septiembre 30, 2009

CARTA ABIERTA DE SALVATORE MANCUSO DONDE SE MANIFIESTA SOBRE JUSTICIA Y PAZ Y LA EXTRADICIÓN

Warsaw, Virginia, 30 de septiembre de 2009.
NORTHERN NECK REGIONAL JAIL


Señor
FISCAL GENERAL DE LA NACION DE COLOMBIA

Señor
PROCURADOR GENERAL DE LA NACION DE COLOMBIA

Honorables Magistrados
CORTE SUPREMA DE JUSTCIA Y DE COLOMBIA

Honorables Magistrados
CORTE PENAL INTERNACIONAL

Honorables Magistrados
CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS

Honorables Magistrados
COMISION INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS


Respetados señores:

Por medio de la presente me permito transcribir a continuación la intervención que realicé hoy ante el despacho 8º de Justicia y Paz en Colombia, con ocasión de la sesión de versión libre que se encontraba programada, en la que estoy manifestando mi decisión de no intervenir más en las versiones libres a que haya lugar dentro de justicia y paz, hasta tanto se dispongan las garantías necesarias que me permitan avanzar de manera efectiva en dicho proceso, y pidiendo a la Corte Suprema de Justicia de Colombia su intervención para tal efecto.

Lo anterior, para los fines que dentro de las competencias que les asignan las leyes y los tratados internacionales, puedan Ustedes adoptar las medidas que sobre el particular consideren procedentes.

“Hoy 30 de septiembre de 2009, quiero expresar dentro de mi audiencia de versión libre, el sentimiento que como impulsor y promotor del proceso de paz que celebramos las extintas AUC con el Gobierno Uribe, llevo hoy en mi corazón. Aún cuando algunas de las cosas que hoy quiero manifestar las he expresado ya en diferentes escenarios y oportunidades, tanto judiciales como periodísticos, considero necesario volver a referirme a algunas de ellas, pues no descansaré hasta generar la conciencia necesaria en la sociedad y en las autoridades judiciales, nacionales e internacionales, para que la paz y la reconciliación que debemos alcanzar y por la que tanto he luchado a través de este proceso, no pase a la historia de Colombia como uno más de los tristes capítulos de la violencia no resuelta que hemos vivido y que estamos condenados a repetir, precisamente por no conocer todo el entramado político, militar y social que rodea nuestro conflicto interno, y por querer buscarle soluciones tangenciales y no de fondo a esta problemática.

En efecto, ya es de dominio público la historia que como miembro de la sociedad civil, agricultor y ganadero de ocupación viví en el Departamento de Córdoba, tras heredar el conflicto que vivieron décadas anteriores mis antecesores y progenitores, que me obligó a incursionar en éste de manera directa como actor principal, empuñando un fusil, primero como paramilitar y luego como autodefensa, para defenderme de los ataques y amenazas perpetrados por las guerrillas de izquierda.

También es conocido por la sociedad y la opinión pública nacional e internacional, la manera como los aparatos de guerra que surgieron como respuesta a estos ataques y a la falta de presencia estatal en muchos territorios de Colombia, crecieron y desbordaron completamente el control que de ellos pudieran tener los gobiernos de turno por la vía de las fuerzas armadas legítimamente constituidas, y cómo unas y otras se fundieron por momentos en un solo cuerpo para hacer frente a las diferentes formas de violencia que nos agobian. Igualmente se ha mencionado el fenómeno social que en últimas constituyó el surgimiento de los grupos armados, y la participación activa de los estamentos de la sociedad civil, la fuerza pública, los gremios económicos y miembros de las ramas del poder público.

Todo esto nos llevó a hacer un alto en el camino y tratar de construir estrategias que permitieran el desmonte de los aparatos de guerra, con el propósito –Hasta hoy fallido- de alcanzar la paz. En el año 2002 iniciamos un proceso político de negociación con el gobierno Uribe que aspirábamos culminar en unos acuerdos de paz que permitieran a nuestra sociedad continuar viviendo de una manera pacífica y reconciliada. Sin embargo, debo decir hoy, 7 años después de haberse iniciado este proceso de paz, que lamentablemente los grandes esfuerzos que hemos hecho algunos de quienes verdaderamente estamos comprometidos con la paz, no han surtido el efecto esperado; pero lo peor, es que no se avizora por ninguna parte que tal como están planteadas las cosas hasta hoy, tengan nuestras futuras generaciones la esperanza de alcanzar la reconciliación y la tan anhelada paz en nuestro país. Por el contrario, mirando en retrospectiva todo este proceso, veo con una gran desilusión que el fenómeno de violencia al que quisimos poner fin, hoy en día ha mutado y con más fuerza destructiva.

La humanidad ha venido haciendo ingentes esfuerzos desde hace varias décadas por tratar de poner fin a los conflictos que han azotado y que azotan internamente algunas naciones, y hace ya algunos años se han diseñado fórmulas como las de la justicia universal y la justicia transicional, en procura de no dejar en la impunidad aquellas conductas que afectan y atentan contra el derecho internacional humanitario, y que hoy en día se tipifican como crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad, permitiendo que las víctimas de un conflicto sean resarcidas por los daños causados y que los responsables de estos hechos paguen por los hechos cometidos. En Colombia quisimos ponernos a la altura en esta materia. Sin embargo, quienes diseñaron el esquema en nuestra nación y que hoy constituye el marco jurídico dentro del cual debemos responder los que fuimos actores del conflicto, esto es la Ley de Justicia y Paz, no vislumbraron la dimensión, las necesidades y las consecuencias que semejante improvisado experimento podría tener, pues pensaron que introduciendo algunas normas muy vanguardistas en materia de derechos humanos, justicia y reparación, podrían esconderle al país y al mundo la triste realidad que vivimos casi desde que existimos como república independiente. Se equivocaron y hoy estamos pagando todos las consecuencias de semejante irresponsabilidad.

En efecto, entre otras cosas creyeron que la paz se hacía solamente con uno de los actores del conflicto, dejando por fuera al resto, quizás para seguir manteniendo el despreciable negocio de la guerra. Creyeron que la verdad podría manipularse de tal manera que ante la comunidad internacional se vieran satisfechos los derechos de las víctimas, pero también se equivocaron y nunca calcularon que la verdad empezaría a involucrar a todos los que participaron del conflicto, como la sociedad civil, los gremios económicos, la clase política, la fuerza pública y algunos otros servidores del Estado. También consideraron que la cuota de justicia debíamos colocarla quienes empuñamos los fusiles, lavando sus manos y haciéndonos ver como los parias de la sociedad y el mundo, pero erraron nuevamente y hoy día han iniciado a pagar por estos hechos más de 200 personas entre políticos, militares, servidores públicos y miembros de la sociedad civil que estuvieron directamente vinculados con el conflicto. Creyeron que las víctimas jamás conocerían la verdad ni serían resarcidas, pero nuevamente fallaron los cálculos, pues hoy en día son muchas las familias de víctimas que han encontrado los restos de sus seres queridos y han regresado a algunas de las zonas que otrora controlaban los actores ilegales por falta de presencia estatal, aun cuando están siendo desplazadas nuevamente por el aparato de guerra que ha mutado luego de la desmovilización de las AUC por el mal manejo que de la negociación hizo el gobierno.

Pero pese a los fallos de cálculo de quienes promovieron el proceso de paz desde el ejecutivo y desde el congreso, y a los grandes resultados que la Ley de Justicia y Paz ha tenido en Colombia pese a todas sus falencias, debo decir también con toda honestidad y tristeza que mientras existan actores del conflicto que han quedado por fuera del proceso de paz, que mientras existan intereses oscuros en Colombia en que no se siga conociendo la verdad, que mientras quienes detentan el poder político no se comprometan a fondo con el tema de la paz, que mientras no se dote a los operadores de justicia en Colombia de las herramientas necesarias para llevar a cabo sus investigaciones, que mientras no se construyan condiciones necesarias y acuerdos trasnacionales que permitan la eficaz colaboración entre los distintos Estados para alcanzar la paz; nunca habrá un conocimiento total de la verdad ni se obtendrá la reparación que corresponde a las víctimas, y muchos menos justicia, y por ende NO HABRÁ NUNCA PAZ EN COLOMBIA. Esto en términos generales respecto de lo que sería un verdadero proceso.

Ahora bien, traeré a colación con algún detalle, solo unos cuantos de los muchos puntos que considero son una limitante y un obstáculo para avanzar en la etapa judicial del mal llamado proceso de paz con las autodefensas, y que se rige por la llamada Ley de Justicia y Paz:

1.- LA ENTREGA DE BIENES EN REPARACION

Sobre este punto debo decir que son varios los obstáculos que he encontrado para poder cumplir con el requisito que en este sentido me exige la Ley.

Por disposición de la Ley 975 de 2005, se creó una Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, con el objeto de facilitar la reparación de las víctimas, la reconciliación y la reinserción. Sin embargo, ninguno de estos objetivos ha cumplido en la práctica el organismo creado por dicha ley, pues al día de hoy, más de cuatro años después de sancionada la ley de justicia y paz, son pocos los resultados obtenidos, en especial en el tema relacionado con la reparación a las víctimas.

Por disposición del Ejecutivo se expidió el Decreto 4760 del 20 de diciembre de 2005, reglamentario de la Ley 975 de 2005 que le atribuye a la Agencia ACCIÓN SOCIAL, entidad dependiente de la Presidencia de la República, la competencia para recibir y administrar los bienes ofrecidos en reparación. Esa agencia en mi caso personal, ha exigido el cumplimiento de requisitos que ni siquiera la misma Ley prevé, para recibir los bienes ofrecidos en reparación por aquel. En efecto, desde el 17 de mayo de 2007, en un primer acto de reparación, ofrecí más de 25 millones de dólares para indemnizar a las víctimas, representados en bienes inmuebles que estaban en cabeza mía y de dos de mis simuladores. Hubo necesidad de interponer un recurso judicial ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia de Colombia, para que decretara medidas cautelares sobre los bienes ofrecidos por Mancuso en reparación, a fin de preservarlos. Dicho tribunal impuso a la agencia ACCIÓN SOCIAL la obligación de recibir los bienes y proceder a administrarlos para evitar su deterioro y vocación de reparación, pero sólo 18 meses después de proferida la decisión por la Corte Suprema, dicha dependencia del ejecutivo comenzó a recibirlos, en un proceso no exento de inexplicables trabas, que hoy por hoy ha conducido a que los bienes se hayan deteriorado, todo en detrimento del patrimonio que constituye la garantía para la reparación de las víctimas. Actualmente, luego de 2 años y cuatro meses, solo se han recibido 8 bienes de los ofrecidos en mi versión libre de mayo de 2007.

He hecho anuncios públicos y en estas audiencias sobre la posibilidad y la necesidad de entregar más bienes con destino a la reparación, dado que esta oportunidad procesal no ha expirado. Sin embargo, en la práctica se ha dificultado esta labor, como consecuencia de falta de aplicación de la normatividad referente al principio de oportunidad que por disposición del de la Ley 1312 de 2009, puede concedérsele a quienes fueron simuladores de la organización. Se hizo un primer intento con el señor CELSO ALFREDO SALAZAR, habiéndose solicitado a la FGN la aplicación del principio de oportunidad en su favor desde hace mas de 2 años, debido a que hizo entrega de dos inmuebles que detentaba a nombre de la organización, pero infortunadamente no ha habido un pronunciamiento de fondo sobre este caso, situación que, sumada al asesinato del señor ARAM ASSIAS SOLAR, también simulador de la organización, hace temer a quienes tenían bienes de la organización para que continúen realizando las entregas, porque no tienen una seguridad acerca de lo que será su situación jurídica y física.

