julio 28, 2005

FARC y ELN: de la ‘Revolución que no fue’ a la ‘Contrarrevolución en marcha’

‘Marulanda’ y Mancuso, ¿cara a cara?
Colombia, 28 de julio de 2005


Así la veo yo



Resulta paradójico, pero no carece de lógica política, el presente contrarrevolucionario de las FARC y el ELN. Sin embargo, esto no es irreversible ni asunto concluido. Ni la dialéctica comenzó y terminó con Marx ni el bienestar de las comunidades está subordinado a la aplicación de las tesis comunistas. Tampoco la economía se agota en el crudo capitalismo, así como la política no se somete a las armas. La realidad del mundo es el cambio, no el dogma. Lo que transforma a los pueblos y los engrandece no es la retórica sino los hechos.

Las FARC están empeñadas en armarse hasta los dientes, visto que, no han sido suficientes más de cuarenta años de existencia para gozar de un acumulado de poder político y disfrutar de prestigio entre las masas trabajadoras, proporcional al tiempo, la violencia y los narcodólares invertidos en fomentar el conflicto armado y desatar –y concretar- todo tipo de amenazas terroristas. Es sabido que con las armas –y sin apoyo popular- es más sencillo producir una contrarrevolución que una revolución. No es extraño, entonces, que las FARC manifiesten a través de ‘Reyes’ haber abandonado sus ideas revolucionarias y estar dispuestas a alianzas programáticas con sectores de izquierda democrática, liberales o no, incluso conservadores, cuya única propuesta clara es la de querer impedirle a Uribe la posibilidad de su reelección. De lo que se trata para las FARC no sería ya de alcanzar el poder –como soñaban incluso hasta El Caguán- sino de impedir la revolución democrática impulsada por el presidente Uribe y celebrada hoy, tras tres años de ejercicio del poder, por no menos del 70 por ciento de los colombianos.

El ELN, por su parte, está a años luz de permitirse las condiciones autónomas de armarse hasta los dientes y de ejercer por sí mismo más presión que la del secuestro y la extorsión, por lo que se empeña en producir comunicados que bien podrían ser escritos en las oficinas de redacción de cierta prensa capitalina, por su prosa rebosante de socialdemocracia bogotana tipo zona T, cultivada lejos del monte y del pueblo trabajador, y plagada -¿o plagiada?- por los epítetos antiuribistas tan de moda en los círculos del poder mediático burgués, envidioso del capital político del Presidente y temeroso de hasta dónde ha de llegar el poder transformador del Polo de la Libertad en el segundo mandato de Uribe –Corte Constitucional mediante .

El pueblo colombiano ha tomado nota que –al menos en el corto plazo- de las FARC y el ELN no cabe esperar otra cosa que más de lo mismo en términos de retórica y balas. Lo único nuevo –estratégicamente hablando- es su paso a la contrarrevolución armada, visto que la Revolución comunista le quedó demasiado grande, y la Revolución democrática sigue siendo incomprensible y lejana para su dogmatismo.

El discurso antiuribista de las FARC y del ELN está alentado de hecho por la prédica antiuribista de quienes desde la izquierda democrática y el populismo liberal y pastranista esperan del militarismo guerrillero las acciones terroristas y el rédito político que llevaría aguas para sus molinos electorales si logran hacer fracasar la política de seguridad democrática, o al menos ponerla en entredicho. No es que se predique expresamente que las FARC y el ELN sigan asesinando y secuestrando –ni más faltaría- pero sí se trata de sentarse a esperar –mientras siguen muriendo y secuestrando colombianos- que el Gobierno de Uribe fracase allí donde más daño le haga al presidente candidato. Y no puede fracasar Uribe -en materia de seguridad democrática- a menos que las FARC y el ELN lo pongan en jaque asesinando y secuestrando colombianos, de tal manera que esas calamidades sean susceptibles de ser explotadas políticamente por los opositores de Uribe. Tamaña alianza macabra culmina de manera siniestra, tanto en las falacias de Petro-Piedad como en la incontinencia verbal de Serpa-Gaviria: si el antiuribismo tiene éxito, los mismos que le dan alas desde las sombras a los desbordes de las FARC y el ELN, en su propósito de derrotar a Uribe, manifiestan que con ellos gobernando en Colombia, sí será posible para las FARC y el ELN un proceso de paz a la medida de sus intereses, ya no ‘revolucionarios’ sino ‘contrarrevolucionarios’ para destruir todo aquello que Álvaro Uribe ha puesto en marcha.

Mientras el frente opositor a Uribe espera, por un lado, de las FARC y del ELN, que por nada del mundo inicien negociaciones serias de paz con este Gobierno, por otro lado se espera también –en estos círculos antiuribistas- que el proceso de paz con las AUC fracase, o al menos, no resulte un éxito total. En estos años de Ralito no le han dejado de llegar a los comandantes de las AUC sugerencias de romper el proceso y continuar las hostilidades, así como no han sido pocos los intentos de cerrarle a la negociación toda posibilidad de acceder a un marco legal. Por un lado y por otro, tirios y troyanos, se empeñaron durante los últimos tres años en que las AUC no avanzaran exitosamente en su compromiso con Colombia de relegitimar la Democracia y permitir el regreso del Estado social de derecho a las diversas regiones de influencia AUC, reintegrando el monopolio del uso de la fuerza en manos del Estado.

Las AUC comparten la angustia de las comunidades frente a la contraofensiva anunciada que preparan las FARC y el ELN en lo que fueron las zonas de influencia AUC. Sin embargo, el regreso al uso de las armas es un imposible categórico para las AUC, en el marco de la negociación política en curso que todavía no está cerrada, ni lo estará, hasta que el ciento por ciento del aparato militar esté desmontado junto a la totalidad de las estructuras ilegales. En este sentido, quienes especulan con que tal o cual comandante no acepte finalmente desmovilizarse, o que tal o cual comandante decida retomar las armas, se equivocan de medio a medio, ya que debieran suceder situaciones gravísimas que pongan en riesgo el normal curso democrático, tal como un magnicidio o un ‘terremoto político’, para que el proceso de paz con las AUC se reviente y salte por los aires. Por el contrario, lo único que podrán lograr como efecto las FARC y el ELN, si deciden escalar sus acciones militares contra el Estado y sus actos terroristas contra la población civil, es el crecimiento político –aún más acelerado que el actual- en las filas renovadoras de las nuevas corrientes políticas afines con la visión política de los ex comandantes de las AUC, lo cual, precisamente, alejaría aún más la ya remotísima posibilidad de un rearme de las AUC en la ilegalidad. ¿Qué sentido tiene para las AUC regresar a la ilegalidad cuando se cuenta con el favor popular y existen votos suficientes para hacer carrera dentro de la democracia y sus instituciones?

Las FARC y el ELN no quieren admitir la derrota estratégica de su proyecto militar y por eso no callan sus fusiles ni cesan sus acciones terroristas. Faltos de una estrategia ganadora, abusan de las tácticas y las marrullerías. Tampoco quieren las cúpulas guerrilleras admitir su fracaso político y por eso no se sientan a negociar, conscientes que dentro del sistema democrático no caben negociaciones de paz que vayan más allá de su reincorporación a la vida civil, un cierto margen de favorabilidad política y alguna que otra condescendencia con las penas que se les apliquen por sus delitos atroces y de lesa humanidad. ¿A qué más pueden aspirar los máximos comandantes de las FARC y del ELN en estos tiempos de nuevos estándares internacionales de justicia, con requisitos no solo de justicia, sino también de verdad y reparación a las víctimas?

Si la izquierda democrática y los populismos liberales y pastranistas, en sus distintas vertientes, antepusieran la Paz de Colombia por encima de sus intereses políticos de coyuntura electoral, y le echaran más cabeza a persuadir a FARC y ELN del enorme embrollo en el que están metidos – y que todos los días se les complica un poco más, nacional e internacionalmente- en cambio de escupir hacia el cielo –o hacia el monte- con sus discursos en el Congreso, o uno que otro editorial en la Prensa bogotana, acerca del verbo y la literatura que deben incorporar las FARC y el ELN, con tal de encender un clima antiuribista en el País, otro sería el porvenir inmediato de Colombia.

En pocas palabras: para ambientar las condiciones que hagan posible la Paz en Colombia –o lo que es lo mismo: la desmovilización de las FARC y el ELN, ahora que las AUC están saliendo de la guerra- cada día que pasa creo más en lo que puedan hacer, en favor de los colombianos, los diálogos directos entre los comandantes guerrilleros y los ex comandantes de las AUC.

Porque si de los Petro, de las Piedades, o de los Serpa, e incluso de los Gaviria –Carlos y César- se esperan gestos de grandeza en defensa de la democracia y de disuasión concertada de la violencia de las FARC y el ELN a favor de la Paz de Colombia, la espera puede ser larga y finalmente infructuosa. Porque estos políticos y unos cuantos más como ellos supeditan la Paz a la Política. Y por ahí no es la cosa. Y es allí donde se equivocan los Petro y compañía. Lo que se les puede comprender y hasta perdonar a las FARC y al ELN –al fin de cuentas su opción ha sido por la revolución armada y la destrucción del Estado- resulta incomprensible y de alguna manera imperdonable en ciertos congresistas que se consideran ‘padres de la patria’, o en ex altos funcionarios del Estado y hasta en ex presidentes.

Creo más, en términos de Paz para Colombia, en el encuentro cara a cara entre ‘guerrillos’ y ex ‘paras’, de cara al País y al Mundo, que en los papeles cifrados que circulan entre el antiuribismo de algunas campañas electorales en marcha y las montañas de Colombia.

El Gobierno nacional ha modificado sustancialmente en estos últimos días su estrategia frente a las organizaciones armadas ilegales. Esta es la primera evidencia positiva que produce en la práctica gubernamental la aprobación de la ley de Justicia y Paz.

Teniendo a disposición el nuevo marco legal ha llegado la hora de su estreno con las FARC y el ELN y los diferentes grupos de Autodefensas que no integran las AUC. Esto le da al Gobierno nacional elementos concretos con los cuales iniciar acercamientos con quienes hasta hoy permanecieron por fuera del llamado a la paz del presidente Uribe. Esto no significa que el Estado no seguirá confrontando militarmente a todos los alzados en armas por fuera de la ley. Esa es su obligación constitucional y no otra cosa puede esperarse de un Estado que se respete y defienda a sus ciudadanos de los violentos.

Pero también los colombianos tienen derecho de esperar de su Gobierno, así como de guerrilleros y autodefensas, que no dejen de explorarse y construirse todos los caminos de paz que se conciban no como estrategias de guerra sino como hechos contundentes nacidos de la voluntad de paz.

Por eso insisto, ya no es descabellado pensar en la utilidad nacional de un encuentro entre ‘Marulanda’ y Mancuso, ni suena inverosímil que el presidente Uribe asista como invitado especial a la Convención Nacional del ELN.

Lo que suena descabellado, e inverosímil, es que haya quienes, dentro de la izquierda democrática, liberal o no, o quienes rondando a los viudos del poder pastranista, sigan pensando en enredar y manipular a las FARC y al ELN en sus estrategias de campaña electoral, como si los ciudadanos no distinguiéramos entre el bien y el mal, y el Estado, los Gobiernos y las clases políticas no aprendiesen finalmente de sus propios errores.

Ni Colombia está condenada por el Destino a la guerra permanente, ni las FARC y el ELN tienen porqué ser fatalmente cómplices de la contrarrevolución en marcha.


Así la veo yo.

julio 27, 2005

Lo malo no son las preguntas de Yamid, sino las respuestas de las FARC

Bienvenidos al pasado: Lo que César Gaviria y Horacio Serpa le quieren copiar a Pastrana
Colombia, 19 de julio de 2005

Por Rubiño




Uno finalmente es optimista –informado, pero optimista- y entiende las ilusiones que en Colombia suscita la posibilidad de arribar a acuerdos de paz con las FARC y el ELN, sobre todo tras el paso que están dando las AUC.

Sin embargo, se olvida que mientras las AUC abandonan las armas para legitimar y fortalecer la democracia y el Estado imperfecto con el que contamos, las FARC y el ELN trabajan incansablemente en pro de su propio Estado en gestación, a la par que conspiran con sus aliados en las sombras para destruir ese mismo Estado que no han logrado someter, al que las guerrillas comunistas ven como un instrumento de opresión de las clases ricas y poderosas para someter a las clases medias y trabajadores. Así lo veía el gran Lenin en 1917. ¿Por qué no puede verlo ‘Cano’ igual si eso fue hace poco menos de 90 años, en todo caso menos de un siglo atrás? ¿Acaso el mundo cambió mucho desde entonces?

