mayo 06, 2010

157. Más le valdría a los ‘uribistas’ ganar con Mockus, que perder con Santos

ASÍ LA VEO YO - Año 6

2002-2010: Del mandato de guerra al mandato de legalidad

Por Juan Rubbini
juanrubbini@hotmail.com
http://www.lapazencolombia.blogspot.com/




No sé si las encuestas lo vayan a revelar pero no menos de un tercio de votos verdes –los de Mockus- provendrán de uribistas no reeleccionistas y de no pocos uribistas de Uribe nada dispuestos a endosar su voto. Es que la gran paradoja de estas presidenciales es que sin votos de uribistas ni siquiera Mockus tiene posibilidades de ganarle a Santos. No digo que esto convierta a Mockus en candidato del ‘uribismo’ sino que insinúo que el uribismo que conocimos desde 2002 comenzó a mutar cuando los uribistas no reeleccionistas comenzaron a buscar candidato que los representase y encontraron que Sergio Fajardo era una buena opción. Ni se diga cuando se conoció el fallo de la Corte. La gran intuición de Mockus fue ganarse a través de Fajardo los votos de aquellos uribistas que ya habían decidido que no votarían a Santos. Este componente de origen uribista en la votación de Mockus decidirá incluso si éste gana en primera vuelta, lo cual siendo hoy complicadísimo de predecir no deja de ser una hipótesis con cierto fundamento. No se extrañe nadie entonces si incluso el PIN –a cara descubierta o bajo cuerda- se la juega por Mockus-Fajardo, algo que sumaría al voto urbano un nada despreciable caudal de votos federales. Amanecerá y veremos.

El gran elector de Mockus ha resultado primero la ‘reeleccionitis’ de Uribe y después la Corte que impidió la segunda reelección, así como el Caguán de Pastrana lo fue de Uribe y el 8.000 de Samper lo fue de Pastrana. Hoy le toca a Juan Manuel hacer las veces de Serpa, y en ambos casos la opinión juzgó que donde aquellos predicaron lealtad al líder, lo que primó efectivamente es la hipocresía de querer lucrarse del trabajo ajeno. Colombia desdeñó en las urnas la pretendida lealtad de Serpa con Samper, y hoy se dispone a humillar en las urnas la mal disimulada lealtad de Santos a Uribe. Finalmente, la lealtad que el ciudadano premia con su voto es la lealtad auténtica hacia las necesidades y anhelos populares, no la lealtad oportunista de los ‘herederos sucesores’. Colombia no se satisface –más bien está indigesta- con las metas de 2002 y surfea sobre la ola verde hacia objetivos que superen lo pasado y pisado por lo nuevo por venir.

Democracia es incertidumbre y alternancia, riesgo y transformación, pluralidad y contradicción, diversidad y hasta un bienvenido y creativo desorden. Mockus encarna esos valores, mientras que Juan Manuel representa la certeza del más de lo mismo, el aburrimiento de la repetición, el orden del militarismo, la congelación del movimiento, el unanimismo arrogante. Pero hay algo más, Santos simboliza a los ojos de los electores el establishment, los negocios, los intereses y –el pasado lo condena- también el dolor y la muerte que trae la guerra con sus rituales acartonados de himnos y desfiles. Mockus, por el contrario, visibiliza los valores del estudio y la pedagogía, la risa –remedio infalible- y el desparpajo que aleja el estrés, la cultura de la vida y el respeto al derecho ajeno, sea mi vecino en el barrio o el mismo Correa o Chávez en su país. No hay duda que Colombia hubiera votado un tercer período de Uribe, pero más por reconocimiento agradecido a su esfuerzo personal –titánico y sincero- que porque sintonizara aún con sus obsesiones represivas y sus sesgos caudillistas e intolerantes.

Si a Uribe en 2010 se le hubiese perdonado sus limitaciones y anacronismos, con Santos el voto es a otro precio y a ojo de buen cubero se advierte que la chequera que recibió de Uribe con su endoso no tiene fondos sobre los cuales girar sencillamente porque Uribe se quedó con la caja menor que le hubiera alcanzado para un tercer mandato pero que a Santos no le alcanza para ganar. Y esto no habla tanto de los escasos valores de Juan Manuel sino de la excepcionalidad de un liderazgo como el de Uribe cuyo límite lo halló en la Corte Constitucional y no en la favorabilidad popular. Esto es bueno reconocerlo, y bueno será que Mockus no lo desdeñe porque de otra manera su ola verde no resistirá más allá de la halagüeña luna de miel que le espera y que tendrá su primera prueba no tanto en el Congreso que lo recibirá sino en las elecciones regionales de 2011 donde tendrá su primer test verdaderamente crucial.