Por lo anterior, debo decir que hasta tanto no se conozcan los resultados de las peticiones de aplicación del principio de oportunidad a favor del señor CELSO ALFREDO SALAZAR, no me es posible en este momento identificar el segundo grupo de bienes que fueron de la organización y que tienen como vocación servir de reparación a las víctimas, y espero sepan entender que tampoco podría individualizar en este momento a los respectivos simuladores, por las razones que acabo de exponer.
Para finalizar este punto, quiero dejar constancia que la AGENCIA PRESIDENCIAL DE ACCION SOCIAL y la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, han manifestado que yo realicé una serie de maniobras fraudulentas a través de unos contratos de arrendamiento sobre algunos de los bienes que ofrecí en mayo de 2007, con el fin de evadir la obligación que tengo de reparar. Esta es una de las razones por las cuales ACCION SOCIAL, dependiente del Gobierno, se ha negado a recibir los bienes y este argumento fue utilizado por el Ejecutivo para intentar justificar mi extradición; siento que es por ello que no han recibido todos los bienes y le han colocado todo tipo de obstáculos para hacerlo. Sin embargo, la verdad es que los contratos de arrendamiento referidos, FUERON SUGERIDOS Y SUSUCRITOS POR EL GOBIERNO NACIONAL, en cabeza de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, tal como consta en el acta de fecha 26 de marzo de 2007, suscrita por algunos funcionarios de esa dependencia, la cual anexo en la presente diligencia. También ha dicho ACCION SOCIAL que muchos de estos bienes no son aptos para reparar y que por ende no tienen vocación para ello.

Quisiera entonces aprovechar este espacio para solicitar al Magistrado de Control de Garantías un pronunciamiento expreso sobre este punto, dado que es la autoridad judicial y no una administrativa la competente para definir este aspecto. Y en ultimas, si ACCION SOCIAL sigue desconociendo el deber y la obligación de recibir tal como lo había ordenado la honorable corte suprema de justicia, se me permita entonces proceder a vender directamente dichos bienes y poder demostrar que SI TIENEN VOCACION DE REPARACION y poder alimentar de esa forma el patrimonio de las víctimas.

Espero que estos obstáculos puedan superarse en el futuro cercano, para así continuar cumpliendo el compromiso que tengo de reparar.

2.- LA VERDAD, LA EXTRADICIÓN Y LA INEXISTENCIA DE CONVENIOS DE COOPERACIÓN JUDICIAL

Quienes fuimos parte del Estado Mayor Negociador de las autodefensas y teníamos pedido de extradición durante la etapa de Negociación con el Gobierno Uribe por parte del Gobierno de los Estados Unidos, recibimos concepto favorable de la H. Corte Suprema de Justicia y quedamos en manos del Ejecutivo, tal como lo permite nuestro ordenamiento jurídico. En ese entonces, el Gobierno Nacional “suspendió” la potestad de la extradición que tenía en cabeza suya, condicionándola a nuestro compromiso y cumplimiento de los mal llamados acuerdos de paz y la satisfacción de los requisitos establecidos en la ley de Justicia y Paz. Y digo mal llamados acuerdos, porque en términos formales, jamás existió entre el Gobierno Nacional y las AUC un acuerdo formal de paz. En esta situación permanecimos entre el año 2004 y el 2008, mientras se avanzaba en el proceso de justicia y paz. Como es también de público conocimiento, me aventuré a desmovilizarme, restituí los bienes que poseía el Bloque Catatumbo al momento de su desmovilización y depuse las armas, SIN QUE EXISTIERA MARCO LEGAL ALGUNO. Una vez conocido el texto final de la Ley de Justicia y Paz y aún cuando no se había hecho el famoso pronunciamiento de la Corte Constitucional mediante la sentencia C-370 de 2006, me acogí al citado marco legal, pero solo 11 meses después fui escuchado por primera vez en versión libre. Una vez conocidas las primeras verdades que plasmé en mis versiones libres, especialmente la de mayo de 2007, el país y el mundo confirmaron lo que era un secreto a voces: el llamado fenómeno de la parapolítica y la connivencia de ciertos sectores del Estado y la fuerza pública con las autodefensas. A partir de allí comenzó mi karma: recibí toda clase de amenazas, un atentado en contra de mi hijo, presiones de diferentes sectores, oposición del Estado mimetizada bajo el amparo de legalidad para no recibir los bienes ofrecidos en reparación, tuve que acudir a la Corte Suprema de Justicia para que cautelara los bienes que hoy se han perdido y deteriorado por la negligencia de algunas agencias del Estado, no se cumplieron las órdenes de traslado de mis hombres ni la mía para poderme reunir con ellos a seguir reconstruyendo la verdad; se trató por todos los medios de descalificar lo dicho por mi; pero finalmente y ante la imposibilidad de callarme pese a todas las adversas circunstancias, se produce mi extradición y la de otros 13 comandantes de las extintas AUC.

Dijo el Gobierno en ese entonces que la condición suspensiva de que gozábamos en el acto administrativo que condicionaba nuestra extradición SE HABIA CUMPLIDO: Bien, porque habíamos seguido delinquiendo desde la Cárcel de Itagüí, o bien no estábamos contando toda la verdad, o no habíamos entregado la totalidad de nuestros bienes en reparación. Sin embargo, muy a pesar de estas falaces afirmaciones, en mi caso particular, hasta la fecha -16 meses después de extraditado- no he sido excluido de justicia y paz por incumplir los requisitos de elegibilidad señalados en el artículo 11 de la Ley 975. Por el contrario, en su momento el Fiscal Iguarán, en enero de 2009 le dijo a las autoridades norteamericanas que yo era ejemplo de cumplimiento de los requisitos de la Ley de Justicia y Paz; y en mayo del mismo año, dijo públicamente que no existía ni una sola prueba o investigación que apuntara a que yo incumplí con estos compromisos.

Usted, doctor Cabana, el Doctor Luis González, Coordinador de la Unidad de Justicia y Paz, el doctor ROBERT SPEALKEE, fiscal de mi caso en los Estados Unidos y demás autoridades norteamericanas que me conocen y conocen mi caso, son testigos directos del compromiso que he tenido en avanzar con el proceso de justicia y paz y de los obstáculos que hemos encontrado en el transcurso de estos años, así como de los esfuerzos que pese a ello, han mantenido incólume mi voluntad de continuar satisfactoriamente y llegar a feliz término mi proceso de verdad, justicia y reparación y he querido avanzar más rápido de lo que me lo han permitido.

Con la extradición, tal como lo he manifestado públicamente y en medios de comunicación, SE SILENCIÓ LA VERDAD Y EL PROCESO DE JUSTICIA Y PAZ SUFRIÓ UN GOLPE MORTAL, porque no existen los mecanismos que permitan avanzar en la reconstrucción de los hechos que debemos confesar dentro de nuestro proceso. Ciertamente y no obstante lo manifestado también por el Gobierno Colombiano y el Embajador Norteamericano en Colombia cuando fuimos extraditados, HOY NO EXISTE UN TRATADO DE COOPERACION JUDICIAL ENTRE ESTADOS UNIDOS Y COLOMBIA que permita dar continuidad al proceso de Justicia y Paz, de la manera como se requiere para satisfacer los estándares de justicia transicional que reclama la comunidad nacional e internacional. Y muy a pesar de las voluntades individuales de algunos funcionarios del Departamento de Estado y del Departamento de Justicia Norteamericanos, de la suya doctor Cabana, del Doctor LUIS GONZALEZ y de mi equipo de defensa en Colombia y Estados Unidos, que han luchado unos y permitido otros este espacio para intentar avanzar en el proceso, las cuales agradezco enormemente, debo decir de manera clara y abierta a la opinión y a las víctimas QUE NO PRODUCIRÁN LOS EFECTOS ESPERADOS, pues en las condiciones actuales es imposible pensar en concluir prontamente el proceso de justicia y paz.

En efecto Dr. CABANA, Usted puede dar fe de la siguiente reflexión:
Número de Versiones libres rendidas en Colombia entre el 19 de diciembre de 2006 y el 13 mayo de 2008 (fecha de mi extradición): 16 en total. En promedio poco menos de una versión libre por mes. Siguiendo la metodología establecida por la FGN para el desarrollo de las versiones libres (Resolución No. 3998 de diciembre 6 de 2006 que consulta los parámetros de la sentencia C-370 de 2006), estas diligencias deben desarrollarse en dos etapas: i) Enunciación: En la cual se hace una relación de los hechos punibles en los que participó o de los que tuvo conocimiento el desmovilizado; ii Confesión: Descripción detallada sobre las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que sucedieron los hechos enunciados o conocidos. Hechos enunciados en esas primeras 16 versiones libres rendidas en Colombia: 900. No se confesó ni un solo hecho de acuerdo con la metodología implantada por la F.G.N.
Versiones libres rendidas desde Estados Unidos entre el 13 de mayo de 2008 y el 30 de septiembre de 2009. Total: 4. En promedio una cada cinco meses. Hechos confesados 163 en dichas audiencias. En promedio se confiesan 55 hechos por versión.
Hechos que tengo que enunciar y confesar por mi pertenencia al Bloque Catatumbo: 7.000 aproximadamente, de acuerdo con lo señalado por la Fiscalía 8 de Justicia y Paz.

Audiencias de formulación de imputación: En promedio 2 en cuatro anos. Hechos imputados: 85, es decir 43 por audiencia.

De acuerdo con las anteriores cifras, nos vamos a morir sin que exista verdad, justicia y reparación para las victimas ni los desmovilizados yo requería si le sumo lo que falta del bloque catatumbo y el bloque norte, mas de 200 anos con esta metodología y a este ritmo.

De acuerdo con lo anterior, Dr Cabana, autoridades del Gobierno Americano que han facilitado la transmisión de estas audiencias, y generadores de opinión, les pregunto: ¿CONSIDERAN VIABLE EN LAS ACTUALES CONDICIONES DE EXTRADITADO PODER TERMINAR MI PROCESO DE JUSTICIA Y PAZ?, ¿ESTA ES LA MANERA COMO SE CONOCERÁ LA VERDAD DEL CONFLICTO EN COLOMBIA? ¿DEBEN LAS VICTIMAS ESPERAR ESTE TIEMPO PARA VER SATISFECHOS SUS INTERESES DE VERDAD Y REPARACION? Creo que las respuestas saltan a la vista.

Pero pese a lo anterior, celebro con beneplácito que ya las autoridades judiciales nacionales e internacionales han sido conscientes de esta situación, pues no de otra manera se explica el que la Corte Suprema de Justicia de Colombia haya variado su jurisprudencia y de paso negado la extradición de un postulado a Justicia y Paz, en reciente providencia del 19 de agosto de 2009, en la cual expresó:

(ABRO COMILLAS)

“También se ha precisado que la responsabilidad de la Corte en el cumplimiento de sus funciones no se agota en la emisión del Concepto, sino que dentro de la órbita de sus competencias, está obligada, como toda autoridad, a velar por el respeto irrestricto de las garantías fundamentales. Dicha obligación de garante de los derechos fundamentales no se limita a los del solicitado, pues en casos concretos puede observar que la extradición atentaría contra derechos fundamentales de terceros que al ponderarlos con el interés particular del país solicitante se tornan intangibles, caso en el cual puede emitir concepto condicionando la extradición, y en supuestos extremos, negándola.

En efecto, es que en casos como el que ha originado el presente debate, se impone sopesar, reitérase, el interés particular en juego del aludido mecanismo de cooperación internacional respecto de los fines que alientan la Ley de Justicia y Paz, ya que la entidad de los ilícitos cometidos por los grupos armados al margen de la ley que involucran masacres, secuestros, desapariciones forzadas, torturas, desplazamiento forzado, entre otros, imprime prevalencia al derecho internacional de los derechos humanos, frente a dicho instrumento de colaboración para la lucha contra la delincuencia.