Si las AUC, con su sometimiento a la Ley de Justicia y Paz, abandonan definitivamente el menor atisbo de negociación política que vaya más allá de su reinserción a la sociedad, estarán sacrificando su propia libertad –y buena parte de sus años más lúcidos y productivos- para que el Estado colombiano afronte con mayor legitimidad el presente y el futuro. ¿Cómo esperar la misma actitud legitimadora del Estado por parte de las guerrillas comunistas que se han juramentado en humillarlo, debilitarlo y finalmente suplantarlo por su propio Estado?

Si las AUC siguen adelante hasta el final con sus compromisos firmados en Santa Fe de Ralito hace dos años, el 15 de julio de 2003, como parecen preanunciarlo discursos como el del 14 de julio pasado, del comandante Diego Vecino, en la desmovilización del Bloque Montes de María, quiere decir que las AUC desmovilizadas están evaluando seriamente la posibilidad de asumir progresiva y democráticamente resortes de importancia en el direccionamiento y administración del Estado. De otra manera no se entendería su apuesta desarmada por el fortalecimiento del Estado y la mayor legitimidad de la Democracia, en el mismo momento en que la reelección pende de un hilo y la misma Ley de Justicia y Paz está lejos de proveer por sí misma toda la seguridad jurídica que amerita un grupo armado ilegal que abandona las hostilidades y los escenarios de la guerra, cuando los fusiles del enemigo siguen apuntando sobre sus cabezas, y la seguridad del Estado está que llega, pero aún no ha llegado en la medida de las necesidades y las angustias de la gente.

Las AUC pueden pasar a la Historia de Colombia del siglo XXI como la fuerza integradora de la Nación, como el motor del renacimiento de las regiones, como los líderes de la nueva política donde gobernabilidad, seguridad, economía, cultura y bienestar social van de la mano, sin armas pero con muchos votos, sin fusiles pero con mucha salud y educación, sin violencia pero con mucha participación popular, sin demagogia pero con fina sensibilidad por las angustias de los que menos tienen. Y todo esto no lo asegura pero sí lo permite la civilidad, el regreso a la legalidad, el abandono de las armas. Santa Fe de Ralito no se entiende por las nulas garantías jurídicas que ofrece el Gobierno nacional, sino por las puertas que le abre a las AUC para conducir la política del Estado revistiendo de legalidad la legitimidad que las AUC están convencidas de poseer.

Para que esto se haga realidad, las AUC deben diferenciarse, sin dar lugar a ninguna duda, de cualquier paramilitarismo de derecha existente o por crearse. De los paramilitarismos de izquierda también habrá que hacer el necesario deslinde porque no falta quien visualiza que la próxima etapa del conflicto post-AUC estará marcada por la aparición de una nueva generación de autodefensas al modo de una nueva guerrilla renovadora del estilo del M-19, recostada ideológicamente sobre el ala derecha del chavismo, y financiada por las narcoeconomías de los banqueros de la guerra que busquen su propio camino a la negociación política, tras un pasaje imprescindible por los infiernos de la guerra.

Frente a estos escenarios que se abren, por la inminente total desmovilización de las AUC y el desmonte de su aparato militar y las estructuras ilegales que lo han sostenido, las FARC y el ELN se dirigen a un reacomodamiento inevitable en su discurso público y su praxis real: por un lado, buscarán reencaucharse políticamente de cara a las próximas elecciones abriendo la posibilidad de integrar un Frente Popular con quienes estén dispuestos a creer en la mansedumbre del ‘alacrán’, y por otro, procurarán dar signos incontrastables de que su repliegue estratégico llegó a su fin y ahora viene el contraataque, preferentemente en las zonas que están abandonando las AUC. ¿Y estas tácticas, dentro de qué estrategia? Aquella dispuesta para que la Comunidad internacional y especialmente los EEUU abran los ojos con el riesgo que corren si subestiman a las FARC y sobreestiman a Uribe; para que no les queden dudas de que lo que aquí hay es un conflicto armado de gran magnitud, en vías de confluir con amenazas terroristas del más alto poder destructivo, que pueden escapar incluso al control del Secretariado actual. Y sobre todo, SOBRE TODO, para que el Partido Liberal, en cabeza de Gaviria, pero en manos de Serpa, dé el gran golpe electoral, con una oferta de paz donde las FARC aparezcan un poco más serias y humanas que con Pastrana, y Gaviria y Serpa un poco menos arrodillados e ingenuos que Pastrana.

Pero tiempo al tiempo, que también el pan se puede quemar en la puerta del horno. Con más razón, en la puerta del infierno.

El presidente Uribe se apresta a poner su firma al pie de la Ley de Justicia y Paz y las AUC han anunciado su disposición a concentrarse y desmovilizarse ni bien el Gobierno nacional disponga la logística correspondiente. El embajador Wood ha manifestado que, existiendo el marco legal, la zona de ubicación de Santa Fe de Ralito ya no tiene sentido ni razón de ser.

Partidarios, escépticos y detractores de la Ley de Justicia y Paz declaran que será en la aplicación de la Ley donde se verá su virtud o su falencia. A eso pues habrá que remitirse.

La política colombiana le cede en estos meses al poder judicial el protagonismo y el escenario: será la Corte Constitucional quien diga antes de diciembre si Uribe sí, o si Uribe no, y será también la Corte Constitucional, quien declare más adelante, si la ley de Justicia y Paz sí, o la ley de Justicia y Paz no. Por supuesto, serán la Fiscalía y los tribunales quienes apliquen la ley de Justicia y Paz mientras esté vigente, al tiempo que se determina en la Corte si resulta exequible o inexequible.

Colombia es un país de leyes, y eso está muy bien. Pero Colombia también es un país de leguleyos y leguleyismos, y eso no está tan bien. Porque entonces, la justicia se politiza, y los legisladores se vuelven jueces.

Cuando el honorable representante Gustavo Petro hace de su curul una parafiscalía, y del cuarto poder de la Prensa una vitrina multiplicadora de su animadversión hacia las AUC: ¿lo hace en calidad de legislador, de ex guerrillero o de político en campaña electoral? ¿Como distinguir si lo que pretende es sanar el País de sus males, o combatir en las AUC a su enemigo histórico, o atacar al Gobierno al que se opone? Es probable que quiera un poco de cada cosa, y que cada cual interprete a su manera.

Lo que uno se pregunta es que si Gustavo Petro quiere sanar los males del País ¿por qué tanto encono con el remedio –las AUC- y tanta condescendencia con la enfermedad –las guerrillas comunistas-? ¿O será que la rebeldía de las guerrillas, que ha sido su propia rebeldía en el M-19, es un remedio para Petro, y las AUC y el Estado colombiano –cada cual en lo suyo- son la verdadera enfermedad?

El M-19 se desmovilizó hace más de quince años pero algunos de sus ex integrantes se debaten aun hoy en el dilema: ¿Fortalecer el Estado o destruir el Estado? ¿Tomar distancia de la combinación de todas las formas de lucha o activar esa combinación hasta lograr la victoria final sobre el Estado? Si uno hace seguimiento de las apariciones públicas del honorable representante Gustavo Petro durante todo el Proceso de Paz entre el Gobierno nacional y las AUC podrá concluir –sin posibilidad de equivocarse- que el honorable representante se complace más en deslegitimar el Estado y su derecho a proveer seguridad y defensa, que lo poco que le atrae la idea de fortalecer el Estado, y que le cuesta menos argumentar a favor de la supuesta rebeldía romántica de las guerrillas comunistas que argumentar a favor de las razones que tiene el Estado para impulsar la seguridad democrática en todas las regiones de Colombia.

El presidente Uribe contestó en España a las inquietudes de Amnesty Internacional y le recomendó al delegado Beltrán, presente en la reunión, que fuera preparando su respuesta para las FARC y el ELN cuando sus comandantes hicieran público que no aceptan ni un solo día de cárcel por sus delitos atroces y de lesa humanidad.

Sin embargo, Uribe no ‘contaba con la astucia’ de los Petro, ni de los Beltrán, ni de todos aquellos que han tomado partido no por Colombia, sino por uno de los bandos enfrentados, y no precisamente por el Estado del cual usan y abusan.

Tras la poca fortuna de Amnesty con Uribe en España, el columnista Alfredo Molano Bravo, que más sabe por viejo que por zorro, ni lerdo ni perezoso se fue al Monte de los Años Sesenta, en El Espectador, y desde allí le bajó línea a los Petro y a los Amnesty, y de paso a los ‘Reyes’ y a los ‘García, que a veces lucen despistados, para que no se les olvide el libreto de las guerrillas comunistas y su club de fans:

“Tanto el Presidente como su Comisionado de Paz han presentado la ley como general y válida también para la insurgencia. No faltaría más. Sería demasiado cínica una ley con carácter particular. Pero en el fondo lo es, por una sencilla razón: las guerrillas no buscan la reinserción legal sino la reforma del sistema económico y político. La ley podría ser mucho más generosa y laxa con la subversión y el Gobierno encontrará la misma respuesta que las Farc le dieron a Pastrana: primero las reformas.” (El Espectador, 17 de julio de 2005)

Hábilmente Molano invierte los términos: no son las FARC y el ELN las que buscan su reinserción, sino que –bajo las condiciones de las FARC y el ELN- serán 45 millones de colombianos quienes deberán insertarse y el Estado someterse, en el nuevo orden de las guerrillas comunistas. ¿Ambicioso el hombre, no es cierto? Y bastante iluso, además. ¿Será que las FARC y el ELN tragan entero semejante pendejada?

Ya estamos advertidos entonces: ni a los Molano, ni a los Petro, ni a los Amnesty International, ni a los Vivanco, ni a los Frühling, les importan un pito los estándares internacionales, ni los principios de verdad, justicia y reparación, mucho menos por supuesto las condenas previstas en la Ley de Justicia y Paz. Todo eso vale huevo frente a la reforma del sistema económico y político que quieren imponer a sangre y fuego las FARC y el ELN. Y que el M-19 también quiso imponer con secuestros y asesinatos pero no lo dejaron.

Así es la cosa con las guerrillas comunistas y con su club de fans camuflados de civil, los mismos que se creyeron un día dueños de todas las respuestas, sin imaginar en su soberbia armada que la Historia se encargaría de cambiarles todas las preguntas. Con razón se dice que los fusiles sirven para muchas cosas, menos para sentarse encima de sus puntas.

Ahí están los ‘faruchos’, desencantados con el Polo de la izquierda ‘light’, queriendo ver si enredan al Partido Liberal.

Como dice un buen amigo: Lo malo no son las preguntas de Yamid, sino las respuestas de las FARC.


Así la veo yo.

“Con el hilo que nos dan tejemos, cuando tejemos” - La seguridad jurídica de las AUC todavía no está madura


Colombia, 5 de julio de 2005

Por Rubiño



Resulta inteligente admitir que quien tiene buenas razones no debe abusar de la fuerza. Ni de la fuerza de las armas los legales y los ilegales, ni de los pupitrazos en el Congreso los amigos del Presidente. Las últimas escenas que ofrecieron los congresistas y el Alto Comisionado, al aprobar el proyecto de Justicia y Paz, no son nada edificantes y oscurecen el panorama de la Reconciliación que anhelan los colombianos. Flaco favor le hicieron los ‘barrasbravas’ del oficialismo presidencial a la ambientación internacional del proceso de paz con las AUC.

No sé que pensarán en Ralito pero los comandantes habrán tomado nota que la seguridad jurídica de los acuerdos finales de paz hoy es menos segura que lo insegura que era ayer, y si el Gobierno sigue sin generar consensos nacionales de algún tipo con el Partido Liberal y con el Polo Democrático –así como con el pastranismo conservador- la inseguridad jurídica de las AUC desmovilizadas será creciente en el tiempo y cada vez más ancha en el territorio nacional e internacional. La intransigencia que puede ser buena para el presidente-candidato Uribe en materia de táctica electoral no es tan buena –más bien es decididamente mala- si se aplica al Proceso de Paz que tantos sentimientos encontrados levanta en Colombia.

En un contexto de prevenciones cuando no de animosidad contra el Proceso, el Gobierno poco hizo hasta ahora para aquietar las aguas y aunque existen buenos propósitos en esta materia y dirección, los enemigos de las AUC –que en buena parte también lo son del Gobierno- tomaron la iniciativa. Basta leer –como muestra de este ataque simultáneo nada casual- el contenido de la incisiva y tajante carta enviada al Fiscal Moreno Ocampo de la Corte Penal Internacional, por la FIDH, con sus organizaciones afiliadas en Colombia: el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo y el Comité Permanente de Derechos Humanos, el duro pronunciamiento de HRW –con José Miguel Vivanco a la cabeza- exigiéndole a Holanda y Suecia el retiro de su apoyo a la Misión verificadora de la OEA, y el editorial de este lunes 4 de julio en el New York Times. Tras la lectura de estos documentos sobra advertir que el futuro de las AUC luce más seguro en el monte que en la calidad de las garantías que ofrece el Gobierno ante las futuras manifestaciones de la Corte Constitucional colombiana, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de la Corte Penal Internacional.

