noviembre 30, 2006

Las AUC y el inédito camino desde la ‘para-política’ a la ‘pura-política’

Promover como el Primer punto de la Agenda Nacional : Respetar la Vida , honrar la Vida



Chamuyo (20)



Por Juan Antonio Rubbini Melato
www.lapazencolombia.blogspot.com
juanrubbini@hotmail.com





A las AUC no le han faltado líderes, tampoco sentimiento de causa, doctrina ni vocación política, pero a diferencia de las guerrillas, cuánto le han faltado y le siguen faltando suficientes predicadores que difundan el mensaje político y social, que transmitan con fidelidad, por ejemplo en estos días, su ‘buena nueva’ de la transformación organizacional de lo militar a lo civil, de lo ilegal a lo legal. Sin embargo, ante tanta ‘mala prensa’ y tanta ‘mala imagen’, ante tan descarada evidencia de campañas mediáticas y políticas en su contra, ante tanta adversidad concentrada contra sus líderes y su historia, frente a los asesinatos de sus desmovilizados, y los espacios de libertad perdidos tras las ‘medidas de conducción’ de agosto, se fortalece desde dentro y crece desde La Ceja y Villa de la Esperanza , aquel espíritu que es necesario templar en todas las aventuras humanas, sobre todo si se conciben como causas colectivas, como superación de obstáculos y de carencias que hacen inviable la vida humana, el ejercicio de la libertad y la misma subsistencia del tejido social.


Ahora sí que vienen para las ex AUC los tiempos de formar los dirigentes políticos, los líderes sociales, los futuros integrantes de la clase dirigente del siglo XXI, que serán los predicadores llamados a vincular los problemas con las soluciones, las necesidades con las respuestas. No hay en la política mejor escuela que la adversidad ni mejor incentivo que tener la prensa en contra. Es contra los adversarios que se vence, es a los contradictores y los que no entienden, a quienes se intenta persuadir y convencer. A mejores adversarios mejor estrategia, a mejores y más duros críticos, mejores razones propias. Si en política no existiesen los adversarios habría que inventarlos para polemizar con ellos, si en política no existiesen los editorialistas y columnistas críticos habría que promoverlos porque es de las diferencias donde surge la posibilidad de síntesis, y es a partir de lo que no vemos y otros ven donde profundizamos la mirada y volvemos más amplia la visión.


El tema del día, nominado para tema del año, es la ‘para-política’. Esto habrá de desembocar –a la vuelta de la esquina- en el delicadísimo asunto de cuál será la ‘pura-política’ que permitirá a los ex ‘paras’ –y a los ex guerrilleros- completar el tránsito de la ilegalidad a la legalidad en el preciso campo de la actividad política. Este es uno de los puntos sustanciales de cualquier proceso de paz, hoy con las autodefensas, mañana con el ELN y, ¿alguna vez?, con las FARC.


Aunque la mecánica del proceso de paz se haya transformando, con Uribe y a partir de Ralito, en un caso particular de proceso de ‘sometimiento a la ley’ nadie ha dicho –ni desde el Gobierno ni desde la oposición- que el tránsito a la vida política está cerrado para quienes fueron los líderes históricos y los comandantes referentes de las organizaciones armadas ilegales. Esto no se ha dicho ni respecto del ‘Mono Jojoy’, ni de ‘Alfonso Cano’ ni de ‘Antonio García’ y tampoco nadie ha oído que proscripción alguna vaya a pesar en el futuro sobre Salvatore Mancuso o Iván Roberto Duque, por solo mencionar algunos de los líderes históricos de FARC, ELN y AUC. No se habla del problema pero el problema existe, está planteado y sobre ello está demorado el debate. Pero no demorará en aparecer. Y cuando aparezca será necesario que se resuelva bien. De lo contrario, los acuerdos de paz podrían ser solo pausas en la guerra. Y no es eso lo que queremos.


La situación planteada con el problema enunciado -que consiste básicamente en que quienes dejan las armas para dedicarse a la política desarmada, y cargan con crímenes de guerra, delitos atroces y de lesa humanidad se encuentran hoy en Colombia con el impedimento legal de hacerlo- resulta en contravía, ya no solo con el sentido político de las desmovilizaciones, sino con el sentido común que alberga la opinión pública acerca de que ‘mejor es echar lengua que echar bala’. Al menos dentro de ciertos contextos y cumplidas ciertas condiciones dentro de procesos de paz donde se hayan satisfecho estándares legales de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición.