De otro modo no se cumpliría el ideal de paz que sirvió para expedir la Ley 975 de 2005, por cuanto la extradición, además de impedir el relato de los crímenes del postulado a través de su versión libre, dejaría huérfanas de protección a las víctimas y sus familiares, al diluirse el aseguramiento de la reparación de los daños, además del conocimiento de lo que sucedió, cómo ocurrió, etc., máxime cuando en delitos de esta estirpe la sola reparación o indemnización pecuniaria no basta.

(…)CIERRO COMILLAS

Igual importancia merece el hecho de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, mediante Resolución expedida el pasado 8 de julio, cuestionara al Gobierno Colombiano por mi extradición, pese a encontrarme implicado en un caso objeto de protección por el DIH que fue fallado por ese organismo en octubre de 2005. En efecto la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pidió explicaciones a Colombia por el incumplimiento de una sentencia emitida en 2005 por la matanza de campesinos en el pueblo de Mapiripán a manos de paramilitares, uno de cuyos ex jefes fue extraditado a EE.UU. La Corte indica que el Estado colombiano identificó a Salvatore Mancuso como uno de los responsables por este caso y aún así fue extraditado a Estados Unidos en mayo de 2008 por cargos de narcotráfico y lavado de dinero. Dijo la Corte

(ABRO COMILLAS) "Al menos uno de los ex jefes paramilitares (ESTE SOY YO Y NO OTRO) procesados ha sido extraditado de Colombia hacia otro Estado de la región, aunque pesara en su contra una acusación por diversos cargos en relación con los graves hechos de este caso". Agregó que "la Corte considera que en las decisiones sobre la aplicación de determinadas figuras procesales a una persona, debe prevalecer la consideración de la imputación de graves violaciones de derechos humanos" y que "la aplicación de figuras como la extradición no debe servir como un mecanismo para favorecer, procurar o asegurar la impunidad". CIERRO COMILLAS

Seguidamente, el tribunal indicó que: ABRO COMILLAS "corresponde a Colombia aclarar los mecanismos, instrumentos y figuras jurídicas que serán aplicadas para asegurar que la persona extraditada colabore con las investigaciones de los hechos del presente caso, así como, en su caso, para asegurar su debido enjuiciamiento" .CIERRO COMILLAS

Facilitar la búsqueda de la verdad es una obligación del Estado, tal como lo ha dicho la Corte Suprema de Justicia en la providencia del 19 de agosto de 2009 ya citada, en los siguientes terminos:

ABRO COMILLAS “es una obligación estatal buscar la verdad de lo ocurrido con un acceso expedito a la justicia. No hacerlo dejaría huérfanas de protección a las victimas porque nunca conocerían lo que sucedió y seria un irrespeto a su dignidad. Las victimas tendrán derecho de acceder a los mecanismos de la justicia y a una pronta reparación del daño que hayan sufrido, según lo dispuesto en la legislación nacional. Se establecerán y reforzaran, cuando sean necesarios, mecanismos judiciales y administrativos que permitan a las victimas obtener justicia y reparación mediante procedimientos oficiales u oficiosos, que sean expeditos, justos, poco costosos y accesibles”,

“El deber estatal de investigar, procesar y sancionar judicialmente a los autores de graves atropellos contra el derecho internacional de los derechos humanos no queda cumplido por el solo hecho de adelantar el proceso respectivo, sino que exige que este se surta en un plazo razonable. De otra manera no se satisface el derecho de la víctima o sus familiares a saber la verdad de lo sucedido y a que se sancione a los eventuales responsables”. CIERRO COMILLAS. Esto del plazo razonable dentro del cual debe desarrollarse el proceso, aplica no solo para las victimas sino también para los imputados.

Sobre el mismo tema, ha dicho la CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS:
ABRO COMILLAS “El estado debe garantizar a las victimas un recurso efectivo que ofrezca resultados o respuestas acertadas, que se adelanten procesos judiciales de forma seria, rigurosa y exahustiva, con diligencia celeridad y convicción…(…) CIERRO COMILLAS.

Tristemente en el caso del conflicto en colombia el gobierno del presidente Uribe ha hecho todo lo contrario a lo que constituye el deber estatal: ha impedido que se construya y se conozca la verdad y se amparó en la lógica perversa de la extradicion para silenciarnos, así como en los estrictos regímenes carcelarios de Estados Unidos para impedirnos reconstruirla, creyendo que con ello el país y el mundo echarían al olvido este oscuro capitulo de violencia no resuelta en nuestra nación.

Tengo toda la voluntad para avanzar en el proceso de paz, con total honestidad y transparencia, pero ella sola no alcanza, sin la voluntad de quienes deben legalmente darme las condiciones para cumplir. Es el gobierno colombiano el responsable de impedir el cumplimiento de los acuerdos. Y si se me sigue impidiendo reunirme con quienes fueron mis hombres y con las victimas para reconstruir las circunstancias de tiempo, modo y lugar que me exige la ley, no sería yo el responsable de incumplir las obligaciones que en este sentido me impone aquella.

El Gobierno clama a gritos el conocimiento de la verdad y el cumplimiento por parte de los desmovilizados postulados a Justicia y Paz de los requisitos que en este sentido nos impone la Ley, y se ufana de brindar apoyo para que ello sea así, pero los actos por el realizados demuestran lo contrario, pues no de otra forma pueden calificarse cuando nos amordaza, silencia y extradita, cuando nos cierra los espacios de interlocución, cuando no brinda protección a los testigos ni a las víctimas, a nuestras familias y abogados, permitiendo que nos intimiden, amenacen y atenten contra nuestras vidas, cuando entre el 2005 y el dia de hoy ha permitido el genocidio y asesinato de más de 2.000 desmovilizados de las AUC y decenas de sus familiares, incluso mediante maniobras de extrangulamiento y envenenamiento dentro de las cárceles que el mismo Gobierno custodia a través del INPEC; cuando permite que sigan generándose mas victimas, mediante la prolongación del conflicto civil armado.

En Colombia no ha sido un desastre natural lo que ha producido miles de victimas y millones de desplazados, ha sido el estado por acción u omisión el que ha permitido esta catástrofe de la humanidad. ¿Acaso los actores del conflicto armado no son una consecuencia de la exclusión del Estado, de cerrarle los espacios democráticos, de no brindarle las garantías y seguridad necesaria a las poblaciones? ¿Acaso no es la exclusión política la que ha generado el conflicto y las victimas? Y ¿Acaso esa exclusión y falta de representación política que ayude a solucionar las necesidades de la población y defienda sus intereses, no es la que sigue generando más victimas, desplazados, violencia, pobreza, corrupción, narcotráfico… y prolongando el conflicto armado?

Así las cosas, Doctor Cabana, y por su intermedio me dirijo al Señor Fiscal General de la Nación; señor representante del Ministerio Púbico; señores representantes de las Víctimas en Colombia y en el exterior, Honorables Magistrados de la Corte Suprema de Justicia en Colombia; Comision interamericana de derechos Humanos, Corte Penal Internacional, señores representantes de los Departamentos de Estado y de Justicia Norteamericanos; quiero en este acto manifestarles que es mi deseo continuar en el proceso de justicia y paz en Colombia, pero me veo en la imperiosa necesidad de suspender mi participación dentro de las audiencias de versión libre en estas condiciones, en las que me es humanamente imposible continuar, en las que considero se vulneran los derechos fundamentales a las víctimas y a mí como postulado, impidiendo a los primeros conocer la verdad, y al suscrito reconstruirla y contarla.

Esta determinación la mantendré hasta tanto se me brinden las garantías necesarias para que pueda acceder en términos reales al mínimo derecho que tengo a la pronta y cumplida administración de justicia; y hasta tanto se brinden las garantías a las víctimas para poder acceder a los derechos a la verdad, la justicia, la reparación y la reconciliación, lo cual constituye el espíritu que enmarca la Ley de Justicia y Paz.

Es que en mis condiciones actuales resulta imposible continuar adelantando las versiones libres desde los Estados Unidos, porque ello resultaría violatorio de los derechos a la verdad y a la reparación de las víctimas y a mi debido proceso; al tiempo que deslegitima todo el proceso y hace de él una apariencia de cumplimiento de los estándares de justicia transicional, que en el fondo no se están cumpliendo, generando impunidad al no permitirme reconstruirla y que se conozca, impunidad por el tiempo que tardaría en llegar a conocerse, en el tiempo que tomaría para reparar las victimas, y en el tiempo que se tardaría para impartir justicia respecto de las victimas y del mismo imputado, que superaría el tiempo máximo de condena trazado por la ley como pena alternativa; Tiempo que como ya lo he demostrado seria no inferior a 3 vidas de una persona promedio en Colombia; y con ello se le seguiría el juego a quienes utilizaron indebidamente la extradición como fórmula para impedir que la verdad aflorara a la luz pública, tras improvisar un proceso de negociación política que supuestamente estaría cumpliendo con suficiencia y rapidez con los estándares internacionales en materia de verdad, justicia y reparación, pero que en el fondo se concibió para hacerle conejo a dichos postulados, tal como se demuestra con medidas como las de la extradición, entre otras.

Para que este acto de suspender mi participación dentro de las versiones libres de justicia y paz, no se tergiverse ni se interprete como una renuencia de mi parte a cumplir los compromisos que adquirí desde antes de mi desmovilización y los asumidos con ocasión de mi sometimiento a la ley, debo aclarar que continuaré evacuando las demás etapas procesales, como la formulación de imputación, imputación de cargos y subsecuentes, y por ende seguiré compareciendo a las audiencias que para tales efectos se dispongan, porque es mi voluntad y compromiso cumplir plenamente con las victimas, la paz, la reconciliaci[on y las demás exigencias de la Ley, aun a sabiendas que en los términos actuales nos llevara a que NO nos alcance la vida a las victimas ni a los postulados para cumplir con las exigencias del proceso, pues se me han imputado apenas 85 hechos de los 10.000 que se me atribuyen en 4 años de creada la ley, legitimando con ello una metodologia que ha demostrado no funcionar en la practica, que no llama a la paz, pero que el Gobierno Nacional muestra como un triunfo para la reconciliacion.

Quiero también hacer un especial llamado a la Corte Suprema de Justicia, como segunda instancia que es del proceso de justicia y paz en Colombia, y quizás como único estamento de poder que junto con la Fiscalía General de la Nación se ha preocupado de manera real y efectiva por este proceso de paz que tanto reclaman los Colombianos, para que a través de decisiones como las que he comentado en precedencia, continúe aportando de manera decidida a la construcción de la paz en nuestro país.

Mucho agradezco el esfuerzo y concurso de las autoridades norteamericanas que me han permitido este espacio para tratar de avanzar en mi proceso, mucho agradezco a la Unidad de Justicia y Paz, a su Coordinador y al Senor Fiscal 8 por el empeño que han colocado para tratar de hacer de justicia y paz una realidad desde los Estados Unidos, pero en la practica NO es solamente facilitar nuestra presencia en audiencias virtuales para versiones libres lo que nos permite cumplir con las victimas y las exigencias de la ley, si paralelo a esto no tenemos la posibilidad reconstruir los más de 10.000 hechos que se le atribuyen a los miles de hombres que tuve bajo mi mando, y que la Ley de Justicia y Paz me exige no solo verificarlos y reconstruir las circunstancias de tiempo modo y lugar, sino también, asumir la responsabilidad de ellos por cadena de mando bajo el concepto jurídico de autor mediato. Para lograr estos objetivos se requiere documentar estos hechos con los responsables directos, cruzar información con las víctimas, verificar si la información es correcta y corresponde a actos ejecutados bajo las directrices generales que recibí de mis mandos superiores y que en tal sentido les impartí a quienes fueron mis subalternos, analizar los procesos judiciales existentes y en aquellos casos en que no hay procesos judiciales acopiar los medios de prueba necesarios u orientar a los fiscales para la obtención de las pruebas. Estos medios los he solicitado respetuosamente a las autoridades americanas y la respuesta que he recibido es que en los sitios de reclusión en los Estados Unidos el sistema de prisiones de Norteamérica NO permite realizar tales actividades, por lo tanto, no contamos con los medios ni las facilidades físicas, logísticas y jurídicas para preparar las diligencias judiciales que se nos exige en Colombia.

