octubre 26, 2009

143. FARC y Autodefensas: ¡no den papaya!

Urgen nuevas mayorías que construyan la solución política y negociada

Por Juan Rubbini
juanrubbini@hotmail.com
www.lapazencolombia.blogspot.com


“Pero cuando el nudo social comienza a aflojarse y el Estado a debilitarse, cuando los intereses particulares comienzan a hacerse oír y a influir las pequeñas sociedades sobre la grande, se altera el interés común y comienza a encontrar adversarios; la unanimidad deja de reinar en las voces; la voluntad general deja de ser la voluntad de todos… ¿Se sigue de ello que la voluntad general sea aniquilada o corrompida? No; ella siempre es constante, inalterable y pura; pero es subordinada a otras que ganan ventaja sobre ella. Cada uno, al divorciar su interés del interés común, percibe bien que no puede proceder a escindirlo; pero su parte de mal público no le parece nada comparada con el bien exclusivo que pretende apropiarse” (Rousseau, Contrato Social)




El Gobierno intenta con su influencia en la cadena de medios posicionar la idea que las FARC y Chávez constituyen hoy la gran amenaza nacional. Sus triunfos electorales han sido sobre la premisa de derrotar a las FARC y siente el cosquilleo perturbador de razonar algo así como que “si las FARC no existieran habría que reinventarlas”. No se trata de anclarse en tales extremos de simplificación pero, tampoco, se puede minimizar la estrategia del gobierno de alojar en la mente de los ciudadanos la semilla del odio mortal a las guerrillas y sus amigos, así como a las autodefensas y los narcotraficantes. Esto ha producido réditos al gobierno en los años recientes pero ¿repetir la receta seguirá beneficiándolo? El gobierno ha logrado afianzar la idea de que vamos en el camino correcto y que hace falta más tiempo -¿cuatro, ocho, doce años? Privilegia una agenda mediática que predica a diario que la “culebra está viva y merece morir”. Solo recorriendo el camino andado –sin piedad ni contemplaciones- se la podrá aplastar definitivamente.

Curioso que el gobierno pudiera estar razonando que el electorado compró in aeternum la idea de que no hay otro camino que el recorrido hasta aquí para superar el narcotráfico y sus secuelas más o menos directas: las guerrillas, las autodefensas y el paramilitarismo. Curioso, porque no es ético ni cristiano, que sembrando odio se coseche amor, y tampoco que la legitimidad del Estado se obtenga de la guerra fratricida que se alienta en los discursos oficiales y se reproduce en la cadena de medios, hoy tan inclinada hacia el conflicto armado –del lado del Estado- como en tiempos de Pastrana estaba del lado de la idílica paz perpetua.

La opinión podría estar comenzando a impulsar el péndulo del discurso maniqueo hacia la orilla del diálogo, la solución política y la reconciliación. Finalmente son hijos de ciudadanos quienes mueren a raíz de la ausencia de paz, y también quienes delinquen en cualquiera de las ofertas del macabro y variado menú del conflicto armado. Unos consumen droga, otros la producen, hay quienes la comercializan, hay quien se arma de guerrillero y no falta tampoco para completar el cuadro quien juega en alguno de los equipos paramilitares. Todos ellos matan y mueren, por causas subjetivas y objetivas, razonables o no, políticas o no, encadenados por una tragedia que no iniciaron ni saben ni cómo ni por qué el Gobierno colombiano, el Estado colombiano, el Establecimiento colombiano -¿y los Estados Unidos?- no resuelven de una vez y para siempre, en vez de darle largas al asunto como si una inconfesable razón los atara –a ellos, a los poderosos de esta tierra- a la continuación de la guerra. Es aquí, en este otro extremo del hilo del razonamiento donde la opinión podría estar cambiando de bando. No me refiero a que del “culto por Uribe” se esté pasando a la simpatía por los que enfrentan o reemplazan, y finalmente desnudan y ridiculizan al Estado. Sino que la marea humana –carne de cañón y victimizada por unos y por otros- se esté comenzando a cuestionar: ¿no será que hemos perdido el camino correcto cuando celebramos con alivio el rompimiento del Caguán? ¿Será que lo volvimos a perder –el camino correcto- cuando celebramos que a los Mancuso y Cuarenta los encarcelaran y extraditaran, y que a los Castaño los asesinaran? ¿Será que acabar con los procesos de paz y estigmatizar a sus actores en vez de representar la dignidad nacional ha evidenciado la quintaesencia del cinismo de los verdaderos señores de la guerra, aquellos que están juramentados en que no se conozca nunca la verdad que nos liberaría de la guerra y de los guerreristas?

¿Por qué no creerle a los extraditados cuando afirman que lo fueron para que con ellos se extraditara la verdad? ¿Por qué no creerles a las FARC cuando a través de ‘Cano’ insisten que ellos sí están interesados en construir la Paz de verdad, no la de mentiritas ni la del tapen tapen?

Soy de los que cree que prolongar la guerra es el interés de quienes se lucran del narcotráfico, pero no solo ni sobre todo de quienes coyunturalmente operan el negocio sino de quienes, estructuralmente, sienten en sus bolsillos y capitales -de todo tipo- que también se acumulan los ‘beneficios colaterales’ de que el narcotráfico siga existiendo, ilegal y reprimido, por supuesto, porque allí está el secreto a voces, que lo hace tan económicamente lucrativo. No solo de adicción a los narcóticos vive el hombre, sino también de adicción al poder, de cualquier tipo, pero poder al fin.

Hay quienes se han inventado el verbo ‘caguanizar’ para satanizar la paz y la reconciliación. No estoy con ellos. Hay quienes predican el verbo ‘extraditar’ porque saben que mientras haya puertas giratorias, los actores del conflicto seguirán entrando y saliendo, mutando, cuando no muriendo, pero el espectáculo continuará, y con él las taquillas jugosas que financian ambiciones y desmesuras.

