junio 26, 2006

AUC: De las ‘crisis’ puntuales a la ‘fase crítica’

Si no hubo definición en los 90 minutos, habrá suplementarios

CHAMUYO (5)

Por Juan Antonio Rubbini Melato
www.lapazencolombia.blogspot.com
juanrubbini@hotmail.com

Cesó la lluvia pero el cielo sigue atiborrado de nubes.


El proceso entre Gobierno y AUC ingresó en una fase crítica. Hasta aquí las crisis fueron siempre puntuales. El periodo inaugurado el 18 de mayo es de incierta duración y pronóstico reservado. Cuando se conozca la sentencia de la Corte Constitucional volverán los aguaceros a descargar su furia.


Si hasta ayer el acuerdo entre Gobierno y AUC alcanzaba en los momentos de crisis, superar la fase crítica exigirá, no solo la participación de sectores, representativos de todos los órdenes de la realidad nacional, sino, paralelamente, la construcción de sólidos acuerdos políticos que articulen oficialismo y oposición en el Congreso.


La cuestión jurídica, con toda su importancia, no debe ocultarnos que la cuestión central del proceso –con las AUC ya desmovilizadas- es esencialmente política. Esto obliga un replanteo del curso de las negociaciones.


No tiene presentación política y será castigado internacionalmente que se aliente en las AUC tomar el atajo de la supuesta favorabilidad, o no retroactividad, de lo que ha sido hallado inexequible por la Corte Constitucional, y por lo mismo aplica menos que antes a futuros procesos de paz con las guerrillas. Solo serviría para darle más argumentos y de mayor peso a quienes sostienen que este es un proceso de ‘yo con yo’. Según mi modo de ver aquí hay dos caminos: o se reforma la Constitución para dar cabida a lo que la Corte Constitucional no aceptó, o, lo que aparece como más complejo pero más sólido, se deroga la ley 975 y se comienza a trabajar política y jurídicamente en la construcción de un nuevo marco legal para las negociaciones de paz y sus resultados, independientemente del actor que se trate.


Para que haya justicia y paz no cabe sino esperar que la política realice su labor de orfebre. El Gobierno propuso negociar políticamente con los actores armados ilegales, poniendo como condición inicial el cese de hostilidades. En el caso de las AUC -primeros en acudir al llamado- no fue posible satisfacer al ciento por ciento el cese de hostilidades sino cuando finalizó la desmovilización. La zona de ubicación de Ralito cumplió este objetivo con el último fusil entregado y el último combatiente desmovilizado, pero nadie puede pensar que allí se acabó la negociación.


La fase crítica que transita el proceso inaugura la negociación propiamente política con dos componentes principales, uno técnicamente jurídico y otro político hasta los tuétanos. La discusión jurídica sobre el estatus político de las AUC en el pasado no puede ocultar la realidad política que hoy constituyen las ex AUC, tras abandonar las armas y abrazar la política en la democracia, sosteniendo una visión de País, valores y objetivos políticos que fructificaron en el curso de la lucha armada contra las guerrillas marxistas.


Hay quienes pretenden manipular las AUC como ariete de su pelea casada con la Corte Constitucional. También hay quienes quieren influir sobre los integrantes de la Corte para abortar el proceso. La paz con autodefensas y guerrillas es una cuestión de interés nacional que deberá superar los escollos de quienes han hecho de la politiquería o de la subversión -también en llave- su modus vivendi.


Hay quienes recelan de la reforma constitucional en consonancia con los acuerdos que hagan posible la paz. No faltan quienes consideran que sin previa reforma de la Constitución la paz con AUC, FARC y ELN resulta imposible. Ambos argumentos deben oírse y debatirse.
Cesar las hostilidades contra la población civil resulta un imperativo ético para los grupos armados ilegales y cesar el fuego contra el Estado la única prueba de su vocación política. Lo contrario es caer en el vil negocio, en el puro terrorismo y pretender ‘vivir del cuento’ de la revolución. Es admitir que el Congreso en Colombia es una farsa y la autoridad presidencial una dictadura. ¿Qué dicen sobre estas materias los dirigentes, representantes y senadores del Polo siendo sus propuestas de gobierno, economía y sociedad similares a las que esbozan las FARC y ELN?


Esto viene a cuento porque si se quiere ponerle fin al conflicto armado mediante una solución política negociada no se entendería que la misma no pase por el Congreso de la República, con anuencia del Ejecutivo y respeto de la Constitución.


