agosto 30, 2005

La justicia social no será obra de la guerra sino de la política

La izquierda y la ultraizquierda se han vuelto defensoras acérrimas del statu quo
Colombia, 30 de agosto de 2005


Así la veo yo

Por RUBIÑO



La política está llamada a producir grandes hechos en Colombia. Grandes cambios institucionales, sociales y económicos. A grandes enfermedades, grandes remedios. Pero que sean realmente remedios, no otras enfermedades camufladas de remedios. La política, entonces, no puede seguir siendo manipulada y envilecida, ni por los ejércitos paramilitares de derecha y de izquierda, ni por los corruptos de toda laya e ideología, tampoco por quienes desde las sombras pretenden desvirtuar la democracia y convertirla en un botín de guerra, o en una caja de Pandora.

La política no debe seguir siendo estigmatizada, mucho menos minimizada en sus alcances o asimilada restrictivamente a la libertad de elegir. La política sólo tiene un sentido auténtico, el sentido de la libertad. Y la libertad, esencialmente, es libertad de hacer. De lo cual se desprenden otras libertades derivadas de aquella libertad inicial: como la libertad de organizarse políticamente, de elegir y ser elegidos, de pensar, de escribir, etc., etc. La guerra y las tiranías, así como las dictaduras y también el terrorismo, son sucesos humanos que por ir en contra de la libertad de hacer, son acciones que acaecen –y se padecen- por fuera de la política. La política puede ser la continuación de la guerra por otros medios –políticos- mientras que la guerra es la negación de la política, es la anulación de la política por otros medios –guerreros.

Cuando las FARC y el ELN insisten con la guerra, renuncian a la política. Por más argumentos que esgriman en su justificación de la guerra, desencadenada por su iniciativa criminal, no pueden torcer lo evidente: desisten de la política para imponer sus criterios por medio de las armas. Hablan de política, pero de una política que sobrevendría solamente cuando hayan derrotado al Estado y obligado a la sociedad a aceptar sus mandamientos. Aun cuando hablan de negociación política, la misma constituye en realidad una prepolítica, porque mientras prosiguen guerreando –y aterrorizando a la población civil- están renunciando a la persuasión de la sociedad que es tan esencial a la política, como la libertad de hacer.

Las FARC y el ELN no solamente han renunciado a practicar la persuasión política sino que parecen haber aceptado -¿o delegado?- tácitamente, que sea la izquierda democrática la que transite ese camino de persuasión. De tal manera que –contra lo que podría esperarse- la izquierda democrática está desertando de la responsabilidad histórica de ser embajadora de la legalidad democrática –de la legitimidad del Estado- ante las FARC y el ELN, para ser convertida por éstos en instrumento de chantaje y de ‘persuasión’ de la sociedad entera acerca de que si el Estado y la sociedad no se someten a sus designios por las buenas, los guerrilleros se tomarán el poder por las armas, como ejércitos paramilitares de izquierda que son.

Cabe también otra posibilidad igualmente macabra. La de que quienes en el monte constituyen el paramilitarismo de izquierda, estén vinculados a un mando unificado en las sombras, desde el cual se desprenden los hilos que mueven a su antojo -en un movimiento pendular- a factores determinantes enquistados tanto en lugares clave del aparato ilegal armado, como en sitios influyentes de la superficie legal desarmada, encargados de combinar las formas de lucha de la antipolítica de las FARC y el ELN con la política de la izquierda democrática.

Colombia está enfrentada a retos descomunales si quiere ser un País con gobernabilidad, al mismo tiempo viable, democrático y pacífico. Debe cortar las alas de todos los paramilitarismos –de derecha, de izquierda, y sin ideología- y al mismo tiempo negociar con los para-Estados de distinto cuño que le disputan al Estado no solo el monopolio en el uso de la fuerza, sino también el control absoluto de los mecanismos de poder. Esta gigantesca y abrumadora tarea solo podrá ser exitosa sumando esfuerzos internos y externos, en la dirección de la Paz y la Democracia, contra los violentos y los enemigos de la democracia.

Desde esta óptica de los para-Estados subsistentes es el mismo Estado colombiano el que está aún en gestación. A la par de sus grandes avances persisten mares interiores –no simples lagunas- donde la gobernabilidad democrática está lejos de haberse consolidado. Es en este cúmulo de contradicciones existente donde hacen nido las confusiones que insisten, por ejemplo, en atribuir a las AUC un carácter poco menos que demoníaco, y a las FARC y al ELN unas características más propias de mártires que de verdugos. En el ojo del huracán de este proceso de refundación del Estado y la democracia, las AUC se la jugaron toda en Santa de Ralito, durante más de dos años, por la legitimidad constitucional, por la ampliación y fortalecimiento de las bases de la democracia, por la reinstitucionalización de la presencia estatal en todas sus zonas de influencia. Los hechos incontrastables de la desmovilización de las AUC han sido tan contundentes e inocultables que sólo la inveterada tozudez de los ‘deslegitimadores’ de oficio del Estado -desde los extremos de izquierda, de derecha y de los ‘apolíticos’ varios- insiste en negarle validez a la decisión histórica de las AUC de cambiar el sino trágico de la Historia de Colombia. En otra dirección, desde el centro, la derecha y desde la izquierda menos recalcitrantes –no precisamente desde sus extremos- van apareciendo signos alentadores, representativos de acumulados sociales aun invisibles a los medios de comunicación, testimonios de que el gigantesco esfuerzo no ha sido en vano y que las AUC desmovilizadas no están tan solas de Pueblo ni tan alejadas del favor de Dios como quisieran sus enemigos y sus detractores

El regreso de la Policía a Santa Fe de Ralito, tras más de 20 años de ausencia, fue acompañado, en los titulares de prensa, con la masacre de 12 campesinos producida por las FARC en Puerto Valdivia y por la alarma y desplazamiento de cientos de labriegos que también causaron las FARC en el área rural de Valencia, en cercanías de la zona de negociación del Gobierno nacional con las AUC.

Tan ostensibles son los hechos de terror que siembran las FARC, como el silencio del Polo Democrático, y de la izquierda democrática en general, sobre hechos gravísimos –delitos de lesa humanidad- que afectan a las poblaciones campesinas más vulnerables, en nombre de las cuales, supuestamente, las guerrillas toman las armas y la izquierda agita las banderas de la solución política negociada del conflicto armado. Sin embargo, la amarga realidad muestra todos los días que la romántica revolución se convirtió en demencial contrarrevolución y que la solución política negociada es solamente la metáfora con que pretende denominarse la capitulación del Estado frente al terrorismo de izquierda.

Curiosamente, las AUC que enfrentaron a la ultraizquierda armada en el monte, tienen que habérsela ahora con cierta izquierda desarmada en el llano de la democracia, donde aquellas pugnan por ingresar y estas insisten en cerrarles la entrada. ¿Será que para amplios sectores de la izquierda democrática la solución política negociada solo es con los guerrilleros de izquierda, mientras que para quienes -como las AUC- los enfrentaron, sólo cabe el sometimiento y la cárcel? ¿Será que a los autores de incontables secuestros, asesinatos y masacres les esperan la amnistía y el indulto si HRW, o Amnesty Internacional, junto a los Petro, Molano, García-Peña y compañía, dan fe de su militancia revolucionaria en las FARC y el ELN, mientras que a quienes integraron las AUC sólo les cabe la proscripción política y la cárcel por haber tenido la osadía de enfrentar militarmente a las guerrillas y el proyecto de sometimiento del País a sus designios de ultraizquierda?

El Polo Democrático y la izquierda se equivocan de cabo a rabo cuando se dejan vencer por la tentación de verse a sí mismos como los socios del silencio de las atrocidades de la ultraizquierda confirmando en los hechos –y en la mente de los colombianos- aquello de la combinación de todas las formas de lucha que viene predicando la izquierda desde aun antes de los ’60 y la Revolución Cubana. Siniestra combinación que halla en la deslegitimación del Estado el común denominador de todas sus iniciativas.

Es aquí, en la legitimación o deslegitimación del Estado, donde se parten las aguas de la democracia y del conflicto armado en Colombia. Mientras unos, en nombre de la igualdad y la justicia social, insisten en deslegitimar al Estado –desde dentro y desde fuera de las instituciones democráticas-, otros, quienes los enfrentan, en nombre de la libertad y la democracia, insisten en la necesidad de legitimar al Estado, y lo hacen –paradójicamente- desde dentro y también desde fuera de la legalidad. Es en este contexto donde, quienes bregan por la deslegitimación del Estado lo que producen con sus hechos es defender el statu quo –que no sólo resiste sino que también se fortalece ante la agresión- , mientras que quienes tienen el propósito de legitimar el Estado saben –mejor que nadie- que a este Estado hay que transformarlo profundamente, para que sea un Estado legítimo, de la gente, por la gente y para la gente.

Uno espera el milagro de ver a la izquierda democrática y al PDI argumentando ante las FARC y el ELN para que no sigan siendo factores conservadores de la violencia sino que se sumen a la tarea transformadora del Estado y de la sociedad. Sin embargo, poco y nada es lo que se avanza en ese sentido, como si la izquierda estuviese condenada en Colombia a vivir defendiendo los propios mínimos espacios en vez de hacer crecer los grandes espacios donde quepan todos los colombianos.

Así las cosas, Colombia parece destinada a ser transformada positivamente –no desde la retórica- por quienes desde el centro-izquierda hacia la derecha quieren vivir en un país socialmente justo, libre entre los libres del mundo, y alejado de toda violencia. Esto explica la aceptación que suscita el candidato-presidente Uribe entre los tantos millones que queremos el cambio transformador en Colombia, y no la eternización de los viejos problemas como recicla dogmáticamente la llave cierra-puertas a la Paz en manos de las minoritarias izquierdas y las ultraizquierdas. Esto explica también porque el discurso de izquierda sobre la igualdad y la justicia social ya no seduce a las masas, sino que es el bienestar, la paz y la libertad aquello por lo cual clama hoy el Pueblo de Colombia. De última, Colombia sabe lo que las FARC y el ELN pretenden ocultar: que la justicia social será una consecuencia de la libertad y un fruto importante del árbol de la paz.

Precisamente, el bienestar –cero pobreza-, la paz –cero violencia- y la libertad –cero opresión- son la banderas insignias de las AUC desmovilizadas.

No se trata entonces de someter a las tenazas del binomio ‘guerrillas-negociación política’ el futuro promisorio de Colombia, sino de que la cuestión crucial es seguir invitando a que las FARC y el ELN tomen la decisión de sumarse, desarmadas y dentro de la ley, a la construcción presente de ese futuro promisorio que reclama la hora de los pueblos, en Colombia y en el mundo entero.

El Estado colombiano y su democracia deben reivindicar para sí –ante todos los violentos- no solo el monopolio de la fuerza sino también el pleno derecho a la libre construcción de la justicia social.