Por esto y muchas cosas más, recomiendo hacer de la necesidad virtud. Y a quienes extraditan que digan allá la verdad, toda la verdad, que aquí el gobierno no ha querido que se conozca. A quienes esperan en el monte, marxistas o chavistas, cristianos o paracos, una nueva oportunidad de paz que la sigan construyendo, no dando papaya, a quienes esperan de sus actos terroristas para alimentar la guerra sin final. No es ético, pero tampoco es tiempo de incendiar el país para demostrar la fuerza y supervivencia de una idea de país y de sociedad. Si el curso y discurso de la guerra siguieran solo en poder de quienes se lucran política y económicamente de ello, los ciudadanos de a pie tendrían más razones para creer que la Paz es posible y el diálogo y la reconciliación también.


Así la veo yo.


Los 143 artículos que componen la serie publicada –iniciada en de 2005- de ASÍ LA VEO YO están a disposición del lector en
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También encontrarán allí los artículos de la serie PARADERO 2010 iniciada en diciembre de 2008.

octubre 16, 2009

3. Historia y Contexto. Autodefensas y paramilitares, actores del conflicto armado y de la paz

3. Gobierno de Belisario Betancur (1982-1986). La descentralización


Colombia: Autodefensas y paramilitares, actores del conflicto armado y de la paz

Idea general, comentarios, selección de textos y resúmenes a cargo de Juan Rubbini (2009)


El acopio de información objetiva y documentada -no sesgada ni parcializada- sobre los grupos paramilitares y de autodefensas se hace difícil de obtener y sistematizar puesto que suelen presentarse sus actuaciones fragmentariamente y de manera aislada e inconexa en los textos a la mano que han intentado poner claridad y hacer precisiones sobre el conflicto armado colombiano.



No existe tampoco un relato consistente que profundice en los diversos aspectos que se han conjugado a través del tiempo para definir el perfil de estas organizaciones armadas que han hecho de la ‘desorganización' un modo de camuflaje en los distintos ambientes geográficos y sociales por los cuales se han ido extendiendo en la medida que las guerrillas se multiplicaban y el Estado se encogía y diluía incapaz de enfrentar exitosamente a la subversión y brindar protección suficiente a los sectores de la sociedad agredidos por la presión guerrillera. Mientras que en el caso de las guerrillas puede seguirse el hilo conductor de su existencia, al menos en sus rasgos más públicos y evidentes, no existe en el estudio del fenómeno paramilitar antecedentes que permitan ir más allá de lo apenas elemental y obvio cuando sería de sumo interés contar con material que permita ahondar en su naturaleza, génesis y tipificación, sin caer en los lugares comunes que han proliferado en el pasado teñidos de sensacionalismo y amarillismo, lo cual poco sirve a la hora de diagnosticar sus mecanismos de reproducción y propagación.


Por esto es tan importante que los procesos de Justicia y Paz sean acompañados por la opinión en búsqueda de evitar que tanto el Estado como los grupos armados ilegales empeñados en proseguir las hostilidades diluyan sus responsabilidades en la degradación y subsistencia misma del conflicto armado utilizando y estigmatizando a quienes se han desarmado y desmovilizado en el marco de su voluntad de reconciliación como los chivos emisarios a quienes por sus confesiones voluntarias -y ante el silencio y las omisiones de verdad por parte de quienes fueron sus enemigos- se los quiere ahora convertir en parias de la sociedad y los únicos y principales responsables de la violencia y la guerra en Colombia. No se trata de reivindicar a los grupos paramilitares y de autodefensas, ni siquiera intentar justificar sus actuaciones en el marco del conflicto armado, mucho menos de caer en la apología del delito, sino de intentar comprender y explicar por qué han sucedido en Colombia las desgracias que siguen sucediendo y qué es lo que realmente corresponde aprender como de la Historia, y ella nos puede enseñar para alentar y difundir como lección que no nos condene a repetir la secuencia de las infamias y los crímenes en nombre de absolutamente ninguna pretendida causa ni bandera.


En el capítulo de hoy nos enfocaremos sobre el aspecto de la descentralización en el gobierno Betancur siendo que es uno de los factores que habiendo sido reclamado históricamente por las guerrillas marxistas vino paradójicamente a ser considerado unos cuantos años después como uno de los elementos que favoreció la economía-política de los grupos de autodefensa y su influencia creciente en la toma de decisiones de las sociedades regionales abrumadas por las guerrillas y relegadas al olvido y desamparo por parte de las políticas emanadas por el Estado central.


Cuando se menciona el inventario de las causas objetivas que favorecieron el desarrollo y propagación de los grupos de autodefensas -asentadas principalmente como el propio conflicto armado en las zonas rurales y colindantes- el asunto de la descentralización entra en juego, y participa del análisis de contexto tanto como los temas de financiación proveniente de distintos eslabones del narcotráfico, ausencia y debilidad del Estado en amplios territorios, contrarreforma agraria y lavado de activos, vínculos con el aparato militar del Estado, presión agresiva de las guerrillas, búsqueda de reconocimiento político, así como con un ramillete de otras causas donde florecen también causas subjetivas poderosas tales como temores por la inseguridad personal, ascenso y reconocimiento social, entre otros.


La complejidad de causas y razones es tan vasta e intrincada que se entiende que sobre estos temas haya tanto confusión explicable como desinformación interesada. Razones suficientes para hurgar, hurgar y hurgar en el aluvión de la Historia esperanzados en que finalmente y como nos recuerdan los Evangelios: "la verdad nos hará libres".


3. Gobierno de Belisario Betancur (1982-1986)
Por Juan Camilo Restrepo
Nueva Historia de Colombia
Editorial Planeta 1989, r. 1998

La descentralización


Con anterioridad al inicio de la administración Betancur, el país venía reclamando una mayor dosis de descentralización. Ya el presidente López Michelsen (1974-1978) había intentado, aunque fallidamente, convocar una Asamblea Constituyente que tendría como uno de sus objetivos principales revisar el régimen departamental y municipal. Posteriormente, durante la administración Turbay Ayala (1978-1982), se continuó con preocupaciones similares. Para tal efecto se convocó una misión de expertos presidida por el académico Richard Bird, cuyas conclusiones serían de mucha utilidad.