Honorables Magistrados de la Corte Suprema de Justicia en Colombia: han dado Ustedes unos importantes y trascendentales pasos para la construcción de la verdad y la posibilidad de la reparación a las víctimas, y por eso se han producido decisiones como las de no permitir la extradición de Colombianos que tienen bastante qué aportar a la verdad del conflicto en Colombia, pero ello no es suficiente, y por lo mismo LES SOLICITO DE LA MANERA MAS RESPUETUOSA SE PRONUNCIEN EXPRESAMENTE sobre mi situación jurídica de extraditado al que se le están violando sus derechos fundamentales al debido proceso y a la pronta administración de justicia, que no cuenta con las garantías necesarias para reconstruir y contar la verdad que reposa en mi, pese a mi entera disposición y voluntad para ello. Es que además de ser Ustedes, Honorables Magistrados, mi segunda instancia del proceso de justicia y paz en Colombia, son el organismo competente para definir la juridicidad de la extradición, tal como lo señala la Ley.

Celebro con beneplácito la audaz propuesta que Ustedes han realizado de la cual tuve conocimiento por los medios de comunicación, en el sentido de promover la creación de una Comision Internacional de la Verdad, puesto que la ley de justicia y paz como está concebida actualmente es insuficiente por muchísimas razones: Entre ellas, porque no le permite ni promueve contar las verdades a la sociedad, verdades que deben callar, ocultar, tergiversar o mentir para no ser judicializados. Una cosa es conocer la verdadera realidad del conflicto y otra muy distinta que el Estado imponga una verdad histórica sesgada, parcelada, empujado por sus intereses, desconociendo las razones y causales políticas, sociales, culturales, sociológicas, económicas, de seguridad, legales, ilegales e históricas que originaron y siguen alimentando el conflicto, sin promover y permitir que participemos de la construcción de esa verdad, todos sin excepción.

Para terminar, quiero solicitar a las víctimas su especial comprensión y apoyo en esta decisión que he tomado de suspender mis versiones libres, pues el proceso de justicia y paz fue hecho por y para Ustedes, pero en las actuales circunstancias espero sepan entender que no existen las condiciones indispensables para poder llevar a buen puerto el conocimiento de la verdad y la reparación que les corresponde. Los invito a que entre todos construyamos caminos y estrategias que nos permitan alcanzar los objetivos de la Ley de Justicia y Paz.”

Cordialmente,


SALVATORE MANCUSO GOMEZ
Desmovilizado AUC


C.C. Dr. LUIS GONZALEZ LEON
Coordinador Unidad de Justicia y Paz

Dr. LEONARDO AUGUSTO CABANA FONSECA
Fiscal Octavo de Justicia y Paz

Dr. IVAN CEPEDA CASTRO
Movimiento de Victimas y Crímenes de Estado

Dra. PIEDAD CORDOBA
Dr. RODRIGO LARA RESTREPO
Comisión de Paz del Senado de la República

septiembre 29, 2009

17. Que Uribe saque la mano del referendo y no quiera remedar a Maradona y su 'mano de Dios'

PARADERO 2010

El post-Uribe sienta cabeza y paso a paso, voto a voto, aleja la hecatombe y la reelección

Por Rubiño
juanrubbini@hotmail.com
www.lapazencolombia.blogspot.com


“En el terreno de la competición política hemos pasado del modelo ideocrático, consistente en la lucha de ideologías y programas, al modelo videocrático, el de las actuales batallas por la “imagen”, de forma que hoy el poder político asume funciones del poder mediático, y viceversa. Pero ninguno de estos poderes públicos se hace por ello más “público”. No nos sentimos representados por los que dicen recoger nuestro voto o reflejar nuestra opinión. Ni acabamos de poder entrar en ese espacio donde se anuncia, sin embargo, nuestra “participación”. Es triste perder, así, la cultura del juicio crítico y del paso a la acción, sustituidos por el grito y la acción espasmódica. Pero es más dramático aún que se acabe reforzando la sensación de que “tampoco la política”, al igual que la economía y la tecnología, “va con nosotros”. Es todo lo contrario de lo que la democracia debería provocar.” (Norbert Bilbeny, Democracia para la diversidad, Editorial Ariel, Barcelona, 1999)



Pardo y Petro ganaron sus partidos del domingo pero no queda claro quiénes perdieron. Hay quienes dicen que Samper y las FARC apostaban por Gómez Méndez y Carlos Gaviria pero sobre eso nunca se puede jurar. Lo que sí no creo, es que el Gobierno pueda atribuirse seriamente ningún triunfo. Ni Pardo ni Petro comulgan con un nuevo período de Uribe y si ganaron no fue precisamente para facilitarle al Presidente sus ambiciones reeleccionistas. Tampoco es cierto que el no reeleccionismo se reduce al millón y medio que salieron a votar por liberales y polistas esta vez. Porque ni estaban todos los candidatos que alzan esa bandera, ni entre los que se sometieron al conteo estaban los candidatos ‘pesos pesados’ en mejores condiciones de encabezar como candidatos presidenciales la derrota de Uribe. Faltaban notoriamente tres, Fajardo, Vargas Lleras y Noemí, entre quienes se perfila el próximo presidente de Colombia.

Lo de Uribe candidato en 2010 lo veo cada día que pasa más imposible -no solo más inconveniente e inútil como lo vi siempre- por lo constitucional primero, por lo del ‘timing’ que requiere el referendo obviamente y, tercero, pero no lo menos importante, porque no creo que los números de votos le alcancen, sobre todo si los opositores a Uribe y los opositores a la reelección de Uribe confluyen y se la juegan al unísono, convocando a la abstención en el contexto de un censo electoral que no se achica escandalosamente, como algunos furibistas exigen.

La abstención en lenguaje futbolístico significa no pasarle el balón a quien se halla off-side, es decir en fuera de juego. En la era audiovisual y del replay, no hay ‘mano de Dios’ que pase desapercibida a las cámaras. Lo de Maradona pasó en México, pero es la excepción que confirma la regla. Por eso insisto, sigo viendo el primer obstáculo al ‘meterle la mano a la reelección de Uribe’ en la Corte Constitucional.

Si Uribe está en ‘off-side’ se equivoca el ‘uribismo’ reiterando el pelotazo a Uribe como único recurso ofensivo, cuando sería más inteligente y totalmente constitucional que se aprovechara a Juan Manuel perfectamente habilitado y en condiciones de anotar. Algo serio está fallando en el ‘uribismo’ cuando apela a la ceguera de los árbitros pudiendo apelar en derecho a las otras variantes que le aprueba el reglamento.

Uribe debiera retroceder en el campo de juego hacia una zona de gestación, en tres cuartos de cancha, donde la definición de la jugada no sea su responsabilidad. Podría ser el autor del pase-gol y con ello convertirse en el salvador del equipo en vez de situarse en un ostensible fuera de lugar que si le perdonan los jueces de la constitucional difícilmente se lo perdonen los ciudadanos. Me refiero a los ciudadanos que están por el respeto a las reglas del juego y no a los que celebran los goles aunque hayan sido ‘ilegales’ con la ‘mano de Dios’.

A diferencia de Maradona que puso la mano en México de manera instintiva, lo de Uribe carga con el agravante de haber sido maquiavélicamente elaborado, es decir, como fruto de una estrategia fríamente calculada asentada preventivamente sobre aquello que asevera que el ‘fin justifica los medios’. El paradigma ‘uribiano’ de la hecatombe –donde caben entre otros ‘apocalipsis now’ la “invasión de Chávez”, la “agresión nuclear de Irán”, el “armamentismo de Brasil”, el “narcotráfico de las FARC”, el “terrorismo de los rastrojos” y suponemos que también la derrota del ‘uribismo’ en las urnas- apela al miedo, al terror, al cataclismo y devastación nacional que pretende justificar no apenas un gol con la mano, sino todos los goles con la mano y en fuera de lugar que sean necesarios para que Uribe no sea ex presidente jamás, al menos no en esta vida.

Sigo creyendo que Uribe propicia esto para no perder sobre todo “imagen” y gobernabilidad, y, de paso, como quien no quiere la cosa, si todos se la creen, y los jueces hacen como que no ven lo que están viendo, y los ciudadanos no objetan lo suficiente, llegar a la elección como candidato presidencial. “Finalmente”, se dirá autojustificando su conciencia malherida, “si nadie me lo impide porque me lo voy a negar”. Exactamente como procedió Maradona que éticamente debió haberle pedido al árbitro que anulara el gol por su infracción. Prefirió no hacerlo. Con ello ganó un Mundial pero abonó el camino hacia sus fracasos profesionales y personales que tanto le han costado y le siguen cobrando. Uno puede querer lo que quiere pero no puede evitar con ello sus consecuencias, y se sabe: de la gloria al infierno hay solo un paso. Y no siempre resulta aquello de que “quien peca y reza empata”.

La mejor reflexión que pudiera hacerse Uribe tras las consultas partidarias del domingo es que no hay riesgo que las FARC se tomen el poder, ni que Chávez imponga su voluntad en Colombia, ni que el Liberalismo y la Izquierda hayan perdido la cabeza y se hundan en el nihilismo. Que puede irse tranquilo a su casa el 7 de agosto de 2010 que ni Fajardo ni Vargas Lleras, ni Noemí, ni Pardo, ni Petro, -ni todos ellos juntos- ni tampoco Juan Manuel ni siquiera Andrés Felipe generarán con su triunfo una hecatombe ni nada que se le parezca.

Algunos dirán que cualquiera de esos escenarios llevaría el sello de la derrota de Uribe. Yo me permito opinar todo lo contrario. Sería la mejor prueba del triunfo de Uribe Presidente, haber disipado cualquier riesgo de hecatombe en ocho años de gobierno, de los cuales bien podrá decirse que no nos trajeron al Paraíso pero que tampoco, ni mucho menos, nos han puesto a las puertas del Infierno. Los buenos presidentes, como los buenos padres, gobiernan la casa y educan los hijos durante unos pocos años, para que los ciudadanos hereden el buen gobierno y los hijos recojan los frutos de sus buenas enseñanzas toda la vida.

La Paz sigue siendo posible y cercana si nos ponemos la reconciliación como el gran objetivo 2010-2014, la pobreza y la miseria existen pero también hay más y mejores condiciones para que la democracia las derrote si nos rebelamos democráticamente y en las urnas, con la ayuda de un nuevo Presidente, un renovado Congreso y una Justicia justiciera y honesta, ante este ‘Estado de cosas’ cuya deshonestidad e injusticia social clama al Cielo y acordamos entre todos la Constitución del siglo XXI, hacia el País donde quepamos todos, desmovilizados y desarmados, no solo de cuerpo sino principal y fundamentalmente, de espíritu.


Así la veo yo.