Y esto debe hacerse con las FARC y el ELN, una vez desmovilizados, o sin ellos. Finalmente, ni las FARC ni el ELN tienen la receta de la justicia social. Si la tuvieran hace años ya que estarían gobernando y gozando del favor popular. Nadie pasa más de cuarenta años escondido en el monte viviendo como los micos si tiene el secreto de la felicidad colectiva. Si esto fuera así serían millones los colombianos que en procesiones interminables acudirían a escuchar la Palabra guerrillera y se arrodillarían ante tamaña Sabiduría. ¡Que las guerrillas no crean tan pendejo al Pueblo colombiano!

La justicia social no será obra de la guerra ni de los guerreros sino de la política y de los políticos.

Por eso las AUC se están desmovilizando.

Porque no quieren defender el statu quo de la guerra y sus trágicas consecuencias sino reivindicar la política con su sentido de libertad y dignidad.

Santa Fe de Ralito está produciendo el pasaje de la guerra a la política. Y de la política a la libertad.

Colombia valora en sus entrañas esta alquimia de la buena fe capaz de convertir a los guerreros en políticos, y a los políticos en hacedores de paz y justicia social.

Puede que algunos insistan con la cárcel para los ex comandantes de unos y de otros, pero son millones los que no quieren ver ni a las FARC, ni a las AUC ni a el ELN, en el monte o detrás de las rejas, sino desarmados, trabajando y estudiando para el Bienestar y la Justicia social, en el seno de comunas agrarias de paz donde siembren codo a codo con otros colombianos las semillas de reconciliación que produzcan el final definitivo de todas las guerras.

Entre quienes insisten en pedir la cárcel para unos o para otros desde una visión arcaica de la justicia, o desde un pensamiento de izquierda o de derecha, con el propósito –no siempre declarado- de ver entre rejas al reo, o al adversario ideológico, se está abriendo paso una visión diferente que, día tras día, va encontrando eco en no pocos colombianos y colombianas:


El destino de los ex comandantes guerrilleros o ´paras´ que hayan conducido procesos de paz exitosos y verificables no puede ser la cárcel. Esto no solo iría en contra del perdón y el reconocimiento social que está dispuesto a ofrecer Colombia por la conversión habida sino que, además, iría en contra del esfuerzo de quienes desde la filas de las guerrillas o de las autodefensas continúan en el monte con la intención de convencer a sus compañeros y líderes sobre los beneficios de abandonar la guerra. No se trata entonces de que no se apliquen las condenas que estipulen los jueces, sino de que las condenas se cumplan en espacios diferentes a las cárceles, bajo la mirada atenta de las autoridades responsables del Estado, donde pueda adelantarse una dinámica de reincorporación a la vida civil acorde con la gravedad del conflicto vivido, así como funcional a la importancia decisiva de alcanzar un exitoso post-conflicto.


Volveremos sobre este tema, más aún, cuando se puede leer hoy en las páginas de El Colombiano, de Medellín, algo que parece ir en la misma dirección: unas declaraciones de Juan David Ángel, director del Programa de Reinserción Nacional, donde manifiesta que le suena la idea de las ‘aldeas de paz’, propuesta por varias organizaciones del Oriente antioqueño, que buscan que en ese escenario se encuentren víctimas y victimarios en un proceso de reconciliación.

Transmutar la cárcel por comunas agrarias de paz, ha de ser la obra de políticos de raza, de postmodernos alquimistas embebidos de sana política.

La reconciliación no será obra de politiqueros ni de guerreristas, ni más faltaba.



Así la veo yo.


Los artículos que forman la serie completa de “Así la veo yo’’ también pueden ser consultados en
www.salvatoremancuso.com

agosto 23, 2005

Las ‘razones de Estado’ y su inclinación hacia la guerra o la paz


Las ‘razones de Estado’ y su inclinación hacia la guerra o la paz Si quieres la guerra construye más cárceles, si quieres la paz siembra justicia y libertad. La clave no es la represión sino la confianza.

Colombia, 23 de agosto de 2005

Así la veo yo (24)

Por RUBIÑO



Cuando de ‘razones de Estado’ se trata suelen confundirse estas razones con las recomendaciones de Maquiavelo. Sin embargo, las ‘razones de Estado’ tienen también una acepción enormemente más amplia, que roza las ‘razones de ser del Estado’. Es en este segundo sentido, de alcance más vasto –y para nada cínico- que me introduzco en este tema de las ‘razones de Estado’ donde hunden sus raíces buena parte de las dificultades que han encontrado hasta hoy los procesos de paz en Colombia, particularmente los dos más recientes, con las FARC y las AUC, que por distintas vías han derivado hacia el mismo interrogante: ¿Cuál es el costo de la Paz que está dispuesto a admitir el Estado colombiano? O yendo más lejos y más profundo: ¿El Estado colombiano considera que la Paz es un costo, una inversión o una razón de ser que no puede desatender sin traicionar su propia esencia constitutiva y constitucional?

Era el mes de septiembre de 2001 y habían pasado solamente unas pocas horas desde la caída de las Torres Gemelas, en Nueva York. Un grupo de estudiantes universitarios buscaba en las cercanías de Buenos Aires, la capital argentina, mayor ilustración sobre el conflicto armado en Colombia, y no comprendía ni lo del Caguán de entonces, ni lo de miles de secuestrados, ni lo de las masacres de campesinos ni las tomas violentas de pueblos tan pobres. No habían nacido todavía estos jóvenes universitarios cuando otro argentino -el Che Guevara- ya había muerto en Bolivia en su combate revolucionario, y tal vez por lo que calificaban como gesto heroico de un compatriota con Latinoamérica, sentían simpatía por una revolución como la cubana, sin la cual, seguramente, ni Pablo Milanés ni Silvio Rodríguez serían sus ídolos. Sin embargo Colombia, para ellos, significaba un enigma con sus guerrilleros eternizados en la selva, sus ‘paras’ armados hasta los dientes y sus ‘narcos’ revolucionando los mercados mundiales de la cocaína. De aquellos jóvenes intelectualmente inquietos traigo hoy a colación el interrogante que más me impactó:

¿Será que los colombianos quieren la Paz? ¿Será que los guerrilleros, los ‘paras’, los ‘narcos’ e incluso el Estado, quieren realmente la Paz? Porque de otro modo, si la quieren de veras, es inexplicable que todavía no la hayan alcanzado después de tantos años de buscarla. Sería como un milagro al revés. Como si tampoco Dios la quisiese.

Respondí en aquel momento que el Pueblo colombiano sí quería la Paz, pero que todos los actores armados –incluso el Estado- consideraban que la Paz sólo llegaría después de su propia victoria, como una concesión que habría que hacerle a los vencidos. O después de una ‘negociación’ a la cual una de las partes llegaría al borde del colapso. Sin embargo, para levantarles el ánimo les mencioné a los estudiantes ‘off he record’ algo que había surgido de unas conversaciones sostenidas con los líderes de las AUC, entre ellos Carlos Castaño, Salvatore Mancuso y Adolfo Paz, que podía, de concretarse, modificar en parte ese oscuro panorama. Las AUC se estaban preparando internamente para declarar un cese unilateral al fuego e iniciar un proceso de paz con el primer gobierno dispuesto a hacerlo seriamente y como primer paso hacia una paz total que debía sumar a las guerrillas y también a los ‘narcos’. Eran tiempos no tan lejanos y, sin embargo, mucha agua ha corrido debajo de los puentes. Recuerdo esto porque todo tiene un comienzo, y la paz de Colombia también lo tendrá –o tal vez, si el Estado recapacita, ese comienzo ya lo tiene en Santa Fe de Ralito.

Los países tienen sus ‘razones de Estado’, y no por resabios de maquiavelismo, sino porque son esas ‘razones de Estado’ las que, en últimas, preservan a las naciones de las consecuencias pesarosas e inconvenientes que se derivan de los vaivenes de la opinión pública, tornadiza ella como los estados de ánimo de los ciudadanos que la componen, sujetos atrapados sin salida, tantas veces, en las telarañas que suelen tejer los medios de comunicación cuando pretenden fijarle su agenda a los gobernantes y a los ciudadanos.

Pongamos el caso del narcotráfico. Es claro y para nada condenable que los EEUU tengan su razón de Estado al respecto. Razón que les hace primero calificar dicho negocio de ilegal y después disponer sus modos de enfrentar lo que previamente ha sido declarado como ilegal. Algún día eso puede cambiar –no necesariamente en la opinión pública- sino en las razones de Estado de los EEUU y entonces lo que fue ilegal un día se puede volver legal al otro día, con las consecuencias inmediatas de desactivación de los mecanismos dispuestos para la lucha contra el negocio declarado antes ilegal.

El ejemplo anterior lo traigo aquí porque así como el narcotráfico ha sido elevado a la categoría de enemigo de los EEUU por razones de Estado, no está claro, en el caso de Colombia, si el enemigo del Estado colombiano es la guerra o el enemigo es la paz. Porque si fuera razón de Estado en Colombia la finalización de la guerra, los actos consecuentes serían bien diferentes a aquellos que se derivarían en el caso –hipotético y que Dios nos libre- de que el enemigo de Colombia, por razones de Estado, fuera la paz.

Lo que estamos planteando suena necio, o al menos poco serio. ¿Cabe pensar siquiera a modo de hipótesis que la razón de Estado en Colombia fuera alimentar la guerra, no dejarla morir, hacer imposible la paz? ¿Puede caber esto en la mente de alguien? Seguramente no en la mente de quien padece la guerra, de quien tiene un familiar secuestrado, un vecino mutilado, o un amigo asesinado. Tampoco en la mente de quien vive en las zonas de conflicto, o ha sido desplazado, o está condenado de por vida al pago de extorsiones. Tampoco se escucha entre las propuestas de los políticos –menos en las de los candidatos- que la guerra debe continuar porque esto –lo de la guerra- es razón de Estado.

Sin embargo, pasan los Gobiernos y la guerra continúa, o cambia de nombre, y del conflicto armado pasamos al callejón sin salida, o a las amenazas terroristas. O descubrimos que no se trata de guerra civil sino de violencia entre colombianos. Es cierto que hay períodos de mayor calma, que preceden a las nuevas tempestades, o tiempos de terror cotidiano al que le siguen violencias más espaciadas, o al menos, menos espacio en los noticieros de la televisión para registrar las víctimas que siguen cayendo vestidas de civil, de uniforme o camufladas, año tras año, sin solución.

Colombia no puede hacer nada por modificar las razones de Estado de los EEUU. Además, es muy poco lo que puede hacer por evitar en su propio territorio las consecuencias de aquellas razones de Estado de los EEUU. Esto se entiende, es parte de la ‘realpolitik’. Si se quiere, es uno de los costos que Colombia paga por pertenecer a la Comunidad internacional en esta parte del planeta. Pertenecer que, por otra parte, también tiene sus beneficios y no es esto de lo que se trata aquí, en este artículo.

De lo que se trata es de interrogarnos acerca de las razones que hacen que en Colombia siga creciendo el número de mutilados, asesinados, secuestrados, extorsionados, masacrados, amenazados, etc., etc., sin que el País entero se ponga de pie y diga ¡BASTA!

¿O será que quienes se alzan en contra de aquella hipotética razón de Estado y se pronuncian por la Paz, precisamente por ir en contravía de una ‘razón de Estado’ son silenciados, maltratados y finalmente apartados de la comunidad?

