septiembre 26, 2006

Vicente Castaño y los puntos sobre las íes


¿Qué impide a las partes formalizar un Acuerdo Final de Paz?


CHAMUYO (14)



Por Juan Antonio Rubbini Melato
www.lapazencolombia.blogspot.com
juanrubbini@hotmail.com



2006 entra en la recta final y el conflicto armado ahí. Ahí donde está anclado junto a la inseguridad que le es consecuente y la retórica que lo acompaña, más de comparsa que de explicación convincente. Lo cierto es que el conflicto se ha ido convirtiendo en una excusa, cuando no en una mera coartada, una excusa o una coartada, que justifica el armamentismo y el abandono de la política, por unos y por otros. Solo las AUC han salido del conflicto y lo han logrado, pero a qué precio... Ni el Ejecutivo, ni el Congreso, ni la clase política, ni la gran prensa, ni la guerrilla se lo perdonan. Tal vez los jueces sí estén dispuestos, si no a perdonar a las AUC, porque eso es imposible en las condiciones ‘conflictivas’ de hoy –ni la “Santa Alianza del Conflicto’ se lo perdonaría a los jueces- al menos a comprender el fenómeno de la ‘autodefensa ilegal’ y encontrarle explicaciones convincentes que obren de atenuantes ante la sociedad colombiana y la comunidad internacional. Y a esto, al veredicto de los jueces, es a lo único que no debieran temerle las AUC en estos días aciagos, con sus comandantes presos políticos por propia voluntad de paz y a pesar de ello –o tal vez precisamente por ello- estigmatizados por la opinión que alimentan los otros actores del conflicto, legales, ilegales, etc., que quieren seguir la guerra hasta vencer o morir. Claro que vencer piensan vencer ellos mientras que las víctimas las seguirá poniendo la sociedad civil sea directamente, sea como familiares de guerrilleros o soldados y policías caídos por defender la revolución o la contrarrevolución, aunque uno nunca sabe donde termina una y donde comienza la otra, financiadas ambas por el mismo bolsillo generoso de los contribuyentes o los narcoadictos de los países más poderosos del mundo. Unos ponen el dinero, otros –que suelen ser los mismos- ponen las armas y otros que, invariablemente son colombianos o colombianas, ponemos las víctimas. Esto último está tan claro e indigna tanto a los colombianos que la Ley 975 de Justicia y Paz, en buena hora, tiene como eje central a las víctimas, mientras que si alguien se toma el trabajo de leer el Acuerdo para la Paz de Colombia de Santa Fe de Ralito la palabra ´víctima´ no aparece por ningún lado, como por ningún lado de ese Acuerdo aparece la palabra ´reparación´.

La madurez que, en materia de conflicto armado y su transición a la paz, todos hemos ido adquiriendo en la medida que las AUC permanecían en la Mesa y no se levantaban de ella pese a todos los contratiempos y la evidente improvisación –revestida de innovación- que demostraba la contraparte, le ha servido de mucho a la Nación colombiana, tanto que parece que el mismo Gobierno ha quedado retrasado respecto ya no de la Opinión pública sino de las mismas AUC. Nadie en Colombia se ha mostrado sorprendido por el último comunicado emitido por Vicente Castaño, quien se ha visto obligado por las circunstancias a poner los puntos sobre las íes, sobre aquello que es apenas elemental tratándose el proceso AUC de un proceso de paz, inédito en el mundo, pero finalmente un proceso de paz que no puede escapar a algunas mínimas reglas que lo hagan creíble a los contemporáneos y sostenible hacia el futuro.

Si he mencionado lo del Acuerdo de Ralito y lo de las víctimas es nada más que por cumplir aquello de que para muestra basta un botón, llamando la atención sobre lo que a mi modo de ver es esencial producir a estas horas si se quiere desempantanar el entero proceso AUC, e incluso facilitar que el proceso ELN y otros que le sigan se beneficien de tal desenlace.