Una de las principales conclusiones del informe académico concluido durante la administración Turbay era la de otorgar elasticidad a los tributos departamentales y municipales. Las estadísticas mostraban claramente que mientras los impuestos nacionales (rentas, ventas y aduanas) eran los que crecían más armónicamente, los asignados a las entidades territoriales no se comportaban de la misma manera.


El gobierno tramitó entonces ante el Congreso un proyecto de ley que en buena parte desarrollaba las conclusiones de lo que se conoce como la misión Wiesner-Bird. El resultado de ello fue la ley 14 de 1983, que reestructuró los impuestos de industria y comercio, predial, consumo de licores y cigarrillos, timbre de vehículos, impuesto a la gasolina y las regalías del denominado chance.


La ley 14 fue, sin lugar a dudas, un paso en el camino de la descentralización fiscal de inmensa importancia. Por eso pudo decir el presidente durante la ceremonia de su sanción lo siguiente:


"Probablemente desde 1913 no aprobaba el Congreso una reforma de tan profundas consecuencias descentralizadoras, que sin necesidad de crear nuevas y sofisticadas figuras tributarias, permite superar la debilidad económica y fiscal de municipios y departamentos, cuando las estadísticas venían demostrando cómo mientras en 1930 los departamentos y municipios recibían cerca del 70 % de los recursos públicos, en 1980 sólo estaban recibiendo las transferencias nacionales, el 30 % de dichos recursos".


El otro punto culminante del itinerario descentralizador de la administración Betancur fue la ley 12 de 1986, por medio de la cual se transfirieron importantes porcentajes del producido del IVA para financiar las áreas prioritarias de la inversión municipal. Éste es el antecedente legal inmediato del proceso que el Constituyente de 1991 profundizaría con las disposiciones sobre participación de los municipios en los ingresos corrientes de la nación (artículo 357 de la Constitución).


Con la ley 12 de 1986 se presentó en su momento el mismo fenómeno que hemos presenciado posteriormente con las transferencias acrecidas que decretó el Constituyente de 1991, a saber, que no estuvieron acompañadas de una reducción paralela del tamaño del gobierno central, como era lógico esperar. Cuando se inicia un proceso descentralizador, o cuando se profundiza, ello se hace para transferir a las entidades territoriales no sólo mayores recursos sino también mayores responsabilidades de gasto, con lo cual el gobierno central debe reducirse de tamaño.



Infortunadamente en Colombia las cosas no han resultado así. Primero con la ley 12 de 1986 y después con la Constitución de 1991 se incrementaron sensiblemente los volúmenes de recursos transferidos hacia las entidades territoriales, pero el gobierno central continuó en crecimiento vertiginoso. De ahí que si la situación de las finanzas públicas muestra dificultades, no toda la responsabilidad puede hacerse recaer sobre el proceso de descentralización como a veces se hace con simplismo.


El acto legislativo Nº 1 de 1986, por el cual se dispuso la elección popular de alcaldes, y que como veremos más adelante constituye uno de los puntos culminantes de los cambios políticos introducidos en el país durante la administración Betancur, no se entendería cabalmente si no se le pone en la perspectiva de las dos leyes fiscales cruciales que se expidieron durante el cuatrienio: la ley 14 de 1983 y la ley 12 de 1986.


"La ley 14 de 1983 -afirma Mario Calderón Rivera- fue el punto de partida para definir una nueva perspectiva fiscal para departamentos y municipios. Se buscó primordialmente revivir las fuentes tradicionales de ingresos, en ocasiones mermadas hasta el agotamiento, por causas muy diversas a las cuales no fueron ajenas, desde luego, la incuria y la falta de imaginación. Sin embargo, una ampliación de la base tributaria y un esquema audaz para manejar con eficacia recursos posibles, constituyeron el primer paso para avanzar en el camino que tendría en la ley 12 de 1986 su gran culminación." Así se alimentó nuevas formas de vida política y se dio la oportunidad para renovar la fisonomía integral de la nación. "Sin estos prerrequisitos fiscales y legales la elección popular de alcaldes habría resultado un peligroso salto al vacío".


Elección popular de alcaldes


La idea de elegir popularmente a los alcaldes en Colombia no era nueva. Desde comienzos del siglo XX se venía hablando de ella, y en el Congreso Nacional se habían presentado diversos proyectos de acto legislativo en tal sentido que, sin embargo, no habían prosperado. El tema vuelve a ser mencionado en los acuerdos de La Uribe (con las FARC) que celebra la comisión de paz con los representantes de los alzados en armas. Era un anhelo nacional al cual le faltaba una fuerza catalizadora. El gran mérito de la administración Betancur -y de su ministro Jaime Castro, que jugó papel decisivo en esta empresa- fue haber promovido los diversos acuerdos políticos que hicieron posible la expedición del acto legislativo Nº 1 de 1986.