Las AUC alzaron sus banderas blancas y convocaron al País a iniciar un proceso de paz. El Gobierno del presidente Uribe atendió el llamado y dispuso que Santa Fe de Ralito fuera el centro originario de una nueva esperanza. Se sucedieron los diálogos –también las crisis- pero finalmente los avances fueron más que los retrocesos y los actos de fe de las AUC abrieron el camino a las desmovilizaciones más grandes de la historia de Colombia. Y quien consulta la prensa se encuentra todas las semanas con el anuncio de nuevos desarmes, aquí, allá, en todo el territorio nacional. Son decenas, cientos y también miles de combatientes que desafían el miedo de abandonar sus armas en un País – el nuestro- donde la razón de Estado parece estar más inclinada del lado de la guerra que del lado de la paz.

El gesto histórico de las AUC de tomar la iniciativa de paz entre los actores del conflicto armado recubrió el hueco demencial en el que se había caído tras el fracaso del Caguán. Fracaso que tuvo responsables, seguramente, entre las filas más guerreristas -¿terroristas?- de las FARC, pero también entre quienes, del lado del Estado, parecen defender razones de Estado que hacen de la guerra un hecho permanente como si la guerra en Colombia tuviera más dolientes que la misma paz, o al menos dolientes más poderosos y bien atendidos.

Cuando las AUC se sentaron a acordar con el Gobierno nacional el proceso de su desmovilización y reincorporación a la vida civil –en el mismo 2002 en el que las FARC fueron apartadas de la Mesa por el Gobierno anterior- se encontraron con la novedad –por boca del nuevo Alto Comisionado para la Paz- de que el ordenamiento legal colombiano estaba fuera de tono con los nuevos estándares internacionales para procesos de paz. ¡Oh sorpresa! Porque apenas unos meses antes, se habían clausurado más de tres años de negociaciones entre el Gobierno nacional y las FARC, sin que por ningún lado se hubiese mencionado, como un inconveniente para el proceso de paz, tal supuesta falta de ponerse al día. Lo que todo indicaba entonces –antes de la ruptura que decidió Andrés Pastrana, ‘mamado’ con el comportamiento de las FARC- es que los comandantes de las FARC iban derechito para sus curules en el Congreso, tras previa participación ‘con todas las galas’ en una Asamblea Constituyente. Recordemos que Europa había recibido previamente la delegación del Gobierno y de las FARC con algo bien distinto a gritos insultantes y banderas por verdad, justicia y reparación. Jamás se habló de penas ni de cárcel, ni de ‘cero impunidad’ y –mucho menos- de reparación a las miles de víctimas ocasionadas por las FARC. A esas horas el presidente Pastrana se había cansado de repetir que las FARC ni eran narcotraficantes ni eran terroristas. Y todo esto sin un mayor rasgar de vestiduras por parte de los EEUU ni de parte de HRW ni Amnesty International.

Todo esto es bueno que se recuerde ahora cuando el proceso de paz con las AUC ingresó en su etapa final de desmovilizaciones. Y cuando uno de los actores ilegales del conflicto armado cede al Estado sus zonas de influencia, las zonas que lograron preservarse de la presencia guerrillera y las amenazas terroristas. Ahora sí es posible la reinstitucionalización de la presencia del Estado en vastas zonas del territorio nacional que están siendo regresadas al manto protector de las instituciones públicas y democráticas por las AUC desmovilizadas.

A diferencia de las FARC, las AUC no han pretendido cambiar armas por favores políticos, ni tampoco armas por impunidad. Las AUC –a diferencia de las FARC- no han exigido participar en misiones oficiales solventadas por el Estado para contarle al mundo su visión de los problemas y soluciones para Colombia, ni han solicitado la televisión estatal para transmitir a los colombianos y colombianas sus razones de ser, sus sueños y sus proyectos de País.

Sin embargo, las AUC tienen toda la razón cuando se manifiestan desilusionadas por el futuro que parece esperarles en su azaroso regreso a la vida civil. Lo que soñaban sería el primer paso hacia la Paz de Colombia choca con realidades incontrastables: la capacidad del Estado para cubrir con eficacia institucional –no sólo con soldados- sus anteriores zonas de influencia, está demostrando en los hechos sus limitaciones. Las políticas de Colombia para superar favorablemente el flagelo del narcotráfico, e incluso para favorecer acercamientos y consensos que pongan fin a las actividades ilegales, tropiezan con la insuficiencia del Estado y de sus leyes. Además, las alianzas del Estado colombiano con los EEUU hacen imposible pasar por alto las razones de Estado del país más poderoso de la tierra.

Las FARC y el ELN –sorprendidas por las presiones internacionales suscitadas a partir de Ralito –con la inesperada consecuencia práctica que también ellas habrán de recibir penas acordes con sus delitos- están más convencidas hoy con Uribe, que ayer con Pastrana, Samper y Gaviria, que un proceso de paz será imposible en las nuevas condiciones internacionales y que solo cabe vencer o morir en su intento revolucionario. O imponer sus condiciones en una Mesa donde acudan como vencedoras y el Estado claudicando.

¡Qué paradoja! Las AUC confiaban con su decisión de abandonar el camino de las armas, abrirles a todos los actores del conflicto armado colombiano una posibilidad de construcción de paz. Sin embargo, las razones de Estado –el de aquí y los de allá- parecen apuntar en direcciones divergentes, como si la guerra hubiese alcanzado por extraños caminos el rango de razón de Estado. Cuando los actores armados ilegales miden en carne propia –o viendo la experiencia en cuerpo ajeno- que de lo que se trata a través de la negociación es de cambiar la vida peligrosa –pero libre- en el monte, por el escarnio público y la cárcel, en Colombia o en el exterior, todo intento que los ‘pacifistas’ alienten frente a los ‘guerreristas’, de lado y lado, resultará inútil, y no sólo eso, también resultará peligroso. Porque serán atizados los fuegos de la discordia y el divisionismo –entre ‘halcones’ y ‘palomas’- por todos aquellos enemigos que apelan a provocar la implosión cuando la destrucción desde fuera les fue imposible de lograr. ¿Con qué aliciente quienes quieren la Paz pueden ofrecer a sus compañeros el futuro de la cárcel a hombres y mujeres armados que no han sido derrotados?

El proceso de paz con las AUC está cerca de su final pero aún falta un trecho decisivo. Sigue siendo irreversible el camino andado en Ralito pero, al igual que toda obra humana, está lejos de ser irrompible. Sin embargo, frente a las dudas también caben las certezas: el proceso de paz con las AUC es perfectible en sus conclusiones –todavía hay tiempo-, como perfectibles tendrán que ser –necesariamente- los procesos que sigan si se quiere ser exitosos con las FARC y el ELN, y con todos los componentes del conflicto. Las AUC han hecho mucho en la dirección correcta del desarme y de la paz. Colombia entera no demorará en valorarlo y agradecerlo. Eso está claro porque el pueblo colombiano no se maneja con razones de Estado sino con sensatez y sentimientos, así como reaccionan el pueblo de los EEUU, el europeo y todos los pueblos del mundo, hartos de guerras y de miseria y pobreza.

Si las ‘razones de Estado de paz’ terminarán primando en Colombia sobre las ‘razones de Estado de guerra’ es todavía una incógnita; lo único cierto es que existe una puja no resuelta sobre este crucial aspecto.

Y mientras esto de las razones de Estado no esté resuelto será más complejo –y hasta imposible- compatibilizar las razones de Estado colombiano con las razones de Estado del resto de los Estados del mundo.

El modo en que el Gobierno nacional de Pastrana se movió con las FARC en los tiempos del Caguán, y el modo en que el Gobierno nacional de Uribe se está conduciendo con las AUC en Santa Fe de Ralito demuestran a propios y extraños que el Estado colombiano aún no ha resuelto el dilema que le plantea en materia de paz y de guerra, la coexistencia dolorosa y prolongada –ya va para medio siglo- de guerrillas, autodefensas y narcotraficantes, cada uno de ellos asumiendo y fortaleciendo su propia experiencia delictiva sin que el Estado acierte qué hacer con ellos para que abandonen su ilegalidad y se sumen a la construcción de Paz y de País.

Durante estos largos meses de negociación con las AUC el mundo periodístico y político estuvo haciendo alarde de su ‘preocupación’ de que no fueran a colarse ‘narcos’ en Ralito, porque partieron del supuesto –hoy desmentido por los hechos- de que eso de entrar en la Mesa les interesaba a los ‘narcos’. Hoy, esos mismos periódicos y políticos comienzan a alertar sobre una tercera o cuarta generación de autodefensas, creada por ‘narcos’, que se disponen a reemplazar a las AUC allí donde el Estado no vaya a hacer presencia, reconvirtiendo parte de su aparato militar en aparato contraguerrillero con orientación política. ¿En qué estamos, entonces? ¿Será que los ‘narcos’ no pudieron ingresar a Ralito, o será más bien que lo que el Estado les ofrece a las AUC por desmovilizarse nunca les interesó a los ‘narcos’, quienes prefieren correr la suerte o mala suerte de las FARC y del ELN, y por ello están ocupados en adquirir un perfil político-militar en reemplazo de las AUC desmovilizadas?

Colombia debe definirse cuanto antes entre asumir la construcción de Paz como política de Estado -y que la Paz sea entonces razón de Estado- o asumir la victoria sobre los actores armados ilegales como política de Estado –y que la Guerra sea entonces razón de Estado. Es sabido que quienes impulsan la guerra para lograr la victoria y a través de la victoria imponer la paz encontrarán una y mil excusas para evitar las negociaciones de paz, demorarlas indefinidamente, o, incluso, para desnaturalizarlas y volverlas tácticas políticas dentro de una estrategia de confrontación bélica. Esto es válido para las FARC y el ELN, pero también es válido para el Estado. Así como pudo haber sido válido para las AUC –hasta que en Ralito las AUC cambiaron la Historia y se jugaron por la Paz. Lo cual no asegura, que si el conflicto prosigue, las autodefensas de tercera o cuarta generación no vayan a optar –como de hecho parece que lo están haciendo- por seguir los malos ejemplos de las FARC y del ELN, así como los ejemplos muy parecidos que ha dado el Estado en los últimos cincuenta años. Mal ejemplo, en el sentido de asumir la guerra como razón de Estado y la búsqueda de la paz como una demostración de debilidad.

Todos quienes en Colombia quieren ser coherentes con el clamor popular por la Paz habrán de redoblar sus esfuerzos –desde la izquierda, la derecha y el centro- para que la razón de Estado en Colombia sea la Paz y no la Guerra. Esto significará para muchos de los que hasta aquí se han opuesto ciento por ciento al Proceso de Paz con las AUC comenzar a producir un giro a favor de la Paz para todos, a favor de la Paz entre guerrillas, autodefensas y Estado, entre actores armados legales e ilegales, entre quienes vienen del narcotráfico y quienes si esto sigue así, terminarán inevitablemente en él.

Décadas de conflicto en Colombia nos han terminado por enseñar que finalmente los actores armados ilegales acceden a los eslabones del narcotráfico, así como los eslabones del narcotráfico van ingresando poco a poco en el conflicto armado. Ni qué decir el modo directo, o indirecto, en que la sociedad y el mismo Estado van produciendo acercamientos más o menos teñidos de narcotráfico, aunque ello suceda sin su voluntad, sin su conocimiento, incluso como se ha visto –a sus espaldas.