Al proceso de paz AUC le está faltando urgentemente un Acuerdo Final de Paz, algo que debió comenzar a negociarse políticamente cuando a mediados de 2005, con la aprobación en el Congreso de la Ley 975 y su toma de distancia respecto del Acuerdo Inicial de Ralito, se hizo evidente para tirios y troyanos que lo pensado originalmente por las partes en 2003 se había desvirtuado notoriamente en 2005. Quienes leen estas columnas desde el año anterior podrán volver atrás en el tiempo y descubrir que lo del Acuerdo Final de Paz –que hoy alguien puede ver como descubrir el agua tibia- era una necesidad política ya en aquellos tiempos donde ni era segura la desmovilización al ciento por ciento como finalmente ocurrió ni tampoco la reelección del presidente como también ocurrió.

¿Qué es lo que ha impedido la concreción de la firma de tal Acuerdo final de Paz? No lo es ciertamente la falta de antecedentes en la materia, ni en Colombia ni en la Centroamérica de los años recientes. Es más, de lo que no hay antecedentes en el mundo es que los procesos de paz exitosos no hayan concluido en Acuerdos finales de Paz, donde ambas partes se comprometen a determinadas acciones no solo en beneficio de la contraparte sino en beneficio de la comunidad en general.

La sola inexistencia de tal Acuerdo Final deja abierto el proceso de paz y hace que todavía hoy se sienta que el proceso de negociación no ha terminado. La presentación de los ex comandantes antes los Jueces no puede visualizarse como lo que no es, es decir como el final de proceso de paz. No, lo que puede haber, eventualmente, es el inicio del proceso judicial, el mismo al que tendrán que presentarse en su momento los comandantes guerrilleros, a menos que ganen la guerra, o que un gobierno complaciente les conceda lo que pidan a través de un acuerdo político que pase por encima de la ley 975 mediante la concesión de indulto o amnistía, lo cual no sería más que volver a lo de antes, a lo que, incluso, estaba prefigurado implícitamente en el Acuerdo de Ralito con las AUC, y que hoy está en entredicho por la ley 975, ni se diga tras la sentencia de la Corte Constitucional ni se diga tras los decretos reglamentarios que están que llegan pero no han llegado y que pondrán a los Jueces en un verdadero dilema a tres bandas: Texto original de la ley 975, sentencia de la Corte Constitucional y decretos reglamentarios.

Algo que está poniendo a pensar a los colombianos –y también a los EEUU, no nos digamos mentiras- es por qué el comandante militar del ELN que no ha cesado hostilidades y sigue lucrándose del secuestro recibe alojamiento diplomático en Venezuela como si fuera un comisionado de paz del gobierno colombiano mientras que visita la Casa de Paz en Medellín cuando le viene en gana, alternando ello con visitas a Cuba, loas a la dictadura vitalicia de Fidel y exigencias de amnistía para sus guerrilleros presos. Si además, tomamos nota de las declaraciones del presidente Uribe, seguramente bienintencionadas, ni más faltaba, respecto a que las negociaciones de paz con el ELN y con las FARC requerirán un marco legal diferente y más benigno para las guerrillas que lo que significa la ley 975 para las AUC, uno termina preguntándose si lo que está diciéndonos Vicente Castaño a todos los colombianos y de paso a la Comunidad internacional no es apenas lo mínimo, lo elemental, lo totalmente necesario e incluso imprescindible que un líder nacional tenga que decir en estas circunstancias.

A mi correo han llegado en estos días una serie de interrogantes e inquietudes que tienen entre sí un común denominador: ¿Será que el Gobierno responde acertadamente el reto, respetuoso pero reto al fin, que plantea muy comedidamente Vicente Castaño en su Carta Abierta del 22 de septiembre? ¿O será que la ‘seguridad democrática’ le tuerce el pescuezo al proceso de paz AUC y la persecución contra Vicente Castaño se vuelve una razón de Estado para el Gobierno, por encima del proceso de paz?

Si esta no es la peor crisis que ha vivido el proceso de paz con las AUC ¿qué entendemos por ‘peor’ y qué entendemos por ‘crisis’?

Me inclino, sin embargo, por el triunfo de la sensatez gubernamental, y porque se terminen imponiendo en Colombia las ‘Casas de Paz’ y las ‘Villas de la Esperanza’ por encima del terrorismo de las guerrillas, del mismo Estado y de las nuevas generaciones de guerreros que viene asomando, sin prisa pero sin pausa, al galope de la tragedia del narcotráfico que sigue riéndose de nuestras desgracias alimentándolas por derecha y por izquierda, y desde el mismo Estado que sigue sin decidirse si lo que quiere es el advenimiento de la paz o la perpetuación de la guerra.