En términos sencillos, el ministro Jaime Castro explicaba así la trascendencia de la innovación constitucional: "La idea era vieja. Sobre ella prácticamente existía consenso. Lo que ocurría era que, por circunstancias de distinto orden, al momento de la decisión, la voluntad de los gobiernos y de los congresos se paralizaba. Pero había necesidad de convertirla en realidad algún día, por razones de orden político y administrativo. En el mundo actual, cuando está por concluir el siglo XX, no se concibe una organización estatal que no le confiera a los ciudadanos, el derecho a escoger, sin intermediarios, la autoridad que de manera más inmediata decide sobre los asuntos que interesan a esos ciudadanos. Individual o socialmente considerados. Así se amplían y se consolidan los derechos políticos de la comunidad. Hay también razones de orden administrativo, que tienen que ver con la estabilidad del funcionario, con la autoridad, el peso y el respaldo con que cuente para poder ejecutar una tarea en beneficio de la comunidad. El alcalde en otras épocas estaba hecho para presidir las celebraciones históricas, el 20 de julio, el 7 de agosto, el 12 de octubre y pronunciar los discursos respectivos. A medida que ha evolucionado la sociedad y han cambiado las necesidades y aspiraciones de las gentes, el alcalde, que tenía papel puramente decorativo y hacía las veces de Jefe de Estado a nivel municipal, se ha convertido en gestor del progreso y del mejoramiento de la comunidad, en gerente de unos servicios públicos locales. Para el cumplimiento de esa tarea, el alcalde necesita respaldo ciudadano, autoridad política, independencia y estabilidad en el cargo, que solo se garantizan con la elección popular y el período fijo".


Las dudas que algunos pudieron abrigar en un comienzo sobre las bondades de la elección popular de alcaldes están hoy en día superadas. El alcalde ha acercado el gobierno a las comunidades. Con el correr del tiempo, el perfil académico y profesional del alcalde colombiano ha ido mejorando como lo demuestran diversos estudios. Hoy en día sería poco menos que impensable retornar a la situación anterior al acto legislativo Nº 1 de 1986.


Conclusiones


El gobierno de Belisario Betancur fue, en cierta manera, un gobierno de transición hacia el país moderno que se asomaba al siglo XXI.



Podemos afirmar sin temor a equivocarnos que el árbol de tolerancia política y de modernidad institucional que florece con la Constitución de 1991 hunde sus raíces en el terreno abonado por la administración Betancur.


En política internacional, su figura presidencial jugó un papel descollante. La decisión de ingresar al grupo de los No Alineados y los intentos de mediar desde el grupo Contadora en el conflicto centroamericano fueron, quizás, los momentos más vistosos de la gestión internacional.

En próximos capítulos volveremos sobre Belisario Betancur y su presidencia desde otros textos y autores (Nota del editor)


(Continúa...)

octubre 15, 2009

18. ¿Seguridad democrática o Democracia segura?

PARADERO 2010

Volvé Claudia, te perdonamos


Por Rubiño


juanrubbini@hotmail.com
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“Cuando las relaciones públicas de Gorbachov se convirtieron en una amenaza más seria para los intereses estadounidenses, como había advertido Huntington, y se erosionaron los pretextos convencionales, la “guerra a las drogas” llenó el vacío con rapidez en Latinoamérica, dominio tradicional de la violencia directa o indirecta de los Estados Unidos, para luego metamorfearse en “narcoterrorismo” aprovechando las oportunidades prestadas por el 11-S. Hacia finales del milenio, la asistencia militar y policial estadounidense en el hemisferio superaba la ayuda económica y social. Se trata de un fenómeno nuevo, señalan los analistas: hasta en el apogeo de la Guerra Fría, la ayuda económica excedía a la militar” (Noam Chomsky, Estados fallidos. El abuso del poder y el ataque a la democracia)




Uribe es cada día que pasa más dependiente del referendo –y entonces de los medios- para que el ‘uribismo’ siga gobernando a partir del 7 de agosto de 2010. Ni Santos, ni Noemí, ni Arias le garantizan el triunfo, ni mucho menos son capaces de mantenerse unidos, ni entre sí ni tampoco a él. Claudia López puso el dedo en la llaga –y bien que lo revolvió- donde más le duele al ‘uribismo’, en el poder mediático. Los populismos autoritarios de hoy no se sostienen únicamente en el uso de las armas estatales y paraestatales y la identificación de un enemigo ‘socialmente irrecuperable’ contra el que todo vale; requieren que los medios –convertidos empresarialmente en multimedios- sean fieles y hasta donde se puede sumisos.




Solo así el mecanismo de las encuestas aceita el estado de opinión y reproduce la voz del amo. El estado de opinión se crea y se recrea a través de las correas de transmisión sin las cuales el poder se diluye entre las aguas turbulentas de sus múltiples contradicciones e intereses. Por eso aquí lo que cuenta no son tanto los columnistas sino los canales de televisión, y si El Tiempo juega a favor puede darse el lujo de cierto disenso –en aras de la libertad de expresión- pero jamás hasta el punto de desnudar en público los secretos que el vulgo no puede conocer sin que se ponga en riesgo la estabilidad del edificio. Las columnas sostienen la edificación, o la adornan si es el caso, pero no se concibe que se conviertan en ventanales a través de los cuales el ojo de la plebe se le ‘mete al rancho’ a los dueños de la casa. La ropa sucia se lava en casa, y si no se lava tampoco hay que estar exhibiéndola.




La ‘refe-dependencia’ de Uribe lo volverá cada vez más dependiente de la Justicia, de los medios y de las encuestas.




De la Justicia porque el primer obstáculo lo tiene allí, en la Corte Constitucional, pero lo seguirá teniendo en la Corte Suprema, y no es de descartar –para nada- en la Fiscalía General, en Justicia y Paz y aguas abajo en la Corte Penal Internacional. Esto obligará a Uribe a ser cada día que pasa más cauto en relación con el Poder Judicial, incluso de los Estados Unidos. La estrategia de confrontación con el poder judicial habrá de incorporar ingredientes inéditos en los siete años anteriores de mandato presidencial. Uribe no puede darse el lujo de no buscar acuerdos que equilibren los poderes de la democracia, porque lo que le sirvió para subir por el cocotero no le ha de servir para quedarse en la cima, ni mucho menos para iniciar el inevitable descenso, por aquello de que no hay plazo que no se cumpla, ni deuda que no se pague.