Si Ralito en sus aciertos y en sus errores, en sus logros y en sus limitaciones, sirve para abrir el camino de la Paz total en Colombia habrá sido realmente un milagro que confirma que al menos Dios no quiere la guerra en Colombia. Y ése habrá sido un buen comienzo para construir razones de Estado que pongan la Paz por encima de la Guerra, aún por encima de aquellas guerras que existe probabilidad de ganar.

¿Qué recomendación entonces hacerles al Gobierno nacional y a las AUC en este tramo final de las negociaciones?

1. La Paz debe ser elevada al rango de razón de Estado, de lo contrario los esfuerzos individuales, de personas u organizaciones, poco sirven. En nombre de ella tanto el Gobierno nacional como las AUC deben manifestar su disposición a seguir trabajando por la Paz desde el mismo momento de la firma de los Acuerdos finales de Ralito.

2. La Paz asumida como compromiso por las partes requiere de canales institucionales y de espacios acordes que hagan posible y faciliten llevar a cabo tales propósitos que implican que el clamor de Paz se expanda y se fundamente cada día más y mejor.

3. La Paz implica por parte del Estado y también de las AUC desmovilizadas, la persuasión de quienes todavía persisten en transitar caminos de guerra, o propician actividades terroristas, o delincuenciales, las cuales por su magnitud y degradación hacen imposible el desarrollo y el bienestar social.


Si la ‘razón de Estado de la Paz’ prevalece sobre la de la guerra; si Santa Fe de Ralito es algo más que miles de hombres desmovilizados y un canto a la bandera; si las AUC desmovilizadas se comprometen seriamente con la construcción de Paz y están dispuestas a hacer de la No Violencia una de sus razones de ser más poderosas, si las AUC desmovilizadas se ofrecen como acompañantes de la búsqueda de Paz nacional que continúa con las FARC, el ELN y el resto de organizaciones armadas por fuera de la ley, incluidas las que han comenzado a ser identificadas como de tercera o cuarta generación de autodefensas, si todo lo anterior es cierto:

¿Será que los ex comandantes AUC que han producido semejante giro en la buena dirección de la Paz y prometen al País tamaña energía movilizada en pos de los sanos y democráticos objetivos nacionales merecen la cárcel?

Esto último, lo de la cárcel para los firmantes de Acuerdos de Paz, no lo aprobaríamos de seguro –de ser consultados en un referéndum o un plebiscito- quienes mayoritariamente en Colombia aspiramos a que la Paz se convierta en razón de Estado, y que la opción deliberada por la Paz merezca reconocimiento social positivo a la par que se aplica un cierto castigo por el pasado en la guerra. Un castigo que se traduzca en limitaciones de la libertad por los hechos pasados –uno de los fondos de la cuestión- pero también un reconocimiento social positivo que se convierta en aliciente y estímulo para el abandono voluntario de las armas –otro fondo importante de la cuestión- que sirva para ser imitado por quienes conduciendo las FARC y el ELN y el resto de organizaciones armadas ilegales puedan argumentar ante sus compañeros indecisos todavía, con algo similar a estas palabras:

En la civilidad no nos espera la cárcel, nos espera una comarca de gente amante de la paz –un espacio público de acceso restringido, administrado y protegido por el Estado, con acompañamiento internacional, orientado a la conversión personal y el trabajo colectivo- desde donde alzar el vuelo hacia la libertad completa. La paz de nuestras conciencias será un trabajo arduo e íntimamente personal, un auténtico renacimiento, pero el Estado colombiano, por su ‘razón de Estado’ inclinada hacia la paz, está dispuesto a disponer el ambiente propicio, austero y reflexivo, donde las limitaciones iniciales a nuestra libertad vayan desapareciendo día tras día en la medida de nuestros progresos en el cumplimiento de los compromisos sociales que adquirimos al firmar los Acuerdos de Paz. No se trata de salir del monte, entregar las armas, e irnos para una cárcel, en Colombia o en el resto del mundo. Se trata de abandonar el monte y abandonar las armas para sumarnos activamente, desde el primer día, y desarmados, a la construcción de Paz. Sin que ello signifique, naturalmente, que no vayan a existir modos creativos de que reparemos socialmente, y de manera colectiva, todos los daños que los actores de la guerra les causamos a los colombianos.

De esto se trata: de estimular el abandono de las armas, de hacer más cercano el final de la guerra, de no abrir más heridas en el cuerpo social. De poner a trabajar por la paz, a quienes hasta hoy estuvieron trabajando a favor de la guerra.

La razón de Estado de la guerra prevalece detrás de aquellos que siguen privilegiando el castigo por encima del perdón, y la victoria propia sobre la victoria de los otros, privilegiando la vanidad y los propios prejuicios por sobre la humildad y la apertura dialogante hacia los argumentos ajenos. La indiferencia con las futuras e inevitables víctimas, que traerá la prosecución de la guerra se esconde, tras sus pliegues tenebrosos, en la ‘razón de Estado de la guerra’ -aunque aparezca disimulada por la convicción justiciera- donde discurre amparada en lo ‘políticamente correcto’ la irresponsabilidad frente a los males mayores que podrían comenzar a evitarse desde ya.

Contra lo que muchos piensan las ‘razones de Estado de la guerra’ no anidan solamente en los Estados nacionales e imperiales; también las organizaciones revolucionarias y contrarrevolucionarias son sujetos donde puede encarnar la malévola tentación de la guerra. La tentación de derrotar al adversario y además humillarlo y pisotearlo. La tentación de transformar a las víctimas del pasado en fuente de beneficios políticos y económicos para los traficantes de derechos humanos, las aves de presa que sobrevuelan los corazones lastimados para lucrarse de su dolor, que ellos saben -más que ninguno de sus ‘autodesignados defensores de oficio’- que no tiene más alivio perdurable que el perdón y la oración. No es en el corazón de las víctimas donde nace el deseo de retaliación, ni de donde parten los cálculos interesados de los leguleyos y los políticos mercenarios del dolor ajeno. Los heridos en el alma quieren sanar, no tomar el atajo inconducente de la venganza. Claro que claman por solidaridad y apoyo, y es allí donde los actores de la guerra –todos ellos sin excepción- tienen una cita histórica e impostergable con la verdad y la reparación como actos de paz, no de guerra.

A poco de andar, cuando prevalecen las ‘razones de Estado de la Paz’, se las ve que resultan tan poderosas construyendo la Paz, como supieron ser destructivas las ‘razones de Estado de la guerra’ cimentando la derrota ajena.

Las AUC dieron el primer paso en esto de asumir la Paz como razón de Estado, bien podría ser el Estado colombiano quien dé el segundo paso en la misma dirección, donde tiene al menos tres escenarios donde puede poner a prueba –simultáneamente- la consistencia de su visión renovada. Habrá entonces más certezas difíciles de refutar sobre su opción por la paz y nadie podrá acusar al Estado colombiano de estar obsesionado con su propia victoria.

Estos escenarios que hoy confluyen y están a la mano del Estado, pero que no estamos exentos de la tragedia que mañana puedan definitivamente alejarse, son:

1. Los Acuerdos finales de Santa Fe de Ralito,

2. El Acuerdo humanitario con las FARC,

3. El inicio de conversaciones directas con el ELN.


El éxito proviene de crear las condiciones apropiadas, y luego dejar que sigan su camino. Finalmente, es el éxito el que engendra la confianza.

Le cabe al proceso de paz en Santa Fe de Ralito semejante responsabilidad: la de ser exitoso, y con su éxito engendrar suficiente confianza en que la Paz de Colombia sí es posible y más cercana de lo que muchos piensan.

Con todo respeto por las opiniones del embajador de los EEUU, Santa Fe de Ralito sigue teniendo sentido, puede que no desde el punto de vista de las razones de Estado de los EEUU pero sí –y mucho- para saber a qué atenernos en cuanto a cuáles son finalmente las razones de Estado, del Estado colombiano, cuya opción crucial se está jugando estos días entre la guerra y la paz.

Las AUC siguen optando por la paz. Y no se equivocan.


Así la veo yo.


Los artículos que forman la serie “Así la veo yo’’ pueden ser consultados en http://www.salvatoremancuso.com/

agosto 16, 2005

No hay regla que no tenga su excepción: orientar el '35 % y algo más', exige pulso y tacto

Mientras tanto, los timoneles del Polo de la Libertad gozan de buenos vientos y buena mar
Colombia, 16 de agosto de 2005

Así la veo yo
Por Rubiño

La UC es algo más que la letra ‘a’ que se le cayó a las AUC. Es la letra ‘a’ de arma que se abandona y ‘a’ de autodefensa que se recluye modesta, silenciosa y reflexiva en los libros de Historia.

Unir Colombia es un sueño grande, tal vez imposible, de esos sueños sin límites que a las AUC las desvelan y le quitan cualquier otro sueño. Por eso entraron en la guerra para acabar con la guerra, y por eso hoy le dicen adiós a las armas para acabar con la pobreza y la muerte entre hermanos. Y no se trata de Unir Colombia porque sí, o porque no. Se trata de Unir Colombia para que no haya más violencia, ni pobreza, y podamos caber todos en ella con plena libertad.

Nadie puede negar que el próximo fallo de la Corte Constitucional sobre la reelección reviste trascendental importancia, pero, aun así, las aguas de la política colombiana no alterarán su curso, con reelección o sin reelección. Así parecen anunciarlo los titulares y los comentarios que, en el tablero político, en los análisis de los especialistas y en los resultados de las encuestas, auguran que el poder seguirá en manos del Polo de la Libertad, con previsibles matices de más o menos ‘personalismo uribista’ según cada caso, pero en definitiva sin rupturas mayores sino más bien proveyendo continuidad respecto a lo que está sucediendo durante el período presidencial de Álvaro Uribe

Las piezas que discretamente pretendieron mover los anti Bush desde EEUU –apostando en Colombia sobre la figura de César Gaviria y su recién estrenado y sobreactuado antiuribismo- salieron por la culata y le dieron de paso y sin habérselo propuesto –en sus análisis presuntuosos sobre lo políticamente correcto- un impensado jaque mate a las posibilidades en el corto plazo del post-serpismo de los Pardo, Rivera y compañía. Advertido a tiempo sobre la ‘manguala imperio-neoliberal’ en curso, el viejo zorro de Serpa volvió a quedarse con lo poco que queda del Partido Liberal, y para ello se empeñó en sacar primero por la borda a Peñalosa y su ‘neo-uribismo’ y se dispone ahora a volver meramente decorativa la presencia del ex presidente reconvertido en ‘ni chicha ni limoná’. En pocas palabras, hoy los gringos pro Bush y anti Bush coinciden –con más del 70 % de los colombianos- en que el Partido Liberal se quedó sin cartas aún antes de comenzar el póker. Porque ya se sabe -en EEUU y en Colombia también- que Serpa no es una carta sino un ‘encarte’, y empieza a serlo para el oficialismo liberal también.