El ‘to be or no to be’ de la Casa de Nariño en los días que corren parece debatirse en torno a la legitimidad que provee la guerra y la legitimidad que traería consigo conseguir la paz. Me temo que la lógica imperial que alienta Bush a escala mundial esté produciendo en nuestro país una reproducción a escala reducida de la misma tentación política de igualar a la paz con la guerra –como si fueran éticamente iguales- a la hora de conferir legitimidad política.

La mejor demostración de la existencia del dilema paz-guerra en el Ejecutivo colombiano lo da el tratamiento amigable que se le da a Chávez y la sumisión que se le demuestra a Bush. Ambos términos de la ecuación no solo son contradictorios sino que conducen a la inevitable esquizofrenia en la política gubernamental. No se puede simultáneamente, durante mucho tiempo, querer algo y querer también lo contrario de ese algo. Uribe sigue sin definirse por Bush o por Chávez, lo que le induce a no decidirse por la guerra o por la paz. Seguramente sueña con lo imposible, con reunir ambos extremos en una síntesis que supere los términos contradictorios pero eso no se compadece con la claridad conceptual que se espera de un líder como Uribe destinado a conducir la nave sobre aguas tempestuosas.

Detrás de las denuncias de EEUU y de Gran Bretaña sobre amenazas terroristas de las FARC en zonas del norte de Bogotá, no puede disimularse que aquellas potencias le están cobrando a Uribe su condescendencia con Chávez y todo lo que ello significa.

Los caminos del Señor son infinitos y entre las amenazas terroristas, las advertencias del eje EEUU-Gran Bretaña, el dilema gubernamental paz-guerra, el rearme de nuevas generaciones ‘paras’, la tozudez de las FARC y el cinismo del ELN algo nos está diciendo la realidad y es que el conflicto armado va para largo en Colombia.

La correlación de fuerzas sigue inclinada hacia la guerra y no veo por dónde ello pueda empezar a cambiar.

Hace cuatro años confiaba que la decisión de los Castaño y los Mancuso por llevar a las AUC a una mesa de negociaciones aceleraría los procesos de paz en Colombia con todos los grupos armados al margen de la ley. Hoy sigo convencido que el proceso AUC es el bienvenido inicio pero que el final del camino está muy lejos, y lo está principalmente, porque el Estado colombiano sigue en la duda de si legitimarse a partir de la guerra o legitimarse a partir de la paz.

Por todo esto me parece excelente que Vicente Castaño haya puesto sus cartas sobre la Mesa, una vez que el grueso de los ex comandantes AUC han renovado una vez más sus actos de fe en el proceso de paz y han permitido su conducción pacífica a los sitios de reclusión donde han comenzado a pagar por culpas propias y ajenas, por las que ellos aceptan que tienen que pagar y por las de otros que otros debieran pagar por no haber evitado iniciar y prolongar –la guerra revolucionaria- y por no haber protegido y seguir protegiendo –la vida, honra y bienes de los ciudadanos.

A la voluntad y persistencia de las AUC y a la apuesta del Gobierno cuando inauguró el proceso en Ralito les está faltando un broche de oro que ponga en letras de molde el contenido y el espíritu de los Acuerdos alcanzados durante los últimos cuatro años de negociaciones, crisis, ultimátums y actos de fe.

De lo contrario el proceso corre el riesgo de naufragar antes de llegar a buen puerto y cuando algunos se habían precipitado a sentenciar su final. Poderosos intereses confluyen en la prosecución de la guerra y la proliferación de las amenazas terroristas como para que no aparezca una mediación seria y confiable, una tercería por encima del bien y del mal, que habilite el camino hacia el Acuerdo final de Paz con las AUC y evite que el abrupto final del proceso, o la indefinición sobre su final alumbre desconfianzas o reticencias que sirvan de caldo de cultivo a confrontaciones nuevas que nadie quiere aparezcan en el horizonte.

Me pregunto si acaso la Comisión Exploratoria que tanto éxito tuvo al comenzar este proceso con las AUC no está llamada a cumplir un rol importante en la construcción de los Acuerdos Finales, o al menos en sugerir por donde sigue el camino visto que las partes no terminan de ponerse de acuerdo y ello despierta. razonablemente, todos los temores.

