noviembre 17, 2009

Carta abierta de Salvatore Mancuso al Presidente Álvaro Uribe

Penal de Warsaw, Virginia, EU, 10 de noviembre de 2009.

Doctor
ALVARO URIBE VELEZ
Presidente de la República de Colombia
E. S. M.











Excelentísimo Señor Presidente:


Con la disposición y el ánimo infinito de seguir contribuyendo a la construcción de la paz, la justicia, la reparación, la reconciliación, el fortalecimiento de la democracia, el desarrollo socio-económico y la reconstrucción de la verdad en un país marcado por la violencia irracional de un conflicto social armado que nos ha tocado heredar y padecer, y para honrar esos mismos compromisos ante las víctimas, ante Dios, mi conciencia, Colombia y el mundo entero, le reitero mi solicitud de mi última carta del 22 de marzo, de ser nombrado GESTOR DE PAZ, teniendo en cuenta que cumplo con absolutamente todos los requisitos legales y políticos establecidos por la ley (*1), necesarios para tal fin; véase que sí:

a) Ideé y como jefe del estado mayor negociador, lideré la negociación política de las autodefensas. Con mi ejemplo convencí y conduje desde la guerra en busca de la paz y la reconciliación a un ejército en alza, victorioso, curtido y poderoso de más de 30 mil combatientes bien pertrechados con casi 20 mil armas, logrando la desmovilización más grande y exitosa en toda la historia de Colombia y del mundo, tratándose de un ejército irregular. Hechos elocuentes e incontrovertibles de mi gestión.

b) Sigo teniendo una gran capacidad de persuasión, de mediación y facilitación, conozco a quienes fueron mis hombres, su espíritu, sus necesidades y sé que los rearmados y todos los actores del conflicto armado esperan la oportunidad que les dé confianza para reintegrarse a la sociedad, con un Estado que cumpla, que los proteja y les haga posible vivir con plenas garantías de derechos humanos, políticos, jurídicos y civiles; ellos necesitan y sabrán escuchar a alguien que les inspire confianza, que haya vivido y padecido el conflicto, que conozca sus causas, todas sus derivaciones y consecuencias, lo que lo mantiene y prolonga, que haya atravesado con honestidad el proceso de paz, que conozca la múltiple diversidad de requerimientos de la ley de justicia y paz creada para ello y sus graves vacíos, que dicha ley se la hayan aplicado en Colombia, y desde los Estados Unidos en el exilio forzado de la extradición, alguien que les dé claridad y seguridad en los pasos a dar y les muestre las soluciones dentro de la lógica de la negociación.

c) No existe en ninguna parte del mundo un proceso de paz con una ley equivalente a la nuestra, de la que se haya podido emular o aprender. Como tal, la ley de justicia y paz enmarcada dentro de los estándares internacionales de justicia transicional, es única, es un intento bien intencionado pero insuficiente, experimental e improvisado que requiere adecuarse a las exigencias de las realidades, de los hechos y su contexto, para que cobije todas las circunstancias, personas e instituciones involucradas en el conflicto armado; y yo soy el mejor ejemplo de aplicación como destinatario, conozco mejor que todos las fortalezas, debilidades y falencias de la ley y de este proceso y cómo mejorarlas y superarlas para que no fracasen.

d) Hasta hoy es incierto tanto para las víctimas como para los desmovilizados el proceso de paz y la aplicación de la ley de justicia y paz que haga viable la impartición de justicia, el esclarecimiento de la verdad, la reconciliación, la reparación y la obtención de una pena alternativa de manera pronta, en un tiempo que no sea violatorio de nuestros derechos fundamentales y que no exceda el máximo tiempo de condena de 8 años que otorga la ley como pena alternativa. Con la metodología de hoy no alcanzarán los años de este siglo para su aplicación. Por ahora, si comparamos, la justicia ordinaria se aplica en menor tiempo, es más rápida y sin tantos enredos metodológicos ni exigencias, y la condena máxima que otorga de 40 años (*2), se convierte realmente en una pena de 6 años físicos de cárcel. Lo que además significa que si en justicia y paz nos dan una pena alternativa superior a 6 años (*3), estaríamos recibiendo una condena mayor a la máxima pena que nos darían en justicia ordinaria si aportamos toda la colaboración que estamos entregando en justicia y paz.

