mayo 18, 2011

178. De la adicción por la guerra a la determinación por la paz

ASÍ LA VEO YO - Año 7

“No hay plazo que no se cumpla ni deuda que no se pague”

Por Juan Rubbini

juanrubbini@hotmail.com
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“Un ejemplo de conflicto interior es el que se plantea a veces entre nuestros fines deliberados y nuestras compulsiones, sobre todo en los casos de adicción”
Jesús Mosterín

Se cumplieron el 13 de mayo tres años desde la extradición de los máximos líderes de las extintas Auc. Más allá del legítimo derecho de los EEUU a juzgar los delitos que estos ex comandantes pudieron haber cometido infringiendo la legislación antinarcóticos de aquel país con ocasión de su participación en el conflicto armado interno, no es asunto menor tomar en cuenta que los ex integrantes de las autodefensas –al momento de ser extraditados- estaban alojados en pabellones de Justicia y Paz- participando voluntariamente del proceso de paz con el Gobierno nacional, bajo la monitoría de la Mapp-OEA, misión internacional que no en vano se denomina Misión de Apoyo al Proceso de Paz reconociendo y dando fe al mundo que de esto se trata, de un Proceso de Paz con uno de los actores del conflicto armado interno.

Dicho esto, cabe preguntarse si así como los conflictos armados internos están sujetos a ordenamientos legales de carácter supranacional, los procesos de paz que nacen como una necesidad de resolver esos conflictos no deben también ser sujetos de aplicación de leyes y principios de carácter universal que obren en favor de las debidas garantías y condiciones que favorezcan los encuentros entre las partes, los diálogos y los acuerdos que finalmente gocen del debido respeto y protección por parte de las autoridades locales e internacionales.

El proceso de paz con las autodefensas es hoy un proceso golpeado, maltrecho e inconcluso, cuyos avances y dificultades han acompañado todo el desarrollo de su azaroso curso, siendo cuestionados no solo el evento puntual de una u otra desmovilización, sino la lentitud y vacíos del régimen de la ley 975 de Justicia y Paz, así como la derivación no deseada que dio origen a no pocas de las denominadas ‘bacrim’ y, finalmente, la incertidumbre y desconfianzas que existen no solo entre las partes, sino también entre las partes y la sociedad nacional, y la comunidad internacional, sobre la ausencia de acuerdos formales de paz, o las dudas que genera el no haber logrado el Estado recibir ‘llave en mano’ los cultivos ilícitos de los cuales las autodefensas percibían una importante porción de sus ingresos. Esto para mencionar solo algunos de los aspectos que suscitan interrogantes de no poca monta y que debieran promover por parte del nuevo Gobierno y de los negociadores de las ex Auc el interés por viabilizar una nueva fase de acercamientos y diálogos que concluyan en una solución política cuyo carril de ejecución funcione autónomamente pero en paralelo con el componente judicial de verdad, justicia y reparación. Porque se trata de proseguir en el camino de construir la paz y la reconciliación, y para ello el antecedente creado por el descarrilamiento del proceso político iniciado entre el Gobierno Uribe y las Auc, obra como factor desestimulante y perturbador de los tramos aún por recorrer con otros actores armados ilegales del mismo conflicto del cual participaron en su momento las autodefensas.

También resulta evidente que si como todos deseamos el componente judicial llega a buen término –una vez superados los obstáculos propios de tamaño desafío inédito y descomunal, agravados por la incomunicación producto de las extradiciones- quedará el reto social, democrático, cultural y económico de incorporar a los ex jefes de las Auc y sus antiguos subordinados al pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos, asuntos que podrían complejizarse en grado alarmante si el conflicto armado interno sigue abatiéndose sobre la nación colombiana. De allí la necesidad que comienza a ser urgencia de llegar a 2013 y 2014 -cuando comiencen a cumplirse los plazos máximos de 8 años de pena alternativa- con el camino allanado del retorno de los ex Auc a sus hogares, a paz y salvo con la Justicia nacional e internacional, no solo libres sino en su calidad de ejemplos vivos y referentes culturales acerca de que SÍ es posible abandonar la lucha armada y recobrar el uso y disfrute de la ciudadanía plena.

Con estos plazos a la vista y apostando al éxito del proceso de Justicia y Paz cabe reclamar de todas las partes involucradas, de todos los interesados y participantes el máximo de colaboración en la común tarea de pasar del reconocimiento de la existencia del conflicto armado interno a la exploración y discusión acerca de los métodos y los protocolos que habiliten el gran proceso integral de la paz y la reconciliación, donde no solo haya condiciones claras y garantías ciertas, sino también procedimientos de verificación y cumplimiento que no se constituyan en barreras –mucho menos en campos minados- para aquellos que estén dispuestos a abandonar la ‘ley del monte’ y la ilegalidad, la lucha armada y la criminalidad, para acogerse a la vida nueva dentro de la ley, absolutamente y con reconocimiento pleno de sus responsabilidades y culpas como agentes victimarios que lo fueron, hayan sido unas u otras las motivaciones, e incluso los ideales, que no hay altruismo ni fines nobles, que puedan ser amparados por medios criminales, ni sociedad futura que pueda estar cimentada por la sangre y el dolor de un pueblo.

Inútil seguir postergando la solución del conflicto armado esperando victorias finales o ventajas estratégicas definitivas que permitan abatir al contrincante. Socialmente pernicioso y criminal pretender utilizar la fachada de ficticios ‘procesos de paz’ para camuflar la voluntad guerrera y manipular y engañar así la opinión pública: ni el Gobierno ni los ilegales deben utilizar los ‘diálogos de paz’ como tácticas de guerra –nadie puede arrojar la primera piedra en este espinoso asunto porque unos y otros han caído en la tentación de hacerlo y lo han hecho.

Colombia deberá prepararse para vencer el enorme escepticismo e incredulidad que despertará dentro y fuera del país la convocatoria a un nuevo intento de proceso de paz. Sobre este campo habrá que esperar todo tipo de desconfianzas y manos oscuras: sin embargo, habrá que acumular determinación y argumentos para insistir una vez tomada la decisión. Habrá que sumar voluntades aunque despierten prevenciones y animosidades. No solo los países vecinos tendrán que ser invitados a sumarse sino también representantes de gobiernos de distintas latitudes, organizaciones multilaterales, organizaciones no gubernamentales, miembros de las instituciones de Justicia, en fin, una cantidad de actores de la paz que sepan serlo también de la reconciliación, cubriendo el más amplio campo político e ideológico, social, cultural y religioso.

De esto se trata, no solo de reconocer la existencia del conflicto armado interno, sino de propiciar y anudar los múltiples lazos que harán de la Paz de Colombia un eslabón más de la Paz del Mundo.

Al menos dos premisas a considerar:

Nadie está exento de contraer la ‘adicción por la guerra’ bajo cuya devastación e inclemencia la humanidad fue victimizada incontables veces.

Nadie puede considerarse indigno de ser convocado al perdón y la sanación, en esta Colombia lastimada y herida por la adicción de algunos al conflicto armado.


Así la veo yo.


Los 178 artículos que componen la serie publicada –iniciada en marzo de 2005- de ASÍ LA VEO YO están a disposición del lector en www.lapazencolombia.blogspot.com

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