Vicente Castaño puso el dedo en la llaga, pero conociéndolo, uno sabe que no es para revolver el dedo en la herida sino para que acudan los médicos con su ciencia y sus equipos a curar el herido, un herido, que en este caso, es el País entero que clama por sanar.

Así la veo yo.

Los artículos que forman la serie completa de “Así la veo yo”, “Esencias y Matices” y “Chamuyo” pueden ser consultados en:

www.salvatoremancuso.com

septiembre 05, 2006

De Uribe a las AUC: sin sometimiento a la Ley, no hay paraíso

Gobierno, Autodefensas y el cambio extremo que exige Colombia



CHAMUYO (13)



Por Juan Antonio Rubbini Melato
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juanrubbini@hotmail.com



La discusión sobre la relación entre narcotráfico y autodefensas, al igual que sobre narcotráfico y guerrillas, es apenas un caso más de medios y de fines, de causas materiales y causas finales. La cuestión se complica cuando introducimos en el análisis los factores éticos y los argumentos legales, la vieja disputa entre ética y derecho, entre lo que es legítimo y lo que es legal.

Si abordamos el tema del respeto de la vida humana nos encontramos con el dilema del revolucionario que mata para mejorar la vida social, y la del contrarrevolucionario que también mata para mejorar la vida de la sociedad. Ambos matadores defienden la legitimidad de lo actuado, aunque lo hacen desde perspectivas ideológicas distintas. Ambos matadores son considerados ilegales a las luces del Derecho, por lo que ambos buscarán un día apelar a las figuras del indulto y la amnistía para salvar su situación de las penas que prevén los códigos.

Tan simétrica es la posición de la ley ante ambos grupos de matadores que sólo la política –al fin de cuentas una relación de fuerzas entre múltiples voluntades e intereses- puede obrar que a unos se los trate de una manera y a otros de manera diferente. De tal manera que la ley sucumbe ante la política mientras la ética resulta inmune ante ella, aunque medios y comunicadores del cuarto poder de la prensa influyen sobre los individuos y moldean la opinión pública presionando la moral vigente hacia su modificación o no.

El revolucionario ha gozado desde antiguos tiempos el beneficio de aquellos bienpensantes que consideran que aunque errados en sus medios los revolucionarios aciertan en sus fines Los contrarrevolucionarios, contrario sensu, han padecido el juicio negativo de aquellos que consideran que, errados en sus medios, los contrarrevolucionarios solo defienden sus propios intereses individuales o de grupo y al hacerlo impiden el desarrollo social.

Solo en tiempos muy recientes, al devenir las acciones revolucionarias en actos terroristas, y al degradarse sus crímenes en perjuicio incluso de los sectores más desprotegidos de la sociedad, el juicio de la sociedad ha ido descalificando éticamente el comportamiento revolucionario. Esto no podía dejar de producir efectos de sentido opuesto sobre el juicio a los contrarrevolucionarios quienes han comenzado a disfrutar de una consideración más benigna que les resultaba históricamente ajena.

Si nos ubicamos en la actualidad colombiana, en estos tiempos de Ley 975 de Justicia y Paz y desmovilización de las Autodefensas, observamos que, mientras los ex hombres fuertes de las AUC trapean sus celdas en el penal de La Ceja, su contracara –los comandantes guerrilleros- no saben si reír o llorar ante lo que puede constituir el prolegómeno de su reclusión en penales similares cuando decidan que también les llegó la hora del desarme y la desmovilización.

Las FARC y el ELN parecen no haberse dado cuenta –o no quieren admitirlo- que los hechos políticos de su guerra revolucionaria no solo les cierran el camino del poder sino que los conducen irremisiblemente a la cárcel. Y algo más que se ha consolidado con la presidencia de Uribe: no cabe ninguna negociación política con quienes utilizan la violencia de las armas para imponer sus ideas. Desde S-11 y el final del Caguán para acá la vida política de Colombia y del mundo conspira contra las prácticas guerrilleras, incluso, la misma izquierda democrática ha comenzado a tomar distancia creciente de quienes hoy más que predicar desde el monte, lo hacen desde el desierto.