El pronunciamiento de la Procuraduría sobre la conveniencia de que la Corte Constitucional hunda el proyecto de reelección presidencial no puede ser minimizado, porque es de prever que por el boquete que acaba de abrir el procurador Maya sobre la duración del sol que alumbra al Presidente –un año en vez de un quinquenio- no tardarán en filtrarse denuncias de inconstitucionalidad en el trámite de la ley de Justicia y Paz, denuncias que se ven ahora alentadas por el furor antiuribista oxigenado por el Procurador.

Por eso suena a farsa y distracción que se pretenda poner el acento sobre el caso Gina Parody cuando lo que se ha puesto en riesgo en estos días es la viabilidad misma del proceso de paz con las AUC. De otros procesos ni se diga porque ni las FARC ni el ELN le van a dar el gusto a Uribe –en este Gobierno, y en campaña electoral- de que pueda capitalizar en su favor el inicio de negociaciones de paz con las guerrillas. Por el contrario, tal vez se esté gestando en las sombras un pacto del Partido Liberal con ‘Marulanda’ o con ‘Antonio García’, o con ambos, al estilo del de Pastrana con las FARC en 1998. Si hay reelección, y si hay segunda vuelta, ese puede ser el as en la manga de César Gaviria con Navarro. Por el momento no es aconsejable dejar pasar por alto lo que escribió en estos días el exiliado escritor cubano Armando Valladares en el diario de las Américas de Miami sobre un encuentro en La Habana, hace tres meses, entre Fidel, Chávez y Gaviria.

Todo lo que se haga para traer la paz a Colombia bienvenido sea. Lo que no debe ser es que la paz con los unos venga acompañada por el revanchismo con los otros, ni por la inseguridad jurídica de aquellos compromisos asumidos por el Gobierno, en este caso con las AUC. Cualquier asomo de duda en esta materia pone a temblar todo lo adelantado y lo que está en vías de concretarse puede verse seriamente dañado en la recta final. No se trata de que el proceso pueda ser revertido, sino de que el proceso puede romperse a metros de la meta. La seguridad jurídica de los acuerdos con los desmovilizados y la estabilidad y vigencia de la ley de Justicia y Paz no deben ser puestos en jaque por los avatares de la política –mucho menos por la campaña electoral- siendo que desde el momento de su firma por el presidente de Colombia ello ha de ser Ley incuestionable para todos los colombianos.

Habrá que tener en cuenta en estos días cruciales al menos dos aspectos centrales: 1) La renovada presión internacional sobre Colombia para que demuestre transparencia y compromiso en el cumplimiento del ordenamiento legal y de los convenios internacionales, y 2) La presión de algunos colombianos sobre la Comunidad internacional para que la posición sectaria y enemiga de las AUC prime en las decisiones que en el exterior se tomen sobre Colombia. Solemos tener en nuestras consideraciones la existencia de los estándares internacionales y la necesidad de respetarlos, pero que no se nos escape en la cuestión AUC que existen algunos colombianos ejerciendo funciones de diplomacia para-guerrillera que aplican el concepto comunista de la combinación de todas las formas de lucha al frente internacional. Porque si no fuera así las condenas de sus documentos no serían selectivas en contra de las AUC y del Estado colombiano, sino que intentarían sensibilizar al mundo sobre la existencia de un conflicto armado de más de cuatro décadas donde unos dicen matar y morir por ideales de justicia y otros matar y morir por ideales de libertad.

Si ante la preocupación entendible que se genera en la Comunidad internacional por esta desinformación y distorsión de los hechos ni el Gobierno nacional ni las AUC hacen un esfuerzo comunicativo y pedagógico, diplomático y político, ilustrativo y persuasivo, ni unos ni otros podrán quejarse después por la contundencia de las consecuencias negativas que padecerán en el futuro los comandantes de las AUC firmantes de los Acuerdos y también el Gobierno y sus funcionarios. El editorial de hoy del New York Times –que nadie percibe como un órgano favorable a las guerrillas- titula LA CAPITULACIÓN DE COLOMBIA y a continuación expresa su concepto negativo y lapidario sobre la Ley de Justicia y Paz.

El domingo 3 en las páginas de El Tiempo se publicó un extenso informe que el periódico tituló Paramilitares copan las economías regionales donde se describe con amplitud algo que de ser cierto presagia tormentas negras en el horizonte, y de no serlo –o de no serlo en su totalidad- también registra la existencia de un encono frente a las AUC –y de paso hacia el Gobierno nacional- que, por su gravedad, no puede preanunciar sino fuertes sacudimientos en el corazón del establecimiento político y económico.

Siguiendo un artículo del especialista Anthony Dworkin, editor de la página de internet Crimes of war projects (Proyecto Crímenes de Guerra), en la que colaboran periodistas, abogados y académicos dedicados a sensibilizar al público sobre las leyes de la guerra y su aplicación en situaciones de conflicto, prestemos atención a lo siguiente que es textual del autor:


“El panorama de la justicia internacional ha sido transformado por la CPI, establecida en julio de 2002. Esta corte permanente representa una variación del carácter específico de los tribunales anteriores creados para responder ante conflictos individuales: la justicia penal internacional ahora es una parte establecida de nuestro orden global.

“La CPI se creó siguiendo la visión de una justicia internacional de última instancia. La corte es “complementaria” de los sistemas judiciales nacionales: interviene cuando las cortes nacionales no pueden o no desean impartir una justicia genuina. Las primeras dos situaciones que ha empezado a investigar son las de la República Democrática del Congo y la del norte de Uganda, funcionando en ambos casos con el apoyo de los gobiernos respectivos. En varias formas, es posible que estas investigaciones prueben la cuestión de en qué medida puede un fiscal de la CPI tomar en cuenta consideraciones políticas.

“En Congo, los líderes de algunos grupos que sin duda cometieron atrocidades durante la desastrosa guerra en el país entre 1998 y 2003, ahora son socios en una frágil coalición gubernamental. En Uganda, un grupo de organizaciones no gubernamentales ha presionado la Corte para que no tome medidas que podrían descarrilar un posible acuerdo de paz con el Ejército de Resistencia del Lord.

“En una declaración conjunta con algunos de estos grupos, el alto fiscal de la Corte, Luis Moreno Ocampo acordó recientemente tratar de “integrar el diálogo de paz, la CPI y los procesos tradicionales de justicia y reconciliación”. El estatuto de la Corte le da al abogado acusador la discreción de juzgar en qué ocasiones el deseo local de no procesar se basa en consideraciones genuinas de interés nacional (y no de parcialidad o de debilidad), pero ya empiezan a aflorar quejas entre los partidarios de la justicia internacional de que estaría yendo demasiado lejos en una dirección política”. (UN Periódico de la Universidad Nacional de Colombia, número 77, del 3 de julio de 2005)


Lo anterior permite extrapolar y abrigar los naturales interrogantes acerca de cómo será la implementación del actuar de la Corte en un caso tan atípico y falto de antecedentes mundiales como el colombiano, y abre también una expectativa favorable acerca del realismo con que la CPI sabe que habrá de moverse en escenarios altamente politizados donde la necesidad de hacer viable la paz y la reconciliación, coexiste dramáticamente con los requerimientos de no impunidad y de justicia.

En el caso que nos ocupa no estará de más hacerle llegar al fiscal Moreno Ocampo el revelador artículo que en estos días firma el ex notable de los tiempos del Caguán, el médico Alberto Pinzón Sánchez, en la web anncol.org, que ejerce desde Estocolmo (Suecia) como agencia oficiosa de prensa de las FARC:

“Dice así el citado escritor chileno Francisco Herreos: ““El pueblo Trabajador colombiano tiene claras oportunidades de lograr la victoria, a condición de que las actuales contradicciones desemboquen en una crisis social todavía mayor a la actual, y se produzca la CONFLUENCIA entre la insurgencia levantada en armas y el movimiento popular no armado. Precisamente, la existencia o no de condiciones para que ello ocurra, el tiempo que tarde, y el margen de maniobra de la cada vez más desembozada intervención del imperialismo Norteamericano, constituyen las principales variables que pueden inclinar la balanza en una u otra dirección…”En otras palabras, el conflicto no se va a resolver por el solo arbitrio de los aparatos armados, sino por la compleja interrelación de fenómenos políticos y sociales, entre los que se cuenta, naturalmente, el componente armado.
”Lo cual muestra una vez más, que la tesis postulada hace mas de 4 décadas por el gran dirigente Gilberto Vieira de la combinación de todas las formas de lucha (ojo) DE MASAS, para enfrentar al régimen bipartidista de la oligarquía y el imperialismo, aprobada y ratificada en múltiples congresos comunistas, a pesar de más de 40 años de TERROR DEL ESTADO, cuyos ejes estratégicos fueron al fin sintetizados por su más claro exponente, el vetusto ex general koreano Valencia Tovar en el diario de la familia Santos, El Tiempo 13 mayo 05, como “AISLAMIENTO, DESTRUCCIÓN Y CONSOLIDACIÓN”; no han logrado derrotarla en la práctica de la vida real y por el contrario cada día que pasa le han dado más cuerpo.”Las elecciones, que en este momento aparentan ser el núcleo de la crisis colombiana, por el espejismo de la polarización bipartidista de la reelección entre Gaviria y Uribe Vélez, realizada por la falsimedia del régimen Fascista, no pueden ser consideradas como la solución a ese núcleo problemático, sino como mecanismo de Unidad Popular que deberá CONFLUIR, junto con las muchas otras formas de resistencia al derrocamiento del Fascismo, so pena de cometer graves e irreparables errores históricos:
”Primero porque el polo electoral de los de abajo a pesar de su creciente deseo unitario aún es débil y fragmentado. Segundo porque el aparato electoral colombiano está en manos del “financiadito Uribista” Ernesto Samper a través de la sra Almabeatriz. Y tercero, porque los narco-paramilitares controlan el proceso electoral a nivel local y regional. A eso se le ha dado el nombre (no científico) sino descriptivo de Narco-Para-Kracia, cuya aparente consolidación estamos presenciando, después de la ley de perdón y olvido que acaban de aprobar los elegidos por estos poderes electorales, con el paquete chileno de que es para negociar “carcelazos” con la Insurgencia”.

Con este tipo de aves rapaces sobrevolando las esperanzas de paz y volviendo a jugar con candela detrás de la praxis de la combinación de todas las formas de lucha la Comunidad internacional no puede –y mucho menos sus jueces- ser engañados y presionados por el hipócrita ‘pacifismo’ de la paraguerilla de ultraizquierda y su club de fans camuflados de civil. Si la CPI está interesada en conocer el grado de politización que afectará las consideraciones jurídicas que puede hacer la misma Corte en el marco del proceso de paz que adelanta el Gobierno nacional con las AUC los comandantes de las AUC no debieran demorarse en solicitar ser escuchados, no como reos, sino como hombres y mujeres hasta ayer partícipes del conflicto armado del cual han querido salirse políticamente con voluntad y hechos de Paz algunos ya realizados y comprobables, y otros en vías de realización, en el marco de un Proceso de Paz con el Gobierno nacional, el acompañamiento de la Iglesia y la verificación de una instancia de alta credibilidad internacional como la OEA.
Semanas atrás –en estas mismas columnas- hacíamos referencia a la conveniencia de que los Acuerdos finales de Paz entre el Gobierno nacional y las AUC fueran firmados en definitiva con el presidente de Colombia que asumiera el 7 de agosto de 2006, y refrendados con el Congreso de la República que resultara de los próximos comicios de marzo. No está claro hoy qué grado de seguridad jurídica está en condiciones de brindar a las AUC el actual Gobierno durante 2005. Ni el clima nacional es el más conveniente ni el internacional está lo suficientemente dispuesto. Ni la Corte constitucional, ni la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ni la Corte Penal Internacional podrán pronunciarse en el semestre que recién comienza.
Metidas en este atascadero las AUC no deben precipitarse y bien harían en evitar la tentación de asumir la posición maximalista de “seguridad jurídica ya o nos volvemos al monte”. Avances hacia la Paz y no retrocesos hacia la guerra pide la voluntad del Pueblo colombiano y las AUC mal harían en desoír el clamor de paz.
La posición razonable de “seguridad jurídica para todos los firmantes de la paz o la historia volverá a repetirse” no solo es válida, y tremendamente lógica, sino que además, es histórica y absolutamente creíble. ¿O algún Gobierno piensa que puede hacer la paz con ‘Marulanda’ y ‘Jojoy’ y después borrar con un codo lo que se escribió con la mano?
Y mientras tanto, mientras no exista seguridad jurídica nada definitivo puede ser firmado, porque nada definitivo se firma sobre el agua, ni sobre el viento.
Como dicen aquellos versos de Antonio Machado: “con el hilo que nos dan tejemos, cuando tejemos”.