Sin embargo, la ‘cosa política’ está enredada y se aplica aquello de que ‘el camino es culebrero’ y plagado de las trampas que se tienden uribistas y antiuribistas. Esto sucede, en buena medida, al tiempo en que -¡vaya paradoja!- la visión que las guerrillas tienen de las autodefensas –e incluso de sí mismas- es la que ha adoptado el grueso de la prensa y de la oposición política, mientras que la visión que las autodefensas tienen de las guerrillas –y también de sí mismas- ha sido crecientemente compartida por el electorado desde el 2000 para acá. Esto polariza las miradas y sesga las posiciones, tensando la cuerda política más allá de la cuenta.


Si no se desata exitosamente y pronto el nudo de los prejuicios y los estigmas que pesan sobre quienes han participado del conflicto armado desde la ilegalidad, la política será cada vez más impracticable para las ex autodefensas, pero también, para las ‘futuras e hipotéticas’ ex guerrillas. La posibilidad de alcanzar una solución política, por fuera de una exclusivamente militar, se volvería inviable ipso facto porque solo delincuentes que no tengan la más mínima conciencia política, o decidan botar la poca que les queda a la caneca, se someterían al ostracismo político de la proscripción. Esto derivaría más temprano que tarde en la institucionalización del ‘testaferrato político’. Bien se ha dicho del humano que es un ‘animal político’ y entonces –si se le cierra el camino de la política legal- buscará otros medios no visibles para llegar allí donde quiere llegar. Con más razón si se ha sido dirigente de una u otra organización político-militar que abandonó las armas para defender sus ideas políticamente. Y las ideas políticas giran alrededor del poder, de cómo alcanzarlo y de cómo conservarlo, no se nos olvide.


Un escenario de proscripción de los jefes desmovilizados dañaría duramente la gobernabilidad del país, y sería un legado muy duro que dejaría Uribe a los futuros presidentes. Esto afectaría a Uribe por ahora, pero no dejaría de afectar a Lucho ni a Vargas, ni a ninguno de los dos Gaviria, ni a nadie que acceda a la Presidencia sin que esté resuelto lo del ‘estatus político’ para los desmovilizados de las autodefensas y de las guerrillas.


Si bien al M 19 le resultó posible viajar sin escalas de orden penal y ‘veda política’ desde la guerra y el holocausto del Palacio de Justicia a la política partidista legal –incluso como co-hacedores de la Constitución del ’91, nada menos- ello está comenzando a ser seria y crecientemente cuestionado por quienes en estos días extienden su condena sobre las FARC y ELN de hoy al M 19 de ayer. El costo político hace las veces, en este caso, de sustituto del costo penal omitido. De alguna manera el juez en esta materia política es el ciudadano que escoge votar o no votar por tal o cual agrupación antes ilegal y no penalizada judicialmente. Si esta vía se demuestra que funcionó aceptablemente en el caso de los ex M 19 y ex EPL nada obsta que pueda asimilarse a las ya ex AUC y al futuro ex ELN.


Puede que esto no sea del todo justo pero tampoco sería justo –y suena desbalanceado- que a los Petro y los Navarro no puedan oponérsele cuanto antes -¿en una nueva Constituyente?- los Salvatore Mancuso y los Iván Roberto Duque, equilibrando en el Congreso –y también en las gobernaciones y alcaldías- el peso político que hoy el Polo tiene y que al ‘sentimiento-para’ no le faltaría. Lo mismo vale por los ‘Antonio García’ y ‘Pacho Galán’ que seguramente tienen coincidencias pero también diferencias con los ex M 19 y ex EPL. Esto visto desde las previsibles diferencias porque tampoco puede descartarse la existencia de coincidencias entre ex guerrilleros y ex autodefensas. Si esto ya sucedió en el escenario de la guerra ello podría aparecer en más ocasiones en la vida política democrática tan cambiante en acuerdos tácticos y alianzas estratégicas.