Los 17 artículos que componen la serie publicada –iniciada en diciembre de 2008- de PARADERO están a disposición del lector en www.lapazencolombia.blogspot.com

También encontrarán allí los artículos que integran la serie ASÍ LA VEO YO iniciada en MARZO de 2005 y dedicada al proceso de paz con las autodefensas.

septiembre 24, 2009

1. Historia y Contexto: Autodefensas y Paramilitares, actores del conflicto armado y de la paz

1. Idea general, comentarios, selección de textos y resúmenes a cargo de Juan Rubbini (2009)


La magnitud inédita en la historia del conflicto armado colombiano alcanzada por la desmovilización de más de treinta mil integrantes de las extintas AUC y los desarrollos posteriores en los Tribunales de Justicia y Paz, en el marco de un proceso de paz aún incierto e inconcluso, signado por las contradicciones, las dudas y las estigmatizaciones, así como la extradición de trece de los máximos comandantes y el asesinato de miles de sus ex combatientes y familiares -incluidos los controvertidos hermanos Carlos y Vicente Castaño, fundadores de las Autodefensas Unidas de Colombia-, abre un interrogante histórico sobre la realidad subyacente y concomitante al fenómeno de este actor armado ilegal, de carácter antisubversivo, cuyos orígenes , desarrollo y desmovilización entre 2003 y 2006, en la cima de su poderío militar y económico, genera más interrogantes que respuestas entre analistas, académicos e historiadores.

En los capítulos de la historia colombiana que comenzamos a resumir aquí pretendemos acercar elementos de contexto que ayudarán en lo sucesivo a delinear un panorama donde el fenómeno de las autodefensas y paramilitares vaya adquiriendo un perfil menos caricaturesco y más aproximado a su real dimensión e influencia en la historia del conflicto armado, así como en la elaboración de material de apoyo a las negociaciones de paz y reconciliación que se adelanten en el futuro con participación de todos los actores que han protagonizado las hostilidades y siguen enfrentados en el territorio nacional alimentados en sus finanzas por los dineros de las narcoeconomías y los impuestos y contribuciones -incluso pago de secuestros y extorsiones- que costean los ciudadanos y empresas.

El orden de los sucesivos capítulos no es cronológico sino que a modo de collage se irán presentando los distintos componentes en un mosaico de autores y opiniones que busca objetivizar en un cuerpo complejo y abarcador la mayor cantidad de acopio histórico que facilite la comprensión del entramado del conflicto social, económico, político y militar en el actual las autodefensas colombianas se distinguen de los paramilitarismos clásicos para adoptar una caracterización que hace de su conformación como tercer actor del conflicto -ni guerrillas ni Estado, ni revolucionarios ni solamente contrarrevolucionarios- ilegales pero también representativos de conglomerados sociales, opuestos al izquierdismo armado, desconfiados en general de la izquierda democrática -fatal presa de la combinación de todas las formas de lucha, pregonadas y practicadas no solo por la izquierda comunista sino también por la derecha armada y recalcitrante.

Comenzamos esta serie con el esbozo de unas líneas sobre el gobierno de Belisario Betancur (1982-1986) y sus iniciativas de paz dentro y fuera de Colombia, así como sobre aspectos de la descentralización del poder y la elección popular de alcaldes. De una u otra manera la historia de las autodefensas y paramilitares en Colombia está relacionada con los intentos de concretar procesos de paz con las guerrillas, los cuales eran vistos con recelo y enorme desconfianza por parte de sectores de las fuerzas armadas y de seguridad así como por integrantes del Establecimiento nacional y regional y de las clases políticas asociadas. Estos procesos de paz y políticos no explican en su totalidad el nacimiento de los grupos de autodefensa pero ofrecen una pista acerca de los nexos iniciales que están inextricablemente unidos a los orígenes del fenómeno donde lo ideológico y lo territorial no siempre han estado claros. Lo mismo puede decirse del empoderamiento regional asociado a los dineros que comenzaban a fluir por parte de las actividades de narcotráfico, básicamente marihuana en los '60 y '70 y luego cocaína a partir de los '70 y '80. Cuando estos dineros comenzaron a producir lo que ha dado en llamarse la "contrarreforma agraria" el círculo vicioso del conflicto armado comenzó a cerrarse creando las condiciones de reproducción y crecimiento de la violencia que se aceleró notablemente a partir del fracaso del proceso de paz entre el Gobierno Betancur y las FARC, lo que trajo como consecuencia la catástrofe de la Unión Patriótica y el desborde criminal de los Rodríguez Gacha y Escobar, a cargo de quienes se multiplicó la violencia antiizquierdista e indiscriminada que favoreció el rearme de todas las fuerzas legales e ilegales enfrentadas.


Gobierno de Belisario Betancur (1982-1986)
Por Juan Camilo Restrepo
Nueva Historia de Colombia
Editorial Planeta 1989, r. 1998


Su espíritu tolerante le permitió a Betancur trazar un marco de perspectivas amplias a su política de paz, que infortunadamente no se vio coronada de los éxitos que presagiaba la generosidad con que fue formulada en su discurso de posesión.

Hubo hechos exógenos que determinaron, para bien o para mal, muchas de las principales políticas que puso en marcha su gobierno. El endurecimiento de la administración Reagan con relación a Nicaragua y al gobierno sandinista determinaría gran parte de la gestión mediadora del grupo de Contadora, que terminó convirtiéndose en uno de los pilares de la política internacional de la administración Betancur.

Elegido por 3.134.962 votos (sobre su inmediato rival Alfonso López Michelsen quien obtuvo 2.658.691 sufragios), Betancur llega a la presidencia con un amplio e incuestionable mandato para desarrollar su programa de gobierno. El tema de la paz ocupa lugar principalísimo.

El país acababa de salir de una administración, la de Julio César Turbay Ayala, que se caracterizó por usar una mano extremadamente dura, apoyado en frecuentes estados de excepción para manejar el tema del orden público.

En su discurso de posesión Belisario Betancur expuso su gran llamado a la paz:

"Levanto una bandera blanca de paz para ofrecerla a todos mis compatriotas. Tiendo mi mano a los alzados en armas para que se incorporen al ejercicio pleno de sus derechos, en el amplio marco de la decisión que tomen las cámaras. Les declaro la paz a mis conciudadanos sin distinción alguna: ¡a esa tarea prioritaria me consagro, porque necesitamos esa paz colombiana para cuidarla como se cuida al árbol que convocará bajo sus gajos abiertos a toda la familia nacional!"

La administración Betancur se inicia con la ley 35 de noviembre 19 de 1982, expedida a dos escasos meses de iniciado el gobierno, por medio de la cual se otorgaba una amnistía a "los autores, cómplices o encubridores de los hechos constitutivos de delitos políticos, cometidos antes de la vigencia de la presente ley". La política de paz comienza entonces con una ley de amnistía, votada mayoritariamente por las cámaras y, obviamente, con la aquiescencia de los partidos mayoritarios.

Después se ha criticado al gobierno Betancur de haber llevado una política caprichosa en materia de paz, de espaldas al querer mayoritario del país. Eso no es cierto. Su implementación pudo haber sido desafortunada y desordenada, pero nunca caprichosa, puesto que parte de la legitimidad de una ley de amnistía que votaron favorable y mayoritariamente las cámaras legislativas.

Por decreto 2711 de 1982 se creó la primera comisión de paz presidida por el ex presidente Carlos Lleras Restrepo inicialmente, y posteriormente por Otto Morales Benítez. Más tarde se designó otra comisión, de verificación de los acuerdos de tregua y cesación de fuego que se suscribieron con las FARC, el M-19, el EPL, y ADO (Autodefensa Obrera), el 28 de marzo de 1984 y el 24 de agosto del mismo año. Uno de los problemas que se enfrentaron fue la multiplicidad de comisiones y, por tanto, la dispersión de responsabilidades.

Alfredo Vásquez Carrizosa dice al respecto: "En términos generales, los acuerdos de tregua y cesación del fuego eran una recompensa al presidente Betancur por su esfuerzo a favor de la pacificación y, con todos sus defectos, daban una perspectiva distinta de la que ofrecía la aplicación continuada del estado de sitio. El mecanismo para aplicarlos se tornó excesivamente complejo con la multiplicación de las comisiones, que se aumentaban casi hasta el infinito. A la primera comisión de paz de 1982 se le añadió la comisión de verificación, con otros cuarenta miembros, en 1984, y también en ese año la comisión de diálogo y negociación, con otros cuarenta y, por fin, las diez subcomisiones de estudios de temas para el "diálogo nacional", lo que dio en total, más de cuatrocientos asesores presidenciales.

Hablamos entonces, en la prensa, del fenómeno de la "comisionitis", porque no hay problema que resista el tratamiento de una torre de babel".

Desde un comienzo se hizo notoria la diferente perspectiva con que miraban sus ámbitos de competencias las fuerzas armadas y la comisión de paz. Las primeras insistían en que las responsabilidades de la comisión eran simplemente las de proponer vías de reinserción de los alzados en armas a la vida civil, mientras que la comisión consideraba que sus tareas llegaban más lejos, e incluían, por supuesto, los diálogos con las fuerzas subversivas, cosa que los mandos militares nunca vieron con buenos ojos.

El 25 de mayo de 1983, Otto Morales renunció a la presidencia de la comisión, denunciando la existencia de "enemigos de la paz y de la rehabilitación, que están agazapados por fuera y por dentro del gobierno".

(Continúa...)

septiembre 23, 2009

141. Bienvenidos la Comisión de la Verdad y los Conciertos por la Paz y la Libertad


La verdad nos libera, la guerra nos esclaviza y nos condena a la mentira



Por Juan Rubbini
juanrubbini@hotmail.com
www.lapazencolombia.blogspot.com


“A los muertos, nuestros muertos. A más de 25 años de finalizada la guerra cruenta y salvaje de la década del ’70, nos ha quedado el triste saldo de muertos de las fuerzas legales y terroristas; de pacíficos y violentos; de hombres y mujeres; de derechistas e izquierdistas; de inocentes y culpables; de buenos y malos; de ancianos y niños; de ricos y pobres. Ellos tenían un denominador común: eran todos argentinos. Ellos son los muertos, nuestros muertos. Transcurrido este lapso, ya es hora de deponer la práctica ruin de sacar ventaja de los caídos, basada fundamentalmente en el homenaje a unos, y en el regocijo por la muerte de “los otros”. La Patria imperiosamente necesita una reconciliación. El eterno rencor a nada conduce, sólo a mantener vivo el odio y a fomentar que estas cosas vuelvan a suceder. Pero para la tan ansiada como nunca concretada reconciliación definitiva, es menester primeramente alcanzar una verdad superadora y supra ideológica. Para tal fin, es necesario dar a conocer la verdad en toda su extensión, que es la única verdad posible. Es sabido que quien dice la verdad a medias, miente dos veces. (Nicolás Márquez, La otra parte de la verdad, Mar del Plata, Argentina, 2004, r. 2007)














El concierto universal de Paz sin Fronteras en La Habana leído en clave colombiana lanzó un mandato claro: Primero la Paz, Segundo la Paz, Tercero la Paz, Siempre la Libertad. Si en Cuba se reunieron el domingo más de 1.000.000 de personas al son de la paz y también de la libertad ¿cuántos millones se reunirían de seguro en Colombia reclamándole Paz y Libertad no sólo a las FARC sino primero y fundamentalmente al Gobierno y al Estado? Y digo primero y fundamentalmente al Gobierno y al Estado porque los ciudadanos no podemos ni debemos renunciar a exigir del Gobierno y del Estado que respeten y hagan posible que la voluntad de los ciudadanos se cumpla. Y no está probado ni avalado en las urnas de ninguna manera que el pueblo colombiano esté pensando que se llegará a la Paz a través de la guerra, mucho menos que entre la opción de la Paz o de la Guerra haya preferido nunca la de la guerra, ni siquiera en 2002, cuando el entonces –y desde entonces- candidato Uribe prometía diálogo y conversaciones de paz con todos los actores del conflicto. Claro que aquellas promesas –hoy tristemente lo comprobamos- eran tácticas al servicio de una estrategia de guerra no de una estrategia de paz. De aquella confusión nació el proceso de sometimiento –no de paz- al que el Gobierno condenó a las autodefensas tras capitalizar su apoyo en las urnas y verificar que se hallaban desarmados confiados en la palabra del Presidente.