Así la veo yo.

Se desmovilizaron los Navarro y los Petro del M-19 y la guerrilla siguió creciendo

Las AUC dicen adiós a las armas pero nadie puede asegurar que no sean reemplazadas
Colombia, 28 de junio de 2005

Por Rubiño



Las AUC son una ‘marca registrada’ en Colombia y en el mundo. Las autodefensas, en cambio, son un genérico. Todas las AUC son autodefensas, pero no todas las autodefensas son AUC. Las FARC y el ELN también son ‘marcas registradas’, como lo fueron en su momento el EPL y el M-19. Las guerrillas, en cambio, son un genérico, donde también caben delincuentes de todo tipo. Es necesario que se tenga esto en cuenta por parte de quienes pretenden hacer a las AUC responsables de todo lo que sucedió y de todo lo que sucederá en Colombia por la existencia de grupos de autodefensa. La cosa se complica aún más si se insiste en seguir abusando del término ‘paramilitar’ para aplicárselo a las AUC y a otros grupos de autodefensa. Porque ‘paramilitares’ y ‘autodefensas’ constituyen genéricos diferentes, y no deben confundirse como sinónimos. El principio de distinción debería ser mejor tenido en cuenta, y respetado, por tanto analista y político que posa de serio, pero cuya seriedad en estas materias está muy distante de la precisión, y de la objetividad.

Las AUC no lograron en la Mesa de Ralito que sus preocupaciones por la seguridad en las zonas de su influencia fuera tenida en cuenta por el Gobierno nacional. Eso no significa que el Gobierno no tenga preocupaciones por esas zonas, sino que no las ha querido compartir con las AUC. Esta ausencia de compromisos o pactos firmados, en materia de seguridad de las zonas de influencia AUC, pone a cubierto a las AUC, y sobre todo cubre a sus máximos líderes, de toda sospecha de conocimiento por lo que estén pensando o vayan a hacer en el futuro quienes prevén que los espacios dejados a la buena de Dios por los comandantes de las AUC han de ser ocupados militarmente. En esto seguramente estarán las fuerzas legales del Estado pero también las FARC y el ELN así como quienes pretendan ocupar un eventual espacio contraguerrillero desde la ilegalidad. Tal vez sea esto último lo que estimule al Gobierno nacional a promover la eliminación de beneficios futuros para los delitos políticos post Acuerdos de Ralito. Si desaparece el delito político la intranquilidad en el terreno jurídico será total –y sin distingos- para las guerrillas y las autodefensas que prosigan con las hostilidades.

Es en este contexto agobiante del conflicto armado que prosigue –en Puerto Asís, Putumayo, hubo algo más que amenazas terroristas, al igual que en el Norte de Santander, por parte de las FARC- donde las AUC entregan sus armas y se desmovilizan y el Gobierno nacional se ve en la necesidad de cubrir más y más kilómetros de una extensión geográfica que jamás había cubierto antes, cuando precisamente se inicia una campaña presidencial inédita donde el Presidente es candidato y donde además tiene sobre sus espaldas la tremenda responsabilidad de no defraudar a los colombianos en materia de seguridad. Menciono esto para que se tome conciencia del tremendo salto cualitativo que en términos de legitimidad del Estado acaban de dar las AUC al manifestar que siguen adelante con el Proceso de Paz y las desmovilizaciones. Las FARC y el ELN esperaban lo contrario, y quienes abogaron hasta el último momento por endurecer las penas y hacer más difícil la decisión de las AUC también lo esperaban porque no creen en la suficiencia de las fuerzas del Estado unos, porque lo prefieren ilegitimado otros. Sus razones tendrán.

Las AUC–desmovilizadas no levantarán nunca el vuelo en la política del siglo XXI a menos que hagan un culto de su credibilidad y lo hagan desde el primer día de su actuación política legal. No es creíble que solamente se golpeen el pecho diciendo que no volverán al monte, a menos que añadan que volverán a los frentes de batalla solo como soldados de la Patria si la Patria los convoca dentro de la Ley.

Las AUC–desmovilizadas no podrán, en sus correrías políticas, sino ser financiadas por los carriles del ordenamiento legal del mismo modo que el Partido Liberal, o el Conservador, o el PDI, apelando a los argumentos y la convicción de su causa nacional y sus razones patrióticas, pero nunca con base en la presión armada o sicológica.

El Proceso de Paz ha dejado a las AUC lecciones importantes y con ellas una buena cantidad de tareas para desarrollar en los próximos meses y años. A pesar de tantos ataques y calumnias que se han volcado sobre las AUC sus ex integrantes no tienen porqué no sentir orgullo por su pasado al haber impedido que las guerrillas le hicieran más daño del que desgraciadamente le hicieron a millones de colombianos. Ni las FARC ni el ELN podrán recuperar políticamente el terreno perdido y cuando lo hagan se encontrarán conque el Pueblo colombiano generó en el campo de la política su propio antídoto ante la soberbia de los que se creyeron iluminados redentores y mesías de la Revolución.
Las AUC se sienten satisfechas de la estratégica decisión tomada de abandonar las armas y producir su transformación de guerreros en políticos. A partir del momento de su intervención legítima en las discusiones de la democracia no existirá para las ex AUC mejor orientador ni brújula que la consulta popular de las bases sociales, ni mejor indicador de su influencia política que el voto libre de los ciudadanos.

Las AUC han dejado trascender que mantendrán en alto las banderas de la negociación política como camino para resolver el conflicto armado y las amenazas que plantea el uso del terrorismo como herramienta de presión política.

No me consta -ni se los aconsejo-, que las AUC vayan a ocupar el espacio de la extrema derecha en la política colombiana. Ni la izquierda ni la derecha tienen el monopolio del cambio social y el ejercicio de la autoridad. Ni la izquierda ni la derecha son dueñas de la sensibilidad social, el buen uso de los recursos públicos, el sentido del orden y el respeto por la libre iniciativa privada. No se puede ser izquierdista todo el tiempo ni sobre todas las materias, tampoco la derecha es un andarivel para ser transitado todo el tiempo, ni siempre es el mejor para formularse todas las preguntas y dar todas las respuestas. Los lentes sirven para ver la realidad pero quienes realmente leen y miran son los ojos y el cerebro. Bueno es no ser descerebrado, mejor todavía ser individuos centrados y formar parte de organizaciones equilibradas, sin desbalanceos por derecha ni por izquierda. Si de extremismos se trata, mejor actuar desde el extremo-centro que desde cualquier otro. Y si se trata de atraer desde un polo qué mejor polo que el Polo de la Libertad.

La seguridad democrática debe encarnar en la población, no puede convertirse en un eslogan vacío de contenido ni en un resorte exclusivo del Gobierno de turno. Las AUC- desmovilizadas tienen mucho que aportar en la construcción de tejido social apto y eficaz para la prevención del delito. La seguridad ciudadana cuenta con la seguridad del Estado pero se vuelve insuperable y vinculante cuando es la gente de carne y hueso quien se apropia de sus mecanismos y le da vida y eficacia en estrecha comunicación con la seguridad democrática que es responsabilidad de las autoridades.

No hay mayor disuasivo de la subversión y la guerrilla que la legitimidad del Estado. El Estado no es otra cosa que el cuerpo político de la sociedad. Quien se enfrenta con el Estado se enfrenta con la sociedad. Las FARC y el ELN dicen combatir el Estado pero quienes las han combatido como las AUC donde más les ha dolido –en sus finanzas y en su retaguardia social- saben que el verdadero enemigo de las guerrillas es el Pueblo colombiano que no se ha querido someter a sus chantajes y bravuconadas.

Si la legitimidad del Estado es un importante valor que preservar de la prédica disgregadora de la subversión, las AUC–desmovilizadas harán bien en asumir que defender la legitimidad del Estado con medios legítimos y legales es a partir de hoy tarea tan noble y prioritaria como lo fue hasta ayer defender a los ciudadanos de los ataques guerrilleros.

Son las regiones de Colombia las que sufren las consecuencias más duras del conflicto armado. Son estas regiones las que no pueden sustraerse del conflicto ni cubrir su integridad con la metáfora de las ‘amenazas terroristas’, cuando lo que viven es precisamente lo contrario a las amenazas: es la persistencia de los hechos hostiles no como amenazas sino como realidades cotidianas. Aquí el Estado no podrá jamás legitimarse si previamente no hace presencia, si previamente no pone en movimiento el circuito virtuoso de la riqueza: inversión, empleo, mercados, ingresos, consumo, ahorro, inversión… Y para todo esto es necesario que exista seguridad, pero ya no la sola seguridad contra las amenazas, sino la seguridad proporcional al conflicto existente.

Es en las áreas urbanas, preferentemente, donde el conflicto armado que afecta a las regiones se ve solo por televisión, y lo que se padece todos los días son las amenazas terroristas, con las que las guerrillas pretenden romper el cerco al que están sometidas por las fuerzas del Estado, y la acción sediciosa de las Autodefensas, que aún no han iniciado su proceso de paz por falta de garantías reales y convincentes de parte del Estado.

Esto hay que decirlo con todas las letras para que nadie se llame a engaño. Que las AUC hayan abandonado las armas –o estén en vías de completar este proceso en Ralito- no significa que dejen de existir autodefensas en Colombia. Así como la desmovilización del EPL y del M-19 no significó el fin de las guerrillas, la desmovilización de las AUC no significará –por sí misma- el fin de las autodefensas. No confundamos los sustantivos con los nombres propios. Ni le sigamos exigiendo a las AUC lo que las AUC no están –ni estuvieron nunca- en condiciones de garantizar. Las Autodefensas armadas en Colombia no nacieron ni acabarán con el fin de las AUC. Del mismo modo que las guerrillas en Colombia ni nacieron ni acabaron con el fin del EPL, o del M-19.

A los respetables Petro, doña Piedad, Navarro, Serpa y Gómez Méndez que insisten en exigir el fin del ‘paramilitarismo’ hay que replicarles que, primero, no limiten tales exigencias al ‘paramilitarismo’ de las autodefensas, sino que lo extiendan con el mismo énfasis y continuidad al ‘paramilitarismo’ de las guerrillas, y a todo tipo de ‘paramilitarismo’, porque los ‘narcos’ también tienen lo suyo, tal vez pensando ahora en heredar los espacios de lucha antisubversiva que están dejando libres las AUC. Y segundo, que hagan las debidas precisiones a la Opinión pública en cuanto a que Petro y Navarro, por ejemplo, obtuvieron perdón y olvido, amnistías e indultos, por su desmovilización como integrantes del M-19, y nada se les exigió –ni se les hizo responsables- sobre lo que estuvieran decididos a hacer otros guerrilleros, por ejemplo los de las FARC y el ELN. ¿O será que aquellos pretenden con el pretexto de ‘desmontar el paramilitarismo’ y lo que ellos califican de ‘estructuras mafiosas’ que quienes hoy firman acuerdos de paz como Castaño, Mancuso, Báez, Adolfo Paz, entre otros, como líderes de las AUC sean hechos responsables mañana de lo que otras autodefensas hagan en el futuro? Ni hablar si se pretende que las AUC – desmovilizadas sean responsables de lo que vayan a hacer en el futuro quienes proviniendo de las economías ilícitas del narcotráfico pretendan asumir un rol contraguerrillero.

Las AUC, es bueno tenerlo presente, no se organizaron para administrarle a los colombianos el cielo de la democracia ni quitarle del horizonte las nubes cargadas de tormenta del narcotráfico. Se organizaron las AUC para alejar a Colombia del infierno que prometían las guerrillas. El objetivo fue importante, pero no fue todo lo que legítimamente aspiraban los colombianos. A las AUC no se las puede juzgar políticamente por lo que no hicieron en materia de lucha antinarcóticos, o por su falta de pericia y experiencia para administrar territorios de los cuales el Estado se había ido -¿repliegue estratégico?, o donde nunca había llegado. Nunca prometieron las AUC traerles el cielo de la democracia a los colombianos, solo se juramentaron para alejar de los colombianos el infierno de las guerrillas.

Las AUC deben sentir legítimo orgullo, no sólo por lo esencial de su desempeño en el conflicto armado (ningún humano se siente orgulloso de sus errores) sino también por haberse animado a dar el trascendental paso de la guerra hacia la paz, en un contexto político nacional e internacional tan desfavorable a sus acciones. No hablemos aquí de la izquierda nacional e internacional, no hablemos de los opositores recalcitrantes de Uribe. Veamos solamente la actitud cerrada de un paradigma del uribismo, como Gina Parody, por no hablar de tantos uribistas que jugaron permanentemente a las escondidas en el Congreso durante el tratamiento de la Ley de Justicia y Paz.