Hoy son las AUC, mañana serán el ELN y las FARC. Pero, ¡cuidado!, porque la política no solo es discurso, y no basta decir que se aspira alcanzar una solución política negociada, si no se dan pasos positivos, coherentes con esta dirección. El discurso y los hechos de paz han coincidido en las AUC, no del todo todavía en el ELN. Las FARC dicen una cosa, hacen lo contrario, piden lo imposible, niegan lo innegable, afirman lo increíble y siguen delinquiendo, secuestrando, asesinando colombianos y cultivando y comercializando coca, por decir lo menos. El Polo debe manifestar algo sustancial y hacer proposiciones concretas sobre estos asuntos que vulneran de manera tan grave y contundente el derecho a la vida de los colombianos.


La inseguridad jurídica para los desmovilizados de las AUC sigue imperturbable. En buena parte porque la culebra de la politiquería sigue viva, haciendo de las suyas incluso en las Cortes, no hablemos del Congreso… ni seamos complacientes con el Gobierno.


Es hora que el uribismo deje de razonar en términos de reparto de burocracia y de las próximas elecciones. Es hora también que liberales y polistas digan con claridad si están dispuestos o no a construir con el Gobierno el edificio de paz y reconciliación que haga viable el tránsito de los actores ilegales del conflicto armado a la civilidad y la política.


Las ex AUC deben despertar de las pesadillas que trajo consigo la inseguridad jurídica en que está postrado el proceso, y hacerse cargo sin demoras de la cuota de trabajo que les corresponde realizar, metódica y organizadamente, si quieren asegurar el futuro de paz que sigue atrapado en las redes que tejen los burócratas, leguleyos y obstruccionistas de toda laya, sin entender que la paciencia de los colombianos tiene un límite.


Suena políticamente correcto lo de Villa Esperanza y las AUC. Así como la ‘casa de paz’ del ELN y que ese proceso aún no se haya caído por presión de las FARC. Uno quiere creer que estamos en el buen camino pero nadie cuerdo puede asegurar eso. Sobre todo, si pensamos que las AUC cumplieron su parte del Acuerdo de Ralito y el Gobierno todavía no, en un país donde es más sencillo encontrar alguien dispuesto a empuñar un arma que alguien que decida entregarla. Carecen las AUC y no existe aún en Colombia el marco legal constitucionalmente inobjetable y al mismo tiempo conducente hacia la paz que favorezca el retorno a la civilidad de las AUC y todos los actores.


Habrá que seguir adelante con garantías y salvoconductos renovados a los negociadores y miembros representantes de autodefensas y guerrillas que estén dispuestos a trabajar, conjuntamente con el Gobierno, con sumo tacto y harta paciencia durante, al menos, los próximos cuatro años. Para alcanzar las metas que se tracen las partes, con todo sobre la Mesa y nada por debajo, en Agendas verificables y al margen de toda sospecha.


Si la seguridad jurídica seguirá siendo por bastante tiempo un ‘imposible jurídico’ para autodefensas y guerrillas, lo que la paz no puede permitirse es que los equipos negociadores de todas las partes involucradas no cuenten con la seguridad jurídica de que no serán capturados ni extraditados mientras dure el proceso de paz y que este tiempo de negociación sí les será descontado de las eventuales penas alternativas.


Quienes, en el siglo XIV, iniciaron en Europa la Guerra de los Cien Años nunca imaginaron que fuese a durar tanto.


Las AUC y el ELN tampoco tienen certeza acerca del tiempo que llevarán las negociaciones y si acabarán finalmente en paz o en guerra.


Al respecto, lo único que no podemos permitirnos es la inactividad y la desesperanza.


¡Bienvenida Villa Esperanza y que sean muchas y provechosas las casas de paz!

Así la veo yo.

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junio 19, 2006

AUC, de la guerra a la política

Unos hacen los goles y otros los ven hacer


CHAMUYO (4)


Por Juan Antonio Rubbini Melato
www.lapazencolombia.blogspot.com
juanrubbini@hotmail.com


La política es el arte de hacer posible lo socialmente necesario, y las AUC hilan este tejido sin prisa, pero incesantemente. Quienes solo conocen de las autodefensas por la prensa se llevarán una sorpresa cuando sepan de sus vidas y sus sueños, de su lucha íntima y descarnada entre el ser y el deber ser, siempre sobre el filo de la navaja, sin más certezas que las intuiciones de su corazón y el amor incondicional de la mucha gente que los quiere de verdad.

La política sin humanidad ni es política ni es humana. La humanidad con sus errores y sus horrores ni resulta inhumana ni es solamente culpa. Entre sus virtudes, la nobleza humana de las autodefensas constituye la base más sólida de su creciente capital político, y eso les quita el sueño por igual a la clase política y a las guerrillas. A la clase política, porque sabe que el pueblo no calla sus preferencias cuando de escoger entre el heroísmo y la politiquería se trata. A las guerrillas, porque saben que el pueblo le abona a las autodefensas haberle puesto el cuerpo a la metralla de las FARC y del ELN.