e) Mi nombramiento como GESTOR DE PAZ, facilitaría mi innegable gestión humanitaria para concretar el alcance de la paz -con todas sus derivaciones-, la reconciliación y poder reconstruir la verdad, para lo que necesariamente debo tener interlocución con reglas claras para no ir a ser judicializado por ello, con todos los actores del conflicto, con las victimas y especialmente con quienes fueron mis hombres y compañeros de causa que se encuentran, unos en las cárceles debatiéndose entre avanzar o retirarse del proceso de justicia y paz, otros rearmados y muchos otros sin saber qué hacer, pero absolutamente todos en medio de tanta violencia, inseguridad jurídica, política y física, en medio del genocidio de más de 2.000 desmovilizados asesinados, de incumplimientos, de narcotráfico...., que nos produce tantas incertidumbres, desconfianzas y un estado de zozobra permanente al constatar, que la oferta real política de paz se ha convertido en más exclusión política, social, económica, aislamiento, cárcel quizás de por vida con las falencias de la ley, extradición o muerte. Ajustemos a las exigencias de las realidades actuales el proceso de paz y la ley de justicia y paz, para que no se conviertan en uno de los principales arietes en contra del propósito de afianzar la unidad nacional, de alcanzar la paz y la reconciliación.

f) Conozco desde las entrañas el conflicto armado colombiano, su vinculación al narcotráfico, al terrorismo, a la violencia...., mi labor como GESTOR DE PAZ contribuiría a solucionar estos graves problemas que tienen una gran incidencia en la geopolítica con los países vecinos y hacen más vulnerable a Colombia en su seguridad, en la preservación de sus fronteras y de nuestra defensa nacional.

g) Controlé en la guerra regiones de cultivos ilícitos y al desmovilizarme participé con el gobierno nacional en la erradicación de los mismos, corroborando con dolor y pesar de Colombia y el mundo que existen fallas en las estrategias de erradicación, que más parecen diseñadas para perpetuar los cultivos ilícitos que para acabarlos. Sé cómo reducirlos en más de un 90% en un tiempo no mayor a dos años y cómo reactivar las economías lícitas y productivas que los sustituyan.

Estoy privado de libertad, lejos de mi Patria y mis seres queridos, pagando culpas propias y ajenas, con mi fe puesta en las manos amorosas de Dios y arrepentido por los errores cometidos y los males causados cuando estuve involucrado en el conflicto armado colombiano; pido perdón por ello, y no me cansaré de hacerlo. Por ello y para alcanzar la paz y las reivindicaciones sociales necesarias para alcanzar esas metas, ideé, jaloné y dirigí el proceso de negociación política de paz que creamos conjuntamente con Usted y su gobierno, que condujo a la desmovilización más grande de un ejército irregular en la historia de Colombia y el mundo. He sido el motivador, ejemplo vivo de que la paz es posible, estimulando los alzados en armas, incluso a nuestros enemigos del pasado, para que venzan sus desconfianzas y temores en el esfuerzo conjunto por construir la paz donde quepamos todos.

Señor Presidente, le reitero mi pedido de ser nombrado GESTOR DE PAZ, con unas directrices concretas, detalladas y verificables en su cumplimiento, para poder contribuir en la recuperación de esta hermosa nación que todos soñamos con ver libre de violencia y en paz, también con los vecinos.

A partir de estas realidades no se entendería que no se incluya también nuestra colaboración después de la desmovilización en la tarea de alcanzar la paz, la reconciliación, la reinstitucionalización...evitando la prolongación del conflicto armado y sus secuelas de narcotráfico, corrupción, empobrecimiento, victimas, muerte...

Tengo toda la voluntad para que alcancemos la paz, pero ella sola no alcanza sin la voluntad suya y de su gobierno.

Con todo respeto,


SALVATORE MANCUSO GOMEZ


(*1). El art. 61 de la Ley 975 de 2005, reglamentado por los decretos 880 de 2008 y 614 de 2009, estatuye que quien contribuya de manera efectiva a la consecución de la paz y el logro de un acuerdo humanitario como miembro de un grupo armado al margen de la ley que llegue a acuerdos con el gobierno, como en mi caso, puede ser nombrado GESTOR DE PAZ, aun cuando el gestor se encuentre en cumplimiento de una medida de aseguramiento o una condena, como lo describe el inciso Segundo del artículo 6o del Decreto 614 del 21 de febrero de 2009.
(*2). Al momento de nuestra desmovilización estaba vigente la ley 600 que permite un máximo de 40 años de condena.
(*3). Rebajas: Hasta del 50% por declararse culpable. Hasta del 25% por colaboración (por favorabilidad de la ley 906). De aquí, 3/5 partes se hacen en la cárcel y a esto se le obtiene una redención de 1/3 parte por trabajo y/o estudio.

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