De los medios Uribe solo puede esperar algún reconocimiento sobre el pasado –allí donde aniden sus huevos- pero hacia el futuro cada día le será más difícil. Yo que el gobierno no me alegraría del despido de Claudia López de El Tiempo, porque en el juego político también existe la ley de las compensaciones, y si algo no querrán los dueños de El Tiempo es quedar como habiéndole hecho un favor a José Obdulio, me refiero a un favor adicional al ya muy importante de publicarle sus columnas. No considero que Juan Manuel sea el candidato que más le convenga a El Tiempo, pero tampoco soy de la idea que cuatro años más de Uribe sea lo que realmente esperen para Colombia quienes por talante liberal y progresista siempre tenderán a estar a la izquierda del conservadorismo y no a la derecha que es el perfil donde Uribe ha sacado provecho político gracias al clima nacional “anti Farc” y “anti Chávez”.




No solo del pan vive Uribe sino también y cómo de las encuestas y del famoso teflón. Pero el Presidente no es el dueño de las encuestas sino a la inversa, son las encuestas las que se han convertido en las dueñas del candidato-presidente, y como amas de la casa de Nari cada día exigen más show y sobreactuación del Presidente. Hace unos meses fueron nada menos que siete bases gringas lo que exigieron las encuestas, con tevé en directo desde Bariloche y victimización presidencial del tipo A1H1 para coronar la faena mediática. A partir de aquí las exigencias de la ‘encuestitis’ serán cada día mayores, porque no se tratará solamente de mantener en sintonía al ‘uribista medio’ sino de sintonizar en la onda reeleccionista a la Corte Constitucional.




Aquí yo veo el riesgo de un gobierno obligado a insistir en producir gestos traducibles en puntos de encuestas para que la burbuja favorable no se desinfle ni explote. La adicción puede estar incubando una fuerza destructora que mientras más se brega por inflar la burbuja más se acerca ésta al límite previo a su destrucción o desinfle.




Lo que los ‘falsos positivos’ no afectaron sí lo va a afectar el caso AIS (Agro Ingreso Seguro), cuando se bucee en sus profundidades. Y a partir del craso error de Andrés Felipe, la tentación de incentivar el revisionismo sobre casos de estos últimos siete años que yacen insepultos será grande. Y no solo la oposición lo hará sino que también los medios se verán tentados de hacer caja con todo aquello que en su momento no horadó el teflón pero que hoy puede lograr en pocos meses lo que antes no se pudo en años.




Entonces la Justicia se quitará la venda y caminará menos coja para que no se diga entre las nuevas mayorías que sucumbió ante el poder presidencial –precisamente en el siglo de los jueces-.




Entonces las encuestas irán desandando el camino y desnudando al rey –como hoy lo hacen con su séquito- que comenzará a ser visto con otros ojos y sobre todo con otra mirada menos complaciente y nada cómplice. Yo no fui, yo no sabía, ¿qué me iba a imaginar yo? ¿y todo por una reelección o dos?




Llegaremos de tumbo en tumbo a la gran encuesta, la de las urnas, y allí sabremos si repetimos la dosis o si pasamos definitivamente la hoja.




La cuestión no es tanto entre más de lo mismo, o renovación y cambio, sino de saber mezclar distinto las barajas del mazo: hasta aquí fue ‘seguridad democrática’, donde el sustantivo no resultó tan seguro como en la propaganda, ni el adjetivo tan democrático como hubiéramos querido.




Sería bueno procurar ahora que la democracia ascienda a sustantivo y la seguridad acompañe como adjetivo.




Por una democracia segura votaré yo, porque lo primero es lo primero y lo segundo es lo segundo.



Así la veo yo.





Los 18 artículos que componen la serie publicada –iniciada en diciembre de 2008- de PARADERO están a disposición del lector en http://www.lapazencolombia.blogspot.com/




También encontrarán allí los artículos que integran la serie ASÍ LA VEO YO iniciada en MARZO de 2005 y dedicada al proceso de paz con las autodefensas.

octubre 09, 2009

142. Para Obama el Nobel, para Colombia la Paz












Ojo Uribe, que proseguir la guerra es reencauchar el paramilitarismo de Estado



Por Juan Rubbini
juanrubbini@hotmail.com
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“Hay un vaciarse que se da en la conducción grupal. Quien dirige un grupo, una reunión u organización deberá hacer pasar a segundo plano sus propios intereses, así como sus proyectos e ideas personales mientras dure esta tarea, e identificarse con los intereses del grupo. El que no puede vaciarse de sus intereses personales, utiliza al grupo para sus propios fines y traiciona así la confianza en él depositada. De ahí que Jesucristo diga que los apóstoles no deberán ser como reyes u otros soberanos, sino que los guías deben ser los servidores de todos (Lucas 22, 26). La misma situación se da para el conciliador. Cuando desea reconciliar dos grupos en pugna, el mediador se identifica con la posición y los intereses de un grupo y recurre al otro para tratar con éste en nombre del primero. Luego procede a la inversa. De esta manera, se vacía frente a ambos grupos para hacerse cargo del rencor de uno y otro. Muchos teólogos han descrito de esta manera el papel mediador de Cristo. Ha venido del Padre para hablar en su nombre. Por ello los hombres lo crucificaron. Del mismo modo se identificó con los hombres, y así es como se presenta ante el Padre para representarlos. En él, el Padre vio todos los pecados de la humanidad. De esta forma, Cristo se vacía doblemente y puede sembrar la paz.” (Franz Jalics, Ejercicios de contemplación)



El Gobierno Uribe se ha metido en camisa de once varas al escupir la mano tendida por las autodefensas en Ralito. Ni se diga al extraditar a 14 de sus máximos jefes. La claridad que los extraditados han hecho sobre la fallida negociación ha producido un impacto internacional cuyas consecuencias sobre el futuro del conflicto armado está por verse, y seguramente comenzará a ser percibido a partir de 2010.