Nadie esperaba que las AUC abandonaran las armas antes que las guerrillas. Tampoco nadie preveía que un presidente del talante de Uribe llegara al poder. Las AUC en armas solo comenzaron a sobrar cuando Uribe llegó a la Presidencia, y Uribe jamás habría llegado al poder si las autodefensas no se hubiesen cruzado en el camino de las FARC y ELN en los aciagos tiempos del Caguán, Catatumbo, sur de Bolívar, y tantas zonas del país donde imperaba el terror guerrillero. Esto el pueblo amigo de las AUC lo tiene bien aprendido y también lo intuye Colombia aunque falten columnistas y ensayistas que hablen con la verdad y los sentimientos del pueblo.

Tras la desmovilización, las autodefensas superan ampliamente en favorabilidad popular a las guerrillas y Uribe derrotó 6-2 al candidato que apoyaban las guerrillas. Esto no puede sino derivar en reconocimiento político a las ex AUC, las cuales tienen ante sí un largo y venturoso camino que transitar políticamente. El mismo derecho que asiste a las FARC y al ELN de tener su visión de país y buscar concretarla en los hechos, la tienen las autodefensas de alzar su voz y mostrar sus cartas en cuestiones de poder.

Se sigue hablando de solución política negociada con las guerrillas, pero las FARC y el ELN rehúyen el cese de hostilidades y siguen despeñándose hacia la ‘bandolerización’ y el ‘traqueteo’. Han abierto un capítulo de guerra entre algunas de sus facciones, tal vez para disimular un tanto la alianza estratégica que sigue prevaleciendo en sus cúpulas.

No sorprende que se estén organizando nuevos grupos armados ilegales tras la desmovilización de las AUC. Mientras existan ‘narcoeconomías’ asentadas en el territorio nacional habrá dinero suficiente para formar ejércitos privados cuya evolución política es una incógnita. Podrían derivar en nuevos grupos de izquierda, de derecha y hasta ‘chavistas’ podrían resultar algunos. En esto de poner orden y arrinconar y demoler a todos los ilegales, se juega la credibilidad de la seguridad democrática y del Plan Patriota, pero también se avanza un partido más del campeonato mundial de las drogas donde EU y Europa tienen la última palabra.

A tiempo se han desarmado y desmovilizado las AUC, anticipándose al caos en el que ha derivado el conflicto. Las autodefensas cumplieron su rol de equilibrio militar en el tablero de las guerras cruzadas y al quitarse ese tapón el desmadre afecta todas las zonas y todos los grupos. Razón tenían los comandantes AUC cuando insistieron en Ralito acerca de la inconveniencia de precipitar las desmovilizaciones sin producir el adecuado relevo entre los sediciosos y las fuerzas regulares. Las razones del Alto Comisionado primaron, no tanto porque fueran del todo razonables sino porque las AUC aceptaron que la reinstitucionalización del Estado tuviese el precio que le pusiera el Presidente de todos los colombianos. No hacerlo hubiese ido en contravía de los tiempos políticos y la gobernabilidad del País.

Vivimos ahora otra etapa política, alejada todavía de las elecciones de octubre de 2007, y de marzo y mayo de 2010. Esto permitirá que las leyes que hagan posible la paz y la reconciliación reciban adecuado tratamiento en el nuevo Congreso. El precedente que está sentando el Gobierno con las AUC no podrá ser ignorado luego por FARC y ELN, si acaso escapan las guerrillas de la tentación terrorista que las sacude interiormente.

Bienvenido el apoyo de la Comisión de Conciliación Nacional a la nueva fase –esencialmente política y técnicamente jurídica- en la que ha ingresado el proceso. Desde los tiempos de la Comisión Exploratoria la negociación de Ralito –ahora en Copacabana- estaba en mora de recibir el aporte de las tercerías, indispensables en asuntos demasiado complejos que, por momentos, superan a las partes. El apoyo continental de la OEA y la palabra espiritual de la Iglesia no pueden faltar y seguirán siendo necesarios hasta el último día. Nada asegura que no vayan a producirse nuevas crisis, las cuales tendrán calificados árbitros que diriman las diferencias y encaucen la buena voluntad.

El fantasma de la guerra civil está cada día más lejos de establecer su tenebroso reinado. El conflicto armado ingresa en un período de tensa espera que precede el desenlace final. Los nuevos escenarios que se están perfilando dejan atrás la guerra revolucionaria, donde insurgentes, autodefensas y fuerzas estatales ocuparon un lugar central. Este es el momento preciso donde el ELN debe desembarazarse del suicida ‘abrazo del oso’ que le extienden las FARC, y las FARC deben vencer la tentación de arrojarse hacia el abismo donde nadie podrá salvarlas.