Así como en los ’60 y ’70 -y en buena medida hasta los ’90- ‘guerrilleros éramos todos’- desde los ’90 y en los primeros años del 2000 tampoco puede ocultarse que en muchas regiones del país y en buena parte de la capital, ‘autodefensas fuimos todos’. Ni en uno ni en otro caso era cuestión de salir a gritarlo en las calles ni de exhibirlo a toda hora y en todo lugar pero nadie puede negar que en Colombia –todavía hoy- en casi todos nosotros vive escondido -¿encaletado?- un corazón ‘pro guerrillero’ o un corazón ‘pro para’.


No son pocos los hogares donde los padres siguen idealizando a las guerrillas y los hijos tienen como modelo a los ‘paras’. Ni aquellos donde los padres comparten la razón de ser de las autodefensas como remedio amargo, pero remedio al fin, y sus hijos admiran la rebeldía de los émulos del Che y el altruismo que todavía resiste en el monte el óxido de los años. Estas realidades sociales son hechos tan concretos y de peso tan medible como que la globalización fluye por el mundo y supera todas las fronteras. Si las leyes no son eficaces y veraces en reconocer los hechos sociales y no le buscan solución o paliativo a sus aristas más peligrosas estamos condenados a sobrevivir en la anarquía, la sobreocupación de las cárceles y el sálvese quién pueda, es decir, el mejor escenario para que proliferen simultáneos el delito, la corrupción y la impunidad.


Así como la Ley de Justicia y Paz prevé que las víctimas de los grupos armados hagan manifestación de los daños recibidos no estaría de más sincerar cuántos ciudadanos –que no resultaron víctimas ni fueron victimarios- tuvieron durante todos estos años de conflicto armado su corazón inclinado hacia alguno o algunos de los actores armados ilegales. Esto permitiría volver visibles los acumulados sociales cuantitativos de sentimientos de simpatía, o al menos de tolerancia benévola, hacia estos grupos. Esto no para justificar nada, menos el delito, sino para no incriminar comportamientos que tienen razones profundas y enraizadas para subsistir, como la simpatía y la benevolencia que sienten todavía muchísimos colombianos y colombianas hacia los actores armados ilegales.


Mientras estos datos no se conozcan o al menos no se estimen con métodos rigurosos la cuestión de la legitimidad o no de las acciones y la toma de posición en el contexto de una guerra irregular –donde lo esencial es la combinación de todas las formas de lucha- conducirá a estigmatizaciones y proscripciones que van en contravía de la solución política negociada del conflicto armado.


Así como no existe el delito de ‘conocencia’, tampoco existen los delitos de ‘sentir’ ni de ‘pensar’ de un modo o de otro, ni de conversar con tal o con cual sobre el bien y el mal, e incluso por encima del bien y del mal; que la vida es eso, es búsqueda de conocimiento y expansión de la libertad de pensamiento mientras se siente lo que se siente sin tener que dar razón de ello a nadie que no sea lo propia conciencia. Por todo esto es que entiendo que haya en Colombia sentimientos amistosos de naturaleza instintiva o intuitiva, y también argumentos racionales y suficientemente fundamentados de reconocimiento a unos y otros, a guerrilleros y autodefensas, por parte de unos y de otros ciudadanos sin que ello deba ser penalizado ni motivar una proscripción política.


Intento llamar la atención sobre lo grave que sería para la superación del conflicto armado que se castigara con algún tipo de inhabilidad política a los líderes de organizaciones armadas ilegales que se hayan desmovilizado y liderado la desmovilización de cientos y hasta miles de sus subordinados alzados en armas. Lo mismo vale para no cercenar los derechos políticos de sus bases sociales y simpatizantes que con razón o sin razón piensan que el país sería mejor si las FARC hubiesen llegado al poder, o si los Castaño y los Mancuso gobernasen el país.