Puede que en la vida de los comandantes que han liderado este proceso desde la orilla de las AUC el paso que están dando no tenga la dimensión que adquiere desde una perspectiva nacional, e incluso internacional. El discreto paso dado en Ralito por las AUC resulta un gigantesco paso para la legitimidad del Estado colombiano en el mundo. Y es esto último lo que no le perdonarán nunca a las AUC sus enemigos políticos, que también son, en su abrumadora mayoría, los enemigos del Estado colombiano. No se explicaría de otro modo tamaña animadversión frente a las AUC, ni tanta hipocresía frente a sus hechos de guerra como si los comandantes de las AUC fueran los equivalentes de Pinochet y de Videla, o incluso de Hitler, si nos dejáramos llevar por la paranoia de Petro o la de los faruchos y elenos.

Les toca a las AUC ir dejando pasar el agua bajo el puente hasta que se vayan agotando los ataques políticos de sus adversarios –reconciliables unos, irreconciliables otros- y recomponer sus energías con vistas a la reinserción social exitosa de sus integrantes y el desarrollo –siempre exigente- de los trámites judiciales que prevé la ley de Justicia y Paz ya conciliada por Cámara y Senado, y elevada a la firma del presidente Uribe. No estaría demás tampoco un tratamiento estomacal riguroso vistos los numerosos sapos que la negociación les obligó a tragar. Malo por los sapos, pero bueno por Colombia, que no se haya perdido la paciencia y que las AUC hayan seguido fieles a su Norte.

Lo importante, lo histórico ya se logró: las AUC fuera de la guerra, el Estado colombiano re-legitimado, el marco legal disponible para iniciar con las FARC y el ELN un proceso de desmovilización cuando sus comandantes lo acepten. Puede que no lo acepten nunca pero ese es ya un problema exclusivamente de las guerrillas. La ciudadanía puede contar a partir de aquí con el marco legal que provee Justicia y Paz, con las AUC dentro del ordenamiento legal, y con el Estado más allá de toda sospecha de connivencia con las AUC, ahora que las AUC ya entraron en la recta final de su desmovilización.

El primer semestre de 2006 –ya completada la desmovilización- será el momento de comenzar a apreciar los primeros logros y avances en la construcción de la organización política que le dé continuidad a las AUC en el curso histórico de Colombia. Aquí las alternativas son múltiples y no hay porqué apresurarse. La metamorfosis de las AUC requiere su periodo de duelo y también de génesis. Hay mucho que considerar, mucho que evaluar, antes de dar pasos en público.

Sin embargo, hay al menos cinco temas de la Agenda política de las AUC- desmovilizadas que no pueden ser tabúes a la hora de sentarse a dialogar sobre análisis de coyuntura, tácticas de corto plazo y planes estratégicos a mediano y largo plazo: 1) la Reinstitucionalización del Estado en las regiones, 2) los futuros Procesos de paz , 3) la posición frente a Otras organizaciones de Autodefensas que sigan participando del conflicto armado, 4) el Rol del Narcotráfico en el conflicto armado y las posibles soluciones, 5) ¿Partido nacional?, ¿Confederación de partidos locales y regionales?, ¿Adhesión o Ingreso a partidos y movimientos existentes?

Las AUC –aunque no sea políticamente correcto que lo manifiesten abiertamente- seguramente valoran positivamente en su fuero íntimo la labor desempeñada por el Alto Comisionado para la Paz así como reconocen que fue el coraje político del presidente Uribe quien hizo posible que el proceso no saltara por los aires en algunas de sus recurrentes y graves crisis atravesadas. El compromiso con la paz de Colombia por parte de Luis Carlos Restrepo y Álvaro Uribe están hoy por fuera de cualquier discusión y de las muchas discrepancias con las AUC que afloraron en Ralito en sus tiempos de crisis.

En virtud del Proceso de Paz las AUC de hoy están en el mismo plano en que el M-19 se puso a partir de la firma de los Acuerdos de Paz de su época. No significa que hoy estén igualados en el juego político porque existe a favor de los ex M-19 un periodo de más de quince años con haberes y pasivos resultantes. Sin embargo, así como cabe esperar de los desmovilizados de ayer un mayor compromiso con los desmovilizados de hoy y de mañana, también corresponderá a los desmovilizados de las AUC trabajar arduamente por facilitar la reinserción exitosa de los guerrilleros que aún permanecen en el monte.

Las AUC han dado un significativo paso para hacer compatibles sus sueños de País con los anhelos propios de los ciudadanos colombianos. No lo han dado en las circunstancias felices del final del conflicto armado –como hubiese sido su deseo- pero se apartan definitivamente de las armas cuando las armas del Estado comienzan a obrar resultados favorables en términos de seguridad y confianza popular.

Ya son las AUC una organización que trasciende las limitadas fronteras de la defensa armada para incursionar sin prisas ni ambiciones desmedidas en las esferas políticas. La inserción social alcanzada durante su participación en el conflicto armado constituye el acumulado más consistente de capital inicial para su afianzamiento posterior en los diversos sectores sociales, incluyendo entre estos a la juventud, la juventud trabajadora del campo y la ciudad, y también la juventud universitaria.

Se equivocaron aquellos que le apostaron a la ‘ingobernabilidad’ de las negociaciones de paz como un modo de chantajear al presidente Uribe en su campaña reeleccionista. También se equivocaron los que en sesudos análisis periodísticos pontificaron sobre el proselitismo armado de las AUC durante la campaña de 2006 a favor de Uribe. Quienes le apostaron a que las AUC iban a chantajear –al modo de las FARC en El Caguán-, o apoyar con las armas a Uribe, ahora comenzarán a decir que hay un acuerdo inconfesable de cúpula entre Uribe, Restrepo, Castaño y Mancuso para que las AUC desmovilizadas se conviertan en los propulsores de una gran inyección de capitalismo emprendedor en el campo colombiano. Así son los eternos deslegitimadores del Estado colombiano: ¡Palo porque sí, palo porque no, palos siempre!

Las AUC tienen suficiente ascendiente y simpatía popular en las bases sociales como para que su futuro en la política dependa de poderes malhabidos o de presiones inconfesables. Las AUC representan un sentimiento popular en favor de la libertad que no nació ni morirá con Uribe: en tal sentido las AUC son pre-uribistas y serán también en su momento post-uribistas. Lo que no pueden ser las AUC es uribistas, ni gaviristas, ni serpistas, porque cualquier ‘ismo’ en el fondo separa, confunde, reduce, sectariza.

Más bien, las AUC deben observar las acciones del Gobierno con un sentido crítico, constructivo pero crítico.

Las AUC deberán dotarse de un nombre que las identifique en el campo democrático. O de varios nombres que respondan a las realidades de cada geografía pero que estén siempre prontos a sumar nunca a restar.

También tendrán que definir un modo de organización, siendo que solo la organización vence al tiempo y le da continuidad a las sucesivas generaciones en la búsqueda de concreción de sus ideales.

El post conflicto para las AUC está a punto de comenzar pero el conflicto sigue siendo una realidad que padecen todos los colombianos incluidos también los desmovilizados de las AUC.

Así como las FARC y el ELN no siguieron los pasos del EPL y del M 19 –entre otros-, seguramente habrá organizaciones de Autodefensas que no sigan los pasos de las AUC. Así como unos dicen seguir luchando hasta que haya Justicia para el Pueblo, otros responden diciendo que seguirán luchando mientras no haya Seguridad para el Pueblo.

Mientras el Estado colombiano no pueda disuadir –o derrotar a los armados de uno y otro bando ilegal- y mientras el negocio internacional del narcotráfico siga financiando a unos y a otros combatientes, la tarea de la ciudadanía colombiana, sus gobernantes y sus instituciones democráticas será enorme y compleja, extenuante y permanente.

Bienvenidas las AUC al seno de la democracia y la legalidad. No les pidamos todo porque no están en condiciones de ofrecernos todo, pero abrámosles todas las puertas para que su esfuerzo en la guerra no haya sido inútil, y para que su esfuerzo en la paz no resulte estéril.

Así la veo yo.

Uribe y la izquierda democrática pueden cambiarle la cara a Colombia

¿Querrán compartir el presidente-reelecto y la izquierda democrática las llaves de la paz?

Colombia, 21 de junio de 2005
Por Rubiño



Muy bueno para airear la democracia que Navarro visite Valencia, en Córdoba, y también Puerto Rico, en Caquetá. ¿Por qué no pensar que un día no muy lejano Álvaro Uribe comparta con Navarro y sus compañeros de la izquierda democrática las llaves que abran el proceso de paz con FARC y ELN?

Son contundentes –y a mi modo de ver premonitorios- los resultados de la encuesta, que el domingo dieron a conocer El Tiempo y RCN, sobre la reelección. No tomarlos en cuenta, o subestimarlos, suena a grosería política. Es cierto que falta un año, y que no se conoce aún el candidato liberal, y que permanece incierta la suerte que correrá la reelección en la Corte Constitucional, pero hoy la cuestión es sumamente clara: hay Uribe presidente hasta el 2010. Y esto es lo que cuenta. Lo demás es pura hipótesis: ¿Magnicidio?, ¿’Corte-icidio’? De acuerdo, a todo Plan A le cabe un Plan B, pero A es A, y B es B. Aquí nos concentraremos en un posible Plan A.

Ha causado sorpresa y conmoción positiva el apoyo del embajador Wood al proceso de paz con las AUC. Por primera vez este funcionario del Departamento de Estado se expresa con elocuencia –y contundencia- a favor del rumbo que han tomado las negociaciones y los acuerdos surgidos en Ralito. Que la aprobación de Wood haya sido pronunciada en los EEUU, en momentos cruciales del tratamiento final del Proyecto de Justicia y Paz en el Congreso de la República, tampoco es algo para desdeñar. Igualmente las declaraciones del senador demócrata Bob Graham y su visita a Colombia haciendo pública su decisión de ambientar en Washington el Proceso de Paz con las Autodefensas –especialmente en el Congreso de los EEUU- adquieren una enorme importancia en la recta final de las negociaciones entre Gobierno nacional y AUC.

Si la intranquilidad mayor que subsiste en los comandantes de las AUC –y en las FARC y el ELN a futuro- reside en la seguridad jurídica de los procesos de paz en Colombia, de cara a la extradición a los EEUU por cargos de narcotráfico, ese enorme escollo ha comenzado a removerse. No está disuelto, por supuesto, pero las declaraciones de tan representativos voceros de la política de los EEUU, son algo más que retórica y anécdotas, son verdaderos hechos políticos de trascendencia. Recordemos aquí las declaraciones recientes de Vicente Castaño a Semana: “Los americanos nunca incumplen”.

Si por voluntad popular permanece Uribe hasta el 2010 en la Presidencia, si los EEUU están dispuestos a dar en el seno su propio aparato de Justicia el decisivo paso político, en materia de suspensión de pedidos de extradición, con motivo de procesos de paz, que ya dio Uribe en Colombia, esto significa que los Acuerdos Finales en curso del Proceso de Paz entre el Gobierno nacional y las AUC han conseguido acumular en su haber activos actualizados al presente que estaban muy lejos de contabilizarse a favor en los últimos meses de 2004, cuando aún no se habían producido las desmovilizaciones correspondientes al Acto de Fe de las AUC las cuales fueron encabezadas en noviembre por su máximo negociador de entonces Salvatore Mancuso. Si aquella vez fue lícito preguntarse sobre el riesgo incalculable de un verdadero salto al vacío, hoy el análisis permite inferir –pasado más de un semestre- que en realidad se trató de un muy riesgoso salto sobre el vacío, que parece estar encontrando apenas hoy eco favorable y tierra firme del otro lado del abismo atravesado.

Dentro de este contexto nacional e internacional –EEUU no es Europa pero que la influye, la influye- no resulta ingenuidad pensar que el Proyecto de Justicia y Paz saldrá en estos días reforzado –y ligeramente retocado- en su paso por el Congreso, apoyado incluso por varios de quienes se mostraron en su momento reacios a su contenido y oportunidad. Resulta aventurado predecir amplios consensos –parecidos a la unanimidad- en estas semanas de despegue prematuro de las campañas políticas, con un sesgo antiuribista disparado, del centro hacia la izquierda, por la necesidad del Polo y del Oficialismo Liberal de ganar espacios de oposición que le permitan competir por el segundo puesto en la primera vuelta de 2006. ¿Acaso habrá segunda vuelta? Hoy esa hipótesis parece lejana.

