será un intento por desacreditar al país en el exterior". La declaración dada al periódico El Siglo, el 23 de abril de 1979 por el ministro de Defensa, general Luis Camacho Leyva, resume el largo camino que el tema de los derechos humanos tendría que recorrer para ganar legitimidad. "Yo creo que el foro, en esta materia, estuvo a la penúltima moda. Ya sabemos nosotros que la subversión en todas partes del mundo lo primero que aconseja es pasar del estado de delincuente al de acusador".


Tres años más tarde, la estrategia política del gobierno Betancur, al iniciar su presidencia, perseguía dos objetivos principales: la finalización del enfrentamiento armado y la superación de la crisis de legitimidad del régimen político. El proceso de paz alcanzó su mayor desarrollo en 1984, año en el cual se lograron acuerdos con el M-19, las FARC, el EPL y la ADO.


Sin embargo, la publicación el 20 de febrero de 1983 de un informe de la Procuraduría sobre la situación de violencia en el país mostró la aparición de nuevos actores: el paramilitarismo y las autodefensas. Dichos informe señalaba los vínculos entre el grupo MAS (Muerte a Secuestradores) conformado por los principales carteles de la droga y algunos miembros y efectivos de las Fuerzas Armadas. A causa del documento se llegó a un enfrentamiento verbal entre el procurador y el ministro de Defensa, general Fernando Landazábal Reyes.


A pesar de que la historia debe reconocer la voluntad del gobierno del presidente Betancur para desactivar la bomba de tiempo sobre la cual se sentaba el país, su política fracasó, debido no solo a resistencias del estamento militar y a la intolerancia de sectores de la ciudadanía, sino también a la propia incapacidad de los grupos guerrilleros para gestar un frente político o un programa alternativo a la lucha armada.


En síntesis, la paradoja entre los intentos de paz y la continuación de la guerra, entre la apertura democrática y los remanentes de una mentalidad de estado de sitio, entre un sector de la sociedad civil que aspiraba a la democracia y el surgimiento de grupos de justicia privada resumen el período 1982-1986.


Tal como lo expresó el resultado del III Foro de Derechos Humanos, el esquema de Estado de derecho y de civilidad ha estado obstaculizado por factores como:




· a) La insistencia de la propia guerrilla y de los mandos militares de continuar el conflicto armado a pesar de la política de pacificación del gobierno.


· b) La aparición del MAS y otros grupos paramilitares que significaron un recorte a la soberanía del Estado mediante autoatribución de una justicia privada, al margen de la legalidad y que aumentaba los índices de violencia.


· c) El control y parcelación de la opinión por parte de los grandes medios de comunicación a favor de las opiniones políticas tradicionales y autoritarias.


· d) La persecución a los activistas y defensores de los derechos humanos, a líderes de la oposición y a sindicalistas.


· e) La impunidad reinante en la justicia.


· f) La distorsión de los procesos electorales, viciados por las prácticas ya viejas del clientelismo y el fraude.


· g) La sustitución del estado de sitio por una democracia estrecha caracterizada por el inequitativo juego de tendencias y fuerzas políticas merced al monopolio del bipartidismo.


· h) La falta de una política equitativa y no discriminadora a favor de la mujer, víctima de una cultura que "invisibilizó" esta problemática y con ella la de otros grupos vulnerables.




(Continúa...)

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