Si el M 19 puede hoy ser visto y juzgado políticamente, desde su desmovilización, como la disidencia civilista, democrática y desarmada de la guerrilla encarnada hasta 1991 por FARC, ELN y M 19, nada impide que hoy las AUC puedan ser vistas y juzgadas políticamente, desde su desmovilización, como la disidencia civilista, democrática y desarmada de cualquier variedad de ‘autodefensas’ –o si se quiere del ‘paramilitarismo’ visto como ‘producto genérico’- encarnados hasta 2006 por las AUC, otros grupos de autodefensa que aun no han culminado sus procesos de paz, e incluso desde entonces y hoy con más presencia en los medios, las llamadas ‘bandas emergentes’ cuyo origen seguramente es anterior a 2006, porque ni en su mejor momento –allá por 2002- las AUC monopolizaron la entera actividad ilegal cubierta por la sombrilla del ‘paramilitarismo’, mucho menos si se la extiende tras la frontera difusa donde se encuentran todo tipo de delincuencias vinculadas al narcotráfico o no. Esto se hizo más evidente cuando por un lado el perfeccionamiento del cese de hostilidades se iba verificando, y por el otro la curva de algunos hechos delictivos descendía pero no descendía todo lo velozmente que la decisión política de las AUC emanada desde Ralito podía hacer prever.


Una de las tareas políticas pendientes que 2006 le deja a 2007 es la de allanar y habilitar el camino para que guerrillas y autodefensas puedan hacer de la política legal su actividad inmediata tras la desmovilización. Si hace falta un Estatuto de los Partidos Políticos, que contemple el caso de los desmovilizados a título individual y de las organizaciones armadas ilegales desmovilizadas en el nivel colectivo, ello deberá tener su espacio de relevancia en la agenda gubernamental y del Congreso. También habrá de considerarse el caso de aquellos civiles, religiosos, militares, policías, políticos, alcaldes, gobernadores, concejales, diputados, congresistas, funcionarios del Estado, empresarios, académicos, entre otros, que hayan tenido algún tipo de contacto e incluso de conocimiento, camaradería y simpatía personal hacia guerrillas y autodefensas que, sin significar su pertenencia al grupo desmovilizado, al menos revelaban un tipo de adhesión voluntaria, una cercanía no forzosa ni obligada con esos grupos o con algunos de sus miembros.


Cualquier búsqueda de solución para estas cuestiones será siempre una concesión a la situación de hecho creada y a los supremos intereses nacionales de la paz y la reconciliación, no podrá ser nunca una solución perfecta, ni tampoco una solución definitiva. Pero al menos, dentro de ciertos y limitados espacios de tiempo urge darle un lugar a la solución –siquiera parcial e incompleta- de esta emergencia nacional que constituye el conflicto armado y su prolongación donde unos actores ilegales han salido o están saliendo del mismo, a la vez que otros estiran su permanencia y otros grupos pugnan, algunos por entrar y otros por salir.


Por caminos hasta aquí divergentes –y también enfrentados- anduvieron los distintos matices de ´sociedad civil´, los ex actores armados y quienes quieren salir del conflicto. Unos y otros tienen amigos y puntos de apoyo en la legalidad más absoluta e impoluta, que jamás se desmovilizaron porque nunca estuvieron movilizados, esto no es ajeno a las ex AUC, a los ex M 19 y ex EPL, a la ex CRS y el ELN. Por supuesto, tampoco es ajeno a las FARC.


No solo el Polo sino las otras fuerzas políticas oficialistas o de oposición reconocen que se requiere de parte del Estado y de las instituciones democráticas un ordenamiento legal que reconozca las características particulares de los hechos políticos y sus consecuencias en el marco del conflicto armado interno.


Conflicto armado que no se nos escapa, significa mucho más que simples amenazas terroristas y, afortunadamente, bastante menos, por ahora, que una guerra civil.


Por filosofía me declaro opositor del concepto mismo de ‘punto final’. Confieso, además, que de puro amor por la poesía me encantan los puntos suspensivos… Pero como aquí y ahora, se trata de pasar de la ‘para-política’ a la ‘pura-política’, reconozco que por encima de los puntos finales y los puntos suspensivos, me inclino políticamente ante el ‘punto y aparte’.


Que es lo mismo que decir que la guerra termina pero continúa la lucha. De lo contrario no existirían la vida ni la política. Y la muerte se habría impuesto para siempre.


Excelente que AUC y ELN hayan asumido las banderas de la Verdad y que ambas manos, derecha e izquierda del cuerpo político, hayan comenzado a vislumbrar coincidencias.


El próximo paso será asir fuerte y simultáneamente desde La Ceja y también desde el Congreso y la Casa de Paz las banderas de la Vida.


Respetar la Vida , honrar la vida, de eso se trata y punto, el primer punto de la Agenda nacional.


Así la veo yo.