Comencé hablando de la nobleza de las AUC y del valor inmenso que esto acumula políticamente en el campo popular. Mientras las FARC y el ELN siguen produciendo víctimas y cavando la fosa final de su propio descrédito, los Castaño, los Mancuso y los Báez no pierden oportunidad que tienen ante los micrófonos para convocar a los guerrilleros a la paz y la reconciliación. No sé cómo reciban los ‘Marulanda’ y los ‘Gabino’ esos llamados de las AUC, pero sí es digno de atención cómo los colombianos reaccionan positivamente ante estos gestos de paz y de humildad que producen las autodefensas.

Más de uno se sorprenderá dentro de algunos años cuando finalmente los ex comandantes de los bandos enfrentados en los ’80 y los ‘90 se encuentren cara a cara y unos recién vengan del monte y otros –los que se desarmaron antes- los esperen con las mano tendidas, legitimados por el pueblo, ocupando los cargos más altos y de más responsabilidad de la democracia.

El escenario del posconflicto se está comenzando a prefigurar en 2006 y los comandantes de las FARC y del ELN no pueden seguir ignorándolo o haciendo como que no lo ven.

Si persisten en el error de la violencia que no culpen después al ‘imperialismo gringo’, al ‘fascista Uribe’ y a los ´paracos’ de todo lo que estaba en manos de las FARC y ELN hacer y no hicieron.

Que unos hacen los goles y otros los ven hacer.



Así la veo yo.



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junio 12, 2006

AUC, de la ‘zona de ubicación’ a la ‘zona de definiciones’

De la ‘casa de naipes’ al sólido edificio de la Paz


CHAMUYO (3)



Por Juan Antonio Rubbini Melato
www.lapazencolombia.blogspot.com

juanrubbini@hotmail.com



El pronunciamiento de la Corte Constitucional no significó intromisión del Poder Judicial en áreas de competencia del Ejecutivo y Legislativo. Si hubo choque de poderes fue por exclusiva impericia del Gobierno y del Congreso. Fuerzas oscuras han querido manipular las reacciones al fallo y agrietar la confianza entre Gobierno y AUC. Un software diseñado para hallar inconsistencias entre la ley 975 y la Carta Magna hubiese producido idénticos resultados. No cabe desactivar las computadoras ni botar el software porque cumplan su función, así como no corresponde cobrarle a la Corte Constitucional facturas ajenas.


Lo sensato es modificar la Constitución donde ésta impide el perfeccionamiento de los acuerdos políticos que facilitan la construcción de paz. Considero demencial que la guerra se perpetúe porque no existen los mecanismos legales que viabilicen los acuerdos políticos.


Lo avanzado en desarme y desmovilización en la ‘zona de ubicación’ deberá trasladarse a la ‘zona de definiciones’, un ámbito de discusión nacional donde los poderes ejecutivo y legislativo estudien, con participación de los actores desmovilizados y con el conjunto de la sociedad, qué soportes le faltan a la Constitución para que los caminos de construcción de paz hagan visible y efectivo el derecho a la paz.


La reincorporación a la vida civil de los actores armados ilegales –AUC, FARC y ELN- deberá contar con instrumental legal común a todos, y éste armonizará no solo con la Constitución sino con los compromisos adquiridos por el País ante el mundo. De otra manera ningún desmovilizado, de ningún grupo, podrá contar nunca con suficiente seguridad jurídica proporcional a sus actos de paz y reconciliación con la sociedad.


No cabe esperar hoy que primen en las AUC ni el retroceso al monte ni el someterse a la Ley de Justicia y Paz cuando el texto y el espíritu de la ley han sido cercenados por su incompatibilidad con el texto constitucional. Mal harían las AUC en pecar por impacientes cuando la paz exige de sus constructores toda la paciencia y constancia del universo. Tampoco las AUC pueden quedarse inmóviles, ni política ni jurídicamente; sobre ambos frentes corresponde avanzar simultáneamente. No es de las democracias someter lo jurídico a lo político –sino compatibilizarlo- y no es realista soñar cándidamente con que haya leyes de paz que no sean otra cosa que frutos de la política.


Corresponde al Gobierno definir los términos de la ‘zona de definiciones’ y diseñar los mecanismos legales de transición que conviertan a los actuales negociadores y miembros representantes de las AUC en activos constructores de paz, no en el sentido de colegisladores sino en el sentido de brindar su acompañamiento político al entero proceso de paz con el aporte, canalizado institucionalmente, de sus conocimientos y expectativas en materia del conflicto armado y tránsito al posconflicto.