La guerra solo es la opción que han escogido el actual Gobierno y las FARC, porque ni el Estado en su conjunto ni la ciudadanía están de acuerdo con el militarismo que ambos extremos enfrentados –tal para cual- pregonan como solución a los problemas nacionales y sociales. Los integrantes del Poder Judicial siguen dando muestras más que evidentes que no se sienten a gusto con las tesis que esgrime el Gobierno y que lo han llevado privilegiar las vías de capitalizar como rédito político propio la prolongación del conflicto armado por encima de generar un clima de reconciliación. En cuanto al Congreso las bancadas opositoras, tanto el Liberalismo y la Izquierda revelan constantemente el desasosiego y la impotencia que invade a sus integrantes por no lograr instalar en la agenda nacional –ni tanto menos del Gobierno- la cuestión de la solución política negociada que ponga fin a la tragedia humanitaria persistente y para la cual la “seguridad democrática” se ha revelado insuficiente y crecientemente desbordada, cuando no una talanquera insuperable, un inamovible más que se interpone entre Colombia y la Paz.

Cuando la Corte Suprema de Justicia asume posiciones tan decorosas y valientes como la de manifestar sus reservas e inconformismo con las decisiones del Ejecutivo en materias como la extradición de líderes de las autodefensas –sometidos a Justicia y Paz- y más en general en todos aquellos casos en que se imposibilita con la extradición de actores del conflicto armado el debido conocimiento y juzgamiento de aquellos comportamientos delictivos, políticos o no, que han incidido tan notablemente en los padecimientos humanitarios que han victimizado a la sociedad colombiana en los últimos años, puede estar segura la Corte que interpreta a las grandes mayorías nacionales –uribistas o no- y alienta con ello la animadversión y el resentimiento de aquellas minorías nacionales –uribistas o no- que le temen y escapan a la verdad, y sobre todo a las consecuencias que el conocimiento de esa verdad tendrá sobre las políticas de Gobierno y de Estado que está exigiendo la sociedad se modifiquen sustancialmente para pasar de los tiempos de la guerra a los tiempos de la paz.

Pero la Corte Suprema va más allá y ha planteado en estos días la necesidad de establecer una Comisión de la Verdad donde con representación social y de los estamentos del Estado se habilite un escenario relevante, socialmente reconocido y legalmente instituido, que facilite las condiciones para que la verdad que subyace al fenómeno paramilitar se manifieste y esclarezca con el aporte de los ciudadanos y sus organizaciones, donde también la Justicia, el Gobierno y el Congreso digan lo suyo para afrontar lo sucedido durante décadas de conflicto armado comenzando por poner todos los elementos sobre la mesa de la discusión, procurando que la verdad prevalezca y se difunda. El ánimo del NUNCA MÁS debe primar sobre la política de los “chivos emisarios”, y el “tapen, tapen” que siguen alentando los “rabos de paja” que pretenden pasar de agache y que Colombia se hunda de hecatombe en hecatombe pero ellos acumulen fortunas, curules, ministerios y sobre todo prestigio y poder.

Más se tardó la Corte Suprema de Justicia en invocar la conveniencia nacional de la Comisión de la Verdad que lo que se demoraron las voces de aquellos que, casualmente gobiernistas, antes argumentaban que el país no resistiría la verdad, y hoy pregonan que las comisiones de la verdad solo tendrían cabida una vez finalizado el conflicto armado. Se equivocan de cabo a rabo, y no creo que se trate de una equivocación casual. Por el contrario, se trata de argumentaciones funcionales a la tesis de este Gobierno cuando insiste en que la victoria en la guerra es el camino hacia la paz. Y entonces alientan la verdad judicial de las autodefensas pero no la verdad verdadera del Gobierno, ni del Estado, ni del Establecimiento, ni de la sociedad, ni de las embajadas de los poderosos países involucrados directamente en la guerra fría, que alentaron doctrinas antiimperialistas y revolucionarias por un lado, o de seguridad nacional y guerra internacional contra el comunismo, por el otro. Triste y peligroso que este Gobierno pretenda arrastrar a sus funcionarios, civiles y militares, a una guerra interminable, sobre la cual –supuestamente según sus cálculos de guerra indefinida- nunca tendrán que asumir ni declarar verdades porque conciben la verdad como un punto de llegada al cabo de la guerra no como el punto de inicio de un camino de paz. Lo que en plata blanca significa creerse que la mentira gubernamental de hoy y de ayer quedará eternamente impune y pretender que la ciudadanía se trague entera la “verdad oficial” por los siglos de los siglos.

Me permito pronosticar que la posición de la Corte Suprema sobre la necesidad de una Comisión de la Verdad que separe la paja del trigo comenzando por la determinación de la verdad acerca del fenómeno paramilitar y sus ramificaciones privadas y estatales tomará cuerpo y terminará siendo asumida por las grandes mayorías nacionales, porque precisamente de la legitimación del Estado y no del monopolio de las armas nace la paz que ha de construirse entre todos nunca como imposición de unos sobre otros. Habrá entonces un espacio abierto para el perdón y la reparación, la justicia transicional y la reconciliación. Porque si algo han acumulado en su experiencia las Comisiones de la Verdad es que las amnistías y los indultos nunca más estarán al inicio de los procesos de paz, en cambio aparecerán como su consecuencia aceptada y conclusión exitosa y fraternal al cabo de la marcha de la guerra a la paz que a todos nos involucra y donde nadie puede permanecer ajeno.

El Gobierno está llamado a recapacitar sobre estos temas si no quiere acabar repudiado por sus actuaciones militaristas y manipulaciones de la verdad que, dándole las espaldas a los procesos de construcción de una solución política negociada acaben entronizando un nuevo paramilitarismo paraestatal como fruto amargo y doloroso de su empecinamiento en ganar guerras imposibles de ganar aun al costo de revitalizar metodologías deshumanizantes –los falsos positivos y las bandas emergentes son apenas la cuota inicial para adueñarse de ese mercado macabro que se lucra con la guerra- que los líderes históricos de las autodefensas se juramentaron en abandonar definitivamente no para que otros reciclen y capitalicen aquello en aras de congelar el estatus quo y sus mesías y redentores de cartón, sino para que se abrieran de par en par las condiciones de un proceso de paz integral con todos los actores del conflicto.

No temamos NUNCA MÁS la verdad que nos libera de la mentira que nos condena a la repetición del error, temamos en cambio vivir y padecer en la mentira que nos encadena a la guerra y nos niega el perdón y la reconciliación.

Acabemos de una vez y para siempre con el recurso de la guerra, con aquello que apena y victimiza, el legado funesto de ideologías materialistas de izquierda y derecha que se amangualan en contra de la vida.

Se mancilla el presente y se hace imposible el futuro si triunfan y gobiernan los que aplican que la sangre de Colombia es negocio que camina.


Así la veo yo.


Los 141 artículos que componen la serie publicada –iniciada en de 2005- de ASÍ LA VEO YO están a disposición del lector en

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También encontrarán allí los artículos de la serie PARADERO 2010 iniciada en diciembre de 2008.

septiembre 22, 2009

¿Regresar a los extraditados? Por Joaquín Pérez, abogado de Salvatore Mancuso y de 'Jorge 40'




Revista Cambio, Colombia


La reciente decisión de la Corte Suprema colombiana que niega la extradición de Luis Edgar Medina Flores, Comandante Chaparro, me recordó una experiencia que tuve hace años en un tribunal de un área conservadora de Estados Unidos. Estaba en un juicio sobre narcotráfico en Carolina del Sur, y le pedí a un Juez que excluyera evidencia que había sido obtenida ilegalmente por parte de la Policía en el carro que mi cliente manejaba. El Comandante Chaparro, mi defendido, no era un ángel y no podía justificar los 40 kilos de cocaína pura que llevaba en el baúl de su carro cuando la policía lo paró.

Fue entonces cuando le mencioné a los presentes en la Corte algo que los sorprendió. La ley no protege a los narcotraficantes sino a todos los ciudadanos, incluidos el Juez, el Fiscal, y los miembros de la comunidad. Está diseñada para evitar que ciudadanos inocentes sean detenidos injustamente por las autoridades.

La decisión de la Corte Suprema de Justicia de Colombia en forma valiente tiene en cuenta diferentes intereses de la sociedad que justifican negar la extradición. La Corte reconoció que la extradición de alguien que tenga información sobre el conflicto colombiano vulnera el espíritu de la Ley de Justicia y Paz, ignora los derechos de las víctimas, y traumatiza el funcionamiento de la administración de la justicia y, finalmente, que la gravedad de los delitos cometidos en el exterior es menor respecto a los delitos que se le imputan en Colombia. "Atentaría contra derechos fundamentales de terceros que al ponderarlos con el interés particular del país solicitante se tornan intangibles, caso en el cual puede emitir concepto condicionando la extradición, y en supuestos extremos, negándola", la Corte declaró el mes pasado en una decisión sin precedentes.

Durante el transcurso de los últimos 14 meses he representado a dos de las personas que mejor conocen el conflicto en Colombia: Salvatore Mancuso y Rodrigo Tovar Pupo. Los dos tienen perspectivas diferentes sobre el proceso de Justicia y Paz. Mancuso, uno de los gestores del proceso de desmovilización, ha tratado por todos sus medios mantenerse activo en la promoción de un proceso en el cual ha puesto todas sus energías. Por el otro lado, Rodrigo Tovar Pupo ha cuestionado el proceso, e inclusive sugirió en su tiempo que el Gobierno iba a traicionar los principios del mismo.

Independientemente de las posiciones de esos ex comandantes, Mancuso y Tovar nunca han sentido que la ley 975 -la que establece el proceso de Justicia y Paz-, haya sido hecha para beneficiarlos a ellos. De hecho, la ley fue diseñada -como indica la Corte-, "para encontrar una adecuada relación, un equilibrio entre Justicia y Paz que nos permita satisfacer los intereses de la primera, al tiempo que se avanza de manera audaz y efectiva en la superación de los problemas de violencia que tanto sufrimiento le han causado al país."

Así como en Estados Unidos la Constitución protege los intereses de libertad y privacidad de los ciudadanos, -incluso a los delincuentes-, la ley de Justicia y Paz esta diseñada para el bien común, y no para unos pocos. La pregunta que se hace la Corte es hasta qué punto este proceso puede sobrevivir si se extraditan las personas que tienen más datos sobre el conflicto, que pueden identificar los actores legales e ilegales del mismo, y que pueden facilitar la reparación a las victimas. Pensar que a casi 3000 kilómetros de distancia su participación en Justicia y Paz puede seguir no es razonable por razones logísticas y prácticas, y porque la distancia geográfica hace más difícil el traslado de información.

Ahora se debería analizar más bien la posibilidad de traer de regreso a Colombia los detenidos que han estado en cárceles de Estados Unidos sin acceso a la información que necesitan para reconstruir el pasado, y que han permanecido aislados de sus familias y de sus fuentes. Se podría buscar una fórmula realista para que los participantes paguen una pena conjunta en ambos países. En una reunión reciente entre miembros de la Corte Suprema y el Presidente de la República se sugirió el nombramiento de un Magistrado con status diplomático para facilitar el flujo de información dentro del proceso, pero esa idea entorpecería el proceso. Yo estuve presente cuando el Senador Rodrigo Lara y la Senadora Piedad Córdoba intentaron entrar a la cárcel de Washington y fueron rechazados sin ninguna justificación, y no me gustaría que un Magistrado de la Corte Suprema de Justicia fuera tratado de una forma indigna de su posición.