Los artículos que forman la serie completa de “Así la veo yo”, “Esencias y Matices” y “Chamuyo” pueden ser consultados en:


www.lapazencolombia.blogspot.com y www.salvatoremancuso.com

noviembre 19, 2006

Las AUC y el reconocimiento político

En política nadie regala nada, todo hay que saber ganarlo



Chamuyo (19)



Por Juan Antonio Rubbini Melato
www.lapazencolombia.blogspot.com
juanrubbini@hotmail.com



Cuando las AUC declararon el cese unilateral de hostilidades, a partir del 1 de diciembre de 2002, muy pocos creyeron –dentro y fuera de las AUC- que el proceso llegaría a buen puerto. Sectores nacionales y extranjeros, de los ‘generalmente bien informados’, sostuvieron entonces que, si sobre un total de 18.000 combatientes terminaba desmovilizándose el 70 % ello constituiría un éxito.

Por eso, cuando se habla hoy de ‘bandas emergentes’, o de paramilitares de tercera generación, cuyos efectivos rondarían los 3.000 hombres en armas, independientemente que se trate o no de desmovilizados de las AUC reciclados en los nuevos grupos de ‘paras’, la cantidad de los mismos no sorprende a nadie. En realidad, puede estimarse que esos 3.000, incluso 4.000 que fueran, aún son pocos para la cantidad que pueden sumar de acuerdo con el ‘vacío’ sin llenar dejado en el conflicto por las AUC.

Lo que en cambio sorprende es que un proceso de paz que no ha concluido en perdón y olvido, amnistía e indulto, como ha sucedido con el M-19, EPL, etc., y que tiene a los máximos ex comandantes AUC privados de su libertad y próximos a ser juzgados y condenados, haya sido completado y sea hoy una realidad incontrastable, un precedente histórico, que FARC y ELN no podrán obviar en el futuro, a menos que pasen unos cuantos años, las circunstancias nacionales e internacionales se alteren sustancialmente, y logren las guerrillas sobrevivir al fuego graneado y ‘tecnológico’ que les caerá encima cada vez con mayor legitimidad del Estado y menor contemplación de la sociedad hastiada de cualquier delincuencia política de izquierda y de derecha.

Se le atribuye al florentino Maquiavelo la siguiente anécdota ocurrida en presencia del valenciano César Borja, el hijo de Rodrigo Borja, quien era en ese momento el papa Alejandro VI. César Borgia –así lo llamaban los italianos- comandaba los ejércitos del Vaticano allá por 1500 y tantos y había tomado a Maquiavelo por su asesor político y militar en Roma. Alguna vez César le manifestó a Maquiavelo que lo consideraba el único sabio del cual nunca habían escuchado sus oídos que dijera alguna tontería. Maquiavelo le respondió entonces que se avecinaban tiempos tempestuosos donde los sabios, si querían permanecer con vida, debían acostumbrarse a decir una que otra tontería.

Lo anterior viene a cuento de la llamativa inexistencia, en el debate político colombiano, del espinoso asunto de la legalización de la droga. Increíble que en Colombia actual no haya aparecido ningún Maquiavelo, o algún importante líder político, que alce la bandera de la legalización de la droga como el único gran remedio eficaz del cual urge comprobar su impacto sobre FARC, ELN, paramilitarismo y los correspondientes niveles de conflicto armado. ¿Qué sucedería en Colombia si todo el proceso de siembra, cultivos, producción y comercialización de las hoy llamadas ‘drogas ilìcitas’ fuera licitado entre laboratorios farmacéuticos nacionales y extranjeros? El modelo debiera ser construido y debatido en los distintos estamentos de la sociedad colombiana, participando de los estudios y conclusiones las fuerzas políticas, y puesto el tema seriamente a consideración de la Comunidad internacional, a través de las Naciones Unidas. Soñar no cuesta nada dirán los escépticos, pero aquí no se trata de soñar sino de salir conscientemente de la pesadilla en la que estamos sumidos los colombianos a partir de la criminalización del mercado de las drogas y su mimetismo con el conflicto armado.

No suena alocado manifestar a estas alturas que mientras exista la ilegalidad de las drogas habrá conflicto armado en Colombia, o amenazas terroristas, o ambas cosas más la violencia desbordada y la crueldad inútil que nacen de las armas compradas con dineros producto de la droga y que ninguna otra fuente podría financiar con tamaños resultados.