Los intentos por abortar el proceso de paz con las AUC nacen desde todos los rincones ideológicos y desde lo más heterogéneos intereses materiales y políticos procurando que no se concrete el más grande cambio ‘revolucionario’ en la historia del conflicto armado. Un Estado que renuncia a cualquier tipo de ‘paramiltarismo’ es un Estado que adquiere a los ojos del mundo una legitimidad enorme. Una organización armada ilegal que entrega sus armas y se desmoviliza adquiere a futuro un capital político bien grande, fruto del buen ejemplo que da y del camino que traza para los demás actores armados ilegales. Si el Estado se fortalece con el proceso de paz con los ‘paras’ y si los ‘paras’ se legitiman con su desarme y sometimiento a la ley, quienes se oponen al proceso y le ponen palos en la rueda no pueden sino ser enemigos del Estado y de las autodefensas. Entre ellos no pueden faltar entonces ni los narcotraficantes empeñados en seguir lucrándose del negocio ilegal, ni las FARC y el ELN dispuestos a seguir adelante con su ‘guerra revolucionaria’ ni tampoco aquellos integrantes de la ‘clase política’ cuya subsistencia con ‘poder legal’ requiere la persistencia del Estado débil y del conflicto armado interminable.

Uno no comprende entonces porqué los dardos del cuarto poder mediático siguen arrojándose, a tontas y a locas, contra el proceso de paz con las AUC, y no contra quienes insisten en debilitar el Estado y minar sus bases de legitimidad atacándolo, o desde las guerrillas o desde el narcotráfico.

Dicen los Evangelios que en el Cielo hay más alegría por un pecador que se convierte que por mil justos que hacen la voluntad de Dios.

Sin embargo, leyendo la gran prensa nacional pareciera que a Colombia le hacen peor daño, todavía hoy, los ‘Macaco’ y los Mancuso, los ‘Jorge 40’ y los Ramón Isaza, que los guerrilleros y los ‘narcos’ en pleno ejercicio de su poder delincuencial.

Aquéllos, ex comandantes AUC, presos rigurosamente vigilados, trapeando y ‘jardineando’ en sus sitios de reclusión, mientras los guerrilleros siguen libres en sus madrigueras, recibiendo a la prensa, matando, secuestrando y extorsionando, como si realmente tuviesen –aún en estos tiempos de ‘inseguridad democrática’- buena parte del territorio nacional y ‘bolivariano’ por cárcel.

Mientras los ‘narcos’ siguen en lo suyo –cavilando si ocupan o no los espacios ‘político-militares’ dejados por las Autodefensas- produciendo y traficando para un mercado internacional que los recluta, seduce, corrompe y enriquece con el ‘poder infinito’ de sus euros y dólares imperiales, al costo incierto y tortuoso de participar todos los días en la ‘ruleta rusa’ de los pedidos de extradición, donde finalmente, también han venido a confluir las cúpulas guerrilleras y de autodefensas, por aquello de que mientras existan el imperio y las colonias –y el terrorismo y el narcotráfico- ‘todos los caminos conducen a Roma’, o a Washington, que no es lo mismo, pero resulta igual.

Dos mil años después la misma Humanidad, con sus antiguos discursos sobre la materia y el espíritu, el bien y el mal, los medios y los fines, sobre el Poder que encadena y el Poder que libera.

Las Autodefensas comprendieron y aceptaron que hoy les toca desaprender lo de la lucha armada y emprender la construcción de paz y reconciliación. Cuando cumplan sus penas y regresen a la vida civil ojalá se encuentren conque las guerrillas y los ‘narcos’, los políticos y la prensa, Colombia, Europa y los EEUU también hayan dado, siquiera dos o tres pasos en la dirección correcta.

Entre todos los refranes hay uno que la realidad no suele desmentir:

“No hay peor ciego que el que no quiere ver’

En el caso del conflicto armado colombiano sigue habiendo muchos –y poderosos- que no quieren ver la realidad, ni mucho menos -cuando la ven- actuar en consecuencia.

Por el contrario, se empeñan en seguir estigmatizando y señalando inquisidoramente a las Autodefensas sin detenerse a observar y analizar –siquiera un momento- que las Autodefensas, con su desmovilización y sometimiento a la Ley, algo de vital importancia le están señalando humildemente a Colombia entera y al mundo también.

Entre otras cosas, algo tan humano y milenario, como que el arrepentimiento, el perdón y el propósito de enmienda no solo son posibles, sino también -en ocasiones- imprescindibles.

Así la veo yo.

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