Sin embargo, alrededor del proyecto de Justicia y Paz serán suficientemente amplias las mayorías que avalen el marco legal imprescindible para encaminar negociaciones de desmovilización y paz con las organizaciones armadas al margen de la ley. La Historia reconocerá un día con generosidad y comprensión –que la crónica periodística de hoy no recoge- que fueron las AUC quienes desde el sector ilegal dieron el primer valiente paso hacia la paz en tiempos de nuevos estándares internacionales y de Corte Penal Internacional. Paso que tendrán que apresurarse en dar también las FARC y el ELN si no quieren acabar ellos sus días en la selva, en cárceles colombianas, o juzgados por tribunales internacionales.

Llegados a este punto, hay que decir que las izquierdas colombianas están en mora de afirmar sin dar lugar a suspicacias su voluntad de construir seriamente la paz con las guerrillas, y plantearle descarnadamente a la ultraizquierda de las FARC y del ELN lo que les espera en materia judicial –aquí o en el exterior- si no inician su propio proceso de desmovilización a la cola del proceso que en diciembre –muy posiblemente- hayan concluido las AUC. El tratamiento de legitimidad que el presidente Uribe inició por la derecha del espectro del conflicto armado interno con las AUC, deberán acometerlo a la mayor brevedad quienes desde la izquierda democrática son los mejores interlocutores que en estos temas pueden tener los comandantes guerrilleros. ¿Pero cómo hacerlo si la izquierda democrática está lejos todavía de alcanzar el poder presidencial y no se vislumbra ello, al menos, para antes de 2010?

El drama para la izquierda democrática es que está lejos aún de acceder a la Presidencia de Colombia y si quiere hacer algo eficaz por la paz de Colombia desde el oficialismo gubernamental puede que ese tiempo demore en llegar. Según las encuestas, por lo menos cinco años más habrán de transitar en la oposición. ¿Querrán transitar todo este espacio –eterno en tiempos de guerra- siendo conceptuados como los ‘para-guerrilleros’, que muy probablemente no son, o será que se animan a transitarlo como artífices de la paz del Estado con la guerrilla, conduciendo ellos mismos las negociaciones con las FARC y el ELN –integrados como funcionarios de paz a la Oficina del Alto Comisionado para la Paz del Presidente Uribe, o a la instancia del organigrama gubernamental que en definitiva disponga el Ejecutivo.

No creo que el presidente Uribe quiera pasar a la historia como el presidente que no quiso hacer la paz con las guerrillas, sino derrotarlas militarmente. Tampoco creo que la izquierda democrática colombiana deje pasar tan brillante posibilidad de hacer algo grande por Colombia, persuadiendo a la ultraizquierda –con argumentos de izquierda- sobre las bondades de abandonar la lucha armada y sumarse desarmados a la lucha democrática, lucha que no puede tener otro norte que el bienestar y el progreso de millones de colombianos, especialmente los que poco o nada tienen.

Le va a ser muy duro a la izquierda democrática a partir de 2006, en un contexto de efectiva desparamilitarización AUC del País y de persistencia terrorista de las guerrillas, diferenciar con claridad las fronteras de ruptura que separan el campo de la izquierda democrática y la ultraizquierda guerrillera. Le va a ser muy difícil –pero le tocará hacerlo si quiere ganar confianza en la sociedad- diferenciarse públicamente de argumentos –e incluso eslóganes- similares a los propios agitados por las guerrillas desde posiciones de ultraizquierda. No le alcanzará con decir que las metas son similares pero que los métodos son distintos, porque eso sonará a discurso prefabricado para el engaño. Y esta confusión no solo dañará a los dirigentes de la izquierda democrática en su relación horizontal con el centro y la derecha, sino que –lo más grave- minará profundamente, de forma vertical, la credibilidad de los dirigentes de izquierda democrática con sus propios cuadros medios y sus bases que sinceramente creen en la posibilidad de construir una alternativa democrática, no guerrillera ni terrorista, desde posiciones de izquierda Las cosas que tiene la vida: quienes hoy abusan de la calificación de ‘paraco’ para Uribe, recibirán como un bumerán similares acusaciones –de signo contrario- calificando a Navarro, a Petro, incluso a Garzón, de ‘paraguerrillero’, de estar propiciando la combinación de todos los medios de lucha contra el Estado colombiano. El único modo que a mi modo de ver tiene la izquierda democrática de diferenciarse nítidamente de las guerrillas de ultraizquierda –y con esto ganarse la confianza de los colombianos- es participando de un proceso de paz en representación del Estado colombiano. Pero ese no será un cheque en blanco que la ciudadanía le vaya a extender a la izquierda democrática sin garantías de ninguna clase. Esa garantía, única y paradójicamente, podrá dársela el presidente Uribe si es reelecto en 2006.

Estoy seguro que si el Polo Democrático, Alternativa Democrática e incluso el liberalismo de izquierda se le miden al desafío de la Paz saldrán ganando mucho en un período de cuatro años, desde 2006 hasta 2010, en el cual se juega su asentamiento definitivo en las grandes ligas de la política nacional. Quiero pensar que Uribe recibiría con beneplácito la posibilidad de abrir un espacio de negociación con las FARC y el ELN dejándole ‘riendas sueltas’ a la izquierda democrática –en representación del Estado- para que avance en la dirección de la paz. Sé que esto no es posible ni siquiera soñarlo antes del veredicto de las urnas presidenciales en la primera vuelta de 2006. ¿O será que sí? Por el momento contentémonos con visualizar un modo de hacer más cercana la Paz. Es una forma de acercar la Paz tan esquiva con esta bendita tierra. Y comenzar a trabajar en esa dirección.

Iniciamos este análisis citando algunos hechos: encuestas sobre reelección de Uribe, apoyo de EEUU a los procesos de paz, aprobación inminente del Proyecto de Justicia y Paz, desmovilización de las AUC antes de finalizar 2005. Avanzamos en el escrito proponiendo para la izquierda democrática una tarea de grandes dimensiones y alcances insospechados en términos de una Nueva Colombia en Paz que podría adelantarse en llave con el presidente Uribe a partir de su re-posesión en agosto de 2006. Un buen inicio para estudiar y aclimatar entre bastidores esta estrategia es precisamente ahora –cuando el Proyecto de Justicia y Paz requiere el máximo consenso que sea posible obtener-. La izquierda democrática está en estos días desalentada –aunque, obviamente, no lo haga público- por el sostenimiento infatigable de Uribe en las encuestas; desalentada también porque sabe que la lucha por el segundo puesto con el Partido Liberal será dura, desgastante, costosa y de resultado altamente incierto. Hacerla partícipe de una política de Estado trascendental como la de paz con las guerrillas, y saber que por sus manos pueden pasar la negociación con las FARC y el ELN, podría ser un elemento contundente a la hora de enfocar su campaña. Aquí los ases los tiene el Gobierno; podría mostrar discretamente alguna de sus cartas y de sus intenciones acerca de cómo jugarlas llegado el momento.

Sobre estos puntos bien podrían las AUC enfatizar en la Mesa de Ralito durante los meses que aún le quedan al Proceso. ¿Qué mejor garantía de seguridad jurídica y política que la que le puede brindar la izquierda democrática colombiana al proceso de paz con los enemigos históricos de la ultraizquierda? ¿Qué mejor mensaje de confianza para las FARC y el ELN, en vista de un proceso de paz serio y constructivo, del Gobierno nacional para con ellos que las AUC desmovilizadas, promoviendo políticamente en sus zonas de influencia que sean la izquierda democrática colombiana y el presidente reelecto Álvaro Uribe quienes encabecen esas negociaciones finales de paz con las guerrillas? Esta ambientación al proceso de paz con las FARC y el ELN sería el primer gran trabajo político de las AUC, ya desarmadas y reinsertadas. No lo harían solamente con sus bases sociales de apoyo sino también con todos los amigos que las Autodefensas se supieron ganar en estos años de lucha militar contraguerrillera. Y al hacerlo no lo estarían haciendo solamente por la posibilidad de seguir construyendo paz –esta vez con las FARC y el ELN- sino también conscientes de que expandir la paz en Colombia fortalece el propio proceso de reinserción de las AUC, que será más provechoso y seguro si se da en un contexto de progresiva pacificación y no de incremento de las hostilidades.

No sé qué pensará de todo esto el Comisionado de Paz, Luis Carlos Restrepo, pero lo sé antes que nada un hombre de paz, que podrá renunciar un día a los honores de su cargo, pero nunca renunciará a la lucha honesta y democrática por lo que él cree que es bueno para Colombia. Lo demostró con las AUC y lo seguirá demostrando donde le toque.

¿Qué pueden pensar de esto las AUC? Muy probablemente, que aquello que va en la dirección de sumar apoyos a los procesos de paz con las guerrillas les conviene para su propio proceso de reinserción y post-conflicto, mucho más si se acumulan garantías nacionales e internacionales que vuelven invulnerables los acuerdos firmados. Segundo, las AUC han demostrado en todos estos meses, de arduas negociaciones, que en vez de estar buscando una salida autista para su problema, están dispuestos a buscar con Colombia entera –incluidas las guerrillas y la izquierda democrática- salidas equilibradas y altruistas que le pongan punto final a la guerra que azota al País. Lo que equivale en palabras del actual Gobierno, a ponerle punto final a las ‘amenazas terroristas’.

¿Qué pueden pensar de esto las FARC y el ELN? No quiero entrar por ahora en este terreno. Pero la primera respuesta a este interrogante es que no podrán permanecer ajenos ni indiferentes. Y de su respuesta Colombia sacará conclusiones importantes, tal vez definitivas.

¿Qué pensaría de esto la izquierda democrática, lograría unificarse detrás de este criterio, y construir con el presidente reelecto Uribe un esquema consensuado de negociación donde la iniciativa la tendría la izquierda del mismo modo que un ministro tiene la confianza que le da su Presidente? También en este caso la respuesta de la izquierda y su desempeño en la misión harán que Colombia saque conclusiones importantes sobre sus reales capacidades de administrar un asunto tan delicado para el Estado y la democracia.

Si lo que Uribe está a punto de lograr hoy con las AUC, lo logra mañana –a través de la izquierda democrática- con las FARC y el ELN el ‘botín de la paz’ se le escurrirá para siempre a los ‘populistas’ de turno de ayer, liberales o conservadores, y será un logro de Colombia, no de ningún partido.

Y de eso se trata en Ralito y se tratará con las FARC y con el ELN: no de condenar con revanchismo el pasado, mucho menos de perpetuarlo, sino de absolver sin manchas el futuro.

Así la veo yo.

julio 25, 2005

Hay que darle duro a las AUC - En algo coinciden las FARC, el ELN, la izquierda, el populismo, y el ‘uribismo’

Colombia, 14 de junio de 2005

Por Rubiño


Cuando inició el proceso de Ralito los interrogantes giraban alrededor de las razones que tendrían las AUC, exitosas en lo militar y en lo económico, para negociar políticamente su desmovilización mientras las FARC y el ELN seguían en lo suyo.

Las AUC fueron claras en la expresión de sus voceros cuando respondieron que hasta donde llegaron militarmente en 2002 hasta allí llegaron y que la ofensiva final contra las guerrillas debía ganarla el Estado materializando la voluntad política de los colombianos de acabar con las guerrillas, manifestada ese mismo año en las urnas a favor del candidato antítesis de las FARC y el ELN, el presidente Uribe. Existiendo Estado, ciudadanía y Presidente con disposición de darles el puntillazo final a las guerrillas las AUC comenzaban a sobrar.

Las AUC también hicieron mención, entonces, a que su ingreso en la guerra no había dependido solamente de la existencia de las guerrillas sino fundamentalmente de la falta de voluntad y acciones políticas y militares del Estado para defender a los ciudadanos del terrorismo guerrillero.

Las respuestas de los máximos líderes de las AUC hicieron énfasis en que se sentían fuertes militarmente, sólidos en su logística de apoyo y con gran respaldo de las poblaciones que eran protegidas por la presencia de Autodefensas en territorios que el Estado nunca había ocupado, o que había abandonado y que las guerrillas habían usurpado. Sin embargo, también mencionaron que la ilegalidad de su accionar militar y sus fuentes de financiamiento tenían insoportables costos políticos, jurídicos y económicos, nacionales e internacionales, que las AUC ya no estaban en condiciones de solventar, y que tampoco era bueno para Colombia que Autodefensas con razones tan poderosas siguieran existiendo en la ilegalidad. Es decir, si las AUC seguían creciendo en la ilegalidad y el Estado empequeñeciéndose, lo que había nacido para ser un remedio coyuntural terminaría siendo una enfermedad terminal. Precisamente los que las FARC y el ELN anhelaron siempre.