Está muy claro que con los niveles de conflicto armado existentes hoy en Colombia la conexidad con el narcotráfico de los delitos políticos de subversión y de autodefensa ilegal o paramilitarismo resulta no solo evidente sino también imposible de evitar por los estrategas de la revolución y de la contrarrevolución. No existe la más mínima posibilidad realista de sostener económicamente los ejércitos ilegales rebeldes o contrainsurgentes y su expansión militar y política, social y económica, sin acudir a los ‘pozos de petróleo vegetal’ alucinantes y alienantes que seducen y divierten a los pueblos más ricos del mundo. Si Colombia no despierta al respecto nadie lo hará por nosotros. Y mientras Colombia no salga de su abulia la cantidad de las víctimas colombianas seguirá subiendo por el ascensor mientras la reparación lo hará penosa y lentamente por las escaleras.

Quienes le cierran el camino de su legalización al narcotráfico inducen, consciente o inconscientemente, la perpetuación del conflicto. El conflicto armado, actualmente, hablando en plata blanca, exige sí o sí –por razones económicas- su conexidad con el narcotráfico, pero la inversa es igualmente válida: el narcotráfico necesita reciclar el conflicto y realimentarlo -para camuflarse entre sus pliegues y a su sombra- y esto es lo que ha venido haciendo en los últimos años, y se preparara hoy para multiplicarlo si leemos correctamente las señales que emiten los ‘narcos’ a través de las ‘bandas emergentes’.

Es tan válido decir que FARC, ELN y ‘paras’ requieren para sobrevivir como actores armados establecer su conexidad con el narcotráfico, como afirmar que el narcotráfico necesita establecer algún tipo de conexidad con el conflicto armado para que la lucha del Estado contra él halle las mayores e insalvables dificultades que, obviamente, serían mucho menores si el conflicto armado no existiera. Por ello, si queremos matar dos pájaros de un tiro –narcotráfico y conflicto armado- no nos queda a los colombianos sino defender a capa y espada, ante tirios y troyanos, dentro y fuera del país, la legalización de la producción y comercialización de las drogas hoy calificadas de ilícitas.

Digo todo esto porque la salud del país exigía a partir de Ralito que no apareciese en el horizonte ningún atisbo de ‘banda emergente’ y que la sustitución de AUC por Estado en cada uno de los puntos de la geografía nacional se hubiese realizado como lo plantearon en su momento los líderes históricos de las Autodefensas, los Castaño y los Mancuso, sin que ello hallase eco en el fundamentalismo del Gobierno, cuya absolutización del concepto de ´recuperar el monopolio de las armas por el Estado´ hizo que el proceso de paz con las AUC corriera más rápido que lo que le daban los pies. Al menos en este punto, el costo de la reelección presidencial ha tenido un precio demasiado alto en términos de sustitución de AUC por ‘bandas emergentes’ que bien pudo haberse evitado, no necesariamente a costa de la reelección, ni tampoco con la ‘paramilitarización’ del país, riesgo que –vaya paradoja- sí se corre a partir de aquí cuando la condición de ‘paras’ está siendo asumida por quienes, por razones de posicionamiento estatégico, querrán recuperar en dos o tres años lo que las AUC habían construido en un proceso que llevó más de diez años, incluso bastantes más si tenemos en cuenta la experiencia contraguerrillera de Ramón Isaza –hoy preso en La Ceja- cuyos orígenes e historia han sido paralelamente opuestos –y superpuestos en el tiempo- a los de ‘Manuel Marulanda’, ‘Tirofijo’.

Así las cosas, la presencia de Vicente Castaño por fuera de La Ceja, esperando respuesta convincente y definitiva a los cabos que permanecen sueltos, por parte del interlocutor gubernamental en la mesa ‘suspendida’ e invadida por la esfera judicial, más que despertar suspicacias o temores, bien podría convocar al optimismo de pensar que todavía no está todo perdido en materia de reinstitucionalización del Estado en las zonas que fueron de influencia AUC y donde los actores armados ilegales –antiguos o recién creados- han llegado de primeros tras la salida de las AUC.