Si las decisiones de paz asumidas por la IV conferencia de comandantes de las AUC, en noviembre de 2001, determinó en buena parte el florecimiento de la parapolítica por un lado, y la disminución de la violencia paramilitar de las autodefensas durante la campaña electoral que culminó entre marzo y mayo de 2002 con la coronación del ‘uribismo’ en el Congreso y la Presidencia, a ocho años de distancia el camino que tomen las FARC en los próximos meses habrá de evidenciar si las guerrillas promueven otro mandato de guerra para otro gobierno uribista o, por el contrario, abren el camino de la solución política negociada.

La inconclusa negociación con las autodefensas, abruptamente cercenado su componente político a mediados de 2006, abrió el camino de una renovación del paramilitarismo, esta vez no principalmente en manos ‘privadas’, como había terminado resultando con los hermanos Castaño, sino aglutinado nuevamente en los laberintos insondables del clásico paramilitarismo de Estado. Así había sucedido ya en el siglo pasado cuando al amparo de la guerra fría y las doctrinas de seguridad nacional fueron absorbidos por los largos brazos del Estado los espontáneos brotes de autodefensa civil que hundían sus raíces en la Violencia y en las primeras guerrillas comunistas de mediados de los ’60.

Fueron los dineros del narcotráfico los que produjeron a partir de mediados de los ochenta la privatización del paramilitarismo, proceso que se fue completando durante los noventa y determinaron en buena parte la rebelión de los comandantes que tomaron en sus manos la negociación de paz con Uribe, tras intentarlo vanamente con Pastrana, presidente que combinó astutamente el crecimiento de las AUC, el potenciamiento de las Fuerzas Militares con los diálogos del Caguán hasta su ruptura en febrero de 2002.

Pocos habían querido ver hasta el momento de la extradición de los jefes negociadores de las autodefensas que los huevos de la serpiente paramilitar estaban anidando nuevamente en el regazo estatal, dando por finalizada la etapa ‘privatizadora’ alentada desde los tiempos de César Gaviria a través de los Pepes y compañía.

Si a través del proceso de paz de las AUC con Uribe éstas pretendían legitimar el Estado y dar el primer paso hacia el desmonte de todos los paramilitarismos comenzando con el de los civiles financiados por el narcotráfico pero siguiendo necesariamente con aquellos otros nichos de paramilitarismo estatal y privados latentes que alentaban la expectativa de suceder a los desmovilizados Castaño y Mancuso, los hechos protagonizados por el Gobierno durante la fallida negociación con los ‘paras’ revelan algo bien diferente y que los ‘falsos positivos’ y ejecuciones extrajudiciales han venido a revelar sin que aún se haya llegado al meollo de la cuestión. Esto es lo preocupante y sobre lo que alertan las recientes cartas que han llegado desde las cárceles de los Estados Unidos donde los ex comandantes de las autodefensas llaman la atención de las Cortes y también de la Corte Penal Internacional y la CIDH de la OEA sobre las graves consecuencias de lo actuado como consecuencia de las decisiones políticas del Gobierno nacional. Consecuencias que se enfocan primordialmente sobre los perjuicios ocasionados hacia las víctimas y sobre el conocimiento de la verdad del conflicto armado.

La Ley de Justicia y Paz está demostrando ser una ley de imposible cumplimiento, además de ser una Ley que no cubre a los militares, a los políticos, a los empresarios y en general a la misma sociedad que han debido involucrarse en el conflicto armado desde uno o más de los actores protagonistas de las hostilidades vista la coacción y el ambiente de extrema vulnerabilidad que los hechos derivados de la guerra propician y de los cuales resulta imposible sustraerse.

Las autodefensas desmovilizadas, por distintos medios han invitado al Gobierno, pero también a las guerrillas, a las rearmadas autodefensas y a la sociedad nacional e internacional a producir acercamientos que reabran en Colombia la opción de la solución política negociada. Lo hacen conscientes de que el péndulo orientado en los últimos ocho años hacia el lado de la guerra ha comenzado a devolverse hacia el signo de la paz y que urge evitar a toda costa el fortalecimiento de una nueva versión de paramilitarismo de Estado que con el biombo de la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico logre el efecto contrario de perpetuar la guerra irregular y anidar los huevos de una serpiente que los colombianos ya conocemos y hemos querido acabar definitivamente a partir de Ralito. No se pudo concretar ese anhelo por la enorme incomprensión que rodeó ese proceso y que el Gobierno no creyó necesario afrontar, pero la tarea queda pendiente y las autodefensas desmovilizadas han renovado a través del pronunciamiento de sus ex comandantes que siguen adelante con ese propósito y alientan a perseverar en la prosecución de los caminos humanitarios, sociales y políticos que conduzcan a la solución política negociada con todos los actores y participantes del conflicto.

Bienvenido entonces el Premio Nobel de la Paz para el Presidente Obama, porque si Colombia puede contar con él y con los EEUU para la Paz de Colombia, no habrá Gobierno nacional que pueda seguir elucubrando sobre mandatos de guerra, ni guerrilla ni autodefensa civil que no esté dispuesta a sentarse nuevamente en la Mesa de la Reconciliación, con plenas garantías de que no habrá dobles agendas estatales ni propósitos inconfesables de utilizar las negociaciones de paz como estrategias de guerra.


Así la veo yo.


Los 142 artículos que componen la serie publicada –iniciada en de 2005- de ASÍ LA VEO YO están a disposición del lector en

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octubre 02, 2009

2. Historia y Contexto: Autodefensas y paramilitares, actores del conflicto armado y de la paz

Historia y Contexto


Hoy: 2. Gobierno de Belisario Betancur (1982-1986)


Idea general, comentarios, selección de textos y resúmenes a cargo de Juan Rubbini (2009)




La dialéctica de la guerra y la paz hizo naufragar las buenas intenciones del presidente Betancur. Las guerrillas no supieron encontrar el modo de abandonar la lucha armada con suficientes garantías y el logro de transformaciones del Estado y la democracia. La solución política del conflicto armado sigue siendo vista -aun en 2009- como una claudicación, como una renuncia oprobiosa a los propios ideales, y en esto coinciden el Gobierno Uribe y las organizaciones guerrilleras supérstites de aquellos años del Gobierno Betancur. Han pasado más de 25 años entre una y otra Presidencia -una generación de colombianos- y la paz de Colombia sigue sin producirse y el conflicto degradándose, y extendiéndose incluso a los países vecinos con las consecuencias negativas para el país y la región, de las cuales el episodio de las bases y la cumbre de UNASUR en Bariloche son apenas una muestra.