La tecla que cabe pulsar en la cuestión judicial de las AUC es ahora la de pausa. No puede postergarse indefinidamente la presentación de las AUC ante la justicia pero esto no puede accionarse sin que exista entre Gobierno y AUC una consensuada caracterización de la etapa que se vive y de las que siguen. No se debe seguir avanzando sin agenda y sin lograr acuerdos básicos y consolidados; de otra manera, tarde o temprano, alguna de las partes se sentirá presionada o, lo que es peor, irrespetada por la otra, y ello disminuirá a niveles insoportables los grados de confianza.


Tras el fallo de la Corte Constitucional la paz de Colombia no resiste una paz parcelada y tampoco una paz estratificada. No caben ya entonces legislaciones de paz diseñadas en función de uno de sus actores –AUC-, ni tampoco de dos –FARC y ELN-. Mientras no exista el sólido edificio legal de la paz y la ‘obra en construcción’ no sea suficiente, o no sea totalmente constitucional y adecuada a los estándares internacionales, la seguridad jurídica no existirá para ninguno de los involucrados, aunque se haya cumplimentado la etapa del desarme y desmovilización. Las AUC –tras treinta mil desmovilizados- no deben ser sometidas a fungir de ‘conejillos de Indias’, ni suena aconsejable recomendarles que lo hagan.


Paradójico, pero real y tangible, es el caso de las AUC. Primeras en sentarse a la Mesa de la Paz, corren hoy el riesgo de ser tratados judicialmente de peor manera que quienes siguen alzados en armas y produciendo víctimas a diario. Como si lo que se estuviera incentivando con la alternatividad penal desde el Estado no fuese llegar primeros a la convocatoria de paz, sino llegar últimos. Esto insulta no solo la igualdad ante la ley y la recta justicia sino también el sentido común.


No se trata de invertir el orden ni los incentivos, sino de administrar justamente los tiempos, los requisitos de accesibilidad y la magnitud de las cargas y los beneficios. Que AUC, FARC y ELN conozcan del Gobierno que todavía existe un margen de tiempo remanente para arribar a soluciones políticas negociadas del conflicto armado, y que llegar de primeros no recibirá una penalización adicional ni llegar de últimos dará derecho a una alternativa mejor, sino que hallará correspondencia constitucional una legislación de paz donde quepan todos en iguales condiciones, y donde no existirán discriminaciones ni estratos a la hora de juzgar, absolver, condenar, aplicar las penas alternativas, amnistiar e indultar.


¿Qué hacer mientras tanto con las AUC que llegaron primeras y lucen impacientes? ¿O con el ELN que está llegando segundo y sin demasiada prisa? ¿Y con las FARC que parecen interesadas en llegar de últimas si acaso llegan algún día?


El Gobierno está demorado en divulgar sus planos de lo que han de ser las etapas –las fases- de la negociación y las ‘zonas’ de trabajo y marco legal dispuestos para su implementación.


Hoy está más claro que en 2002 la necesidad de darle espacio diferenciado en la agenda de la Paz a lo estrictamente militar, a lo propiamente jurídico y a lo esencialmente político. Son tres fases del proceso de negociación que arranca con la fase exploratoria, prosigue con la estructuración de la agenda y culmina con la firma de los acuerdos finales de paz. Acuerdos finales que no serán nunca fruto del chantaje de las armas, sino de la persuasión política y del apoyo de los ciudadanos.


No resulta conveniente alentar el ´cuentapropismo´ resultante de aislar en laboratorios individuales cada uno de los tres procesos AUC, FARC y ELN. La paz será también resultado de los vasos comunicantes.


El próximo cuatrienio ha de ser constructivo y deliberativo en materia de paz pero no cantemos victoria cuando no es hora todavía.


Por impericia de los timoneles, por mala lectura de los mapas de navegación, o por falta de consensos políticos y sociales, las esperanzas de paz corren el riesgo de encallar nuevamente en el escalamiento del conflicto armado y la primacía cruel de lo militar sobre lo político.


La crisis actual del proceso de paz del Gobierno con las AUC no es la primera, y esto tranquiliza, por aquello de que ‘siempre que llovió paró’.


Sin embargo, no puede afirmarse cuál crisis ha sido la peor de todas hasta no salir de ellas, y esto preocupa hoy porque Gobierno y AUC aún se debaten en medio de la tempestad desatada tras el fallo de la Corte Constitucional.


Así la veo yo.


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junio 05, 2006

El ‘cuarto poder’ y sus diatribas a las AUC

La vida es el arte del encuentro (Vinicius de Moraes)


CHAMUYO (2)


Por Juan Antonio Rubbini Melato
www.lapazencolombia.blogspot.com
juanrubbini@hotmail.com


El agua horada la piedra, el justo no la violenta, el sabio no la juzga.

El cuarto poder enciende los editoriales de El Tiempo y nutre las páginas de Semana y Cambio. La ‘trinidad’ empresarial se derrama sobre los restantes medios y presiona sobre los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. Gradúa opinión en un país donde pocos leen.