No todo lo que brilla es oro, pero a la inversa tampoco todo lo que no se comprende fácilmente es malo, ni daña la salud lo que no nos complace. Vuelvo a lo de Maquiavelo e insisto en que a Colombia le están faltando sabios y líderes políticos que le pierdan el temor a sostener lo que hoy luce ‘políticamente incorrecto’ en materia de legalización del mercado de las drogas consideradas ‘ilícitas’ pero que podrían dejar de serlo tras un cambio de 180 grados en la legislación vigente a escala mundial, es decir la de EEUU que reproduce Europa con más dudas y resignación que entusiasmo y convicción.

Y mientras eso madura, y mientras eso llega, no estaría de más que se delinease cuanto antes el camino hacia un acuerdo de amplio entendimiento entre las fuerzas políticas que hagan posible una ‘mesa de sometimiento’, dispuesta para quienes quieren salirse del negocio del narcotráfico antes de que éste termine legalizado, quitándole sustancial financiación al conflicto armado y ‘descomplejizando’ aquello que hoy se exhibe como demasiado complejo e irresoluble frente a la voluntad de un gobierno, por más decidido que estuviera a someter por la fuerza lo que ha resultado imbatible hasta hoy en materia de narcotráfico.

Si los muchos y poderosos ‘sabios’ y ‘maquiavelos’ que en Colombia existen en cuestiones políticas no le pierden el miedo a la discusión y dan un paso al frente en materia de conceptualizar el camino de la legalización de las drogas, todo seguirá empeorando en materia de conflicto armado y Colombia seguirá hundida en el todos contra todos y el sálvese quien pueda.

Las AUC han hecho hasta aquí todo lo que ha estado a su alcance para favorecer la paz pero la voluntad de un actor no solo no alcanza sino que puede terminar empeorando las cosas para el conjunto. Si termina verificándose que la consecuencia de Ralito ha sido objetivamente, y por fuera de la voluntad de las partes, sustituir las AUC por las ‘bandas emergentes’, el esfuerzo de unos y otros, autodefensas y gobierno, habrá sido no solo inútil sino contraproducente

El tiempo dirá qué tan inevitable era la aparición de las ‘bandas emergentes’ cuando se firmó el Acuerdo para la Paz de Colombia de Santa Fe de Ralito, y en qué medida son éstas los hijos no deseados de un proceso de paz que si hubiese estado hecho menos a la medida de los Petro y los Parody, los Gaviria y los Pardo, más cerca estaría hoy de haber satisfecho las necesidades y urgencias del pueblo colombiano en materia de paz y seguridad.

La moraleja del cuento aplicada al proceso de paz con las AUC es que no por mucho madrugar amanece más temprano. Y que algo tan elemental como reemplazar en el terreno un actor ilegal por uno legal no tenía porqué producir los vacíos notorios de seguridad que hoy existen y estamos comenzando a descubrir en toda su amenazante magnitud. Haberse obsesionado conductores y pasajeros del proceso de paz en mirar por el espejo retrovisor cuando se requería el cambio de guardia sin dejar de avanzar no solo no aseguró, sino que propició, que choquemos de frente hoy con las ‘realidades emergentes’, con las ‘generaciones nuevas’ que no están ancladas en el pasado sino en el presente, que no viven de los cuentos de brujas y de hadas sino de las ‘papayas’ que reciben y que no hacen sino recoger y degustar.

A lo que podría agregarse que si a los ex comandantes de las AUC el Gobierno no les permitió negociar políticamente desde Ralito su tránsito a la vida política, ahora resultará inevitable para los ex comandantes acordar políticamente desde sus centros de reclusión presentes y futuros, no ya con este Gobierno que se desentendió del tema –y hoy vemos los resultados de tremenda omisión- sino con las fuerzas políticas afines, neutras y adversarias, para que la democracia se afiance allí donde todavía el Estado es solo una idea lejana, un ente abstracto que ni hace ni deja hacer.

La pérdida de la libertad es la universidad por excelencia de los políticos de raza, y los políticos de raza se gradúan en las cárceles.

El estatus político que las AUC reclaman con derecho tendrán ahora que ganárselo desde la prisión, en las condiciones más adversas, que son las únicas que finalmente templan el ánimo y fortalecen el carácter, incluso y sobre todo el carácter político.

En política nadie regala nada y quien no está decidido a ganarse el reconocimiento de la gente, ni es político ni merece ningún regalo.

Así la veo yo.


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