Con reelección o sin reelección las próximas elecciones –parlamentarias y presidenciales- estarán marcadas, entonces, por una característica singular y novedosa: de un lado el Polo de la Libertad, del otro, el Polo Democrático. Si acaso exista una mínima tercería, será la que ocupe el oficialismo liberal, con Serpa o sin Serpa. Y digo con Serpa, o sin Serpa, porque cuesta creer que un político de su trayectoria vaya a presentarse a una contienda electoral donde el único incentivo para él sea competir por el segundo o tercer puesto.

Mientras Peñalosa, Vargas Lleras y Mockus comienzan a hablar más duro y a trepar en las encuestas –cada uno a su manera integra el Polo de la Libertad- no se advierte ni en Navarro, ni en Serpa, ni en Carlos Gaviria algo más que declaraciones sin peso ni norte, algo así cómo ¡qué jartera esto de competir por competir, sin más estímulo que la lucha por el segundo o el tercer puesto!

Tal como están las cosas del centro hacia la izquierda todo se reducirá en estos terrenos a ganar espacios en el Senado y la Cámara que les permitan liderar la oposición al próximo gobierno del Polo de la Libertad, a partir del 7 de agosto de 2006, sea presidente finalmente Uribe, o Peñalosa, o Vargas Lleras o Mockus.

Estos escenarios ‘continuistas’ permitirán que el desembarco de lo que fueron las AUC en la política legal pueda darse sin apresuramientos riesgosos y sin interferencias traumáticas con la agenda de las clases políticas tradicionales, liberales y conservadoras, incluso independientes, suficientemente alteradas y concentradas en los efectos devastadores –para sus anteriores comodidades- del huracán Uribe.

Sin embargo -lo hemos dicho antes-, 2006 debiera ser para las ex AUC más un año de renacimiento bajo otras formas que un año de competencia electoral. Más un año de recrear la unidad en lo interno y abrirse a la novedad de las alianzas programáticas con las fuerzas afines, que un año de proselitismo y votos. Pasar de lo militar a lo político no es pintar sobre pintado, cambiando un color por otro. La transformación es un cambio que implica crecimiento, una enorme labor de reconversión donde poder escuchar sin urgencias los propios latidos y los latidos de Colombia y de su Pueblo. Más que repetir un discurso se trata de barajar y dar de nuevo. De una tierra a la otra se puede pasar caminando o en carro; lo que no se puede evitar es el transcurso del tiempo, el tiempo en el cual se siembran las semillas nuevas y se prepara la tierra. Y son bienvenidos el agua y el sol, los días de verano y de invierno, con sus ciclos inevitables y saludables. Las AUC, que supieron tener paciencia para sentarse a negociar en las condiciones nacionales e internacionales más adversas, deberán demostrar que entre sus virtudes también está la paciencia para poner a caminar sin riesgos el cuerpo nuevo, el cuerpo renacido que no esquivó las balas para venir a estrellarse ahora contra los vicios de la vieja política. Porque de eso se trata, no sólo de caras nuevas, sino también de formas nuevas de hacer política. Lo peor que les puede suceder a las ex AUC en su tránsito hacia la vida civil es ponerle caras nuevas a las políticas viejas. Las ex AUC serán portadoras de renovación y cambio en la política o no serán nada.

Alguien definió alguna vez la creatividad como ver aquello que todos ven y hacerse la pregunta que nadie se ha hecho.

Una pregunta clave que cabe hacerse y hacerle al País es acerca del porqué si las AUC están abandonando las armas y recreándose bajo otras condiciones legales y civiles produciendo un giro de 180 grados en su actuación, no hacen algo equivalente o superior los empresarios del campo y la ciudad, los bancos y los financistas, los partidos y los medios de comunicación, las Universidades y los Departamentos, las Alcaldías y las Iglesias, los ‘narcos’ y los guerrilleros, la Comunidad internacional y las ONG, el Senado y la Cámara, las multinacionales y los cacaos, los economistas y los gremios, los sindicatos y las Fuerza Militares, etc, etc. Les tocará a las ex AUC recorrer los campos y las ciudades, las oficinas y las fábricas, los talleres y los consultorios, los campamentos guerrilleros y los fortines ‘narcos’, las aulas y las embajadas, Colombia y el mundo, para contar su historia y su conversión, desactivando prevenciones, ambientando propuestas y generando entusiasmo y aportes solidarios para que Colombia cambie en la dirección correcta y se transforme en pos de sus objetivos más nobles e incluyentes, de alcance más profundo y transformador de sus estructuras e instituciones, allí donde éstas se han convertido en talanqueras para la paz y el desarrollo.

Colombia es la que es –y también la que no es- por la suma y multiplicación, resta y división, que producen en su cuerpo social las acciones y omisiones de tantas personas e instituciones, públicas y privadas, nacionales y extranjeras, grandes y pequeñas, pobres o ricas. Si lo de hoy no nos satisface en términos de pobreza y violencia, todos debemos analizar qué tanto estamos haciendo para reproducir esto que no nos gusta, o que nos gusta a veces pero no nos conviene, o nos conviene a unos pocos y daña a muchos más.

Las ex AUC no pueden sino continuar alimentando la oferta social que vienen desarrollando, incrementando día a día la calidad y legalidad de sus servicios hasta estar ciento por ciento sin armas y dentro de la ley. Esto no podrá alcanzarse si paralelamente con los hechos positivos en términos de comunidad no se van produciendo los actos necesarios en términos de preparación de líderes comunitarios y organización interna de los cuadros políticos. La oferta social que las AUC están produciendo –en los distintos territorios y de manera inconexa todavía- confluirá en su momento con la demanda política de la sociedad, que es la única que está en condiciones de jalonar y legitimar el salto de lo social a lo político. Si el trabajo social se hace del modo que las necesidades populares requieren la demanda política comenzará a hacerse sentir con fuerza allí donde el trabajo esté más adelantado, en la segunda mitad de 2006 –dentro de solo doce meses- y será una realidad nacional ya en 2010. Por eso la puesta en marcha de la Escuela de Liderazgo Político y Comunitario debiera ser una de las primeras prioridades de las AUC desmovilizadas, juntamente con la organización de su estructura de dirección política y la definición de su ideario y programa político de cara a Colombia y al mundo.

La primera tarea inexorable tiene que ver con promover la reinserción exitosa de miles de ex combatientes a la vida civil. Esto significará que ellos y sus familias, ellos y sus vecinos, ellos y sus barrios comenzarán a sentir que la desmovilización es solo el comienzo de una vida más plena para todos. Que no se trata solamente de entregar las armas, sino de entregarse de cuerpo y alma a la construcción de tejido social y economías productivas, en un contexto cultural y educativo diferente. Este salto cualitativo no podrá sino generar su correlato político y la consiguiente demanda de nuevos políticos para una política diferente.

Así las cosas, 2006 ha de ser para las AUC desmovilizadas militarmente –y en trance de movilización social y política- un año de fuerte trabajo organizacional a su interior y de presencia social renovada en lo exterior, dejando en manos de los amigos de la paz de Colombia los espacios políticos de resorte electivo. Estos amigos de la paz de Colombia son muchos y sabrán honrar sus puestos bien habidos con el esfuerzo sano y constante en pro de los grandes objetivos nacionales, dentro de los cuales sobresalen los que más interesan en esta coyuntura particular a las ex AUC: a) las desmovilizaciones exitosas de autodefensas y guerrillas, incluyendo en esto –obviamente- la seguridad jurídica de los desmovilizados firmantes de acuerdos de paz, b) la seguridad estatal institucional en las zonas de conflicto que abandonan las AUC y en todo el territorio nacional, y c) la inversión social y la creación de fuentes de trabajo suficientes, para la reactivación económica y el pleno empleo en las regiones que fueron de influencia militar AUC.

Dentro del Polo de la Libertad, y a mediano plazo, habrá un lugar natural para las AUC desmovilizadas, con el nombre, o los nombres que ellas quieran darse. Es dable esperar que el carácter confederado se mantenga, aunque también es previsible que la unidad que no afloró en la guerra –y tampoco en la negociación- se fortalezca en la etapa de estructuración de la nueva fuerza a la política nacional, independientemente de que en el terreno departamental y regional se respeten las propias características y sus acentos respectivos y respetables. Sobre esto no caben dogmas sino efectividades conducentes. En pocas palabras, no importa de qué color sea el gato, sino que cace ratones. De todas maneras, quienes conocen desde dentro y desde siempre a las AUC sabrán comprender que la Unidad –aunque nunca haya sido una realidad al ciento por ciento- siempre será un propósito común que a ninguno de sus integrantes ha de resultarle indiferente ni ajeno.

Eso sí, realizar el sueño que Colombia sea un País donde quepamos todos, sin violencia, sin pobreza y con plena libertad seguirá constituyendo el ideal que mantenga firme el lazo de los confederados que lo fueron de las AUC.

Así lo han prometido a viva voz sus máximos líderes, desde Salvatore Mancuso y Ramón Isaza hasta Vicente Castaño, pasando por ‘Adolfo Paz’, ‘Jorge 40’, ‘Cuco Vanoy’ y ‘Diego Vecino’. Por ‘Ernesto Báez’, ‘Javier Montañez’ y ‘Julián Bolívar’. Por ‘Andrés’ y ‘Hernán Hernández’. Por ‘Águila’ y ‘Julián Bolívar’. Por ‘Botalón’, Gabriel Galindo y ‘Pablo Arauca’. A ellos y otros más de sus compañeros comandantes, quienes prometieron abandonar las armas y lo hicieron -o lo están haciendo- yo les creo. E invito a los todavía incrédulos a creerles y darles la segunda oportunidad en la vida que están pidiendo con sus manifestaciones de paz y sus pedidos de perdón. No podemos dejar de ser consecuentes con el Evangelio cuando dice que ‘habrá más alegría en el cielo por un solo pecador que se convierta que por noventa y nueve justos que no tengan necesidad de conversión’ (Lucas 15, 7). Y donde hay alegría hay perdón y confianza en el futuro de los hombres, vengan de donde vengan.

A pesar a la impaciencia de algunos, si de pronósticos se trata, me inclino a pensar que el 2006 electoral será todavía, para las AUC desmovilizadas, el tiempo de sus amigos, los amigos de la auténtica Paz de Colombia. El tiempo de los candidatos del propio semillero tendrá que esperar los momentos que la naturaleza disponga porque las AUC no pueden eximirse de danzar el ritmo sabio y eterno de la vida, con sus momentos de siembra y de cosecha, que siempre son sucesivos, nunca simultáneos. Porque ya se dijo que la victoria militar no da derechos políticos per se en la democracia. Lo sembrado militarmente no sirve, no es válido, para cosechar democráticamente. Sólo el trabajo social, desarmado, habilita, mediando la demanda popular la acción política de quienes sienten que tienen algo que aportar a la democracia de Colombia. Y esto es válido para las guerrillas y también para las autodefensas.