La elite del cuarto poder califica a Uribe como ‘hombre de guerra’, ‘autoritario de derecha’ y ‘micro-gerente de provincia’. El test crucial de su política de seguridad democrática –negociación con AUC, que vuelve del monte, tras enfrentar la izquierda armada y ejercer poder regional- recibe ácidas críticas. Incide aquí la perspectiva política de las AUC imbricada a las causas del ‘uribismo’, que despierta recelos de la superprensa que no afloran cuando del Polo, FARC y ELN se trata.

Los dardos venenosos lanzados desde la cima del cuarto poder han sido constantes. Estas invectivas suelen vestirse con el ropaje de sabios consejos que buscan evitarle a Uribe males mayores. Los líderes del cuarto poder, consideran ‘políticamente correcto’ mostrarse reticentes al Gobierno en el cómo y el qué de la negociación con las AUC y, ostensiblemente, en contra del cómo y del qué de los comandantes de las AUC.

El cuarto poder estrato dieciséis no ha visto nada de rescatable en las AUC, ni durante su participación en la guerra ni en las negociaciones de paz. Como si participar del conflicto armado hubiese sido cuestión de enriquecimiento personal y patología criminal, no de ponerle ‘tatequieto’ a las finanzas, la expansión y el ‘paraguerrillerismo’ de FARC y ELN allí donde el Estado desertaba de sus obligaciones. Como si entregar las armas, apoyar la seguridad democrática y regresar a la vida civil hubiesen sido para las AUC frutos del cálculo económico y la búsqueda de impunidad, y no de la decisión política de fortalecer la democracia, abrir caminos de paz y seguir los pasos que adelantaron, con el beneplácito del cuarto poder, el EPL, el M 19, entre otros.

Puede suponerse que en el cuarto poder algunos quieran ejércitos ‘paras’ en el monte, mientras existan las FARC, y que su ‘oposición destructiva’ hacia la paz con las AUC nazca de la decisión de los Castaño y los Mancuso de desmovilizar las autodefensas. Esto ha puesto a la sociedad -y al establecimiento- únicamente en manos de la protección del Estado y exhibe a las FARC, el ELN y los NARCOS como los únicos ilegales del conflicto armado. ¿Quiénes temen este nuevo escenario y quisieran, aunque no lo sostengan públicamente, que las AUC regresen al monte? ¿Quiénes son aquellos que le apuestan al fracaso de la seguridad democrática y alientan el retroceso de las AUC a los tiempos anteriores a Uribe? Urgir -¿o más bien rugir?- desde la prensa de Bogotá que las AUC se sometan a la Ley de Justicia y Paz, tras el fallo de la Corte Constitucional, no resiste la interpretación literal. Corresponde calificar tales arengas de ultimátum para que las AUC se declararen traicionadas por el Gobierno, rompan la negociación, pidan las armas de regreso y vuelvan al monte.

Las aguas de la negociación, sin embargo, no van en la dirección del rearme de las AUC, lo que después de conocidos los resultados del domingo 28 de mayo constituiría un colosal desatino y una afrenta al voto popular. Las grandes mayorías nacionales plebiscitaron la continuidad del proceso de paz del Gobierno con las AUC, no porque desconozcan el pronunciamiento de la Corte Constitucional ni resulten indiferentes los cuestionamientos del cuarto poder, sino porque la Paz es un asunto serio de interés nacional y no puede enredarse en los designios de ninguna minoría por poderes que tenga o quiera atribuirse.

Habrá quienes digan que ni en El Tiempo, ni en Semana, ni en Cambio han insinuado lo que leo entre líneas, sino que lo que han sostenido es:

1. Que mientras da estatus político delinquir por imponer un gobierno marxista, no da estatus político delinquir para oponerse a ello.

2. Que solo cabe el sometimiento a la Justicia para las AUC y la negociación política con las FARC y ELN.

3. Que lo que solicitan es cárcel de cuarenta años para las AUC y amnistía e indulto para FARC y ELN.

4. Que la reparación para las víctimas de las AUC sea pagada del bolsillo solidario de todos los ex comandantes de las AUC y la reparación de las víctimas de las guerrillas del bolsillo del Estado.

5. Que debe haber inhabilidades perpetuas para el ejercicio político de las AUC y participación política inmediata de FARC y ELN.

6. Que corresponden extradición y Corte Penal Internacional para las AUC y garantías jurídicas de no extradición ni Corte Penal Internacional para FARC y ELN.

Y algunas perlas más… para que a nadie le quepa duda que los pájaros le tiran a las escopetas, es decir que los líderes del cuarto poder sostienen, en definitiva, que FARC y ELN nunca hubiesen alcanzado tan comprensibles niveles de perdonable y no tan atroz criminalidad si las AUC, incomprensiblemente, no les hubiesen permitido otra posibilidad con su imperdonable y atroz criminalidad. Como si las AUC se hubiesen constituido en 1964, y FARC y ELN en 1997, y no al revés.