Cuando los interrogantes iniciales quedaron satisfechos, las preguntas comenzaron a girar alrededor de temas tales como la verdad, la impunidad y la reparación, privilegiándose –por primera vez en Colombia- esos aspectos, ciertamente relevantes, por sobre los fundamentales de paz, perdón y reconciliación –temas igualmente o aún más relevantes que aquellos. Estos aspectos de verdad, impunidad y reparación habían sido soslayados en todos los procesos de paz anteriores con guerrilleros al borde del colapso militar, e incluso no habían sido mencionados en absoluto durante los años que duró la fallida experiencia del Caguán entre Pastrana y las FARC. La presión política nacional e internacional sobre el castigo y la cero impunidad para quienes quisieran desmovilizarse, no demoró en volcarse al campo mediático, y volvió eminentemente judicial y amarillista un asunto como el de la desmovilización de las AUC cuyas raíces profundas y sus implicancias prácticas eran fundamentalmente de seguridad, sociales, políticas y militares.

Las AUC se mostraron dispuestas a pagar penas alternativas en colonias agrícolas, a ensayar formas de reparación social y a colaborar en la mayor claridad posible y necesaria sobre las razones y los métodos de la guerra en Colombia por más de cuarenta años entre guerrillas, Estado y autodefensas, en un fuego cruzado que hizo sus mayores víctimas entre la población civil, en el contexto de una guerra irregular donde por las tácticas insurgentes utilizadas por las guerrillas resultaba imposible no afectar, en mayor o menor medida, a la población civil, cualquiera fuese la estrategia contrainsurgente adoptada, fuese esta privada o estatal. Lo que hace peligroso al alacrán –en este caso la guerra irregular- no es la buena voluntad del alacrán sino su naturaleza, como nos ilustra el humor popular.

Pese a los esfuerzos realizados por los comandantes de las AUC, para acercar respuestas a los interrogantes planteados por las negociaciones de Paz, en los medios periodísticos y en las clases políticas siguen existiendo densos bancos de incomprensión y críticas feroces, que lejos de perder fuerza han permanecido en puntos altos de ebullición, y vuelven a agitarse cada vez que un comandante de las AUC abre la boca, o se pronuncian los EEUU, o la Fiscalía, o Frühling, Petro o Vivanco.

Por eso hoy aquí vamos a intentar el ejercicio –nada sencillo- de responder la siguiente pregunta: ¿Cuáles son las razones por las que la actitud pacifista y dialoguista, conciliadora y negociadora, de las AUC, no consigue producir efectos de simpatía y reconocimiento de parte de importantes núcleos políticos y caracterizados e influyentes medios de prensa? Demás está decir que esta oposición de los gremios político y periodístico a las AUC, se trasladó al cuestionamiento de la Mesa de Ralito, y con mayor razón se reproduce en el exterior, donde las AUC no han desarrollado ningún tipo de ambientación sociológica, histórica y política de su proceso de paz, y pululan las explicaciones frívolas e insustanciales de los burócratas de las Naciones Unidas, o de diplomáticos extranjeros afines con las ONG decididamente inclinadas en favor de las FARC y del ELN.

Comencemos por el modo en que la desmovilización y politización de las AUC afecta los intereses políticos y el discurso de las FARC, del ELN y de buena parte de la izquierda democrática, incluyendo a estos efectos el Partido Comunista Colombiano, Alternativa Democrática, el PDI y la izquierda liberal. Y, por consiguiente, cómo afecta también el discurso sesgado de sus socios multiplicadores extranjeros de opinión, particularmente en Europa la socialdemocracia y la extrema izquierda. Seguidamente veremos en qué modo las iniciativas negociadoras y políticas de las Autodefensas afectan al populismo colombiano en sus variantes de ‘oficialismo liberal’ y de lo que ha dado en llamarse el ‘pastranismo’ conservador. Finalmente pasaremos revista a la manera en que la metamorfosis de las AUC afecta políticamente a los sectores genéricamente calificados como ‘uribistas’, particularmente los que están más preocupados por sus curules, alcaldías y gobernaciones que por el florecimiento en Colombia de un Polo de la Libertad que actúe como contrapeso del desbalance actual en favor de la izquierda y el populismo.


1. Ultraizquierda, extrema izquierda e izquierda (incluida la izquierda liberal): El discurso de izquierda (en cualquiera de sus gamas), en Colombia, está edificado sobre dos pilares: a) la necesidad de construir niveles de igualdad crecientes, que alejen a Colombia de ser considerada una de las sociedades latinoamericanas con mayor grado de desigualdad en la distribución del ingreso, e injusticia social; b) el rol determinante que cumple el Estado en la función ‘igualadora’ por lo que destruir el Estado que conocemos, infiltrarlo, ‘clientelizarlo’ y en definitiva volverlo un botín político –según el matiz de izquierda de cada agrupación- pasa a ser prioridad de acción número uno. Quedémonos en esto porque a los efectos de esta nota es lo que importa. Desde esta perspectiva las AUC son vistas algo así como el ‘demonio’ ya que se considera, a las AUC, enemigas del cambio social, defensoras del estatus quo, de la desigualdad social, insensibles a las necesidades populares y finalmente dispuestas a apelar a los métodos más descalificadores e inhumanos con tal que la izquierda no se afiance políticamente en Colombia. Vistas así las AUC, todo lo que haga daño a las AUC bienvenido sea, la muerte, la cárcel, el escarnio, la estigmatización, la calumnia, la desinformación. Nada bueno puede esperarse de las AUC, y aun cuando hacen el bien están haciendo el mal. Todo lo que viene de las AUC no puede sino ser malo, y debe ser combatido, perseguido, anatematizado a como dé lugar. Este tipo de visión sobre las AUC va paralelo con un discurso social que ve con simpatía la supuesta rebeldía y romanticismo de las guerrillas, y aun cuando las guerrillas hacen mal están haciendo el bien, porque en definitiva su lucha –dicen desde la izquierda- es para que en Colombia no exista la injusticia social, y eso termina justificándolo todo, desde los asesinatos, los secuestros, la voladura de infraestructura, el ataque a pueblos indefensos, y los indultos, las amnistías y las críticas benévolas. Este discurso de izquierda crítico del capital privado como generador de riqueza y del Estado como factor de orden y autoridad, cuya prédica legitimadora de la violencia, siempre que venga desde la izquierda, la vuelve consciente o inconscientemente sostenedora de un fundamentalismo laico al estilo del ‘clericalismo’ de otrora pero esta vez marxista, castrista, maoísta, ‘chavista’, e incluso ‘binladinista’. Finalmente, todo lo que esté en contra del capitalismo como sistema económico y de los EEUU como ‘imperio a vencer’, se vuelve bueno, y todo lo que defienda la iniciativa privada y reconozca el liderazgo de los EEUU es calificado de neoliberal, fascista y autoritario. A este discurso de izquierda la existencia de las AUC -en la ilegalidad de la lucha armada- le resulta funcional y le produce réditos políticos, porque lo presentan como ‘paramilitarismo’, es decir le quitan el componente sustancial de pueblo que se arma y se defiende de la agresión guerrillera, y le superponen el supuesto paralelismo de las AUC con el aparato represivo legal del Estado. Entonces, lo que es en esencia un mecanismo defensivo privado de la sociedad agredida por las guerrillas, el discurso de izquierda lo convierte en una perversidad del Estado propiciando la guerra sucia contra Robin Hood. Aquí hay dos puntos por destacar: 1) Por un lado, las AUC no son presentadas en el discurso de izquierda como surgidas del pueblo para defender al pueblo, sino como un instrumento del Estado auspiciado por el Estado para defender al Estado de sus enemigos. A este discurso original se le adicionó más tarde otro que hoy figura combinado –contradictoriamente- con el primitivo: las autodefensas solo se defienden a sí mismas, es decir defienden sus intereses legales (en el caso de los terratenientes) o sus intereses ilegales (en el caso de los narcotraficantes). 2) Por otro lado, las AUC no representan en el discurso de izquierda ningún elemento político, sino que son encasilladas como fuerzas exclusivamente dedicadas a la lucha militar antiguerrillera –y, en general, contra toda manifestación de protesta social-, con el agregado que solamente buscan el enriquecimiento personal o del grupo en un proceso acelerado y desbordado de acumulación capitalista, sea mediante la propiedad de la tierra al modo latifundista, sea mediante el lavado de activos provenientes del narcotráfico en distintas actividades lícitas de la economía nacional. Esta visión interesada y sesgada de la izquierda sobre el fenómeno de las Autodefensas no solo deforma notablemente la perspectiva realista de las cosas sino que además produce un efecto de auto-legitimación de las guerrillas y de la izquierda en general fundada ya no en la existencia de la pobreza y la miseria –que la misma acción predadora de las guerrillas y las recetas económicas de la izquierda- tienden a perpetuar, sino en que le dan tamaña vuelta a la realidad de la historia, que según piensan en la izquierda colombiana las guerrillas existen en Colombia por la presencia del fenómeno ‘paramilitar’ y por autoritarismo del Estado que les impiden –ambos- su expresión política desarmada y pacífica. A esto hemos llegado tras décadas de conflicto, y tras décadas de manipulación de la información y la interpretación de la realidad política colombiana y de su conflicto armado.

Obviamente, si ahora resulta que las AUC se quieren desmovilizar y hacer política en la legalidad, la columna central del discurso izquierdista –particularmente el de las guerrillas y de los sectores más afines con ellas- se comienza a desmoronar y la ventaja militar que obtienen las FARC y el ELN frente a la salida del escenario de la Autodefensa armada, se ve opacada y neutralizada, y aun más superada negativamente para las guerrillas, si las AUC ‘se dan la pela’ de volcar todo su acumulado de experiencia y validación social en las zonas de conflicto para colaborar política y socialmente en el fortalecimiento de la presencia estatal en las zonas antes abandonadas a su suerte, siendo factores de reinstitucionalización estatal como actores políticos representativos de amplios sectores de la sociedad colombiana, preferentemente en las zonas rurales, pero con influencia creciente en los grandes centros urbanos donde el conflicto terminó llegando como retaguardia de sus actores ilegales y como lugares de concentración de desplazados, desmovilizados y perjudicados varios de las hostilidades prolongadas.

Desde esta perspectiva a las FARC y al ELN les conviene un millón de veces más la AUC ilegal y armada que la AUC legal, desarmada y participando en política. Porque el significado profundo de las AUC haciendo política y obteniendo reconocimiento popular es que la población para salir de sus angustias y sus necesidades –el estatus quo insoportable e inmerecido- encuentra una vía diferente a la propuesta por las guerrillas. Así como la Autodefensa ilegal le quitó durante años al Estado el monopolio de la fuerza en la defensa de las poblaciones, la economía y la democracia, la AUC política, legalizada y desarmada, se propone quitarle a las guerrillas, pero también a la izquierda en general, -y por supuesto, también a los populistas estilo Serpa o Pastrana- el ‘cuentico’ manipulador del tema social, haciendo añicos aquel concepto perimido de que para salir de su crisis y su desigualdad social Colombia está condenada a padecer el monopolio de la izquierda –o del populismo en sus distintos matices- sobre cuáles son los mejores caminos y las mejores soluciones para salir de la postración nacional.

En lo anterior está el quid de la cuestión respecto de la izquierda y su animadversión frente a las AUC. Aunque disfracen eso con la hipocresía de su preocupación por las víctimas de las Autodefensas durante el conflicto, o se rasguen las vestiduras con la cuestión de la impunidad, y pretendan revivir la misma Inquisición y sus tribunales especiales para arrancar de las AUC cualquier verdad que las auto-incrimine, des-incriminando de paso a las guerrillas.