Sin embargo, y sin temor de contradecirme, manifiesto también que cada regla tiene siempre sus excepciones y es humano y comprensible que las tenga. Conducir a buen puerto el 35 % y algo más de los votos nacionales, en geografías y climas tan diversos y con temperamentos tan dispares, no puede concretarse sin dar muestras de flexibilidad y acoger incluso alguna que otra irreverencia. Aquí también cabe –en el caso de las AUC desmovilizadas- aquello de que la excepción confirma la regla. Y que la conducción de la estrategia política es un arte todo hecho de liderazgo y ejecución, donde la práctica –casi siempre- precede a la teoría. Digo esto por si en alguna lista, o detrás de alguna pre candidatura aparece el nombre de tal o cual ex comandante, con o sin el consenso de la conducción política de las AUC desmovilizadas. La excepción, en este caso, no hará más que confirmar la regla. Finalmente, el arte de la conducción política no consiste tanto en aplicar las reglas –que es lo más común y sencillo, y para eso están las reglas- sino en saber administrar –y digerir- las excepciones que resulten inevitables. Mal que les pese a los muchos dogmáticos que en este mundo han sido -clericales o marxistas, que vienen a ser lo mismo pero al revés. Y no por culpa de Marx, ni de Dios mucho menos.

Algo va de las AUC a la UC. Mucho más y más grande que una letra más o una letra menos.



Así la veo yo.


Los artículos que forman la serie “Así la veo yo’’ pueden ser consultados en www.salvatoremancuso.com

agosto 10, 2005

La Historia que no fue - De cómo las AUC eludieron la trampa de la Contrarrevolución

Colombia, 10 de agosto de 2005

Por Rubiño
Así la veo yo


Las AUC no son las hijas bastardas de la unión de hecho entre las guerrillas comunistas y las debilidades ‘non sanctas’ del Estado. Mucho menos han sido el narcotráfico, y su maridaje subrepticio con buena parte de las clases políticas y dirigentes, quienes engendraron las autodefensas. Aunque estos cuatro actores de la tragedia nacional explican bastante sobre el origen y el crecimiento de las AUC, no se agota en ellos el origen campesino, regional y reivindicatorio de éstas, así como su extensión de los últimos años a los centros urbanos, con sus clases medias trabajadoras faltas de motivación y de horizontes a raíz de la pobreza y la violencia.

Las AUC tienen una Causa que las sostiene interiormente más allá de la forma externa que presentan. No es el envase el que define el contenido, ni la etiqueta quien contiene su esencia. Las AUC son tal vez el secreto mejor guardado de Colombia, y lo seguirán siendo como portadores del espíritu nacional que no se rinde a las modas del marxismo internacional ni a las veleidades del capitalismo salvaje.

Las AUC hunden sus raíces en el fondo de la Historia de Colombia, y en buena parte ejemplifican el modo que asumió la Historia del continente americano, al menos desde Méjico hasta el Cono Sur, en los últimos doscientos años. Inútil entonces que las combatan sus enemigos o que las calumnien sus detractores; mal que les pese a los aprendices de brujos la sabiduría de los pueblos avanza de manera lenta pero incontenible. Nada más paciente que un Pueblo haciendo su Historia, creciendo desde dentro hacia fuera con la fuerza indestructible de sus razones. Aunque ellas vayan a contravía de los unanimismos de turno o de lo que una minoría ilustrada –a medias- considera políticamente correcto.

De otra manera no se entendería que llegadas a la cima de su poder militar y económico, con un grado de inserción social que envidian las guerrillas comunistas y hacen brillar los ojos de las clases políticas, las AUC se hayan plantado ante el primer Gobierno nacional que tuvo la osadía de escucharlas, para decirle a Colombia que estaban dispuestas a abandonar las armas si se le abrían las puertas de la participación democrática en la vida política. Y están cumpliendo lo prometido mientras esperan que el Estado sea fiel a su compromiso de apoyar la desmovilización y la reincorporación plena a la vida civil y política de quienes decidieron cambiar el fusil por las palabras.

Otra sería la Historia de Colombia si las AUC hubiesen proseguido su lucha armada y desafiado al Estado con las consecuencias naturales de su propia expansión militar. Sin embargo, las AUC no nacieron de otra cosa que del espíritu popular para ser testimonio histórico de hasta dónde puede llegar un pueblo cuando lo provocan, cuando lo amordazan, cuando lo obligan a someterse a la ley del más fuerte, y no a la ley del más justo.

No puede comprenderse la transformación que están operando las AUC de lo militar a lo político, sino se la concibe dentro del proceso de maduración del pueblo colombiano del cual las AUC son una expresión genuina. Es fácil ser generosos en el declive pero las AUC supieron ser altruistas en el momento que alcanzaron su mayor pico de crecimiento. No es para nada cierto que las AUC hubiesen sido presa fácil en lo militar del primer Gobierno nacional comprometido de veras con el final de las organizaciones armadas ilegales, incluidas naturalmente las AUC.

Quienes hoy se rasgan las vestiduras porque a su juicio las penas privativas de libertad previstas en la ley de Justicia y Paz no exceden de los ocho años, se olvidan, o quieren olvidarse, que ningún grupo militar al margen de la ley por razones políticas ha sido privado hasta hoy, en Colombia ni en el mundo, de un solo día de libertad en virtud de una negociación de paz. Su cinismo les impide, además, ponerse en el lugar de las víctimas incontables que hubiesen traído a Colombia una escalada del conflicto armado motivado por la permanencia de las AUC en el escenario de las hostilidades. Las víctimas del pasado cuentan, y duelen –no sólo las de un lado, sino las de todos, sin excepción- pero las víctimas del futuro –las que todavía están vivas- también tienen que ser escuchadas y son ellas precisamente las que claman por el fin de la guerra, por el abandono de las armas. Sin embargo, para estas víctimas que nos traerá la prolongación de la guerra no hay solidaridad de parte de HRW, ni de Amnesty International, pareciera que ellas no pertenecen ya al mundo de los vivos, sino que han sido contabilizadas como muertos en sus lujosas oficinas de Nueva York y de Londres.

Es aquí, en el cese de hostilidades de las AUC, próximo a completar el 100 % con el último desmovilizado en los próximos meses, que Colombia asiste por primera vez a un significativo y contundente hecho de paz, de tamaña magnitud, que no será ignorado por quienes sienten que les está llegando el tiempo de la reivindicación histórica. El tan mentado 30, o 35 por ciento, de la Colombia rural, que tanto preocupa a quienes solo se ocupan en sus propios intereses, tendrá más temprano que tarde un modo de eludir el cerco tenebroso que han tendido sobre sus vidas y sus economías, los anillos constrictores de la pobreza y de la violencia. Y no es que las AUC se vayan a atribuir su vocería ni su representación, sino que serán las mismas comunidades de base, desde su bien ganada libertad ciudadana, quienes escogerán sus programas y sus líderes, su metodologías y sus escenarios para dar la batalla democrática por aquellas reivindicaciones históricas que laten en sus pechos desde tiempos inmemoriales.

Este auténtico despertar de las regiones de Colombia nunca hubiera sido posible si las AUC hubiesen seguido empeñadas en derrotar a las guerrillas hasta el último hombre. No se puede avanzar en la democracia con el contrapeso de las estigmatizaciones y los fusiles. Las armas sobran cuando el enemigo ha sido alejado y existen modos legales –y legítimos- de impedir su regreso. No es que las guerrillas no lo vayan a intentar pero frente a un Estado consciente de sus obligaciones y una ciudadanía defensora de sus derechos no hay espacio para que tengan lugar las amenazas terroristas.

El desafío de la hora es el de llenar de ciudadanía y Estado todas las regiones de Colombia. La legalidad debe demostrar que es capaz de ejercer realmente el poder democrático. Si el Estado es el cuerpo político de la sociedad cada ciudadano tiene un lugar en la defensa del Estado, y el Estado tiene un espacio ganado en el corazón de cada ciudadano.

Las AUC abandonan las armas y se disuelven como aparato militar, no porque estén derrotadas, ni cercanas a su implosión, sino porque son fruto de una convicción y de una responsabilidad que las excede humanamente hasta convertirse en el nervio y el cerebro de un Pueblo que ha decidido decir ¡Basta! y tomar la construcción de su propio destino en sus manos.

Si las AUC hubiesen seguido en el campo de batalla con el argumento de que todavía las guerrillas no están derrotadas hubiesen tenido a estas horas, seguramente, mucho más apoyo en esferas influyentes de este País, que estaban acostumbradas ya a su existencia, y le transferían a las AUC ya no sus culpas sino también sus responsabilidades. Ignoran estas altas esferas del establecimiento y de la inteligencia colombiana que las AUC no nacieron para ser instrumentos de la ambición de nadie sino que son fruto de un Pueblo que en el camino de su madurez necesitó transitar esta etapa de su vida en compañía de las AUC. Pero ya hoy la situación no es la misma que quince o veinte años atrás, ni Colombia ni el mundo, ni los colombianos somos los mismos. Y eso es bueno para casi todos, pero no para quienes viven anclados a sus intereses indiferentes por la suerte del País, ni para quienes siguen hablando de Revolución mientras se han convertido en los agentes más eficaces de la Contrarrevolución en marcha, que en nombre de la izquierda defiende el estatus quo de la guerra y del atraso.

Las AUC están saliendo del círculo vicioso de la carrera armamentista ilegal y de la financiación cada día más gigantesca y onerosa del esfuerzo bélico, que no lleva sino a la criminalización y el alejamiento de la causa inicial por razones de pura economía, de pura lógica capitalista de sostenibilidad del aparato armado. Así como las empresas quedan muchas veces en manos de los bancos y de los prestamistas, también a las organizaciones armadas ilegales les toca lidiar con el poderoso caballero que es don Dinero. Ingresar al círculo virtuoso de la construcción de paz implica el reconocimiento de los propios límites, no abdicar de la ética ni en los momentos más difíciles y saber encontrar a tiempo el camino de regreso al seno de la ley y de la sociedad. Las AUC regresan a la ley y a la sociedad porque son conscientes que cumplieron sus objetivos en un grado razonable y por un tiempo quizás demasiado prolongado. Regresan también –fundamentalmente- porque quieren ser parte activa propulsora de la solución nacional y no perpetuarse como partes del problema.

Sin embargo, el conflicto armado está lejos de solucionarse, y lo estará cada día más mientras las FARC y el ELN sientan que su repliegue puede mantenerse indefinidamente ante un Estado y una ciudadanía que no asumen plenamente sus responsabilidades democráticas. Las guerrillas comunistas no pueden contentarse ya con sus propios aciertos sino que necesitan para su permanencia disfrutar de los errores ajenos, que tanto el Estado como la sociedad puedan cometer. Es en este terreno donde las AUC desmovilizadas pueden completar su tarea histórica trabajando en ponerle remedio a las debilidades estatales y sociales. Y no es que tengan que hacerlo como AUC sino como Pueblo que son, como parte inseparable del tejido social y económico de la Patria.