Nunca una ley luce tan injusta como cuando no se aplica del mismo modo a todos los involucrados, o cuando ni siquiera se está pensando que todos los involucrados vayan a ser tratados por la misma ley. Si FARC y ELN no aceptaban la Ley de Justicia y Paz antes de la sentencia de la Corte Constitucional menos la aceptarán ahora. ¿A qué viene exigirle a las AUC su aceptación, en qué mentes brotan tales despropósitos, cuando la Constitución señala los caminos de su propia reforma si las circunstancias ameritan?

Si los que han participado de la ilegalidad del conflicto armado no van a resultar iguales ante la Ley por limitaciones del ordenamiento vigente, el remedio no es que los perjudicados por esa desigualdad sean arreados a sombrerazos hasta volver a la guerra sino que tendrán que trabajar el Legislativo y el Ejecutivo con la finalidad de modificar la Constitución y que la igualdad ante la Ley esté asegurada y los caminos de Paz permanezcan abiertos sin privilegiados ni réprobos.

Las AUC no saldrán ‘ilesas’ de esta coyuntura si no logran mantener fluida comunicación con el País y relaciones públicas de primer nivel con el cuarto poder, así como insistir en el respeto al orden constitucional y la separación de poderes.

Las AUC tienen cosas muy importantes que contarle a la Opinión Pública, sobre qué significa Ralito y sobre qué se trata de hacer a partir de Ralito y también después de Ralito.

Las batallas de la paz suelen ser tan duras como las de la guerra, y ni unas ni otras pueden darse exitosamente sin la existencia libre del cuarto poder.

El diálogo entre líderes del cuarto poder y líderes de las AUC no puede seguir demorado, ni yacer congelado en un remedo de la ‘guerra fría’. Habilitarlo, con mutuo respeto, es cuestión de paz o de guerra, es cuestión de más vidas o más muertes, y es actuar con respeto –de parte y parte- por la libre información de los ciudadanos.

Así la veo yo.

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junio 02, 2006

No cerremos las puertas a la paz con las AUC

Lo que está en juego es demasiado importante

CHAMULLO



EL PDA estará destinado a dividirse –por extrema necesidad política- al menos en dos partes de aquí a poco tiempo.

El ‘uribismo’ haría bien en elaborar cuanto antes el duelo por no poder contar con Uribe como candidato en 2010.

Mientras las FARC sigan vivas será al precio que la extrema izquierda –no el centro izquierda de Lucho Garzón- deba postergar sus posibilidades en la carrera presidencial. Colombia no premiará nunca la combinación de todas las formas de lucha. Tampoco los disfraces de ocasión.

Si en cambio las FARC abandonan la lucha armada durante la segunda presidencia de Uribe, la extrema izquierda deberá esperar al menos otros cuatro años después de 2010. ¿Por qué? Porque Uribe, al producir el milagro de ‘acabar’ con las FARC tendrá suficiente poder popular como para convertirse en el gran elector en 2010. Poco importa a estos efectos que la victoria haya sido militar, o la persuasión haya operado en una mesa de negociación.

Hará bien entonces Lucho Garzón en girar hacia el centro y llevarse consigo unos pocos líderes del PDA en su búsqueda de la presidencia en 2010. Si algo le vendrá de perlas a Lucho en esta cruzada por la presidencia es que a su izquierda –y sobre todo fuera de su campaña- quedarán los extremistas y los ultras que suman algunos votos pero quitan demasiados para cualquier aspiración presidencial seria.

Si Lucho se mueve en esta dirección del centro su suerte no estará relacionada para nada con el destino de las FARC, por el contrario, si sucede lo más previsible de que durante los próximos cuatro años las FARC sigan en el monte esto lejos de perjudicarlo lo beneficiaría. Primero, porque Uribe no recibiría los beneficios del ‘vencedor’ ni del ‘gran negociador’, segundo, porque lograría seducir a las mayorías con su mensaje de trabajar socialmente más sobre las causas de la violencia –la pobreza y la exclusión- que militarmente sobre sus efectos –las FARC y los ‘paras’ que hayan sucedido a las AUC.

¿Con qué obstáculos se encontraría la aspiración de Lucho en este escenario?
El Partido Liberal le apostará a evitar que la Constitución permita la segunda reelección inmediata de Uribe –es previsible que el Departamento de Estado también- y entonces los ‘uribistas’ tendrán la ‘imposible’ tarea de encontrar un relevo que sería tildado de inmediato como ‘continuista’ y que debería hacer frente a la enorme frustración generada por Uribe si no logra vencer o negociar con las FARC en los próximos cuatro años. Ni qué decir si no obtiene victorias en el campo social y económico.