Si en lo político nacional la cuestión parece ya resuelta, y la segunda vuelta podría resultar innecesaria, en lo político regional de la Colombia profunda es donde el mapa del posturibismo ni siquiera ha comenzado a delinearse. Curiosamente, en un País lacerado por décadas de conflicto armado y narcotráfico, poblado por millones de víctimas y sobrevivientes, no son estas cuestiones de vida y muerte las que lideran los debates, sino que más bien parece haberse tendido sobre estos espinosos temas el velo cómplice e inquietante que recomienda aquello de que “de esto no se habla ni se discute”. Se comprende el silencio cuando la ‘seguridad democrática’ está siendo aventajada en las encuestas por la ‘legalidad democrática’ y unos apelan al terrorismo verbal y mediático para que el discurso de la seguridad prevalezca, y los otros aún no han hallado el discurso preciso que predique sin claudicaciones que así como el conflicto armado también la construcción de paz requiere que la ‘legalidad democrática’ se imponga sobre el discurso guerrerista y la práctica inhumana de que en la guerra todo vale. Sin embargo, no hay dudas que de imponerse el mandato popular de la legalidad democrática sobre el mandato de la guerra a como dé lugar, la solución política negociada del conflicto armado volverá al primer plano, no solo como una cuestión humanitaria, no solo como una cuestión de racionalidad económica, sino también y principalmente como cuestión de alta geopolítica continental y de profundo contenido federalista de integración e inclusión al interno del territorio nacional.

El conflicto armado y su componente ‘narco’ se originan en vastas extensiones de las regiones colombianas donde el Estado de la seguridad democrática se detuvo antes de ingresar cuando las autodefensas en proceso de desmovilización le ofrecieron ‘llave en mano’ al presidente Uribe el monopolio de la fuerza como prueba reina de que sus intenciones y determinación de abandonar todo lo ilícito era firme y definitivo. Por razones que aún no han salido a la luz pero que no tardarán en aflorar ante el imperio de la ‘legalidad democrática’ que avanza inatajable –no solo en la ciudadanía sino en las entrañas revitalizadas de las mismas Cortes- el gobierno de la ‘seguridad democrática’ decidió encarcelar a la contraparte en la Mesa e ignorar los acuerdos en gestación privilegiando la primera reelección de Uribe sobre el comienzo del fin del conflicto armado y el narcotráfico. Sus razones de Estado habrá tenido, pero llegará el momento de hacerlas públicas, ahora que el mandato que se apresta a extender al nuevo Presidente el pueblo de Colombia, subordina de manera inequívoca cualquier mandato de seguridad al mandato superior de la Ley y la Justicia.

De esto se trata el 30 de mayo, de cambiar sustancialmente un mandato de guerra –el de 2002 y 2006- por un mandato de legalidad, donde no solo se respeten las leyes de la guerra –cuando la guerra resulte inevitable- sino donde las leyes de Justicia y Paz reciban desde todo el Estado, no solo desde los estrados judiciales, el merecido respeto y apoyo, de tal manera que los actores del conflicto armado –incluso militares y policías- puedan confiar y confiarse decididamente en que la construcción de paz y reconciliación en Colombia contará con suficiente respaldo, garantías y honestidad por parte del Estado, el Gobierno, los Jueces y el Congreso.

No se tratará más de perpetuar la guerra ni de conejear a los actores del conflicto y de la paz, sino de tender puentes allí donde ocho años de seguridad democrática levantaron muros infranqueables y sembraron ‘estatales injusticias’: al traicionar la debida confianza entre las partes del acuerdo en aras de supuestas razones de Estado, que tocará investigar en debido proceso si fueron realmente tales, o se revistieron de tales para encubrir ambiciones desmedidas e inconfesables. Cuando se negocia con el Estado también los actores ilegales de la guerra tienen derecho a que sus derechos de negociadores de paz le sean respetados y tutelados.

“A Seguro lo metieron preso” decían en tiempos añejos cuando se quería graficar que en este mundo no hay nada seguro. Vale la figura en los tiempos que corren, aquí y ahora, cuando millones de ciudadanos y ciudadanas se aprestan a votar el 30 de mayo por un mandato de ‘legalidad democrática’ al cual la ‘seguridad democrática’ deberá subordinarse y también el necesario consenso que haga posible construir y afianzar la paz.

Porque los países avanzan y los honestos progresan cuando las leyes se respetan y sus violaciones no quedan impunes, ‘caiga quien caiga y cueste lo que cueste’.


Así la veo yo.


Los 157 artículos que componen la serie publicada –iniciada en marzo de 2005- de ASÍ LA VEO YO están a disposición del lector en www.lapazencolombia.blogspot.com

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