Si las AUC hubiesen proseguido con la lucha armada más allá de diciembre de 2002 los tiempos de recibir, sin dar respuesta a los ataques del Estado, hace tiempo ya que se hubieran terminado, y no solo sería ridículo a estas horas hablar de amenazas terroristas para definir la situación resultante, sino que la misma excedería en mucho la de conflicto armado interno para estar en vías inminentes de convertirse en guerra civil. Y esto por al menos tres razones: a) El Gobierno nacional, afirmado sobre la seguridad democrática, hubiese enfrentado como ningún Gobierno anterior a unas AUC que le hicieran frente del mismo modo que lo han hecho siempre las FARC y el ELN; b) Los confederados en las AUC no hubiesen podido mantener sin fisuras la proa de su barco en una única dirección, sino que hubiesen sucumbido en la tentación de imponer violentamente unas u otras metodologías de combate según su propia visión de la coyuntura y c) Las presiones de las narcoeconomías para imponer sus intereses en los bandos enfrentados hubiese hallado el clima propicio para generar un caos suficiente que dificultara la gobernabilidad del País de manera sustancial.

Como consecuencia de lo anterior la catástrofe humanitaria y la inviabilidad de conducir en ese contexto la gobernabilidad del Estado, hubiese producido una crisis sin precedentes en la economía nacional, derivando hacia el aislamiento internacional y la anarquía social interna.

Estos escenarios, por apocalípticos que parezcan, no se alejan de la realidad si se consideran con detenimiento los elementos en juego. Hay quienes consideran que las AUC hubiesen ganado más propiciando este escenario caótico -y manteniendo un mínimo de cohesión interna- e imponiendo, al final del conflicto, sus propias condiciones para una negociación política logrando así mucho más, que lo muy poco que han logrado para sí mismas en la Mesa de Ralito.

Las AUC se sentaron a negociar políticamente con el Gobierno nacional a finales de 2002 bajo el lema de que ‘lo que es bueno para Colombia también es bueno para las AUC’, y que nunca podía ser bueno para Colombia reducirse a escombros y cenizas para luego distribuirse el poder entre los sobrevivientes, sobrevivientes entre los cuales seguramente también estaría el grueso de las AUC.

Es decir que la posibilidad de no negociar, o de cerrar abruptamente las negociaciones, por parte de las AUC, siempre existió, aunque eso esté hoy, no sin malicia, por fuera del análisis de quienes, dentro y fuera del País, hablan irresponsablemente de una supuesta capitulación del Estado colombiano ante las AUC.

¡No señores!, han sido las AUC las que voluntaria y honrosamente tomaron la decisión de capitular ante el Estado colombiano conscientes de que las armas no solo estaban sobrando, sino que estaban comenzando a constituir un enorme peligro de desatar la guerra civil, una guerra desbordada de todos contra todos, donde las AUC –paradójicamente- tenían más para ganar que para perder, aunque ganar en este caso hubiese significado una guerra con centenares de miles de víctimas, esos cientos de miles de víctimas que los Vivanco, los Frühling y los ‘Reyes’ se empeñan en desconocer.

Los riesgos del escalamiento de las hostilidades subsisten, y subsisten principalmente porque no advertimos en las FARC y el ELN sino la voluntad de escalar el conflicto militar, desoyendo el clamor de paz y la exploración de caminos para la solución negociada del conflicto armado.

Los riesgos también subsisten porque siguen sin abrirse los caminos para una desvinculación concertada de las narcoeconomías frente a la financiación de los armados ilegales, incluyendo la posibilidad para sus agentes y beneficiarios de resolver pacíficamente, en Colombia, sus problemas legales con la Justicia nacional e internacional.

También los vacíos que van dejando las AUC, en amplias extensiones del territorio nacional, si no son cubiertos eficazmente por el Estado, resultan una invitación a su ocupación por fuerzas armadas ilegales de distinto tipo, no excluyendo entre ellas, a quienes insistan con el argumento de ponerle freno a las guerrillas por fuera de las fuerzas del Estado, más todavía si se tiene en cuenta que esta vía puede ser vista por los participantes de las redes de narcotráfico como la única salida disponible para abrir un modo de negociación política en el futuro, en otro contexto nacional e internacional.

El espontáneo interrogante popular de ¿ahora quién podrá defendernos? abunda y se difunde crecientemente en las que fueron zonas de influencia AUC y en las zonas que dejarán de serlo próximamente. Las AUC prosiguen –en virtud de los compromisos asumidos en Ralito- atadas de pies y manos para moverse políticamente en esta situación y se limitan a transmitir incansablemente voces de paciencia y confianza a las poblaciones, temerosas o amenazadas, acerca de la capacidad del Estado –manifestada enfáticamente en la Mesa de Ralito por los representantes del Gobierno nacional- para garantizar sus vidas y sus medios de ganarse el pan de cada día.

Las AUC llegaron militarmente hasta donde quisieron hacerlo, y actuaron políticamente cuando vieron que había llegado la hora de facilitar el regreso del Estado. Ralito no tiene otro significado distinto que el de abrir las puertas para la reinstitucionalización de la presencia estatal: las AUC no tienen modo ni voluntad de seguir reemplazando al Estado. Esto puede sonar a abandono de sus propias responsabilidades, por parte de las AUC, pero hay una única razón por la cual no hay tal: la responsabilidad última de las AUC es con su condición de ciudadanos y esa es la condición desde la cual, quienes integraron las AUC, sienten que fortalecer la legalidad, la democracia y la institucionalidad son los mejores caminos de defensa que tienen entre manos quienes habitan las zonas de influencia AUC.

Lo anterior, en boca de los ex comandantes, puede sonar a disculpa, pero es lo único que hará que las AUC sean parte positiva de la gran Historia nacional: su decisión de abandonar las armas y proseguir la lucha desarmados.

Los pueblos no se suicidan. Los pueblos se adaptan para sobrevivir y quienes aspiran a liderarlos producen los cambios que permiten que los pueblos avancen y crezcan.

Las AUC asumieron el camino de la negociación política cuando consideraron que la razón de ser de su presencia armada había completado su ciclo. Insistir en el camino andado hubiese significado para Colombia un cataclismo mayor, no por la sola persistencia de las AUC, sino por la escalada militar que se hubiese producido en consecuencia, de parte de las guerrillas y del propio Estado. Sin embargo, la desmovilización de las AUC –insuficiente por sí misma- permite avanzar ahora en la etapa siguiente: la transformación de lo militar a lo político tiene que encontrar en las AUC el cauce y el ritmo adecuados, para que no regresen los vacíos de Estado, y para que las comunidades tomen conciencia de sus propias fuerzas y las pongan en práctica.

Con las AUC eternizadas en el monte quienes más hubiesen perdido son los que en Colombia ya casi no les queda nada por perder, salvo su vida y su libertad. Sin embargo, son éstos, los que menos tienen, los que más conservan la fe y no han perdido la esperanza.

Por ellos, por los que menos tienen, por los que aún creen y esperan, bien vale que las AUC abandonen las armas. Así les será más fácil dedicarse a las tres razones poderosas que iluminan y vuelven histórica su Causa a partir de la desmovilización:

Colombia Libre, con Cero pobreza y Cero violencia.


Así la veo yo.

agosto 02, 2005

Ni tanto que queme al santo, ni tan poquito que no lo alumbre
Por una Desmovilización exitosa y una Causa que no puede ser abandonada

Colombia, 2 de agosto de 2005


Así la veo yo (21)




“Caminante no hay caminos, se hace camino al andar, caminante no hay caminos, sino estelas en la mar”.

La poesía –y la de Antonio Machado no es la excepción- aporta luces bastantes en el arte de seducir, y ¿qué debiera ser la política sino una forma seductora de amar y enamorar a los Pueblos? Llegará el día en que los políticos y las políticas de Colombia se relacionen entre sí y con las comunidades en términos de cooperación y amor fraternal, y no en tren de resentimiento y competencia desleal. Mientras tanto sigamos observando –con espíritu crítico- a ciertos malos aprendices herederos de Maquiavelo –de derecha y de izquierda- mientras juegan a su antojo con el clamor de paz de toda la Nación.


Las dificultades que produce en las AUC la reincorporación de sus integrantes a la vida civil no son pocas. Tampoco son sencillas las labores que internamente determinan la transformación de lo militar a lo político. Las variables sobre las cuales cabe operar son de distinto tipo. Unas están relacionadas con aspectos económicos y asistenciales, otras en cambio con aspectos de seguridad. Pero también están en juego circunstancias de empleo y salud, de rehabilitación psicológica y educación, entre otras. En fin, si participar de la guerra tiene sus complejidades, regresar a la vida civil no carece de obstáculos. Tampoco es un lecho de rosas el que recibe a los ex comandantes en la vida política sacudida por el fenómeno de la reelección y las prematuras campañas para la Cámara, el Senado y la Presidencia.

La correcta solución que se obtenga para la problemática enunciada marcará además la línea de no retorno al escenario del delito y las hostilidades, no retorno cuya consecución bien puede ser considerado un objetivo nacional de paz que compromete al Estado, pero también a la sociedad en general y a las mismas AUC.

Al cúmulo de actividades que genera el post-conflicto para las AUC hay que sumarle las tareas logísticas de desmovilización previstas hasta finales de este año que involucran a miles de combatientes que hoy permanecen en el monte, así como el intenso trabajo de orden jurídico que implica el inminente paso de sus comandantes por los estrados judiciales dispuestos en la ley de Justicia y Paz.

¿Qué han dispuesto en materia organizativa las AUC para afrontar de manera simultánea semejantes desafíos de tamaña complejidad? Lo que se ha dejado traslucir desde Ralito ha sido más bien poco y sumamente vago, lo cual puede explicarse a la luz de las enormes dificultades que ha debido enfrentar este Proceso de Paz, no solamente tan atípico sino además enfrentado a contradictores de gran peso en el campo nacional e internacional.

El silencio en cuestiones políticas suele convertirse en un gran enemigo para quienes lo practican dado que se cede a los adversarios todo el terreno en materia de comunicación con la Opinión pública, asunto más bien grave dado que es en el seno del voto de opinión donde se dirimen hoy las pujas políticas que se han convertido cada día más en contiendas políticas de carácter mediático.

Por algún mecanismo ‘transicional’ que facilite el paso de las directivas militares a las directivas políticas, no estaría de más que lo que fue el Estado Mayor de las AUC diseñara la estructura organizativa y la metodología apropiada para que, quienes simpatizando con el paso de las AUC a la vida civil y política, y queriendo adherir a sus postulados, o nutrir sus cuadros sociales y políticos, dispusieran de un canal de comunicación eficaz entre la Conducción estratégica y la Base social, que alejara a los primeros del riesgo del aislamiento del sentir popular, y a los segundos de la desinformación y las campañas tendenciosas que insisten en criminalizar todo lo que huele a autodefensas.

No sé qué tan alejadas de las posibilidades reales estén hoy las condiciones jurídicas que hagan posible el cumplimiento de lo anterior, pero son precisamente éstas las cuestiones que la todavía vigente Mesa de Negociación de Santa Fe de Ralito debe dilucidar para el éxito del Proceso de Paz con las AUC, que como bien se ha dicho no puede agotarse en la entrega de fusiles y la desmovilización.