2. Populismo del ‘oficialismo liberal’ y del ‘pastranismo’ conservador: A los hijos y los nietos del Frente Nacional no les cabe en la cabeza que en Colombia crezcan fuerzas democráticas nuevas con aceptación social, ni por los lados del Polo Democrático, ni por los lados de lo que hemos llamado el Polo de la Libertad. Tales populismos oficialistas y seudo-opositores de turno, liberales, conservadores o auto rotulados como independientes, finalmente reaccionarios de todo lo que signifique volver más inclusivo, representativo y participativo, el sistema democrático colombiano, consideran la política como un feudo inexpugnable que les pertenece por ‘linaje’, por ‘dinastía, o porque así fue siempre y no tiene porqué cambiar. Estas fuerzas políticas, a diferencia de la izquierda, tienen sobre las AUC una posición ambigua. Son funcionales a sus intereses políticos y económicos las Autodefensas en el monte, ilegales, criminalizadas, pero de últimas –y muy a pesar de las mismas AUC- defendiendo también los intereses políticos y económicos del populismo ‘liberal oficialista’ o ‘pastranista’, amenazados ambos por el terrorismo de las FARC y el ELN y sus prácticas extorsionistas, secuestradoras y de enfrentamiento antiestatal, amén de competidoras solapadas y a veces no tanto en vastos escenarios del territorio nacional donde cada vez le resulta más difícil a los caciques históricos imponer sus hegemonías y sus dictados. Puede que hoy las guerrillas estén replegadas estratégicamente pero cuando la desmovilización de las AUC se concrete el ‘populismo’ al que hacemos referencia se verá ante un doble problema: por un lado las guerrillas volverán a hacerse sentir donde hasta hoy las AUC las tenían alejadas, y por otro lado las mismas AUC legalizadas y desarmadas serán un competidor político con el que no contaban y al que les resultará difícil derrotar. Con lo dicho basta para comprender por qué todo el ruido de los Serpa, los Pastrana y los Cristo con lo de la supuesta ‘paramilitarización’ del País, cuando lo que los asusta es precisamente lo contrario: la ‘desparamilitarización’ y la transformación del poder militar –que no los agredía- de las AUC en poder político y social dispuesto a competir con ellos y derrotarlos por ser precisamente ellos, los populistas liberales y conservadores, los principales responsables de la indefensión del Estado y de la sociedad que obligó a los civiles a armarse y confederarse en las AUC para hacer lo que el Estado debió haber hecho y no hizo, por la incompetencia, la laxitud y la falta de grandeza de estos populistas anacrónicos, pigmeos al que el País se les creció y salió de las manos cuando guerrillas, narcos y autodefensas obraron cada quien defendiendo su norte y los gobernantes perdieron la brújula.

No pueden entonces, las AUC, esperar aquiescencia, comprensión y generosidad de parte de estas clases políticas ‘populistas’, superadas hoy por Uribe, pero hoy y mañana también mandadas a recoger por la Historia. Demasiado preocupadas están por su propia supervivencia, como para preocuparse por asuntos tales como la Paz de Colombia o el Desarrollo y Crecimiento de la economía nacional, mucho menos por la vigencia de una democracia amplia extendida a derecha e izquierda por la incorporación de quienes hasta aquí solo han operado en la ilegalidad del conflicto. Desde la perspectiva de estos ‘parásitos’ de la política colombiana ampliar la competencia política es cavar centímetro a centímetro, desmovilizado tras desmovilizado, su propia tumba política donde saben caerá inexorablemente su espectral cadáver insepulto.

3. Uribismo: Si de los dos sub-conjuntos políticos anteriores no pueden esperar las AUC ninguna ayuda para dotar de credibilidad y apoyo a su Proceso con el Gobierno nacional, por razones distintas, pero igualmente poderosas, tampoco el ‘uribismo’ está en condiciones de proveer ese apoyo. Cuando izquierdistas y populistas ‘le dan palo’ al supuesto respaldo de Uribe al ‘paramilitarismo’ atacan preventivamente cualquier posibilidad latente en este sentido y desde ese campo del ‘uribismo’. Decir y repetir que el de Ralito es un ‘proceso de yo con yo’ es un misil dirigido por izquierdistas y populistas para minar cualquier tipo de reivindicación histórica por parte del ‘uribismo’ para con las Autodefensas a partir de la Mesa de Negociaciones. El Gobierno nacional está así paralizado en cualquier intento que quisiera hacer –en honor de la verdad histórica- por darle a las AUC un tratamiento público siquiera similar al que otros gobiernos –no olvidemos el de Pastrana con las FARC, ni el de Samper-Serpa con el ELN- supieron darle a las guerrillas colombianas, en Colombia y en el exterior: para nada terroristas, para nada narcotraficantes, para nada violadores de los derechos humanos, ¡qué va!, sino muchachos idealistas, generosos, un poquitín equivocados tal vez, pero siempre recuperables, siempre con las puertas abiertas de la política, para cuando se cansaran de echar bala y de sembrar coca. Además con el ‘uribismo’ existe otro problema que agrava la soledad política de las AUC en el cuerpo oficial de la política colombiana. Y es que ha hecho carrera en el ‘uribismo’ -sobre todo en sus sectores más frágiles ideológicamente, menos compenetrados con la realidad y la gravedad del conflicto vivido en estos últimos cuarenta años- aquello de que las Autodefensas le quitan votos al ‘uribismo’ y espantan a su electorado, por lo cual con las AUC cuanto más distancia se ponga, mejor. En la práctica esto ha significado que el discurso de un ‘uribista’ promedio –de entre quienes se expresan a través de los medios- no difiera sustancialmente del discurso anti AUC de un guerrillero de las FARC y del ELN, de un izquierdista democrático, o de un populista liberal o conservador. Y esto es lo que recoge la Prensa y los medios y que no llegan a re-codificar acertadamente los analistas y editorialistas, pero no nos descorazonemos, habrá tiempo y espacio para llegar allá.


Por distintas razones –de las que aquí acabamos de hacer un rápido repaso- el TODOS CONTRA LAS AUC es un hecho de la política colombiana de superficie, y digo de superficie, porque por debajo, cerca de las bases sociales, sobre todo de las bases sociales que han padecido las acciones terroristas de las FARC y del ELN, o que han vivido en carne propia la tragedia de ser gobernados por dirigentes de la ‘partidocracia’ populista liberal o conservadora, la situación es bien distinta y las acciones políticas de las AUC se cotizan sensiblemente ‘al alza’, particularmente después del hecho inesperado, contundente e irreversible de la desmovilización inicial y señera de Salvatore Mancuso, y las declaraciones últimas del líder histórico Vicente Castaño sobre ‘que las armas sobran’ y que las AUC tienen que sumar más amigos en la política –vengan del partido dónde vengan- y en la sociedad colombiana –sin discriminar entre los pocos ricos, para que sean más, y entre los muchos pobres, para que lo sean cada vez menos. La decisión tomada de los líderes máximos de las AUC hacia el adiós a las armas y la actividad política late también con fuerza y convicción en las próximas desmovilizaciones de miles de combatientes con don Adolfo Paz, Diego Vecino y Gabriel Galindo a la cabeza de los bloques y frentes conducidos social y políticamente por ellos.

Antes de terminar, dediquemos algún párrafo a la Prensa y su forma de presentar a las Autodefensas y el significado histórico de su nacimiento, existencia, actuación y presente proceso de transformación en actores políticos. Las AUC no pueden ignorar el peso relativo que el pensamiento político de izquierda, pero también el populista de siempre, y el más nuevo del ‘uribismo’ ejercen sobre el periodismo. Finalmente los periodistas son hijos de su profesión pero también respiran el mismo aire político que el resto de los ciudadanos. Que sean profesionales de lo suyo no significa que en materia política tengan que ser necesariamente los mejores orientadores, mucho menos los pontífices máximos de la Opinión pública. Los dueños de los medios de comunicación, además, dependen económicamente de los lectores –o los televidentes, o radioyentes- que compran sus servicios, pero también de los avisadores que con sus anuncios permiten la supervivencia económica y financiera de cada medio. Por las razones que arriba se explicitaron –y que influyen sobre el ejercicio del periodismo- el ambiente de los medios está viciado en cuanto al tratamiento de las Autodefensas por un sesgo negativo y descalificador que excede en mucho los errores –e incluso horrores- que las AUC pudieron haber cometido. Las razones de ese tratamiento discriminador, respecto del más benévolo que reciben las guerrillas, reside probablemente en que lo que es validado como políticamente correcto por las elites políticas termina influyendo en las líneas editoriales, porque en definitiva –salvo excepciones- los medios están orientados a lo que vende, a lo masivamente buscado por el consumidor. Y si por distintas razones e intereses en Colombia ha habido un mayoritario interés político por desacreditar a las Autodefensas, es apenas obvio que esto se refleja en la Opinión pública y se realimenta vía la compra de aquellos medios de prensa que enfatizan sobre tal o cual aspecto, no importa cuanto amarillismo contenga. Entonces, el mecanismo circulatorio de la prédica anti-AUC está activado y resulta muy complejo revertirlo por las AUC, sobre todo por la ilegalidad en la que han vivido durante tantos años, sin contar –como si han contado y siguen contando las FARC y el ELN- con un amplio e influyente sector político de izquierda siempre dispuesto a engrandecer sus escasos méritos y empequeñecer sus grandes horrores. Este sesgo anti AUC y pro guerrillas –disminuido ciertamente tras el fracaso estruendoso del Caguán- comienza en las elites políticas, de allí pasa a las elites poseedoras de los medios, se masifica en términos de mercados masivos de comunicación y termina avalado y financiado por quienes buscan los medios de mayor circulación para publicar sus avisos publicitarios.

Claro que lo anterior es susceptible de cambio. Pero se requiere no solo de tiempo, sino de acciones políticas por parte de las AUC que reviertan la situación desventajosa de inicio. Para quienes, dentro de las AUC, pensaron que bastaba con decir ‘me desmovilizo’, ‘abandono la guerra’, ‘pido perdón’, ‘me dedico a la política’, era suficiente, han visto y comprobado que esto no es tan sencillo. Es más simple desactivar el aparato de guerra, que poner a caminar el aparato político. Puede que esto no sea así en el contacto cotidiano con las bases sociales que van acompañando –y también generando- la transformación de lo militar a lo político, de lo ilegal a lo legal, de lo clandestino a lo público. Es esto lo que, precisamente, porque va debajo de la superficie los medios no perciben, o lo procesan mal porque entre las bases sociales y los medios, median los intereses de los distintos sectores políticos enemigos o adversarios de las AUC. Son estos sectores políticos –a los cuales más arriba pasamos revista- los interesados en mantener desinformada a la ciudadanía, y es esto lo que los medios están aprendiendo a distinguir –para no seguir siendo también ellos manipulados- en medio de toda la enorme y bienvenida novedad que significa para la democracia colombiana el advenimiento de las AUC como actor político.

Pero como todo no puede descargarse sobre las espaldas de los opositores políticos, ni sobre la falta de comprensión de analistas políticos y periodistas, también hay que decir, llegados a este punto, que las AUC están en mora de presentarse políticamente en sociedad. Desde la salida de escena de Carlos Castaño y la desmovilización de Salvatore Mancuso los documentos y editoriales de las AUC –al menos los que públicamente aparecen en www.colombialibre.org, su página oficial- poco, o muy poco, es lo que dejan traslucir sobre sus próximos pasos en materia de organización y acción políticas, sobre sus metas a corto, mediano y largo plazo. Algunos reportajes a sus máximos líderes han encendido algunas luces, pero ellas distan de iluminar todo el escenario, y la visión del ideario y estrategias de las AUC permanecen desconocidos para la Opinión pública nacional y la Comunidad internacional. Es probable que las enormes dificultades y las crisis de la negociación con el Gobierno nacional hayan absorbido todas sus energías y ocupaciones, pero también es posible que medie un compromiso solicitado por el Gobierno nacional de que las AUC no se expresen públicamente a través de los medios, como actores políticos, para no transmitir la imagen equívoca de que siendo todavía actores armados del conflicto disponen ya de escenarios y comportamientos políticos como si estuvieran desarmados. Puede que algo de esto último exista y que las AUC hagan bien en respetar sus compromisos en la Mesa. Sin embargo, el silencio de las AUC las daña políticamente, y cuanto más se extienda el actual mutismo sobre sus anuncios políticos más crecerán las especulaciones y los rumores. Los comandantes y los ex comandantes de las AUC deberán evaluar en conciencia cuánto les ha costado ya –en términos de capital político- su aparente displicencia por constituirse como partido político, o como movimiento político, su demora en dar a conocer su plataforma ideológica, sus propuestas políticas y su visión del mundo en el que Colombia tendrá que vivir sus próximos años. ¿O será que las AUC nos tienen reservada esa sorpresa para los próximos meses cuando ya no haya crisis por superar en la Mesa y Ralito comience a ser recuerdo e historia patria?

Las AUC demuestran sabiduría política cuando manifiestan –Vicente Castaño a Semana- que en una democracia, teniendo razones –y un Estado que defienda a sus ciudadanos-, las armas son un estorbo y no una ayuda. Y cuando asumen en consecuencia que quien tiene la razón no puede abusar de la fuerza. Igualmente es aplicable en política –y las AUC no ignoran esto- aquel proverbio que dice que ‘el hombre es dueño de las palabras que calla y esclavo de las que pronuncia’. Ahora bien, las AUC en su tránsito a la vida social y política plenas también deberán atender aquel principio que dicta que ‘en política los espacios vacíos no existen, y los que no ocupa uno, lo terminan ocupando los enemigos, los adversarios o los competidores’.

Y por lo considerado hasta aquí si algo no les falta a las AUC son amigos, pero tampoco enemigos, adversarios y competidores.

Así la veo yo.