De aquel MAS que formaron los carteles de la droga a las desmovilizadas autodefensas de estos días, pasando por distintas generaciones de autodefensas y paramilitares, hasta recalar en las así llamadas ‘bandas emergentes' que desafían la seguridad democrática, media la experiencia inconclusa de Ralito, la desmovilización de más de treinta mil combatientes de las Autodefensas Unidas de Colombia cuyo tránsito de la milicia al activismo político está suspendido en el limbo de las incongruencias de un Gobierno y los dislates de guerrillas de FARC y ELN que tras siete años de ‘uribismo' en el poder siguen sin definir el final de la guerra y sin siquiera intentar avanzar seriamente hacia la victoria de la paz. Mientras tanto la reconciliación nacional se hace trizas por el empeño de polarizar el país desde las clases políticas y hacer de inamovibles tan tercos como anacrónicos y nada humanitarios, la piedra angular del negocio económico y político -incluso geopolítico- en que se ha convertido el conflicto armado en Colombia. Frente a esto, procesos como el de Justicia y Paz y la desmovilización de autodefensas con sus líderes a la cabeza y guerrilleros, mandos medios y de base, a título individual, revelan que la dialéctica de la guerra y la paz sigue existiendo y manifestándose ahora por carriles impensables en tiempos de Turbay, Betancur, Barco y también inimaginable en años como los de Gaviria, Samper y Pastrana. Es principal -e inéditamente- a partir de que quienes fueron actores de la guerra decidieron dejar de serlo -entre cuarenta y cincuenta mil ex combatientes, mayoritariamente autodefensas desmovilizados, entre 2004 y 2009- que la paz no renuncia a construirse en Colombia. Lo hace por caminos que bregan por alcanzar reconocimiento político y eco en los diversos estamentos de la sociedad y la política departamental, nacional y regional.


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2. Gobierno de Belisario Betancur (1982-1986)
Por Juan Camilo Restrepo
Nueva Historia de Colombia
Editorial Planeta 1989, r. 1998




Algunas de las dificultades prácticas que enfrentó la concreción de los acuerdos de tregua y cesación del fuego que se suscribieron entre el Gobierno de Betancur y las FARC fue la abigarrada cantidad de propósitos que ellos contenían, no todos los cuales lograron tramitarse como leyes de la República o como reformas constitucionales con miras a lograr una auténtica reforma política.


Sin embargo, algunos puntos concretos quedaron consignados en dichos acuerdos que sí habrían de implementarse más adelante, tal como sucedió con la propuesta de la elección popular de alcaldes que tendría inmensa importancia en el desarrollo institucional del país.


Infortunadamente, el proceso de paz de la administración Betancur se cierra con un episodio luctuoso que, en gran medida, oscurece los esfuerzos que con tanto entusiasmo y buena fe adelantó su gobierno: la toma del Palacio de Justicia por parte del M-19 el 6 de noviembre de 1985 y su trágico desenlace.


Los hechos son relativamente conocidos: ese día un destacamento de militantes del M-19 irrumpe al final de la mañana en los sótanos del Palacio de Justicia en Bogotá, y rápidamente se apoderan del edificio y de los magistrados allí presentes, además de un número significativo de abogados y visitantes, como rehenes. ¿Qué buscaba el M-19 con esta insólita operación? ¿Cuáles eran sus pretensiones? Se trataba, evidentemente, de una serie de exigencias extravagantes a las cuales difícilmente ningún gobierno hubiera podido acceder sin comprometer su autoridad y soberanía.


Pero, ¿fue acertada la manera como se manejó el rescate a sangre y fuego del palacio? Infortunadamente hay que decir que no. El triste balance de más de cien muertos, muchos desaparecidos, en circunstancias aún no clarificadas y el dramático incendio y desaparición del edificio símbolo de la justicia colombiana son un balance demasiado abrumador para poder dar un juicio favorable a esta operación, en la que primó más la intemperancia militar que un mínimo sentido humanitario para con los rehenes, lo cual pudo haberse intentado perfectamente, sin menoscabar ni la autoridad del Estado ni el imperio del derecho.


Como concluye Vásquez Carrizosa, en apreciaciones que compartimos sobre estos hechos lamentables del Palacio de Justicia, "el presidente Betancur y sus ministros estuvieron, durante el holocausto, a remolque del estamento militar, que pudo poner en práctica la estrategia de la mano dura con los violentos, reclamada tanto desde los medios de la industria y la ganadería como de los partidos, que veían en la solución política una claudicación de la autoridad. (...) Un alto oficial dijo que aquello era un ejemplo para el mundo".


La decisión de no negociar, adoptada por el presidente y el gobierno, no quería decir que no pudiera establecerse contacto alguno, telefónico o de otra clase, para tratar dentro de las circunstancias de poner a salvo el mayor número de rehenes y demás personas atrapadas en el edificio. El mismo jefe de Estado había admitido contactos con el M-19 después de asaltos y encuentros armados con la fuerza pública. En México como en España, se celebraron entrevistas personales del presidente Betancur con los dirigentes Iván Marino Ospina y Álvaro Fayad. El hecho es que el mandatario asumió una muy grave responsabilidad de orden moral y personal al no admitir siquiera la conversación con el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Alfonso Reyes Echandía.