Hasta aquí entonces lo más probable es que en 2010 se enfrenten no dos sino tres coaliciones relativamente fuertes: una que gire alrededor de Garzón, otra alrededor del Partido Liberal y otra alrededor del ‘uribismo’. En este caso no habría triunfo en primera vuelta, sino que asistiríamos a una segunda vuelta, donde Garzón tendría todas las probabilidades de entrar, mientras que liberales y ‘uribistas’ deberían dar una gran batalla por ingresar, que precedería a otra gran batalla tres semanas después por lograr el triunfo en la segunda vuelta sobre Garzón.

Así las cosas, ¿qué debiera ocupar a Uribe principalmente desde el inicio de su segunda presidencia? Poner la cuestión social y económica por encima de la cuestión FARC. Poner el logro del intercambio humanitario un escalón más arriba como prioridad independiente de la cuestión negociación de paz. Impulsar desde el Gobierno hacia el Partido Liberal una política de gana-gana, sin pretender sumar el Partido Liberal a la coalición uribista. Es Uribe quien puede seducir al Partido Liberal más aún de lo que pueda intentar Garzón, porque tiene más elementos a disposición, pero debe hacerlo cuidando mucho el contenido, las formas y el ‘tonito’. Diplomacia y tacto, mucho tacto.

Lo que Garzón va a intentar –no tiene otra que intentarlo- es seducir a las bases del liberalismo y del ‘uribismo’, en la misma medida que corta todo vínculo con la izquierda en el monte y los ‘paraguerrilleros’ urbanos. Esto lo puede producir de un tajo pero saliendo cuanto antes del PDA donde Gaviria preferirá quedarse, no para ganar en 2010 sino para intentar que al menos Garzón no pierda, y que éste deba regresar a negociar con él y los suyos la cuota de ‘gobernabilidad’ si finalmente Lucho llega a la presidencia.

Me suena que tanto a los EEUU como a Europa, tras ocho años de Uribe, no les disgustaría que Colombia pusiese a prueba su sistema democrático a partir de 2010 con un gobierno de centro-izquierda que no tuviese ningún vínculo con las FARC y sí total compromiso con el orden constitucional, las instituciones de la democracia y las libertades públicas y privadas. Sería el mejor ejemplo para el mundo y para muchos colombianos de que las FARC están en contra de todo y de todos, no solamente en contra de Uribe, de la derecha, del capitalismo, de los EEUU y de la globalización.

Si el ‘uribismo’ y el Partido Liberal no quieren darle desde hoy ventajas al centro izquierda de Garzón mal harían en sentarse a esperar los errores que la izquierda pueda cometer, o las barbaridades que las FARC estuviesen dispuestas a realizar.

Ni los ‘uribistas’ deben sobredimensionar su éxito actual de cara a lo que vendrá más adelante, ni los ‘liberales’ deben rendirse ante los retos que irán creciendo después de la derrota de Serpa.

Los primeros tests de la madurez política de uribistas y liberales tendrán como referencia obligada:

1. El proceso de paz con las AUC y la necesidad de darle un final feliz.

2. Las políticas que hagan definitivo el desmonte del ‘paramilitarismo’ e impensable el rearme de los ‘paras’.

3. La creación de condiciones políticas que les permitan a las AUC transformarse en un partido político con todas las de la ley.

4. El diseño de fórmulas constitucionales que vuelvan los procesos de paz –actuales y futuros- una cuestión de Estado, donde resulte imposible el choque de trenes entre los poderes ejecutivo, legislativo y judicial.


Finalmente, la paz de Colombia tiene que lograr ante el mundo la merecida credibilidad, la total transparencia y la mejor garantía y sello de calidad, que se constituyan en suficiente seguridad política y jurídica en cuanto a que ningún país ni corte penal alguna del mundo tengan algo que objetar o condenar en el futuro.


En estos días se está jugando no solo la suerte del proceso de paz con las AUC, sino también y fundamentalmente, la posibilidad de crear las condiciones de gobernabilidad que permitan asegurar la unidad nacional y el progreso social, no para un gobierno ni para una clase política, sino para un Estado y un Pueblo que necesitan crecer juntos y confiar el uno en el otro, fuera cual fuera el presidente y fuese cual fuese su orientación política.


Nadie sabe lo que están elucubrando las FARC pero el país tiene preocupaciones más serias y miras sociales más elevadas que descifrar los propósitos de los señores de la guerra.


Así la veo yo.

Los artículos que forman la serie completa, iniciada en marzo de 2005, pueden ser consultados en:


www.lapazencolombia.blogspot.com y www.salvatoremancuso.com