En estos momentos mis clientes se encuentran aislados en cárceles remotas, aproximadamente a tres horas de Washington DC. Los sacaron de las cárceles de la Capital con el argumento de que eran terroristas, cuando en realidad habían sido prisioneros modelos durante su reclusión. Como indicó la Corte Suprema, no resulta admisible que un proceso de paz como el promovido por el gobierno nacional, dirigido a la desmovilización de los paramilitares, quede en manos de gobiernos extranjeros y de su voluntad de permitir la reconstrucción de una verdad que reclama la sociedad colombiana.

septiembre 21, 2009

"Voto por la Paz" contrapropuesta a la Seguridad Democrática"





www.elheraldo.com.co


La senadora Piedad Córdoba está apuntando todas sus fuerzas a dos propósitos: sacar adelante su propuesta del Voto por la Paz, que de ser efectiva se consolidaría como el mayor golpe a la Seguridad Democrática dado desde la ciudadanía misma, y quedarse una vez más con la dirección nacional del Partido Liberal, lo que significaría otro duro golpe, pero esta vez, a la estructura actual del liberalismo, que según Córdoba, necesita un urgente redireccionamiento. EL HERALDO conversó con la controversial Congresista sobre estos dos temas.

p ¿En qué consiste la propuesta del Voto por la Paz?

r La idea surge por la indiferencia de gran parte de la sociedad al tema del intercambio humanitario, el conflicto interno y los obstáculos del Gobierno a la liberación de los secuestrados. Pero sobretodo, por la degradación de esta guerra, y la impotencia de mucha gente de construir propuestas contrarias a esta. La idea es sencilla: preguntarle a los ciudadanos en las elecciones de marzo de 2010 si prefieren una salida armada al conflicto interno, o si prefieren una salida política, un acuerdo humanitario.

p ¿Eso tendría alguna consecuencia vinculante, jurídicamente hablando?

r Jurídicamente no, pero política, ética y moralmente sí. Eso debería obligar al gobernante a que se tiene que convocar a un proceso de paz, a una asamblea constituyente, o al mecanismo que sea necesario, pero que incluya no sólo a la guerrilla, sino también al paramilitarismo. Estoy segura que es mucha más la gente que desea una salida humanitaria, que una guerrerista, y la única manera de ponerle límites es apelar al pueblo.

p ¿Cuántos votos esperan lograr con esto?

r Podríamos llegar a los 20 millones de votos.

p Eso tendría una repercusión política enorme. ¿Es la contrapropuesta a la Seguridad Democrática?

r Por supuesto que sí. De triunfar el Voto por la Paz, la lectura es clara: no es la guerra la que solucionará el conflicto. La Seguridad Democrática pudo haber efectuado golpes - que en la mayoría son de opinión, meramente mediáticos-, pero esos golpes no garantizan que se termine la guerra.

p Entonces, su balance de la Seguridad Democrática es negativo...

r En gran medida sí. La Seguridad Democrática es represiva, falló, no ataca las causas reales del conflicto. Esa política es como cuando uno pone en una casa trampas para cazar ratones, pero no acaba con la mortecina y la suciedad que produce los ratones. Además, ha funcionado únicamente para un 10% privilegiado de la sociedad. Lo que está ocurriendo en las ciudades es horrible. En Montería, en Barranquilla, la violencia urbana se ha incrementado; lo de Medellín es espantoso con 200 muertes a la semana. Lo cierto es que el conflicto se está radicalizando en los centros urbanos.

p ¿En este momento le ve futuro al Acuerdo Humanitario?

r Es necesario buscar la forma de destrabarlo. Yo no puedooponerme a las disposiciones del Gobierno de que sea la Iglesia la única mediadora, si eso significa lograr la liberación de los secuestrados, yo me hago a un lado sin ningún problema.

p ¿Por qué tendría el presidente Uribe que responder ante la Corte Penal Internacional (CPI)?

r Lo que yo he dicho es que si la guerra sigue, las Farc podrían ser juzgadas por la CPI lo que sería fatal para un proceso de paz. Pero, el Presidente también podría llegar allá porque está haciendo uso arbitrario de sus razones. Él ha sometido a humillaciones a los familiares de los secuestrados, porque él es quien tiene la llave para que los liberen, y al no girar la llave, está violando el Derecho Internacional Humanitario.

p Un nuevo mandato del Presidente sería nefasto para cualquier salida humanitaria?

r Desde la perspectiva del Presidente sí.

p Pasando a otro tema. ¿Por qué quiere llegar nuevamente a la dirección del Partido Liberal?

r El Partido Liberal necesita una nueva estructura. Si el Partido quiere recuperar espacio debe volver a las comunidades, a atender sus necesidades más básicas. Debe tener una postura clara en contra de las bases militares estadounidenses, por ejemplo, no está bien que hoy diga una cosa y mañana apoye los desatinos del Gobierno.

p ¿La dirección del Partido Liberal ha sido incoherente?

r Creo que sí. La decisión de apoyar las bases tenía que haber sido discutida en el Partido. Por ejemplo, si los corteros de caña están en paro, el partido ha debido apoyarlos. El Partido necesita una postura clara y coherente con la paz, algo que no tiene actualmente.

LA PROPUESTA ES VIABLE

El Registrador Nacional, Carlos Ariel Sánchez consideró viable la propuesta del voto por la paz, sobretodo dado el antecedente de 1997 cuando Francisco Santos impulsó la realización del mandato por la paz, que en su momento obtuvo 10 millones de votos ciudadanos. Para el Registrador, si bien no hay una acción vinculante, el significado de esta propuesta está en lo político, donde efectivamente el voto por la paz podría convertirse en la contrapropuesta a la Seguridad Democrática, que se ha convertido en un política de Estado.

septiembre 17, 2009

16. ¿Quién le pone el cascabel al gato?



PARADERO 2010

Juan Manuel Santos, primus inter pares, tiene la palabra

Por Rubiño
juanrubbini@hotmail.com
www.lapazencolombia.blogspot.com




“Desde hacía mucho tiempo, los ratones que vivían en la cocina del granjero no tenían qué comer. Cada vez que asomaban la cabeza fuera de la cueva, el enorme gato gris se abalanzaba sobre ellos. Por fin, se sintieron demasiado asustados para aventurarse a salir, ni aun en busca de alimento, y su situación se hizo lamentable. Estaban flaquísimos y con la piel colgándoles sobre las costillas. El hambre iba a acabar con ellos. Había que hacer algo. Y convocaron una conferencia para decidir qué harían.

“Se pronunciaron muchos discursos, pero la mayoría de ellos sólo fueron lamentos y acusaciones contra el gato, en vez de ofrecer soluciones al problema. Por fin, uno de les ratones más jóvenes propuso un brillante plan.

“—Colguemos un cascabel al cuello del gato -sugirió, meneando con excitación la cola—. Su sonido delatará su presencia y nos dará tiempo de ponernos a cubierto.

“Los demás ratones vitorearon a su compañero, porque se trataba, a todas luces, de una idea excelente. Se sometió a votación y se decidió, por unanimidad, que eso sería lo que se haría. Pero cuando se hubo extinguido el estrépito de los aplausos, habló ei más viejo de los ratones. . , y por ser más viejo que todos los demás, sus opiniones se escuchaban siempre con respeto.

“—El plan es excelente —dijo —. Y me enorgullece pensar que se le ha ocurrido a este joven amigo que está aquí presente.

“Al oírlo, el ratón joven frunció la nariz y se rascó la oreja, con aire confuso.

“—Pero... —continuó el ratón viejo—, ¿quién será el encargado de ponerle el cascabel al gato?

“Al oír esto, los ratoncitos se quedaron repentinamente callados, muy callados, porque no podían contestar a aquella pregunta. Y corrieron de nuevo a sus cuevas, hambrientos y tristes.

(Fábula atribuida a Esopo, S. VII aC)



No son pocos quienes atribuyen la persistencia de la voluntad reeleccionista de Uribe a un fuerte temor que el Presidente estaría albergando sobre su seguridad jurídica en el caso de no ser reelegido. No sería entonces la seguridad democrática la que se quiere preservar sino la mismísima libertad del Presidente.

Me inclino a pensar que la famosa ‘encrucijada en el alma’ que afronta Uribe tiene más que ver con el amor propio lastimado que con el miedo a los tribunales. Uribe sabe, mejor que nadie, que el conflicto armado y el narcotráfico se le han salido de las manos, las relaciones con sus vecinos también y sobre Obama sigue sin entender su juego y menos sus intenciones. No acierta el Gobierno a definir el camino que le permita consolidar en términos de paz y seguridad, los éxitos militares sobre las FARC, así como avanzar en el desmonte del paramilitarismo y el narcotráfico más allá de los logros que le sirvieron en bandeja los líderes de las autodefensas hasta cuando fueron abruptamente apartados de la Mesa de negociaciones, encarcelados y extraditados. No se nos olvide que las autodefensas desmovilizadas hacía años que se habían independizado política y económicamente de las directivas del paramilitarismo de Estado, el cual como la culebra de la subversión sigue vivo, debilitado por la desmovilización de sus antiguos ‘primos’, pero supérstite y envalentonado, porque ni Uribe ha podido con él. Y esto sí que es preocupante para la salud de la democracia y también para la credibilidad del Gobierno.

La encrucijada del alma del Presidente yo la veo más relacionada con el no querer atender el reclamo nacional e internacional por la solución política y los acuerdos de paz que pongan fin al conflicto armado que con la reelección. Lo que se deriva de la terquedad en querer acabar el conflicto por la vía militar y represiva que con toda seguridad lo terminará enredando en la CPI, no tanto por lo hecho hasta aquí que se puede resolver en el marco de un proceso de paz que ponga fin al conflicto por las buenas, sino por lo que falta recorrer si se empeña en seguir por donde va, es decir por las malas. La guerra política, irregular y terrorista, que plantean las guerrillas y las sediciones que alientan los paramilitares independizados de sus lazos con el Estado es irresoluble dentro de los límites del DIH y solo se puede neutralizar con acuerdos de paz, jamás militarmente. Peor todavía si como los ‘falsos positivos’, las ‘ejecuciones extrajudiciales’ y las ‘chuzadas’ señalan el paramilitarismo de Estado sigue siendo moneda corriente y la asignatura de su desmonte sigue pendiente al no tener continuidad lo propuesto por las autodefensas en Ralito que hubiese legitimado el Estado en estas materias y que fue el propósito central de sentarse en la Mesa, no solo para acabar con las autodefensas sediciosas sino con todo paramilitarismo, estatal y privado.

Si Uribe no quiere reanudar el diálogo suspendido con las desmovilizadas autodefensas es porque no quiere admitir que se equivocó con ellos, al no creer en ellos, en su voluntad y determinación de abandonar toda ilegalidad tras la firma de los acuerdos. Un Gobierno que no quiere dialogar porque no quiere dar el brazo a torcer y hacer aquello que pueda recrear la confianza deteriorada y malherida por los incumplimientos, y que el País entendería es un Gobierno cuya reelección es un grave problema no solo para el País sino también para sus propios integrantes sobre cuyo comportamiento la Comunidad internacional no puede ni debe ser indiferente.

Así las cosas los temores que pudiera albergar el Presidente acerca de su futuro son realistas y terminarán convirtiéndose en profecías autocumplidas, a menos que esté dispuesto a dar el gran viraje que lo lleve a abandonar las guerras en desarrollo y abrazar la causa de la paz, universalmente aceptada y facilitada por la coyuntura de las desmovilizadas y expectantes autodefensas y la mano tendida por Chávez y Correa –también Lula- y la Iglesia siempre dispuesta a pacificar los ánimos y ponerle fin a los resentimientos heredados y las retaliaciones interminables.

Como finalmente la construcción de paz es un producto de la política alguien de peso tendrá que tomar suficiente aliento en el rebaño uribista y ponerle el cascabel al gato. Y ponerle el cascabel al gato en este caso, es poner a Uribe en su lugar. Es decirle con respeto pero resueltamente y en la cara que no tiene derecho a jugar con su prestigio ni poner en grave riesgo la salud del país insistiendo en forzar una segunda reelección inmediata.