(A continuación resumimos apartes del capítulo Los derechos humanos en Colombia (1980-1986) de Manuel Restrepo Yusti, también incluido en Nueva Historia de Colombia - Ed. Planeta 1989, r. 1998) referido al período de gobierno de Belisario Betancur - Nota de Juan Rubbini)


Un personaje de la novela de Germán Espinosa Los ojos del basilisco en uno de sus diálogos comenta: "Para no tener que hacer que lo fuerte sea justo hay que hacer que lo justo sea fuerte". Para el historiador de los episodios que conforman el campo de los derechos humanos en las décadas ochenta y noventa, parece que el pensamiento anterior encierra de manera perfectamente reconocible el dilema de los escenarios de violencia que caracterizan a Colombia y su relación con las respuestas que el Estado y de la sociedad civil, han planteado a gobernantes, legisladores y actores políticos.


Las autoridades gubernamentales durante mucho tiempo han venido sosteniendo que las dificultades para mejorar la situación de los derechos humanos derivan en gran parte de las acciones terroristas de la guerrilla y del narcotráfico y de la inseguridad que corre por todo el suelo colombiano.


El 7 de agosto de 1978, en su discurso de posesión, el presidente Julio César Turbay Ayala anunciaba que su gobierno tomaría medidas que tendrían grandes repercusiones en la situación política del país y en especial en el campo de los derechos humanos. En ese discurso explicaba el presidente que su gobierno se inclinaría por una fórmula para enfrentar a la guerrilla y la inseguridad con un Estatuto de Seguridad.


Ante aquello la influencia de una corriente periodística independiente y crítica, encabezada por la revista Alternativa, en cuyas páginas se expresaron las voces de Enrique Santos Calderón, Daniel Samper Pizano y los dirigentes del Movimiento Firmes, creado en 1979 y dirigido por Gerardo Molina, se constituyó en antecedente de la denuncia de la violación de los derechos fundamentales.


Recordemos el discurso de Alfredo Vásquez Carrizosa en 1979, ante el Foro Nacional por los Derechos Humanos: "Hemos profesado un gran respeto por las Fuerzas Armadas y nos preguntamos si les conviene para la insustituible misión asumir tareas propias de organismos de investigación policial y judicial".


Entre las recomendaciones de ese importante Foro estaban: necesidad de revocar el Estatuto de Seguridad y abolir la militarización de la justicia; urgencia de prohibir las torturas y la violación de las garantías judiciales; necesidad de que el gobierno emprendiese una política de aplicación integral de los derechos humanos; crear la Comisión Nacional para la defensa de los derechos humanos.


La reacción de diferentes sectores del establecimiento dejó ver la resistencia a dicha problemática. El ministro de Gobierno Germán Zea Hernández advirtió por la radio y la prensa el día de la inauguración que "El foro será un intento por desacreditar al país en el exterior". La declaración dada al periódico El Siglo, el 23 de abril de 1979 por el ministro de Defensa, general Luis Camacho Leyva, resume el largo camino que el tema de los derechos humanos tendría que recorrer para ganar legitimidad. "Yo creo que el foro, en esta materia, estuvo a la penúltima moda. Ya sabemos nosotros que la subversión en todas partes del mundo lo primero que aconseja es pasar del estado de delincuente al de acusador".


Tres años más tarde, la estrategia política del gobierno Betancur, al iniciar su presidencia, perseguía dos objetivos principales: la finalización del enfrentamiento armado y la superación de la crisis de legitimidad del régimen político. El proceso de paz alcanzó su mayor desarrollo en 1984, año en el cual se lograron acuerdos con el M-19, las FARC, el EPL y la ADO.


Sin embargo, la publicación el 20 de febrero de 1983 de un informe de la Procuraduría sobre la situación de violencia en el país mostró la aparición de nuevos actores: el paramilitarismo y las autodefensas. Dichos informe señalaba los vínculos entre el grupo MAS (Muerte a Secuestradores) conformado por los principales carteles de la droga y algunos miembros y efectivos de las Fuerzas Armadas. A causa del documento se llegó a un enfrentamiento verbal entre el procurador y el ministro de Defensa, general Fernando Landazábal Reyes.


A pesar de que la historia debe reconocer la voluntad del gobierno del presidente Betancur para desactivar la bomba de tiempo sobre la cual se sentaba el país, su política fracasó, debido no solo a resistencias del estamento militar y a la intolerancia de sectores de la ciudadanía, sino también a la propia incapacidad de los grupos guerrilleros para gestar un frente político o un programa alternativo a la lucha armada.


En síntesis, la paradoja entre los intentos de paz y la continuación de la guerra, entre la apertura democrática y los remanentes de una mentalidad de estado de sitio, entre un sector de la sociedad civil que aspiraba a la democracia y el surgimiento de grupos de justicia privada resumen el período 1982-1986.


Tal como lo expresó el resultado del III Foro de Derechos Humanos, el esquema de Estado de derecho y de civilidad ha estado obstaculizado por factores como:




· a) La insistencia de la propia guerrilla y de los mandos militares de continuar el conflicto armado a pesar de la política de pacificación del gobierno.


· b) La aparición del MAS y otros grupos paramilitares que significaron un recorte a la soberanía del Estado mediante autoatribución de una justicia privada, al margen de la legalidad y que aumentaba los índices de violencia.


· c) El control y parcelación de la opinión por parte de los grandes medios de comunicación a favor de las opiniones políticas tradicionales y autoritarias.


· d) La persecución a los activistas y defensores de los derechos humanos, a líderes de la oposición y a sindicalistas.


· e) La impunidad reinante en la justicia.


· f) La distorsión de los procesos electorales, viciados por las prácticas ya viejas del clientelismo y el fraude.


· g) La sustitución del estado de sitio por una democracia estrecha caracterizada por el inequitativo juego de tendencias y fuerzas políticas merced al monopolio del bipartidismo.


· h) La falta de una política equitativa y no discriminadora a favor de la mujer, víctima de una cultura que "invisibilizó" esta problemática y con ella la de otros grupos vulnerables.




(Continúa...)