La salida negociada de las AUC del escenario de las hostilidades militares no puede dejar de lado cuestiones tan esenciales como la protección de las zonas de influencia que durante años las AUC fueron ocupando, así como tampoco puede abandonar en el limbo jurídico la forma en que operará en la práctica la transformación de la organización militar en fuerza política. ¿Acaso puede siquiera imaginarse que las FARC y el ELN abandonen la lucha armada sin claridad sobre el camino abierto para hacer política en el campo de la democracia, sin proscripciones ni limitaciones de ningún tipo, siempre que se actúe dentro de la ley desde el día de los acuerdos de paz en adelante? En el caso de las AUC la cuestión es del mismo tamaño, y tal vez de un grado de complejidad aún mayor siendo que, por su carácter confederado, las AUC han desarrollado diferentes estrategias frente al tema político, de acuerdo a las distintas realidades locales en las cuales les tocó operar, por lo cual las adaptaciones a realizar son múltiples y diversas de región a región.

El presente está cargado de retos para las AUC, pero no es menor el reto que reciben el Estado y la sociedad. No se trata solamente de que veinte mil hombres y mujeres de las AUC sean recibidos con los brazos abiertos para la construcción de paz y tejido social. Se trata también de que el recibimiento que tengan los desmovilizados de las AUC sea observado por los integrantes de las FARC y del ELN como una invitación a su propia desmovilización. La lectura peligrosa que están haciendo los combatientes rasos –y aún los mandos medios y algunos bastante altos de las FARC y del ELN- es que si es tan poco amable, y por momentos tan malo, el trato que reciben como desmovilizados, quienes desde las AUC defendían el Estado -a su manera y por fuera de la ley-, ¿qué pueden esperar en términos de magnanimidad y benignidad quienes enfrentaron el Estado y apelaron al terrorismo para destruirlo desde las filas guerrilleras? Desde el desayuno se sabe lo que va a ser el almuerzo.

Estamos en Colombia, no en Suiza, ni en Dinamarca. Partamos de esto, porque de lo contrario ni existirían las FARC ni el ELN, ni mucho menos las AUC. Las AUC son de hecho –y no el Estado como debiera esperarse- las primeras responsables por garantizar el éxito de la reincorporación a la vida civil de sus combatientes. No cabe exigir a los comandantes de las AUC responsabilidad alguna por el modo y la eficacia con que las fuerzas del Estado garanticen la seguridad de lo que fueron sus zonas de influencia, pero si el Estado no está a la altura de sus obligaciones contraídas con quienes abandonaron las armas deberán las AUC denunciar esto al mundo y mientras tanto hacer hasta lo imposible para que se cumpla lo acordado en la Mesa de Negociaciones en materia de atención al desmovilizado. No pueden olvidar los máximos dirigentes de las AUC que el éxito de la desmovilización de su aparato militar no será medido históricamente por la evolución posterior del conflicto y la correlación de fuerzas resultantes entre el Estado y las FARC y el ELN sino, primero y principalmente, por el éxito en el proceso de retorno de los combatientes al seno de la sociedad.

No tiene presentación alguna que, por un lado se esté proclamando el derecho de hacer política por parte de algunos ex comandantes de las AUC y por el otro los ex combatientes de las AUC tengan, simultáneamente, que padecer todo tipo de contratiempos por los incumplimientos del Estado en materia de atención a los desmovilizados.

A menos que quienes aspiran a ingresar a corto plazo a la lid democrática de la puja electoral, lo estén haciendo, para que la voz de los desmovilizados de las AUC sea escuchada en el Congreso de la República como un compromiso de honor ineludible. Pero si esto no es así, y lo que se busca es pasar de las armas a la política, subordinando a las curules el compromiso con el éxito de la reincorporación a la vida civil de la totalidad de los combatientes, se estaría cometiendo –por parte de los ex comandantes de las AUC- un acto de imperdonable ultraje ético en relación con los desmovilizados, acto que de todos modos recibiría seguramente también el castigo político en las urnas. Lo que es bueno éticamente, termina siendo bueno políticamente, pero lo que es malo éticamente, no demora mucho en volverse como un bumerán en contra de las posiciones políticas.

Puede que estas dificultades logren ser superadas por las AUC, pero no veo que esto resulte así si el Estado, la sociedad y los mismos ex integrantes del Estado Mayor de las AUC no se lo proponen y actúan en consecuencia. No se trata de que el Estado y la sociedad hagan por las AUC lo que las AUC deben hacer por sí mismas, pero sí de que el Estado y la sociedad sean receptivos ante la necesidad de resolver el problema, antes de que el problema les termine explotando ante sus narices a todos los colombianos, que desconocedores de las implicaciones a futuro del intrincado presente respiran aliviados ante cada fusil que las AUC entregan al Estado, pensando que eso solo alcanza, o que alguien está pensando en resolver lo que aún está muy lejos de estar resuelto. Los huevos de la serpiente si quedan a la sombra, tarde o temprano regresan a la luz.

La victoria militar de las organizaciones armadas ilegales no da derechos políticos en la democracia, y mal harían las AUC en considerar su empate técnico con las guerrillas y el Estado como un triunfo que les da derechos políticos. Se entiende que quienes participaron en la lucha contrainsurgente desde las filas de las AUC sientan orgullo por las bondades de su causa libertaria, de la misma manera que los integrantes de las FARC y del ELN sienten en su fuero interno que algo están haciendo por la justicia social en Colombia. Pero que la legitimidad de la propia causa sea un valor irrenunciable en el fuero íntimo de cada combatiente, guerrillero o autodefensa, eso no significa que puede anteponerse lo propio a lo que es legal, lo propio a lo que la sociedad admite como el modo civilizado de resolver los conflictos de la vida social y política. Para eso está el ordenamiento legal, que marca el límite entre los comportamientos aceptables y no aceptables, y establece el deber ser positivo ante las diferentes posibilidades fácticas –no siempre legales de hacer.

Si la victoria militar no da derechos políticos –y la derrota tampoco- también es cierto que el equilibrio entre la justicia y la paz, amerita explorar un camino de transición ad-hoc entre lo militar y lo político. Lo que la ley no admite como conexo al delito político debe ser ajustado ‘políticamente’ para que, en definitiva, sea la ciudadanía la que con su voto, premie o castigue a quienes fueron actores del conflicto armado y tomaron la decisión valiente de abandonar las armas y someterse a las reglas de la democracia. La política debe ayudar a construir los caminos jurídicos que hagan viable la deseable –y socialmente necesaria- transición de la guerra a la paz, de las armas a la política. Porque la inversa, esperar de la justicia la construcción del camino político no sólo es invertir los términos de la ecuación –y en este caso el orden de los factores sí altera el producto- sino desdeñar la opinión del soberano, el constituyente primario, que en asuntos de tanta trascendencia no puede ser dejado de lado, ni mucho menos subordinarse pasivamente a las decisiones de las maquinarias de intermediación política, más preocupadas por defender sus propios intereses corporativos que por oficiar de intérpretes fieles del sentimiento de las bases sociales.

Volvamos al comienzo: es legítimo para las AUC estar pensando en formas de intervención legal en la política. Las invito a que vuelvan transparente este ejercicio creador para no seguir alimentando la voracidad de las fieras que quieren devorarlas. Y que además, no lo demoren, porque cuando las bases se sienten carentes de conducción estratégica arbitran a su manera las diferentes tácticas y no siempre aciertan ni con las formas, ni con los contenidos, ni con los tiempos, ni con los mismos candidatos que aparecen y desaparecen según soplen los vientos.

De la misma manera que hago énfasis en el derecho a la política para las AUC, y también para las FARC y el ELN, una vez desarmados y desarticulados la totalidad de sus estructuras ilegales –el ‘paramilitarismo’ no es patrimonio exclusivo de algunas derechas, sino también de algunas izquierdas- invito a reflexionar y a producir hechos incontrovertibles en la dirección de garantizar a los desmovilizados de unos y de otros la mejor y más plena reincorporación a la vida civil. La obligación de las AUC frente a sus hombres y mujeres desmovilizados es hoy más ineludible y prioritaria que nunca, porque está en juego la credibilidad no solo de su propio proceso de paz, sino la credibilidad a futuro de todos los procesos de paz aún pendientes.

El campo de lo jurídico está en manos de la ley de Justicia y Paz y su próxima reglamentación y puesta en ejecución. El campo de lo social y de lo político está en manos del Estado y de la sociedad, pero también –y fundamentalmente-, en manos de quienes dirigieron a las AUC desde la guerra hacia la paz. Lo social y lo político están inextricablemente vinculados, y lo uno abona el camino para lo otro, y viceversa. Es poco lo que se puede avanzar en respuestas de tipo social para los desmovilizados, las zonas de influencia y la reinserción de las regiones al País, si no se tienen cuotas de poder político, de la misma manera que es poco lo que se puede avanzar en el terreno político si no se cuenta con un acumulado en términos de credibilidad y aceptación social en las propias bases y en las diferentes comunidades.

La política es cuestión de saber manejar los tiempos, pero también de ocupar sabiamente los espacios, y comunicar con acierto los contenidos. También la política es cuestión de saber escoger y formar con inteligencia los predicadores y los candidatos, los conductores y los operadores políticos. En estos tiempos de exacerbación del poder mediático el mensaje y los canales de comunicación son estratégicamente decisivos, y es tan válido trabajar activamente con los públicos simpatizantes como no abandonar los espacios ocupados por los adversarios y contradictores de turno. Finalmente, el opositor de hoy puede ser el aliado de mañana. Y hay tanto acierto en la conducción de lo propio, como en la atención que se le brinde a lo que difiere de nuestras apreciaciones y objetivos. La regla política de la democracia sigue siendo, y lo es cada día más, sumar y multiplicar, en vez de restar y dividir. Si el telón de fondo de la democracia es la incertidumbre y el riesgo inherentes a la libertad y el cambio, el escenario ha de ser dispuesto de tal manera que los propios se convenzan cada día más y los ajenos se persuadan que lo nuestro vale y merece apoyo, aún en el marco de las legítimas diferencias que engrandecen y enriquecen el ejercicio de la democracia.

Si las AUC quieren pasar a la Historia de las soluciones –que comenzaron siendo problemas- y no a la historia de los problemas –que comenzaron siendo soluciones- resuelvan y comuniquen a sus bases sociales y a la Opinión pública, con acuciosidad, prudencia y tacto político lo siguiente: 1. Atención a los desmovilizados (“No los dejamos solos”), 2. Actitud política ante las elecciones al Congreso en 2006 (“No nos resultan indiferentes”), 3. Organización política con vistas al 2010 (“Abandonamos las armas no la lucha por la Causa”)

Ni abandonen a su suerte a los desmovilizados y sus familias, ni dejen de comunicarse con la Opinión pública, mucho menos tomen distancia de la construcción de tejido social, a partir de lo que fueron sus zonas de influencia pero con un alcance regional y también nacional.

Ni crean que todo sigue igual en materia de actividad política tras la desmovilización, ni dejen de evaluar el camino que vincula los primeros pasos en el 2006 con las metas dispuestas para el 2010. La vida política es un proceso, tiene sus primeros pasos y también tiene sus metas. Las metas finales son las últimas en ser alcanzadas pero son las primeras en la intención del caminante.

Ni tanta llama que queme al santo, ni tan poca luz que impida ver por dónde va la procesión.

Así la veo yo.