La oposición de Uribe reclama pero no alcanza. Son los que aspiran a suceder a Uribe dentro de su coalición de Gobierno –precisamente porque le hablan al oído y el Presidente los escucha- quienes tienen la responsabilidad mayor –con el País y con el Presidente- de tomar el toro por los cuernos y ‘ponerle el ‘cascabel democrático al gato reeleccionista’ que encarnó en Uribe.

Si Vargas y Noemí, por diferentes caminos, han tomado distancia de Uribe, no se sabe que sea por cuestiones de la guerra y de la paz, aunque no es de descartar tratándose de políticos avezados que saben a los riesgos que se exponen si siguen la senda de Uribe.

Uno se ve tentado a preguntarse ¿por qué Juan Manuel Santos –el primus inter pares- no lo hace? ¿Por qué no le plantea al País y a Uribe, que el camino re-releecionista de Uribe lo lleva al peor de los mundos, al mundo de la total degradación del conflicto, la narcoestatización de la economía, la paramilitarización rampante, la guerra con los vecinos y el repudio del mundo democrático? ¿Y toda esta calamidad nacional, esta auténtica hecatombe anunciada solo por no dar el brazo a torcer?,

¿Sólo por no darle razón a Piedad Córdoba ni siquiera cuando acierta?, ¿Por no darle satisfacción y reconocimiento de luchadores políticos a ‘Cano’ y ‘Gabino’ y sentarse a negociar el final del conflicto? ¿Y todo esto por no firmar acuerdos de paz y reconciliación con los Mancuso, Tovar y Rendón que tomaron distancia de todo paramilitarismo? ¿Y todo esto por no integrarse al espíritu soberano, democráticamente renovador y socialmente justo que recorre América desde Alaska a Tierra del Fuego?

La oposición se queja y Uribe hace como que no escucha. UNASUR se irrita y Uribe redobla su apuesta. Obama calla y Uribe está convencido que lo interpreta. Chávez vocifera y Uribe capitaliza esos gritos en las encuestas. Noemí se escandaliza por el mercado persa que acompaña la segunda reelección y Uribe inmutable.

Si Juan Manuel Santos no enciende las alarmas y prende los motores de su propia campaña su liderazgo palidecerá y el de Uribe avanzará unos cuantos metros más hacia el despeñadero. El Apocalipsis now estará a la vuelta de la esquina y todos lamentaremos no haber sabido disuadir a tiempo al adicto-presidente-candidato.

Puede que entonces, ciertamente, si los juanmanueles y noemís fracasan en su intento, la estrella del Partido Liberal señale el rumbo ancho y profundo del arco iris y colorín colorado, con el cascabel y con el gato, esta columna se ha acabado.


No sin antes evocar de José Hernández, en el Martín Fierro, aquello de que:


Hay hombres que de su cencia
tienen la cabeza llena,

hay sabios de todas menas,

más digo sin ser muy ducho

es mejor que aprender mucho

el aprender cosas buenas.


Es la memoria un gran don

cualidad muy meritoria

y aquellos que en esta historia

sospechen que les doy palo

sepan que olvidar lo malo

también es tener memoria.


Mas naides se crea ofendido

pues a ninguno incomodo

y si opino de este modo,

por encontrarlo oportuno,

no es para mal de ninguno

sino para bien de todos.




Así la veo yo.



Los 16 artículos que componen la serie publicada –iniciada en diciembre de 2008- de PARADERO están a disposición del lector en www.lapazencolombia.blogspot.com
También encontrarán allí los artículos que integran la serie ASÍ LA VEO YO iniciada en MARZO de 2005 y dedicada al proceso de paz con las autodefensas.

septiembre 07, 2009

140. Abstenerse de votar el referendo es el camino más corto hacia la Paz

El ‘re-reeleccionismo’ es tan solo ‘primera minoría’ y Uribe debiera intuirlo

Por Juan Rubbini
juanrubbini@hotmail.com
www.lapazencolombia.blogspot.com



“¿Quién te enseñó tolerancia? A veces tus hijos te enseñan paciencia, pero la tolerancia te la enseñará tu enemigo. Así que tu enemigo es realmente tu profesor. Si sientes respeto por tu enemigo en lugar de ira, desarrollarás compasión. Este tipo de compasión es la compasión de la verdad, que se fundamenta en creencias sólidas.”

(Discurso Dalai Lama, 1980)



Hay voces crecientes que ‘sottovoce’ admiten que, tras el fatigoso trámite en el Congreso y tras el ‘affaire Villamizar’, y a la hora de hacer el balance de cómo ha quedado la diplomacia tras la dura y desgastante batalla de Bariloche por las bases en UNASUR y las exiguas marchas antiChávez en el país, los re-reeleccionistas han dejado de ser mayoría en Colombia y constituyen apenas la primera minoría oficialista y continuista, con lo cual hablar de voluntad de las mayorías nacionales apoyando al referendo podría haber ya pasado a estas horas a la categoría de historia patria. Amanecerá y veremos. Pero que algo está cambiando en materia re-reeleccionista, necio sería no admitirlo.

Uribe se equivoca al evitar posibles diálogos de paz con dirigentes de las FARC y desmovilizados de las Autodefensas en lo que resta de su mandato. Haber clausurado los caminos de negociación con los alzados en armas y líderes extraditados y presos en el país tendrá un costo decisivo para ambiciones reeleccionistas que perciben sectores de opinión como un capricho personal que no se condice con las auténticas urgencias sociales. Uribe ha logrado eludir que sus logros en materia de paz y reconciliación han sido inexistentes así como insuficiente el golpe a las guerrillas y escaso el sometimiento de las bandas emergentes y rearmados de las autodefensas. La inseguridad avanza, la seguridad retrocede. La realidad puede más que la retórica y la propaganda.

El triunfalismo del Gobierno tras la aprobación del referendo re-reeleccionista en el Congreso sobreestima sus posibilidades en las urnas y no toma nota que el ánimo colectivo está mutando hacia la no participación en el eventual referendo. ¿Habrá resultado entonces una victoria a lo Pirro la lograda en la Cámara?

La extradición de los líderes de las extintas AUC así como la abrupta y unilateral suspensión por tiempo indeterminado de las conversaciones con los líderes de las autodefensas desmovilizadas obedece a la misma lógica de guerra que ha echado al olvido cualquier iniciativa gubernamental de diálogos de paz con las FARC y el ELN. Por distintas razones pero con idéntico propósito de cerrar las puertas a un proceso de paz integral se ha quitado desde la casa de Nariño a Chávez del medio con costos diplomáticos, políticos y económicos que si no favorecen la paz de Colombia el gobierno sí cree que abonan las expectativas re-reeleccionistas de Uribe. Todo esto cabe en la estrategia del uribismo pero también abre insospechadas posibilidades a que a partir de 2010 la bandera de la paz pueda ser alzada no solo por los hoy excluidos de la mesa de la paz sino también por amplias franjas de opinión que terminen no votando en el referendo ni por candidatos uribistas al apelar al voto castigo contra un gobierno que no ha hecho lo suficiente, ni nada que se le parezca, por afianzar la construcción de la solución política negociada del conflicto armado.

Uribe está tentado de repetir la fórmula que le dio resultado en 2002 y 2006, y esto que puede valorarse positivamente como signo de coherencia y perseverancia, también puede ser visto negativamente como ausencia de capacidad para comprender que la única realidad que se sostiene es la realidad del cambio, y nada, ni el favoritismo por Uribe es inmutable ni puede serlo, y menos en democracia y libertad. Lo fatal para las ambiciones de Uribe es que los humores colectivos de la opinión colombiana comiencen a modificarse sino decididamente en contra suya, moviéndose hacia escenarios de una cierta indiferencia activa que lo vaya dejando solo con sus incondicionales pero alejado irremisiblemente de quienes lo apoyaron durante siete años admiradores de su talante pero sin haber perdido la capacidad de crítica y de observación. Este voto castigo de quienes estén comenzando a saturarse del más de lo mismo puede estar gestando una contra ola antirreeleccionista que las encuestas aún no detectan sino incipientemente todavía. Hay síntomas de lo que estoy diciendo. Son solamente síntomas, pero son síntomas de que algo decisivo está cambiando y si Uribe no toma debida nota y actúa en consecuencia, la ola de triunfalismo sobre la que hoy surfea, mañana podría derribarlo de su pedestal vapuleado por vientos de paz y renovación, vientos de consenso y diálogo, tras los siete años de las ‘vacas gordas del uribismo’. Podría constituir un error irreparable que los asesores de Uribe pensaran que por miedo a Chávez y las FARC el referendo y la tercera presidencia ya triunfaron.

Hay signos de hastío en los sectores que han comenzado a desencantarse con el oficialismo conservador, a entusiasmarse con Fajardo, a revalorizar las figuras de Noemí y de Rafael Pardo, y a mirar esperanzados hacia el Partido Liberal como aquel adalid de las causas sociales y populares que comienza a despertar tras la pesadilla del 8.000, a tomar aliento y generando ‘frentes de opinión’ cuyos círculos concéntricos sobre las aguas políticas ha comenzado a acercar a figuras hasta ayer escépticas de su influjo como Vargas y Lucho. Podría estar gestándose muy silenciosamente desde la misma base del ánimo popular una poderosa alianza multipartidaria y multitudinaria entre centristas, independientes, centro derecha civilista, centro izquierda e incluso del Polo, uribistas no reeleccionistas que terminen coincidiendo, de hecho, en las urnas. Primero y ante todo, absteniéndose de votar el referendo, segundo, convirtiendo la primera vuelta en una gigantesca interna abierta no re-reeleccionista, y tercero escogiendo en la segunda vuelta un candidato de consenso que acabe con el reinado de Uribe. El mensaje es claro y contundente: ya que Uribe ignora los límites de la democracia, que seamos los ciudadanos quienes ignoremos a Uribe en las urnas.

No lo veo ni tan improbable, ni tan utópico. Para abonar este camino bien harían los alzados en armas y los desmovilizados de todas las organizaciones en aportar lo suyo en materia de racionalidad democrática, no provocación, no acciones ni palabras violentas. Se trata de darle a la sociedad colombiana una tregua de silenciamiento de las armas, desarme del lenguaje, de invitación al diálogo, de propuestas generosas y reconciliadoras, que tras siete años de esperanzas fallidas y de victimización de los colombianos y colombianas, nos reúna con el sentimiento generalizado en la Comunidad internacional de abrirle puertas a la Paz de Colombia y concretar la Unión del Continente en el camino del Bicentenario de la Independencia sudamericana.

No se trata de regresar al pasado que no puede volver: ni a los tiempos generosos de Belisario Betancur, ni a los esfuerzos pacíficos de Virgilio Barco, ni tampoco a la superada etapa de Andrés Pastrana, ni a los compromisos incumplidos de Ralito, pero sí de reconocer que por aquellos caminos habrá que regresar con el ánimo de acumular los antecedentes y sacrificios que jalonan la larga marcha de un pueblo hacia la paz, donde los fracasos de ayer no deben ser impedimentos para las iniciativas de hoy, y donde los desencuentros de ayer no pueden cerrar los caminos hacia los encuentros de mañana.

Encuentros que comienzan a sembrarse hoy, reuniendo argumentos y convicciones para no votar el referendo que quiere impulsar la primera minoría, votando sí al Congreso y en la primera vuelta por los candidatos que propicien la paz y la reconciliación, y plebiscitando como cierre de esta epopeya ciudadana, pacífica y libertaria a quien ha de ser electo como primer presidente de la era post-Uribe que aspiramos inaugure los tiempos de la Unidad Nacional y el Gran Acuerdo Democrático por la Paz y Reconciliación.


Así la veo yo.

Los 140 artículos que componen la serie publicada –iniciada en de 2005- de ASÍ LA VEO YO están a disposición del lector en

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También encontrarán allí los artículos de la serie PARADERO 2010 iniciada en diciembre de 2008.